La hora de la verdad
El examen racional de lo sucedido nos hace concluir que no ha existido un alzamiento para hacer efectiva la independencia. Sin embargo, el relato de la fiscalía omite hechos que demuestran esto último
@oriolguellipuig 9/01/2019
Puigdemont tras su declaración en el Parlament el 10 de octubre.
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Los escritos de acusación presentados por la fiscalía y la abogacía del Estado recordarán a quienes los lean la gravedad de lo acontecido en el proceso que culminó con los hechos de octubre de 2017. Unos hechos que han causado daños importantes, políticos y sociales y que, en mi opinión, inhabilitan políticamente a quienes los propiciaron desde los puestos de mayor responsabilidad.
El relato de la fiscalía, que sustenta la existencia de una presunta rebelión (es decir, de un alzamiento realizado violentamente para declarar la independencia de una parte del Estado, derogar la Constitución y sustraer de la autoridad del Gobierno una fuerza armada), descansa sobre unos hechos que tienen como clave de bóveda la declaración del pasado 27 de octubre, en cuanto que confirmaría la existencia de un plan dirigido no solo a realizar contra la ley un acto de reivindicación y protesta política como el 1-O sino a alcanzar la secesión efectiva por medios ilegales. Tan importante es la declaración de independencia para la fiscalía, que el 21 de octubre (unos días antes de la “fake” DUI) anunció que la querella por rebelión solo se presentaría en caso de haberla.
Una vez presentadas por las acusaciones las conclusiones provisionales, ahora es el turno de las defensas. Fiarlo todo a la ausencia de la violencia que requiere el tipo de rebelión (un tipo que contempla maneras de violencia que no precisan del uso de armas ni de combates) es, en mi opinión, arriesgado. E insuficiente cuando se poseen elementos todavía más claros. La mejor defensa de los procesados frente a la acusación de rebelión que contiene el relato de la fiscalía es la verdad. La rebelión requiere violencia, sí, y las defensas deben sostener que no la hubo, pero también que se haya producido una acción para conseguir la secesión por vías ilegales. El examen racional de lo sucedido nos hace concluir que existió una clara determinación para celebrar (aunque estuviese prohibido y aunque existiese el riesgo de que hubiera alguna expresión de algún tipo de violencia) algo llamado “referéndum”, con el objeto de crear un gran artefacto electoral para obtener una fuente casi inagotable de recursos propagandísticos, un arma para la protección de la influencia propia y un instrumento ideológico para conseguir una buena posición política de cara a una negociación estatal sobre el reparto territorial del poder. Si en ese camino, además de despropósitos políticos, se han cometido delitos, lo dirán los tribunales a los que corresponda. Pero el mismo examen racional de lo sucedido nos hace concluir igualmente que no ha existido un alzamiento para hacer efectiva la independencia. Sin embargo, el relato de la fiscalía omite hechos que demuestran esto último y que deberían ser alegados por toda defensa que se precie de ese nombre. Los enumero a continuación:
1. Poco después de aprobadas las “leyes de desconexión”, el Govern acató (incluso contra la voluntad de los síndicos, según ellos han dicho) la disolución de la sindicatura electoral. Al renunciar a este teórico organismo de garantías se renunciaba también a que pudieran existir unos resultados aceptables ni siquiera formalmente, y también por tanto al reconocimiento internacional. En aquel momento el Govern anunció a quien quiso oírlo que no habría ni referéndum válido ni independencia.
2. La ley del referéndum preveía la declaración de la independencia por el Parlament en los dos días siguientes a la proclamación de los resultados. Como no había sindicatura, la ley era de imposible cumplimiento. Lo más parecido a esa proclamación por la autoridad electoral fue el envío de los resultados definitivos al Parlament por el Govern el día 6 de octubre. En los dos días siguientes, que constituían el plazo “legal” para la declaración de independencia, nadie hizo nada.
3. El día 4 la Mesa del Parlament convocó un pleno para el día 9, pero, pese a ello, el Govern anticipó el anuncio de los resultados oficiales al día 6, asegurándose de que no habría reunión parlamentaria en el plazo de dos días marcado por la ley suspendida para declarar la independencia.
4. El Parlament acató la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional del pleno convocado para el día 9 con el objeto de tratar los resultados.
5. La Mesa convocó un nuevo pleno para el día 10. No incluyó nada más en el orden del día que un discurso del presidente de la Generalitat. Ninguna mención a declaración o votación alguna.
6. Lo único que ofreció el pleno del día 10, al margen de imágenes icónicas, fue un discurso borroso de Puigdemont, calculadamente confuso, que no incorporaba declaración ninguna. El presidente de la Generalitat (a quien no correspondía la declaración de la independencia según la ley) dijo asumir un mandato y propuso al pleno que todos los efectos quedaran en suspenso. El pleno no se pronunció. Nadie lo pidió. Tampoco pidió nadie que se procediese según las leyes de desconexión. Asumir, proponer. No declarar.
