El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pocos días antes de dejar su cargo con la salida de Rajoy del Gobierno, firmó un decreto para obligar a las plataformas de alojamiento turístico a compartir los datos fiscales de sus clientes. Sin duda fue un contrataque hábil, un último derechazo antes de sonar la campana contra un sector acostumbrado a moverse en un incierto limbo fiscal y legal. El exministro se unía así a la creciente lucha de gobiernos nacionales, regionales y locales por controlar, de la forma más práctica, el suculento mercado del alojamiento local para turistas: blandiendo el martillo fiscal. 

Al otro lado de la frontera, el Gobierno portugués hace lo propio para detener la sangría de desahucios y la amenazante burbuja inmobiliaria que afectan, sobre todo, a Oporto y Lisboa. A finales de mayo pasado, la Asamblea portuguesa aprobó una propuesta del Partido Socialista para luchar contra algunos tipos de desahucios. En concreto, quedaron bloqueados todos los desahucios de personas con más de 65 años, o con una discapacidad mínima de 60%, que como mínimo lleven viviendo en la casa 15 años. Aunque solo se trata de una propuesta para trabar los desalojos en marcha, ya que la ley que el Gobierno pretende aprobar en los próximos meses aún tiene que ser discutida en la Asamblea.  

Pero esta futura ley, que se incluiría dentro de la legislación portuguesa para proteger su mercado inmobiliario, puede que no llegue a tener utilidad alguna. Mientras los gobiernos locales y nacionales de Europa se empeñan en encontrar un marco legal para las plataformas de alojamiento turístico como Airbnb, al tiempo que intentan acabar con el creciente desastre habitacional en los centros urbanos, las empresas de alojamiento no se han quedado de brazos cruzados, ni mucho menos. El informe que publicó a principios de junio el Corporate Europe Observatory (Observatorio Empresarial Europeo, CEO por sus siglas en inglés) alerta sobre la creciente presión a nivel europeo que ejercen plataformas como Airbnb, Homeaway o Expedia (dueña de la alemana Wimdu). 

El informe, de 28 páginas, es categórico en sus conclusiones: Airbnb y otras plataformas de alojamiento turístico están presionando en Bruselas para que cualquier legislación a nivel local, regional o incluso nacional quede obsoleta al enfrentarla a las leyes europeas. En los últimos tres años, Airbnb ha multiplicado por cinco el dinero invertido en Bruselas, que ha pasado de 100.000 a 500.000 euros anuales. Otras empresas, como Expedia, dueña de Homeaway, Hotels.com o Trivago, llegaron también a la franja entre 400.000 y 499.000 euros de inversión para presionar en Bruselas tan sólo en 2017, mientras que Uber, el servicio de transporte que compite contra los servicios de taxi en 633 ciudades de todo el mundo, gastó en trabajos de lobby entre 800.000 y 899.000 euros el pasado año.

Quién iba a imaginar que la ‘economía colaborativa’, que prometía un cambio en los hábitos de consumo de la generación millennial, podía acabar devorada por la misma tendencia corporativa y monopolística que dominó el mundo del siglo XX. Plataformas como Airbnb, Uber o Blablacar iban a cambiar la forma en que las nuevas generaciones se vestirían, se trasladarían a sus lugares de trabajo, la forma en que encontrarían una vivienda o el amor de sus vidas: sin intermediarios, sin influencias falseadoras economicistas o especulativas, con la individualidad y el empoderamiento emocional que caracteriza a los que entraron en la pubertad a ritmo de matches y likes.

Si las cosas se pusieran muy feas para las plataformas digitales, la cuestión saltaría al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y aquí, una vez más, es una cuestión de interpretación de la ley

En realidad, así ha sido, pero ésta es sólo una pequeña parte de la realidad. Diez años después del nacimiento de Airbnb, la economía colaborativa ha revolucionado muchos aspectos de nuestras vidas, pero la guerra entre estas plataformas y algunos poderes públicos, sobre todo locales, está aún lejos de resolverse, con el nuevo sector económico tirando hacia la desregulación y los legisladores sin saber bien hacia dónde tirar.

