Después de 32 años sin que un presidente del Gobierno español visite de forma oficial a Cuba, Pedro Sánchez lo ha hecho hace unas semanas. En este contexto los lectores de España deben estar ávidos de noticias sobre la mayor isla del Caribe. Una de las comidillas nacionales es la reforma constitucional que nos ha puesto a discutir sobre el futuro del socialismo y sobre las formas de hacer viable el proyecto patrio de soberanía nacional e independencia. El futuro constitucional está a la vuelta de la esquina y estas reflexiones son para dialogar con el pueblo español, desde el cariño y respeto mutuos.

La nueva constitución es un hecho en Cuba. El proyecto de Constitución de la República de Cuba, que se consultó con la población desde agosto de 2018 está a punto de convertirse en Carta Magna, con las modificaciones que la Comisión Redactora ha considerado después del debate popular, y con la anuencia y recomendaciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular –que deberá decir su última palabra en diciembre de 2018–, máximo órgano de poder del Estado y único constituyente y legislativo, del último reducto del socialismo real en el hemisferio occidental.

La constitución saliente estaba ya en peligro de extinción desde que cayeron las cortinas del socialismo soviético. Nuestra Constitución data de 1976 –recuerde el lector que entre 1959 y 1976 Cuba se rigió por la Ley Fundamental de 1959, que era una versión reformada de la Constitución de 1940, todos estos fueron años de provisionalidad estatal y constitucional, pero se produjeron las leyes más importantes para la transformación revolucionaria– y ha sufrido reformas parciales en los años 1978, 1992 y 2002. De ellas son llamativas las dos primeras: en 1992 los cambios buscaban hacer el proyecto socioeconómico y político cubano, viable en un mundo unipolar. Para esto se consagró en aquella oportunidad una nueva forma de propiedad: la de las empresas mixtas, y se declaró que el Partido Comunista de Cuba, además de marxista–leninista, sería también martiano (en alusión al ideario de José Martí, héroe nacional), en busca de ensanchar el molde ideológico de la única organización partidista cubana, para que en ella cupiera algo más que una única ideología.

En 2002, sobrevivientes de la peor época del llamado Período Especial, la Constitución declaró el carácter irreversible de los sistemas político, económico y social, socialistas.

La actual reforma es total, se propone ahora un nuevo texto, lo que, en cumplimiento de la vigente cláusula de reforma constitucional, obliga a una verificación popular de la nueva Carta Magna que resultare de la consulta, en referéndum. Este proceso debe terminar en febrero de 2019.

Qué constitución se despide

La ley de leyes cubana, vigente hasta que no se apruebe otra nueva por el pueblo, es hija de la relación de amor y angustia entre Cuba y el pensamiento y acción de los países del campo socialista.

La Constitución resultante es la última de inspiración socialista que mantiene el lenguaje de influencia soviética, sobre el comunismo, la explotación del hombre por el hombre, la propiedad estatal socialista de todo el pueblo, las relaciones con los países en construcción del socialismo, la unidad de poder, la legalidad socialista, la democracia socialista, todos ellos pilares del constitucionalismo histórico comunista.

La Carta Magna cubana no reconoce ni menciona a los derechos humanos ni a la sociedad civil, y apenas en la reforma de 1992 incluyó una mención al medio ambiente. La doctrina jurídica y política socialista real, bajo la que se construyó este texto constitucional, no aceptaba tampoco el reconocimiento de un régimen de defensa y garantías procesales para los derechos, ni la existencia de un órgano especializado en el control constitucional, ni una institución defensora del pueblo.

La tesis socialista sobre los derechos y su defensa se basaba en la idea equivocada históricamente de que los derechos individuales son obra del pensamiento burgués, –esta teoría considera que hay derechos burgueses cuando en realidad lo que ha habido son interpretaciones burguesas a derechos logrados después de siglos de lucha social– y con ellos los principios de supremacía constitucional y Estado de derecho.

La más importante garantía de los derechos fundamentales sería la evidencia material social de su realización, la que ha sido la forma en que hemos sostenido las bases de los servicios públicos del socialismo cubano durante décadas, pero que no ha resuelto la indefensión legal de la ciudadanía en casos de violación de derechos, sobre todo de carácter civil y político.

La Constitución de 1976 no definía un sistema de gobierno específico, tal vez porque es evidente que nuestra república no ha sido ni presidencialista ni parlamentaria, durante 42 años, pero el Estado se consideraba de los trabajadores y la soberanía solo popular. Así el Estado se organiza como Poder Popular y los más importantes órganos representativos, son electivos, colegiados, revocables y están obligados a rendir cuentas a los que los han nominado.

Una tensión sin solución, ni ahora ni en lo que se anuncia por el Proyecto, es la que se da entre Partido Comunista de Cuba, por un lado, único, fuerza dirigente de la sociedad y el Estado, y soberanía popular, en el otro polo, con algunas importantes formas de participación popular, en la constitución formal, como la rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular y de todos los elegidos como miembros de órganos colegiados, o como la revocación de mandatos, pero que en la práctica política han sufrido el mal del ritualismo y la vulgarización. En resumen, es difícil saber hoy si la soberanía se encuentra en el Poder Popular o en el Partido Comunista de Cuba.

