Un científico estaba charlando con un amigo periodista y le transmitió su alegría porque había tenido una buena idea que iba a ser publicada en una revista internacional especializada. “¿Cuánto te van a pagar?”, preguntó el periodista inocente pero acertadamente. “Nada, será mi instituto de investigación el que tenga que pagar para publicar el artículo”, dijo el científico al sorprendido periodista. Aún se hubiera quedado mucho más sorprendido si conociera el funcionamiento real de las revistas científicas porque la forma en que se gestiona el conocimiento científico hoy es sencillamente kafkiana y, sobre todo, muy injusta y antidemocrática. 

El sistema científico en boga exige que los investigadores publiquen en revistas especializadas. La publicación de un artículo original y bien construido es la guinda que corona una investigación y, para ello, existen una serie de revistas que cuentan con un editor y un consejo editorial o panel de expertos, generalmente independientes, que asesoran al editor. El proceso de publicación es razonablemente garantista con la calidad y originalidad de los resultados, aunque puede mejorarse. Los investigadores envían los artículos al editor de la revista o al consejo editorial que, a su vez, los remiten a unos revisores externos, que juzgan la calidad, relevancia y originalidad del material, y emiten un dictamen razonado y fundamentado. El dictamen puede ser negativo, rechazando el artículo; positivo, aceptándolo tal como se ha enviado; o pueden aceptarlo a condición de que se realicen cambios. Si hay desacuerdo entre los revisores, se recurre a uno nuevo que deshaga el empate. Incluso si el autor está muy en desacuerdo con el dictamen, puede recurrir al consejo editorial pidiendo amparo. Así pues, todos los autores se someten a una revisión interpares para publicar sus materiales, y los revisores son anónimos. Estas revistas tienen unas normas claras para definir qué artículos se aceptarán en la publicación. 

Los problemas aparecen cuando hablamos no del espiritual conocimiento sino del material vil metal. Publicar en estas revistas, casi siempre, cuesta dinero. Un artículo de diez páginas en blanco y negro puede costar unos 1.500 euros, 2.000 si es en color. El dinero lo aporta el instituto en el que trabaja el autor que es el que ha costeado las investigaciones. 

Un artículo de diez páginas en blanco y negro puede costar unos 1.500 euros, 2.000 si es en color

Aunque es posible ser un freelance de la ciencia y publicar, lo cierto es que no suele ocurrir, sobre todo en el ámbito de las ciencias de la Naturaleza. En esos casos es el propio autor quien paga de su bolsillo, lo que no está al alcance de cualquiera. Al final, los investigadores que trabajan en institutos con menos recursos no pueden publicar en las revistas que quieran, sino que tendrán que hacerlo en las gratuitas o las más baratas. 

El acceso a estas revistas es básico para realizar investigación de calidad, pero tampoco es gratuito. Leer un artículo en la web de la revista puede costar entre 20 y 50 euros. Y las suscripciones pueden oscilar entre 2.000 y 20.000 euros anuales. Un organismo público de investigación (OPI) de tamaño intermedio puede estar suscrito a unas cien revistas y desembolsar cerca de diez millones de euros anuales, el 10% de su presupuesto. De hecho, cuando se produjeron los recortes más graves a la ciencia española a principio de esta década, lo primero que se suprimió en muchos OPIs fue la suscripción online a estas revistas. El acceso a las publicaciones científicas resulta ser, como se ve, un factor económico limitante. Ni qué decir tiene que esto convierte en casi imposible la investigación fuera de OPIs o universidades y dificulta la aparición de una ciencia ciudadana fuera de estas instituciones.

El ejercicio de revisión de los artículos es gratuito. Los investigadores que son requeridos para juzgar el material de sus colegas lo hacen de forma altruista. Lo único que obtienen a cambio es reconocimiento y una línea más en sus curriculums. Hace pocos años apareció una web, publons.com, donde se graban los trabajos de revisión realizados y es posible demostrar el número de veces que cada uno hace de revisor y para qué publicaciones.