Se da la paradoja de que, en España, son precisamente los partidos con un mayor apoyo de los votantes más jóvenes, como los llamados “ayuntamientos del cambio”, los que más se están oponiendo a estas nuevas formas de intercambios económicos. Aunque puede que en un futuro no muy lejano cualquier intento de legislación a nivel local se tope con un muro insalvable llamado Europa.

Según el informe de la CEO, titulado Unfairbnb: Las plataformas de alojamiento online usan la UE para derrocar las medidas para una vivienda accesible en las ciudades, de todos los sectores incluidos en la denominación ‘economía colaborativa’, como el “transporte, servicios domésticos, otros servicios profesionales o las llamadas finanzas colaborativas”, sin duda “el sector del alojamiento es el de mayor importancia, con mucha diferencia (…) Un estudio de  PriceWaterhouseCoopers cifra la facturación del segmento de alojamiento en el año 2016 en 15.000 millones; el segundo puesto lo ocupa el transporte, que consiguió la tercera parte de esa cantidad, 5.000 millones”.

En conversación con CTXT, el autor del informe, Kenneth Haar, asegura que, “cuando Airbnb llegó a Bruselas (en 2015), fue Political Intelligence la firma (de lobby) que les ayudó a ponerse en contacto con la Comisión, y a darse a conocer en el ecosistema del lobby. Creo que estuvieron con ellos en las primeras etapas, para ayudar a Airbnb a introducirse (en Bruselas), pero por los datos que manejo no hay rastro de ellos actualmente. Podemos asumir que necesitaron la ayuda de Political Intelligence para establecerse en Bruselas, y después de esto ya están trabajando por su cuenta”.

El lobby Political Intelligence (PI) cuenta con 20 años de experiencia presionando en la UE sobre políticas regulatorias del sector financiero, pero también de las tecnologías y las comunicaciones, y teniendo oficinas en Londres, Bruselas, París, Berlín y también en Lisboa y Madrid. Aquí entramos en el pantanoso territorio de las puertas giratorias. Si en Bruselas PI ejerce trabajos de lobby para influir en las reglas de juego europeas, debemos suponer, sólo suponer, que en el resto de capitales ejercen esos mismos trabajos para influir en las legislaciones nacionales. Y lo deben de hacer realmente bien si hacemos un pequeño aparte para profundizar en su política de fichajes.

En Lisboa, dos de sus tres gestores llegaron a PI directamente desde el sector público, y no con un perfil bajo precisamente. Rita Serrabulho Abecasis, que aparece como socio gerente de PI, llegó a la firma después de ocupar el cargo de asistente de comunicación en el Ministerio de Economía de Portugal, además de haber ocupado el puesto de asistente personal de João Cotrim de Figueiredo, director de la empresa pública Turismo de Portugal. Otro trabajador de PI, Afonso Azevedo Neves, consultor jefe de la firma de lobby, ejerció antes de director de comunicación de la campaña electoral del PSD (Partido Social Demócrata) en 2010. En 2012 fue asesor de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, Transportes y Comunicación; en 2013 fue adjunto a la Secretaría de Estado de Defensa Nacional, y hasta 2016 ejerció de gerente de innovación y negocios de una empresa de innovación automovilística con fuerte apoyo público, hasta que arribó a Political Intelligence en 2018. 