Breve caracterización del Proyecto Constitucional: avances y retrocesos

Las malas noticias primero: los retrocesos del Proyecto

El nuevo documento introduce, desde el Preámbulo, referencias a las ideas de Fidel Castro como inspiración, pero elimina el objetivo de la construcción de la sociedad comunista, lo que según mi visión puede ser una fortaleza y un abandono de posición ideológica al mismo tiempo.

Así mismo salen de la propuesta constitucional, las alusiones al internacionalismo proletario, la prohibición de la explotación del hombre por el hombre, y al trabajo voluntario, que tanto alentó el Che Guevara en sus años de dirigencia política en Cuba.

El Proyecto debilita, contra el mismo principio de progresividad que se ha introducido como novedad, derechos ya ampliamente protegidos, como el de educación y sanidad pública, gratuitas, al disminuir al mínimo los detalles que garantizaban estos servicios, según el texto constitucional vigente. Ejemplo de lo anterior es el marco de gratuidad que se concibe para la educación, por el Proyecto, ahora entre la enseñanza preescolar y los estudios de pregrado universitario, lo que deja fuera de los derechos ya conquistados los llamados Círculos Infantiles –de gran importancia para la consagración de la igualdad de la mujer en Cuba y para su empoderamiento en los últimos cuarenta años– y la enseñanza de postgrado, que ha garantizado la formación masiva de doctores y masters en nuestras universidades.

De la misma manera ha quedado reducido todo el derecho a la salud pública gratuita, a un pequeño artículo donde se describe el tipo de acciones de sanidad, que ahora serán de atención, protección y recuperación, cuando en la práctica social cubana, los indicadores más importantes de desarrollo y bienestar, relacionados con la salud, los hemos alcanzado por la actividad profiláctica, preventiva, de la medicina cubana, que no está contemplada en ninguno de los verbos que antes he mencionado.

También ha sufrido la actual regulación sobre igualdad. La Constitución de 1976 fue el punto culminante de un proceso que se ha dado en llamar institucionalización de la revolución cubana, que dio fin a diecisiete años de provisionalidad, y a la vigencia de la Ley Fundamental de 1959. Aquella institucionalización consagró, como pruebas de la igualdad, que todos los cubanos pueden usar, sin separación, todo tipo de transportes, todo tipo de servicios, que se pueden hospedar en hoteles, que pueden usar balnearios, playas, restaurantes. Lo anterior puede parecer una puerilidad, pero es el símbolo vivo de una revolución popular triunfante, que demuestra con palabras y hechos, que se han acabado las diferencias.

El Proyecto ha eliminado las anteriores consagraciones y deja un campo abierto a la confusión, a la duda sobre el futuro de las garantías sociales del modelo económico y político cubano.

Las buenas noticias: avances del Proyecto

Se reconocen, en cambio, en el Proyecto, la propiedad privada, la inversión extranjera garantizada por el Estado –no todos creen que esta es una buena noticia– y el derecho humano a usar, disfrutar y disponer de la propiedad. 

El Proyecto consagra, por primera vez en la historia del socialismo cubano, a los derechos humanos, al Estado de derecho, a la supremacía constitucional. Se declara en esta propuesta, que se interpretarán los temas relacionados con derechos humanos bajo la óptica de los instrumentos internacionales en vigor y que los tratados de todo tipo ratificados por Cuba formarán parte del ordenamiento jurídico cubano.

También es alentador el reconocimiento de algunos principios rectores sobre derechos humanos, como el de progresividad, indivisibilidad, interdependencia y su carácter irrenunciable.

El sistema político en el Proyecto

La propuesta constitucional llama por primera vez único al partido, que ahora es –además de marxista-leninista y martiano– fidelista, democrático y ha abandonado el fin del avance hacia el comunismo. 

Sigue viva la contradicción de la soberanía popular: el Estado es encabezado por la Asamblea Nacional y el Partido Comunista de Cuba, que los dirige a ambos, aunque su militancia es menor al diez por ciento de la población cubana. En la práctica esta tensión se evidencia en la composición de la Asamblea Nacional, compuesta por un 96 por ciento de militantes del partido, cuando este órgano debe representar la diversidad de la población cubana. 

El Partido Comunista de Cuba no es electoral porque no postula candidatos a las elecciones ni hace campaña política, pero al ser fuerza dirigente superior alcanza a influir sobre las Comisiones de Candidatura, que son estructuras electorales designadas, compuestas por representantes de parte de la sociedad civil reconocida por el Estado, y que postulan el cien por ciento de los candidatos a Delegados Provinciales y Diputados a la Asamblea Nacional. 

Ahora se incluyen en el Estado cubano a una Presidencia y Vicepresidencia de la República, no electas por el pueblo sino por los diputados a la Asamblea Nacional y un Primer Ministro que será jefe de gobierno, en este caso designado por la Asamblea a propuesta del Presidente de la República.

El Poder Popular local se ha modificado bastante por el Proyecto. Ahora se propone la eliminación de las Asambleas Provinciales del Poder Popular y en su lugar aparece un Consejo Provincial encabezado por un Gobernador y Vicegobernador, designados también.