Cabe preguntarse dónde va el dinero que se paga para publicar y quién controla este negocio. Resulta que son unas pocas editoriales (una decena), en todo el mundo, las que controlan las publicaciones científicas y, por tanto, el conocimiento que procede de las investigaciones novedosas. 

¿Quién paga la ciencia?

Consideremos, por poner un ejemplo común, un investigador español que estudió en una escuela pública, en un instituto público y en una universidad pública. Toda su formación fue, por tanto, pagada con los impuestos de los ciudadanos. Consideremos que tiene la fortuna de trabajar en un Organismo Público de Investigación (OPI), cuyos gastos corren en su mayor parte a cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aunque tengan el añadido de alguna aportación de la Unión Europea, que también procede al final de nuestros impuestos. Es decir, la producción científica en nuestro país es casi toda sufragada por instancias públicas. 

publicar esos resultados en una revista sufragada con dinero público cuesta dinero a las instancias públicas, y el acceso a la revista también debe ser pagado con dinero público

Como ya hemos visto, publicar esos resultados en una revista sufragada con dinero público cuesta dinero a las instancias públicas, y el acceso a la revista también debe ser pagado con dinero público. El ejercicio de revisión interpares realizado por investigadores, formados y pagados casi siempre con dinero público, es gratuito para las editoriales. 

Pero es que, además, los autores de los artículos científicos tienen que ceder expresamente de forma gratuita los derechos de propiedad intelectual de sus resultados a las revistas donde se publican. ¿No es kafkiano todo esto?

La inercia

Resulta que en la carrera científica, las publicaciones son un elemento fundamental. A la hora de ser evaluados para conseguir un contrato o una posición permanente en un OPI o Universidad, o para conseguir una mejora en su salario mediante los famosos sexenios, los investigadores tienen que pasar por el aro y someterse al sistema descrito anteriormente. 

Entonces, ¿por qué nos empeñamos los investigadores en mantener este estado de cosas? Gracias a internet no sería difícil cambiar este sistema, porque es posible editar a muy bajo precio y publicar en la web los resultados científicos en abierto para todo el mundo. Y de hecho hay algunas revistas que aparecen ya en Open Access de forma gratuita o casi.  

La dificultad para cambiar viene de la gran inercia del sistema. La calidad de las revistas científicas se mide por el llamado factor de impacto. Éste es un número que se calcula dependiendo del número de citas que tienen los artículos publicados en esa revista. En principio, cuantas más citas tenga un artículo, más habrá servido a otros investigadores para avanzar y, por tanto, más impacto tendrá. Las revistas de factor de impacto alto son las más deseadas y las más consultadas. Por ello los investigadores se esforzarán en publicar en esas revistas, puesto que su carrera profesional mejorará con ello. Esto genera una gran inercia porque todo el mundo intenta seguir publicando en las revistas con más citas que, a su vez, son las más consultadas. Hace unos 10 años, la Sociedad Europea de Física creó una revista nueva, Europhysics Letters, para contrarrestar la influencia de la poderosa Sociedad Americana de Física, con su publicación estrella Physical Review Letters, de gran factor de impacto (entre 7 y 10, dependiendo de los años). El hecho es que el impacto de Europhysics Letters no ha subido de 3 y que los investigadores europeos siguen seleccionando Physical Review Letters para publicar sus resultados de más calado científico. La publicación en revistas nuevas se “castiga” con un bajo impacto de los resultados de la investigación.   

Haría falta una rebelión organizada donde participaran los principales investigadores del mundo en todas las disciplinas para cambiar este estado de cosas. 

¿Cómo cambiar esto? 

Como no parece que esta revolución vaya a producirse, será necesaria alguna acción externa al sistema de publicaciones. 