7. El presidente Puigdemont evitó por dos veces contestar positivamente al requerimiento remitido por el presidente del Gobierno sobre si se había producido la declaración de independencia.
8. Las intenciones quedaron claras cuando, el día 25, el presidente Puigdemont decidió la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones. Que la decisión quedase truncada por la reacción que ya conocemos y por la cobardía política no significa que el hecho pierda valor, por cuanto revela las verdaderas intenciones de respetar en última instancia el orden constitucional.
9. Hay un dato que me parece definitivamente revelador: el independentismo ajustó el calendario al máximo para que la votación de independencia se produjese cuando el Senado tenía preparada la aprobación de la autorización para la aplicación del artículo 155. ¿Qué hubiese pasado si el pleno se hubiera convocado el día 20, con la tramitación en el Senado no concluida? Sin duda una verdadera intención de proceder a una independencia unilateral habría llevado a declararla cuando el Gobierno no dispusiera de los mecanismos legales para neutralizarla lo menos traumáticamente posible. La Generalitat quiso asegurarse de que todo estuviese preparado para la entrega del poder cuando se produjese el gesto de ruptura.
10. Decidida la realización de ese gesto de ruptura (más gesto que de ruptura), Junts pel Sí y la Cup presentaron una propuesta de resolución en la que no se declaraba la independencia, sino que se constataba que el día 10 los diputados independentistas habían firmado en una reunión privada un documento cuyo texto (una declaración de independencia) se copiaba. Además del truco (ya ensayado por el Parlament con la definición de nación en el Estatut), para burlar la posibilidad de una declaración solemne, expresa y explícita, se añadió el de colocar este texto en la parte no dispositiva de la resolución, en el preámbulo.
11. Los miembros independentistas de la Mesa del Parlament, al preparar el pleno de los días 26 y 27, maniobraron para que constase en acta que la declaración no tenía efectos jurídicos y que solo era objeto de votación y aprobación la parte dispositiva.
12. El portavoz de Junts pel Sí, Roger Torrent, se afanó en declarar ante los periodistas que se había acordado que la declaración, situada en el preámbulo, ni tendría efectos jurídicos ni sería objeto de votación. Los gestos no podían ser más claros. Otra cosa es que los periodistas los captaran en un ambiente de mucha tensión. Y que a algunos sectores les interesase que trascendieran.
13. Comenzado el pleno, el presidente de la Generalitat renunció a tomar la palabra. La presidenta del Parlament tampoco llevó a cabo ninguna iniciativa. Se limitó a leer la parte expositiva por petición (previo pacto, claro) del mismo Roger Torrent que había indicado a los periodistas en qué consistía el truco. Pero la presidenta seguidamente dijo: “Y a continuación votaremos la parte resolutiva de esta propuesta de resolución”. La parte del documento llamada DUI ni siquiera se votó. La siguiente resolución se limitaba a instar al Govern.
14. Tras la votación se levantó la sesión. En el hemiciclo no se hizo ninguna mención a nada que pudiese hacer pensar en un nuevo Estado. Ni siquiera se gritó ¡Viva la República de Cataluña! o cualquier otra consigna. Un discreto acto en un lugar informal (la escalera del Parlament) sirvió de pequeño festejo para unos discursos ya plenamente políticos, que no aspiraban a tener ningún efecto legal.
15. La resolución, contra lo que ha dicho la fiscalía (y esto es verdaderamente llamativo) no se publicó. Ni en el DOGC ni en el BOPC. La publicación digital en una edición extraordinaria de los boletines (como se hizo con el 155 o con las leyes de desconexión) podría haber oficializado una declaración que no era tal.
16. No hubo un solo movimiento más. El Gobierno celebró una reunión en el palau de la Generalitat en la que no se adoptó ningún acuerdo. Estas son algunas de las cosas que un Gobierno que hubiese querido proclamar la independencia, o que la hubiera creído proclamar, hubiera hecho:
a. Aprobar los decretos de desarrollo elemental del nuevo régimen político.
b. Realizar un llamamiento público a la población.
c. Comunicar al Gobierno de España la decisión del Parlament y ofrecer una negociación.
d. Comunicar la independencia a las cancillerías extranjeras.
e. Comunicar la independencia a las organizaciones internacionales.
f. Aprobar las medidas para el control de la policía de la Generalitat.
No se hizo nada.
17. Tras la aprobación de la propuesta de resolución, la Generalitat no arrió ninguna bandera de España. El mantenimiento de la bandera estatal en el mástil principal del Palau de la Generalitat debe ser considerado como una confesión. Y un mensaje interno y externo.
18. El mayor de los Mossos, en clara conexión con los líderes de la Generalitat, se afanó a comunicar a los tribunales que la policía catalana seguía a su disposición.
19. Aprobada la aplicación del 155 se abandonó la Generalitat y se acató sin rechistar el cese del Gobierno y la disolución del Parlamento. No hubo un solo conato de resistencia. No realizaron ningún acto formal o administrativo ostentando sus antiguos cargos. Simplemente unas ridículas fotos de una reunión en el Parlament o del acto de recogida de los bártulos para consumo interno que no suponían desobediencia ninguna.