Esperanzador es que se proponga en el Proyecto que los municipios sean autónomos, pero parecen en el diseño constitucional atrapados, todavía, por el nivel central y provincial de decisión.

Nuevos órganos aparecen en el sistema político. La Contraloría General de la República y el Consejo Electoral Nacional, encabezados ahora por funcionarios que no podrán desempeñarse, a la vez, en cargos representativos del Estado.

En el sistema político se siguen extrañando, un Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, por citar dos que han sido solicitados por la población, en muchas de las asambleas de consulta del Proyecto, realizadas en todo el país.

Temas pendientes del Proyecto

Algunas lagunas son notables en esta propuesta. Se echa de menos un reconocimiento a la sociedad civil cubana y un marco legal de su relación con el sistema político. Tampoco se regula nada sobre Administración Pública, ni servicios públicos, por citar dos temas principales.

Conclusiones sin que nada haya concluido

El Proyecto de Constitución de la República de Cuba termina su período de consulta en el mes de noviembre de 2018. Los datos recogidos en miles de asambleas de barrios, centros de trabajo y estudio, han sido tabulados por el Partido Comunista de Cuba. La Comisión Redactora deberá analizar estos datos, pero no se conoce bajo qué reglas o procedimiento lo hará, y sí conocemos que el Glosario, que ha acompañado al tabloide que ha usado la población para las discusiones, declara que la Consulta Popular no tiene carácter vinculante.

El ambiente que hemos percibido durante meses de observación y conferencias, charlas, talleres, sobre el cambio constitucional en Cuba, se mueve entre la euforia política de algunos a el total escepticismo de muchos. Grandes cantidades de personas no asisten a las asambleas y otros cientos no proponen ni sostienen nada en ellas. Muchas de las reuniones de discusión del Proyecto se han concentrado en el debate sobre el art. 68, que define al matrimonio como la unión entre dos personas, lo que ha desatado una gran tensión entre los defensores del modelo familiar tradicional y los defensores de los derechos humanos.

Es notable, según mi criterio, que la sociedad cubana se ha colocado frente a este documento y proceso histórico, con tantas posturas como las que produjeron el mismo Proyecto, porque son visibles en él puntos de vista liberales, sociales, democráticos, socialistas, reformistas, utilitarios, pragmáticos, conservadores, revolucionarios, todos a la vez, lo que demuestra una polarización ideológica, teórica, política y económica que no es considerada fuera de Cuba, casi nunca.

Por primera vez se ha opinado y se ha hecho política, con campañas y promoción de ideas, desde zonas distantes, como las que han puesto en tensión a las iglesias cristianas en Cuba, y a los que, desde otro lugar, los enfrentan con ideas y argumentos. Los primeros han movilizado a millones de personas para el voto negativo al Proyecto, si se mantiene su consagración del matrimonio igualitario, y los segundos, desde el oficialismo y lejos de él, han luchado porque este derecho no salga de la propuesta constitucional.

Mientras, otros miles, creo ver, consideran que la discusión exacerbada, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, ha desviado la atención de millones de personas, hacia un tema no político del Proyecto y con esto se ha abandonado la discusión sobre el sistema político, el sistema económico, la defensa de la constitución y la democracia.

Cuba entrará en una nueva era de su historia política, gobernada por una generación que no participó en directo en el proceso de insurrección y triunfos revolucionarios. Ahora las legitimidades habrá que ganárselas con eficiencia administrativa y lealtad al pueblo que ha sostenido el sistema social y económico cubano, por sesenta años.

La democracia debe ser junto a la república fraternal y de libertad, un fin y un medio hacia la consumación de una sociedad más justa. Esta y no el ofuscamiento y el dogmatismo, debe ser la premisa para enfrentar bloqueos y aislamientos heredados de la guerra fría. 

Cuba está de moda: visitarla, contemplarla con ojos de comerciante y con ojos de inversionista. Algunos vienen a la isla como quien se asoma a un parque temático sobre la utopía y las izquierdas triunfantes. Todos nos piden resistir, unos por mantener de lejos el sueño de una sociedad alternativa y otros por la gracia de que el socialismo sobreviva apenas en un archipiélago exótico del Caribe.

Los que creemos en que el socialismo no debe ser solo su expresión histórica más conocida (llamada real) en los países de Europa del Este, apostamos por la legalidad, el Estado de derecho, la democracia, el pluralismo político, la justicia social, el empoderamiento de los trabajadores y trabajadoras, los derechos humanos, la soberanía popular. 

La opción que defiende que el Estado y sus funcionarios pueden ser nuestros representantes para siempre, sin que elijamos, sin que designemos, sin que revoquemos, sin que imaginemos el cambio y el futuro, nos parece tan inviable como la del capitalismo salvaje o la del subdesarrollo dependiente. Esperamos, en fin, que la nueva constitución, nos lleve por el camino del socialismo, con ley y libertad.

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Julio Antonio Fernández Estrada es jurista e historiador cubano, profesor y ensayista sobre temas sociales, políticos y jurídicos.