El año pasado, una psicóloga colombiana recibió una oferta de empleo para trabajar en un centro para mujeres inmigrantes atrapadas en la isla griega de Lesbos como consecuencia del acuerdo entre la UE y Turquía. Esta psicóloga era un elemento indispensable del equipo, puesto que había trabajado como voluntaria en el centro cuando abrió sus puertas y tenía la experiencia de años trabajando con mujeres desplazadas y supervivientes de violencia sexual en Colombia. Sin embargo, el consulado griego le comunicó que obtener un visado de trabajo para permanecer en Grecia era imposible, pero que “podía solicitar el estatus de refugiada”. Las limitaciones a la inmigración legal y dar por supuesto, en este caso, que una mujer colombiana en Europa era una refugiada refleja los fallos de las actuales políticas migratorias europeas.

Una vez que una persona logra entrar en Europa, uno de los pocos medios para obtener el estatus legal es solicitar “protección internacional” al Estado (que incluye el estatus de refugiado, protección humanitaria y protección subsidiaria). Este sistema no solo refuerza la relación paternalista de los Estados europeos respecto al hemisferio sur, sino que también niega el destacado papel que desempeñan los Estados europeos y sus intereses económicos (por no mencionar el cambio climático) para influir en las tendencias migratorias. La Convención sobre los Refugiados es un tratado internacional y, teóricamente, las personas pueden buscar protección en virtud de dicho tratado con independencia de su lugar de origen o del lugar al que hayan viajado. Sin embargo, como es natural, una abrumadora mayoría de personas emigra desde países con una renta baja hacia los países que dominan la economía y la política mundial, como los europeos y Estados Unidos. A pesar de que las razones por las que las personas migran al norte son casi infinitas, al llegar a sus destinos deben alegar y demostrar, si pretenden permanecer de forma legal, que sus Estados les ha perseguido o no les ha protegido y que merecen la protección de un estado europeo.

Durante el procedimiento de asilo, los Estados europeos, los migrantes y sus defensores juzgan las deficiencias de los Estados del sur a la hora de proteger a las mujeres, las personas LGBTQI+, las minorías étnicas y religiosas, los disidentes políticos, periodistas, etc.. Con la intención de ofrecer protección, los Estados europeos se presentan como benévolos bastiones de igualdad y democracia –a pesar de su continuada explotación económica, participación en conflictos y apoyo a regímenes represivos en el hemisferio sur, así como la marginalización y aumento de delitos de odio contra inmigrantes, personas LGBTQI+, mujeres y otros dentro de sus propias fronteras–. Esto no significa negar o minimizar la persecución a la que se enfrentan las personas a causa de su identidad en muchos lugares del mundo. Sin embargo, cuando el derecho a migrar de los que proceden del hemisferio sur se limita a aquellas personas que sufren algún tipo de persecución, fuerza a las personas a centrarse únicamente en las dificultades sufridas y obviar otras razones válidas para migrar.  

Esta situación se amplifica en Lesbos, donde la barrera geográfica natural hacia el continente europeo imposibilita el anonimato. Porque es prácticamente imposible que la migración irregular pase inadvertida: TODA PERSONA que llega a Lesbos procedente de Turquía debe solicitar protección internacional o se enfrenta a ser retornada de forma inmediata a Turquía. A menos que su solicitud de protección internacional se apruebe (un proceso que puede durar años), una de las únicas formas de obtener permiso para dejar la isla es demostrar que se es vulnerable. Los supervivientes de agresión sexual, violencia, tortura, etc. deben relatar, una y otra vez, el trauma al que han sobrevivido –a los a menudo incrédulos funcionarios de los servicios de asilo, empleados médicos y profesionales del derecho–. En Lesbos hay una competición a la baja, en la que los que pueden demostrar que son los más oprimidos y débiles son los que más rápidamente tendrán acceso a los servicios básicos, a condiciones de vida dignas y a permiso para salir de la isla.

Cabe preguntarse por qué las feministas deberían preocuparse por estas políticas inhumanas e inherentemente revictimizadoras puesto que afectan de igual modo a hombres, mujeres y niños. De hecho, a menudo, son los hombres solteros los que quedan atrapados durante más tiempo en las islas griegas y los que tienen menos prioridad para acceder a los servicios indispensables.

Por una razón (y ya se ha escrito mucho sobre este asunto): las mujeres y las niñas corren un peligro especial de sufrir violencia y agresión sexual como consecuencia de estas políticas de exclusión debido a la falta de rutas migratorias seguras y legales, y a las inhumanas condiciones de acogida en “puntos conflictivos” como el campo de Moria. 

La segunda es que hay que analizar las políticas migratorias en el contexto de las sociedades y gobiernos patriarcales que las imponen. El temor de que la inmigración desde el hemisferio sur hacia Europa amenace el statu quo lleva mucho tiempo siendo parte del discurso público contra la inmigración. El statu quo no es otro que el de hombres blancos que dominan la economía y la política en prácticamente todos los países europeos. En muchos de ellos, la raza y la nacionalidad están intrínsecamente vinculadas, y la inmigración desde el hemisferio sur se retrata como una amenaza a una identidad nacional blanca imaginaria. De hecho, en griego “nación” es “ethnos”, la raíz de la palabra “ethnicity” (“origen étnico” en inglés).

Para reducir esta amenaza, la inmigración se limita a aquellos que se someten a este gobierno del hombre blanco. Aunque, por supuesto, muchas personas que reúnen los requisitos para lograr este estatus en Europa son independientes, poderosas y no son, ni mucho menos, sumisas –sobre el papel son “beneficiarios” de protección internacional–.

Seguiremos trabajando en defensa de nuestros clientes y del derecho de los inmigrantes a permanecer en Grecia y Europa bajo este sistema imperfecto de asilo. Sin embargo, oponer resistencia a la violencia fronteriza militarizada y desarticular el intento de las políticas migratorias de conservar el dominio del hombre blanco debe formar parte de nuestro trabajo como feministas para desmantelar el patriarcado mundial.

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Lorraine Leete es abogada, coordinadora de Lesbos Legal Centre, entidad encargada de denunciar las vulneraciones de derechos humanos contra los refugiados de la isla.

Traducción de Paloma Farré.