20. Llamados por la justicia española, los acusados se pusieron en todo momento a su disposición, ya en España o en el extranjero, sin ocultar su localización. Solo Marta Rovira y Anna Gabriel dejaron de acudir a una cita del país en el que residían al ser llamadas, y lo hicieron marchando al extranjero cuando ya había quedado descartada cualquier posibilidad de independencia. Es especialmente importante destacar el caso de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Rull, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borràs, Carme Forcadell, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, que se pusieron a disposición inmediata de la Justicia española sin dilatar por ningún medio su comparecencia ante ella.
21. Los inculpados reconocieron ante la Justicia que la declaración fue “simbólica” o “política”, y que no pretendía tener efectos legales. Algo parecido parece que declaró Puigdemont en Alemania, aunque lamentablemente no conozcamos todos los detalles de aquel proceso y de la defensa ejercida.
22. Todos los altos cargos y funcionarios de la Generalitat, empezando por la presidenta del Parlament, acataron la aplicación del 155.
23. El Parlament acató la autoridad del Tribunal Constitucional al participar en los procesos que sobre las instituciones de la Generalitat obraban en él.
24. Todos los partidos acataron la convocatoria de elecciones por el presidente del Gobierno, renunciando al caos político que hubiera ocasionado su no reconocimiento.
25. Todos los diputados elegidos el 21 de diciembre prometieron acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, entre ellos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y muchos otros de los acusados. En la nueva legislatura el Parlament ha acatado en todo momento las resoluciones judiciales.
Todos estos hechos forman parte también de la verdad. Una parte de la verdad que la fiscalía y la acusación popular no exponen en sus relatos. El gran problema añadido es que el independentismo tampoco parece interesado en subrayar esta verdad. Un sector que bordea el extremo, formado por personas que no se juegan nada personal, desea mantener la ficción procesista para recoger los frutos de su gran mentira. En su defensa de que existió un intento real de conseguir la independencia por vías ilegales (lo que dado el rechazo mayoritario a la independencia unilateral en Cataluña solo podía desembocar en violencia) coinciden con un sector del Estado, que parece haber decidido que (para desactivar lo que consideran una amenaza grave que sigue latente) lo va a creer si los autores lo afirman. Ambos sectores, con la ayuda de los medios que sustentan sus posiciones, van a estar muy interesados en que algunas verdades palidezcan.
El restablecimiento de un ámbito político en Cataluña de mínima racionalidad es posible, pero requiere de un ejercicio de sinceridad que aunque se refiere al pasado tiene perspectiva de presente. Si ese ejercicio de sinceridad no se da en el escenario que por circunstancias especiales es hoy el más propicio para ello, se habrá perdido una oportunidad única y se habrá perjudicado tanto el panorama social y político catalán como la vida de los acusados.
El reconocimiento de la verdad ante los jueces ayudaría a los ciudadanos a conocerla. Y eso tendría un valor “terapéutico” tan importante, sobre todo a medio plazo, que ayudaría a sentar las bases de futuros acuerdos, que no se podrán sostener sobre los cimientos de barro de la ficción. Desde el exterior, sin haber participado en el proceso, a la verdad se llega a través del análisis de los hechos. Pero el análisis de los hechos debe ir acompañado de la corroboración de las intenciones por las únicas personas que pueden hacer eso: aquellos que llevan la intención de los hechos de octubre en su fuero interno.
Por todo lo expuesto, creo que en los abogados de la defensa está hoy no solo la clave del futuro de sus defendidos sino la posibilidad de restaurar a medio plazo el clima de concordia y convivencia en Cataluña en lo relativo a esta cuestión. Acusados y abogados defensores sufrirán intensas presiones: las presiones que en todo juicio ejercen las acusaciones, que querrán demostrar sus tesis; pero, en este caso, también las presiones de quienes desde fuera de los tribunales están interesados en que continúe la ficción. Es el manifiesto desprecio por el análisis racional de los hechos y las realidades políticas lo que ha permitido mantener un escenario endiabladamente irreal. Todas las partes tienen ahora en sus manos la oportunidad de coincidir en el enderezamiento. Para ello serán necesarias la claridad y la generosidad. Ha llegado la hora de la verdad.
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@oriolguellipuig es el seudónimo y la cuenta de Twitter del autor del artículo, que prefiere no desvelar su identidad por motivos personales. CTXT no publica piezas de opinión con seudónimo, pero ha hecho una excepción en este caso por el interés del artículo.
Los escritos de acusación presentados por la fiscalía y la abogacía del Estado recordarán a quienes los lean la gravedad de lo acontecido en el proceso que culminó con los hechos de octubre de 2017. Unos hechos que han causado daños importantes, políticos y sociales y que, en mi opinión, inhabilitan políticamente...
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