Se han producido ya acciones románticas, tal como publica The Guardian y se hace eco Sin Permiso. Como las de la científica kazaja Alexandra Elbakyan, que en 2011 creó el rastreador de la web Sci-Hub, con el que se podía acceder a millones de artículos científicos restringidos. La motivación era clara: esta investigadora que trabajaba en un instituto pobre de un país pobre no tenía acceso a la literatura científica necesaria para su trabajo. El esfuerzo de Elbakyan fue castigado en 2015 con una multa de 15 millones de dólares por una infracción contra los derechos de autor, a raíz de una demanda de Elsevier. No quedó ahí la cosa, pues en 2017 la American Chemical Society la denunció y le pusieron una multa de 4,8 millones de dólares. Alexandra Elbakyan vive huyendo de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, lo que la imposibilita para colaborar con sus colegas de ese país, y su web es perseguida y atacada hasta que se le hace caer repetidamente, lo que obliga a la investigadora a ir cambiando de dominio a Sci-Hub. Más triste fue el destino de Aaron Swartz, el hacker desinteresado que abrió al dominio público más de cinco millones de artículos científicos. Esta vez los tribunales iban a condenarlo a decenas de años de prisión y, ante esa perspectiva, se suicidó. 

la investigación pagada con fondos públicos deberá ser abierta a partir de 2020. Todos los investigadores de este consorcio estarán obligados a publicar en revistas de acceso abierto

No deja de ser curioso que sean estos personajes los damnificados por la apropiación del conocimiento por actores privados. Deberían ser agentes más poderosos los que se enfrenten a estas editoriales. Deberían ser los poderes públicos, que pagan la investigación, su publicación y su lectura, los principales interesados en romper ese círculo vicioso. De hecho, se están produciendo ya movimientos para ello. Las principales agencias estatales de investigación del Reino Unido, Francia, Holanda e Italia han elaborado el llamado Plan S. Según éste, la investigación pagada con fondos públicos deberá ser abierta a partir de 2020. Todos los investigadores de este consorcio estarán obligados a publicar en revistas de acceso abierto.  

Esta iniciativa permitiría romper la lógica imperante: las revistas de más impacto consiguen más lecturas, lo que les da más citas, y más publicaciones, y más dinero. Sin embargo no parece que esté cercano el día que se consiga el acceso abierto a todas las revistas. 

Conocimiento para ricos, conocimiento para pobres: por el acceso universal al conocimiento 

Las pocas editoriales que controlan este negocio en el mundo son las dueñas del conocimiento y lo venden a todo el que pueda pagarlo. Pero esto nos coloca ante un problema ético y filosófico de calado: ¿a quién pertenece el acervo del conocimiento científico?

Como se ha dicho, los investigadores han de ceder la propiedad intelectual de sus descubrimientos, sufragados casi siempre con dinero público, a las revistas donde los publican. Y éstas no los ceden gratuitamente a la humanidad, sino que cobran cifras nada desdeñables  a quienes acceden a ellos.

Los resultados que se obtienen de la investigación pública deberían ponerse a disposición de todo el mundo. Por un lado se democratizaría el conocimiento, permitiendo que todos los investigadores pudieran usarlo, independientemente de sus recursos. Por otro lado se democratizaría la ciencia, puesto que, aunque sea simbólicamente, cualquier ciudadano o ciudadana podría sumergirse en la literatura científica y realizar sus propias investigaciones, que condujeran a nuevos descubrimientos, aplicaciones tecnológicas, o al simple disfrute. 

Los institutos de investigación de todo el mundo podrían acceder a estos conocimientos, independientemente de nivel económico de sus Estados, contribuyendo a romper así el círculo vicioso de la desigualdad científica y tecnológica. 

Por otra parte, la investigación es más exitosa y avanza más deprisa cuanto más abierta es, cuantas menos trabas se interponen contra la distribución del conocimiento. 

La iniciativa puesta en marcha por varias agencias estatales parece una buena idea, pueto que es a ese nivel de poder político donde podría cercenarse el poder de esas pocas editoriales. Sería muy deseable que el Gobierno español se uniera a ellos y estudiara la forma de conseguir que la ciencia costeada con dinero público (la mayor parte) se publique en acceso abierto. Los OPIs, universidades e institutos de investigación españoles deberían sumarse a esta iniciativa y exigir a sus investigadores que publiquen en abierto sus resultados, obligando a romper la inercia que los hace siempre buscar esas revistas de gran impacto que pertenecen a unas pocas editoriales, que hacen un negocio millonario con unos conocimientos que nos pertenecen a todos. 

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