Corre el año 2013 y se cumplen cinco años del inicio de la crisis en España. La pérdida de empleo es una avalancha imparable, la capacidad adquisitiva de las familias cae en picado y por ende las necesidades más básicas, como la vivienda y la alimentación, se ven resentidas y afectan a los más vulnerables: las niñas y niños. Paralelamente, en aras de la austeridad para asumir el equilibrio presupuestario, los recortes en el gasto público afectan de manera dramática a nuestro sistema de protección social.  

En Ayuda en Acción empezamos a recibir peticiones directas de ayuda. Nos lo piden las personas que colaboran como socias y nos alertan los centros educativos que participan de nuestro programa educativo. Son estos últimos los que nos hablan, en primera persona, de testimonios preocupantes. Alumnado que llega sin desayunar, agujeros en los zapatos, mochilas sin libros ni material. No a miles de kilómetros, sino en nuestro vecindario suenan las alarmas. Esa foto de la pobreza infantil, que hasta entonces llegaba del otro hemisferio, tiene ahora nombre y apellidos porque los protagonistas están a nuestro lado. Norte-sur son categorías que no nos bastan y que superamos para actuar por primera vez en nuestro país. 

Campos sin brotes verdes

Año 2018. Después de un lustro de trabajo en España, hemos pasado de sufragar necesidades básicas –por ejemplo, las becas comedor– a trabajar de manera integral, incluyendo a las familias y fomentando la innovación educativa. No es una buena noticia. No debemos alegrarnos de haber aumentado de manera exponencial el número de personas que han participado en el programa. Al contrario, es una señal de que la tan aireada recuperación económica no ha llegado a todas las capas de la sociedad. Porque la tasa de desigualdad en nuestro país no ha variado demasiado en estos cinco años –lo constata el informe 2018 sobre la economía española de la Comisión Europea–, y el mantenimiento de la alta tasa de pobreza infantil es su vergonzoso resultado (la última tasa facilitada por el INE, de 2017, es del 31,0%. En 2013, cuando Ayuda en Acción empezó su trabajo en España, era de 31,9%).  

Pero más allá de las cifras, el trabajo con centros educativos en zonas de alta complejidad social nos ha ayudado a conocer las realidades concretas. Y sabemos que nos enfrentamos a retos con muchas implicaciones, que demandan una actuación coordinada entre el ámbito público, el tercer sector y la ciudadanía.

Desempleo y precariedad con nombre de mujer 

El desempleo en grandes sectores de población española sigue siendo altísimo, así como la dependencia de subsidios y ayudas sociales. Este último dato no debería ser especialmente negativo. La protección social contempla apoyos económicos para paliar y compensar las dificultades de las personas en situación de vulnerabilidad. El problema es cuando estas son “pobres ayudas”. La Renta de mínima inserción, por ejemplo, resulta insuficiente para hacer frente a las necesidades materiales de los hogares, por lo que obliga a ser combinada con otras fuentes de ingresos. Son los empleos intermitentes y no declarados. La precariedad laboral reina en estas casas. Asimismo, un alto número de las familias con las que trabajamos son monomarentales. La dificultad de conciliar las cargas familiares con un empleo fijo y estable, la invisibilización de la economía de los cuidados (esencial para nuestra cohesión social, pero menospreciada en su regulación) abocan a estas mujeres a trabajos inestables y mal pagados, aumentando su riesgo de pobreza.

Los costes ocultos de la educación, segregación y abondono escolar prematuro

Este informe sobre equidad educativa refleja que el sistema de becas y ayudas al estudio sigue siendo discrecional e insuficiente. A los costes de alimentación escolar y material didáctico, se unen otros menos evidentes: los espacios de conciliación (a primera hora de la mañana y última de la tarde), la atención en necesidades de salud psicosocial y compensatoria (psicoterapia, logopedia…) o el acceso a un ocio educativo y de calidad. Las familias con menos recursos son incapaces de afrontar estos costes asociados. Un sistema educativo que penaliza a las familias con mayores necesidades vulnera el derecho a la educación en sí mismo, así como los compromisos nacionales y los adquiridos a nivel internacional.  

España es, además, uno de los países con mayor segregación escolar –Madrid presenta unos de los índices más altos de la UE–. Esto supone la aparición de centros educativos “gueto”. La gran mayoría de titularidad pública, sin recursos suficientes para afrontar los retos de un alumnado de alta complejidad. Por último, en el último informe de la OCDE sobre movilidad social se comprueba que España  tiene una de las tasas más altas de abandono escolar prematuro (jóvenes que no siguen estudiando después de acabar la educación obligatoria). Este hecho correlaciona con situaciones de pobreza en la vida adulta.

Soluciones coordinadas

Un problema tan complejo y multidimensional no puede solucionarse de una sola manera. Tal y como propone el último informe FOESSA sobre transmisión intergeneracional de la pobreza, es necesario un diálogo desde el conocimiento de las causas de la pobreza y su transmisión y a partir de aquí, establecer acciones reales para afrontarla. 

Desde la plataforma de organizaciones de infancia (POI), organización de la que somos miembro, reclamamos varias medidas urgentes para mejorar la situación de la infancia en nuestro país que pasan por: el aumento del importe de la prestación por hijo a cargo, la ampliación de plazas de guardería públicas, la puesta en marcha de una estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social y especialmente, el impulso de un Pacto de Estado por la Infancia que garantice una inversión suficiente que de manera progresiva que nos acerque a la media de la Unión Europea.

Por nuestra parte, las organizaciones sociales podemos ser un agente clave en la construcción de un sistema social más justo al pilotar proyectos innovadores que luego puedan convertirse en política pública, al implicar a la ciudadanía en la mejora social a través de la sensibilización y el voluntariado, al mantener una posición vigilante y de denuncia de las faltas del sistema que nos encontremos en el desarrollo de nuestro trabajo. Queremos participar del cambio social, pero dejamos la batuta a las administraciones públicas, responsables últimas de poner en marcha cambios estructurales y duraderos en el tiempo. Sólo así, con una apuesta a largo plazo, bien fundada y construida con la participación de todas las personas implicadas (y esto incluye, también, a la propia infancia y adolescencia) podremos cambiar los números crecientes de “personas beneficiarias” por aumentos en índices de igualdad y bienestar.

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Inma Martín es Coordinadora del programa “Aquí también” –intervención con infancia, adolescencia y familias en riesgo de exclusión social en España– de Ayuda en Acción.