Los servicios han sido, desde hace décadas, el principal baluarte de las políticas ocupacionales de las economías europeas, y, en general, del mundo capitalista desarrollado. Este sector –que agrupa a un heterogéneo conjunto de actividades que presentan como denominador común ser relativamente intensivas en la utilización de trabajo– ha absorbido buena parte del empleo “liberado” por la agricultura y la industria. 

Poniendo el foco en la Unión Europea, en el caso de las actividades agrarias, el número de trabajadores se ha reducido entre 1995 y 2016 en algo más de siete millones (toda la información estadística procede de Ameco), aportando en este último año el 4,5% del empleo total (en algunos países, como por ejemplo Rumania y Bulgaria, los registros son sustancialmente más elevados; este porcentaje alcanzaba en ese último año el 23,6% y el 18,3%, respectivamente). Todos los socios comunitarios, con la excepción de Malta –donde la contribución de la agricultura no llega al 2%–  han seguido esta tendencia.

También en la industria la UE ha conocido, salvo en Luxemburgo, un drástico retroceso en el número de personas ocupadas. En el mismo tramo temporal, 1995-2016, el empleo perdido ha sido algo mayor que en la agricultura, lo que ha llevado su peso relativo en la ocupación global desde el 21,1% al 15,3% (también aquí encontramos diferencias sustanciales, como en la República Checa, donde la industria aportaba en 2016 el 29,1%, y en Polonia el 23,6%).

El contrapunto de esa evolución ha sido el sector servicios. Dentro de la UE, el número de personas ocupadas a lo largo del período considerado ha aumentado en casi 43 millones, cifra muy superior a los puestos de trabajo destruidos en los sectores primario y secundario. lo que supuso un aumento de más de diez puntos en su contribución a la totalidad del empleo, pasando desde el 63,2% en 1995 hasta el 73,9% en 2016.

Así pues, como se señalaba al comienzo, el sector servicios ha actuado como colchón amortiguador y como dinamizador del empleo (gráfico), absorbiendo el destruido, tanto en la agricultura como en la industria, y canalizando asimismo la demanda de empleo procedente de los jóvenes que cada año se incorporan al mercado de trabajo. 

¿Continúan teniendo los servicios ese potencial de creación de puestos de trabajo? A la luz de las cifras que acabamos de desgranar, la respuesta es claramente afirmativa. Pero conviene tener al respecto una mirada amplia; mirada que nos obliga a plantearnos, cuando menos, dos cuestiones.  La primera tiene que ver con el diseño y ejecución de la política económica; la segunda, con las características estructurales del sector.

En cuanto al primero de los aspectos mencionados, la política llevada a cabo en esta década de crisis –que, en realidad, continúa, aunque de manera más intensa, la implementada por las instituciones comunitarias y por la mayor parte de los gobiernos europeos desde los años 80 del pasado siglo– ha tenido entre sus objetivos prioritarios los ajustes presupuestarios. 

No entraré en el análisis del impacto contractivo de esa política sobre la demanda agregada y la implicación que ha tenido en términos de destrucción de empleo, cuando se lleva a cabo en un contexto de debilidad del consumo y de la inversión privada (asunto sobre el que existe un amplio consenso entre los economistas). De mayor empaque estructural, y de gran relevancia para el tema que nos ocupa, es el relato y la acción política que pretenden legitimarla y convertirla, antes, ahora y en el futuro, en el santo y seña del edificio comunitario.

En virtud de ese relato, no sólo se señala al Estado y a las políticas públicas como responsables de la crisis, sino que, además, se les atribuye, frente a la supuesta racionalidad y buen hacer de los mercados, una intrínseca ineficiencia. Así, la “austeridad” presupuestaria, además de definir la hoja de ruta que hay que seguir obligatoriamente para dejar atrás la crisis, se convierte en una pieza fundamental de una “buena” política económica, al facilitar que los recursos materiales y financieros disponibles se destinen a la iniciativa privada.

Es en este contexto estructural donde hay que situar la sacralización de la disciplina fiscal impuesta desde Bruselas, la insistencia en los (supuestos) efectos beneficiosos del rigor presupuestario y la constitucionalización –tanto en los tratados europeos como en el ordenamiento legal de los países– de los objetivos de déficit y deuda públicos. 

Pero si los poderes públicos quedan privados de legitimidad y recursos para acometer políticas sociales y productivas y si adicionalmente se exige a los estados que dispensen prioridad absoluta al pago de las deudas contraídas con los grandes bancos (reforma del artículo 135 de nuestra constitución o exigencia de los “planes de rescate” a Grecia), también queda seriamente limitada su capacidad para intervenir activamente en la política ocupacional. ¿Alguien duda de la necesidad y la urgencia de esa intervención en la lucha contra la degradación de la naturaleza y el cambio climático, en la cobertura de los cuidados necesarios para la vida, en la garantía de una educación y una sanidad de calidad para todxs, en el fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación? En esos y otros ámbitos hay mucho empleo que no puede dejarse en manos de la iniciativa privada; exige un decidido compromiso público.

El segundo factor que también es necesario tener presente hace referencia a las profundas transformaciones que está experimentando el sector servicios durante las últimas décadas, y que, con toda seguridad, se harán más pronunciadas en las siguientes. Como se ha señalado antes, una de las características que distingue a las actividades agrupadas en este sector es ser relativamente intensivas en trabajo, requiriendo, en términos generales, menos capital por unidad de producto que las industriales. Ello explica, al menos en parte, su potencial de creación de empleo. 

Esta seña de identidad todavía la encontramos en una parte sustancial de los servicios; sobre todo en aquellos que presentan un formato más tradicional, bien sean ofertados por las administraciones públicas o por el sector privado. Pero una parte creciente de los mismos, especialmente los que se ofrecen en clave mercantil, están experimentando importantes transformaciones de gran entidad que están alterando el panorama estructural del sector. 

Por un lado, aumentan los requerimientos de capital, al tiempo que penetran las nuevas tecnologías, sobre todo las relacionadas con la información, la digitalización y las comunicaciones. Todo ello, reduce la demanda de trabajo. Por otro, a diferencia de los de corte más tradicional, articulados alrededor del mercado interno y donde la proximidad entre el productor y el consumidor resulta imprescindible, una parte de los servicios se ha internacionalizado. Las nuevas tecnologías facilitan su almacenamiento, procesamiento y exportación, incorporando de esta manera un rasgo propio de la industria manufacturera. Estos servicios se caracterizan por ser transables en el mercado internacional, susceptibles de deslocalizaciones transfronterizas y estar sometidos a una competencia más intensa. Su supervivencia depende de la obtención de mejoras en la productividad, lo cual tiene una incidencia negativa en el nivel de empleo.

Estos factores, en un contexto de débil e inestable crecimiento económico, como el que se dibuja para los próximos años, apuntan hacia un escenario caracterizado por una insuficiente generación de empleos y por la baja calidad de estos. En estas condiciones, además de reformular radicalmente la política económica y de otorgar al sector público un papel relevante en la estrategia ocupacional, es necesario introducir en el debate ciudadano y en la agenda política el reparto del trabajo y la renta básica ciudadana.

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Fernando Luengo es economista y miembro de la Secretaría de Europa de Podemos. @fluengoe