En Madrid ocurre algo similar. PI ejerce un trabajo de presión a nivel legislativo y ejecutivo que muchas veces pasa inadvertido. Con frecuencia organiza almuerzos o reuniones con altas esferas para, según la firma, “crear un espacio de diálogo con el sector empresarial en torno a la actualidad política (…) cuentan con la presencia de un invitado del mundo de la política y/o la administración y con destacados representantes del mundo empresarial”. Al último desayuno organizado por PI, el pasado diciembre de 2017, con la energía como tema principal, acudió el portavoz de Energía del grupo parlamentario Popular en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Política del Congreso de los Diputados, Guillermo Mariscal, al que sentaron a la cabecera de la mesa junto, a su derecha, Javier Valiente, socio director de PI en España y Portugal.

Pero, volviendo a Europa, y como afirma Kenneth Haar, las plataformas de alojamiento turístico ya han aprendido a volar solas en el ecosistema europeo. Según el informe del Observatorio Empresarial Europeo, las diferentes plataformas no sólo actúan por cuenta propia, sino que además lo hacen a través de la European Holiday Home Association (Asociación Europea de Alojamiento Turístico). El informe firmado por Haar afirma que la European Holiday Home Association (EHHA) “es un invitado habitual en las reuniones de la Comisión (Europea), con cuatro reuniones en 2016, y otras cuatro en 2017, además de dos reuniones con el gabinete de comisarios. Además, cuentan con participación en un amplio abanico de eventos, incluyendo talleres creados para ayudar a la Comisión a regular esta área (de alojamiento local). 

Aunque el nivel de inversión de la EHHA es bastante pequeño en comparación con las plataformas de forma individual (con un desembolso en 2017 de hasta 49.999 euros y tan sólo un lobista acreditado en la Comisión Europea), el hecho de que englobe a las más importantes plataformas y asociaciones de propietarios de Europa la convierte en un poderoso grupo de presión. La EHHA incluye a plataformas como Airbnb, Homeaway (Expedia), Tripadvisor o Wimdu, y a asociaciones de propietarios como la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR), la Associação de Alojamento Local em Portugal (ALEP), además de otras catorce asociaciones en Alemania, Dinamarca, Escocia, Irlanda, Francia, Italia e incluso Estados Unidos.  

En España, paradójicamente, los partidos con un mayor apoyo de votantes jóvenes, como los llamados “ayuntamientos del cambio”, son los que más se están oponiendo a estas nuevas formas de intercambios económicos

Es obvio que la EHHA y el resto de plataformas prefieren luchar en la gran arena de la Comisión Europea, antes que hacerlo en cada país, y mucho menos en cada ciudad, por una regulación que favorezca sus intereses globales. La especificidad, la fragmentación, la complejidad de realidades es un lastre que sólo puede atrasar la natural evolución, ascendente por ahora, de su modelo de negocio. Básicamente se trata de alejar a las plataformas de la responsabilidad por lo que puedan hacer sus clientes, a los que les aplican las comisiones por utilizar sus plataformas online de búsqueda de alojamientos. Esto implicaría que serían las autoridades locales o, en última instancia, nacionales las responsables de aplicar unas normas homogéneas y generales decididas por la Comisión Europea.

Comercio electrónico y directivas

Según comenta Kenneth Haar a CTXT, “en algunas cuestiones existen indicios claros de las limitaciones generadas por la legislación europea. Por ejemplo, en el acceso a la información. Es muy difícil para las ciudades pedir a Airbnb que suministre informaciones relacionadas con los propietarios (de apartamentos turísticos)”. En este sentido, la lucha por los datos e informaciones de los propietarios no responde sólo a motivos estadísticos, sino más bien a cuestiones de control legal por parte de las autoridades locales. Según el informe de Haar, la pugna de Airbnb por mantener el anonimato de sus clientes comenzó en 2010 en Nueva York. Aquella vez, Airbnb consintió, después de un litigio judicial, en suministrar información tan sólo de 500.000 transacciones comerciales realizadas en NY en su plataforma. A pesar de esta limitada filtración de datos, se descubrió que el 72% de las reservas se había realizado de forma ilegal. 

