La imagen del Cristo Redentor de Río de Janeiro despegando del Corcovado y volando hacia las nubes en la portada de la revista The Economist persigue a los brasileños casi diez años después de su publicación. La ilustración era el símbolo del primer país que salía de la recesión tras la crisis mundial de 2008. Mientras la desigualdad aumentaba en las mayores economías del mundo, en Brasil el país se desarrollaba y crecía reduciendo la pobreza y las desigualdades. Lula, líder carismático del Partido de los Trabajadores (PT), el presidente que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, era uno de los políticos más influentes del mundo y parecía tener la clave de la solución para los países en crisis.

Ahora, en 2018, la revista liberal –muy influyente en la elite cultural y financiera de Brasil– ha publicado en su portada el retrato en verde y amarillo del candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), un militar jubilado que hizo su carrera política en la Cámara de los Diputados defendiendo la dictadura y la exclusión de las minorías. La revista lo describe como una amenaza democrática para un país dividido por el odio político después de una recesión profunda, de la destitución de la presidente Dilma Rousseff (PT) y de la entrada de Lula en la cárcel. Las preguntas aún no respondidas son: ¿cómo es posible que el país que hace poco era ejemplo de combate a las desigualdades y desarrollo económico ahora no pueda ni siquiera garantizar su estabilidad democrática? ¿Cuál es la responsabilidad del PT –el partido que gobernó el país más de 13 años– en una crisis que no parece tener solución? ¿Que hicieron Lula, Dilma Rousseff y el PT para generar un odio tan grande que pone la democracia brasileña en riesgo?

Según la directora de estudios latinoamericanos y mercados emergentes de la universidad John Hopkins, la economista Monica de Bolle, los errores del PT empezaron “en el segundo Gobierno de Lula”, con la continuidad de las políticas de estímulo a la economía después de que la recesión causada por la crisis de 2008 ya se había pasado. “Hasta el final del primer Gobierno de Lula la política económica estaba ordenada”, explica De Bolle.

En 2011, el primero año del gobierno de Dilma Rousseff (PT), que sucedió a Lula, hubo una nueva profundización de la crisis económica en la zona euro. “El Gobierno de Rousseff aprovechó el escenario internacional para bajar los tipos de interés de manera brusca”, recuerda la economista. Bajar el tipo de interés al 2% era uno de los objetivos de la política económica de Rousseff para mantener el desarrollo económico. Sin embargo, mientras bajaban los tipos, el Gobierno aumentaba el gasto público. “En 2012, (la presidenta) empezó el proceso de exenciones contributivas (a las grandes empresas), hechas de modo discrecional en un esfuerzo de reindustrialización. Ahí empezaron también las ‘pedaladas’ fiscales (la manipulación de las cuentas públicas) y el control de precios”, cuenta De Bolle. “Con eso, el crecimiento fue decreciendo y la credibilidad del Banco Central de Brasil se perdió. Fue un activismo muy intenso. Y la economía se desbarató”.

La campaña por la reelección de Rousseff, en 2014, quedó marcada por una gran polarización de posiciones. En la primera vuelta la principal disputa fue contra la candidata Marina Silva, una exintegrante del PT que, en 2014, se afilió al Partido Socialista Brasileño (PSB). Para derrotar a la candidata de la oposición, el PT creó una serie de vídeos en los que se decía que, con la victoria electoral de Marina, los banqueros iban a tomar el poder y la gente perdería los beneficios sociales, como la Bolsa Familia.

Silva acabó en tercer lugar y Rousseff disputó la segunda vuelta contra el candidato Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de centroderecha. En la narrativa creada por el PT su candidata representaba la agenda de los pobres y el candidato del PSDB la de los bancos. La estrategia, otra vez, se mostró correcta desde el punto de vista electoral. Rousseff fue reelegida con el 51,6% de los votos.

En la época de la reelección de Rousseff, según De Bolle, aún “había un sentimiento de bienestar” en la población brasileña. “El paro estaba bajo y la inflación no estaba alta”. Pero eso cambiaria pronto, por la elevación de la deuda pública. En 2014, por primera vez, el Gobierno acabó el año con déficit en las cuentas públicas (0,63% del PIB brasileño). El crecimiento de la economía fue de 0,1%, el menor desde 2009, cuando el país enfrentó la crisis de 2008.

Para solucionar el déficit fiscal y recuperar el prestigio político con el mercado financiero, Rousseff cambió de pronto su directriz económica. Abandonó la política de aumento del gasto y empezaron los recortes: lo mismo que criticó durante la campaña electoral. La presidenta designó para el ministerio de la Hacienda el ingeniero Joaquim Levy, un ejecutivo del Bradesco, uno de los cinco grandes bancos de Brasil. “El ingreso de Levy en el Gobierno es lo que mejor expone la improvisación (de Dilma Rousseff). A Levy nunca le fue dada la oportunidad de hacer bien su trabajo. Su mérito fue dejar claros los problemas fiscales y eliminar el control de precios”, cuenta De Bolle.

La crisis fiscal y la recesión fueran profundizadas por la crisis política. El diputado conservador Eduardo Cunha (MDB) ascendió a la presidencia de la Cámara de los Diputados en oposición a Rousseff. Entretanto, la Operación Lava Jato, que investigaba casos de corrupción y blanqueo de capitales, destrozó la credibilidad y la popularidad del PT. El paro y la inflación se elevaron mientras políticos y empresarios ligados al PT entraban en la cárcel por corrupción. Los partidos políticos y los movimientos de oposición al Gobierno empezaron a pedir la destitución de Dilma, que dejó la presidencia en agosto de 2016 condenada en el juicio político por las pedaladas fiscales. “Para el elector brasileño, 2015 y 2016 fueron dos años horribles. Muchos de los que habían mejorado su nivel de vida volvieron a vivir una mala situación.” Esto explica, según de Bolle, porque muchos electores del PT ahora apoyan al candidato Bolsonaro. “El elector cree que lo peor de la crisis fue culpa de los errores del PT.”

El psicoanalista Tales Ab’Saber –autor de libros sobre los gobiernos del PT– afirma que el Gobierno Lula “fue democrático” y que era Lula (y no las instituciones democráticas) el que mediaba en el pacto social” entre los miserables y los más ricos, el fundamento en el que se mantenía la estabilidad de su gobierno. Pero en ese pacto social no había espacio político para las fuerzas progresistas. “Con su aproximación al MDB y la continuidad de la tradición corrupta de la política brasileña, el PT se puso lejos de las fuerzas progresistas”.

Eso explica, según Ab’Saber, por qué el Gobierno Dilma no encontró ayuda entre las clases populares ante los movimientos de derecha que salieron a las calles para pedir su destitución en 2015 y 2016. “La dispersión de las fuerzas democráticas progresistas profundizó la crisis del partido”.

Los seguidores del PT acusaron a los jueces de la Operación Lava Jato de practicar ilegalidades judiciales. Muchos piensan que la independencia del sistema judicial durante los gobiernos del PT tuvo la culpa de la crisis institucional. “El Ministerio de Justicia no controla ni el sistema judicial ni a los fiscales del Estado”, afirma Conrado Hübner Mendes, profesor de Derecho de la Universidad de São Paulo. “La crisis institucional se produjo por el ataque del sistema judicial contra el sistema político para combatir la corrupción. Los jueces no cumplieron las reglas judiciales ni se preocuparon por las consecuencias para la democracia cuando se criminaliza la política”. El inquietante liderazgo de Jair Bolsonaro lo evidencia.