En Europa, Haar asegura que el secretismo por parte de Airbnb “se debe, principalmente, a la E-Commerce Directive (Directiva sobre Comercio Electrónico) de 2000. Esta directiva dificulta, sino imposibilita, exigir esa información a Airbnb. Además, también dificulta, sino imposibilita, reclamar la ayuda de Airbnb para sistematizar la detección de (apartamentos) ilegales. Esto ocurre gracias a las leyes europeas”. Según se deduce del informe de Haar, el lobby de las plataformas digitales pretende hacerse fuerte no en la generación de nuevas leyes, sino en la interpretación de las ya existentes, como la E-Commerce Directive y la Service Directive.

La primera protege el acceso a datos de clientes, y ya ha sido utilizada con éxito por Airbnb en casos judiciales para negarse a informar sobre los propietarios anunciados en su plataforma online. La segunda, en cambio, abarca los servicios de alojamiento turístico en general. Por un lado, intenta limitar el derecho de las administraciones públicas a exigir permisos, licencias o autorizaciones, con el objetivo de evitar discriminaciones o desproporcionalidad. Por otro, la Service Directive dicta que la imposición de medidas para la limitación del número de casas o de apartamentos turísticos ha de venir autorizada por la Comisión Europea.

La batalla es política, pero también de opinión pública. Empresas como Airbnb se afanan en convencer a Europa, políticos y ciudadanos, de que su modelo de negocio no tiene nada que ver con la creciente y desastrosa falta de vivienda asequible en los centros urbanos. Más bien son un salvavidas para aquellos que no encuentran trabajo o quieren tener un sobre sueldo para vivir un poco mejor. Haar, en su informe, cita la declaración de una asistente, representante de los consumidores, a una de las reuniones de la Digital Tourism Network (Red de Turismo Digital), a la que también asistió Airbnb: “Lo que resulta frustrante es que Airbnb muchas veces se ve como representante de los intereses de los consumidores, cuando es obvio que sólo representan el interés de su negocio”.

Claro que la UE parece proteger más al mercado que el derecho a la vivienda. Mientras Airbnb y el resto de plataformas recibieron un espaldarazo con la aprobación, en 2015, de la Estrategia para el Mercado Único, este abril el teniente de alcalde de París, Maxime Cochard, criticó en una entrevista a CEO que “a UE no ha adoptado ningún proyecto para apoyar el derecho a la vivienda ni el desarrollo de viviendas asequibles en las áreas metropolitanas”.

Kenneth Haar se reafirma en la cuestión: “El acceso a una vivienda asequible es crucial. No es sólo Airbnb, existen otros factores que entran en juego también, pero imagina en una ciudad cuando sacas miles de apartamentos del mercado, lógicamente tiene un impacto sobre el número de apartamentos disponibles, y un impacto en el precio de los alquileres. Y raramente podemos acceder a la información necesaria para probar esto”.

Si las cosas se pusieran muy feas para las plataformas digitales, la cuestión saltaría al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y aquí, una vez más, es una cuestión de interpretación de la ley. “Por ahora”, afirma Haar a CTXT, “el debate en Bruselas está ampliamente dominado por las plataformas. Y no me refiero en el sentido de que exista un gran debate abierto, preferiría decir que esto es una discusión que tiene lugar sobre todo tras puertas cerradas. Han conseguido (las plataformas) que los miembros de la Comisión se hayan alineado con los argumentos de las plataformas. Y las voces de los ayuntamientos, de los activistas pro-vivienda, están casi por completo ausentes. Uno de los objetivos de este informe era conseguir una especie de toque de atención, para decir a los ayuntamientos y a los activistas que tienen que poner la lupa en lo que está ocurriendo en Bruselas”.

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Este medio intentó hablar con la European Holiday Home Association (EHHA), con la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) y con la Associação de Alojamento Local em Portugal (ALEP) para que dieran su opinión sobre el tema. Ninguna de ellas quiso responder hasta la fecha de publicación de este texto.