Las claves del juicio al 1-O (III)
El banquillo de los acusados
No se puede juzgar a dos millones de personas, pero dos millones de personas sí pueden sentirse juzgadas. Media sociedad catalana, que en absoluto se siente delincuente, pero sí responsable
Miguel Pasquau Liaño 15/02/2019
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¿A quién se juzga? En el banquillo hay sentados una decena de cargos electos catalanes (la presidenta del Parlamento, miembros del Govern y diputados) que ganaron unas elecciones llevando en su programa la promesa de hacer lo que hicieron, junto a dos líderes de movimientos ciudadanos (Sánchez y Cuixart). Llevan en prisión casi un año y medio por unos hechos de inequívoca significación política, y acudirán al plenario conducidos por agentes de los Cuerpos de Seguridad.
Hay al menos dos millones de personas que se sienten representados por los acusados, que piensan que ellos habrían hecho lo mismo, que los eligieron para que hicieran eso. Sienten que están sentados en el banquillo como podrían haber estado cualesquiera otros, porque son los líderes de un movimiento del que participan. Al menos dos millones de personas se sienten juzgados con ellos, se sienten encarcelados con ellos, y tienen un sentimiento de agravio y de injusticia. El tribunal va a juzgar a unos individuos, pero sabe que va a juzgar también a un movimiento social que los apoya inequívocamente. El Derecho necesita ficciones, y es una ficción la que determina que algunos estén acusados y expuestos a una larguísima pena de cárcel, mientras que los suyos están viendo el juicio por televisión. Por eso es verdad que se trata de un juicio político. Los políticos pueden delinquir, y por tanto ser juzgados y condenados, pero es cierto que la política es y debe ser un espacio especialmente privilegiado y protegido frente a la represión penal. Sería insoportable e inasumible que se condenase a los muchos centenares de miles de personas que se sienten representadas por los acusados, y por eso se ha seleccionado a los líderes, como si los líderes hubiesen provocado el movimiento, y no al contrario. Quienes los votaron, quienes gritaron en las puertas de la Consellería, quienes se apostaron en los colegios electorales, quienes escondieron las urnas, quienes dedicaron horas y meses a hacer realidad aquel referéndum, quienes ansiaban la declaración de independencia, están libres. De hecho, piensan que su obligación moral es continuar la causa, para que la prisión (de momento provisional) de sus líderes no sea en vano. Médicos, estudiantes, abuelas, profesores, abogados, taxistas, enfermos, enamorados, conserjes, dependientes, cajeras, curas, técnicos de imagen, ingenieros: el movimiento independentista es tan transversal como la sociedad misma, y no puede admitir que se condene a quienes hicieron exactamente lo que querían que hicieran. Es un proceso penal, pero está basado en una ficción: la selección hecha por el escrito de querella. Cualquier abogado puede entender esa ficción, pero ¿cómo explicársela a los centenares de miles de personas que les agradecieron su determinación?
Lo que hace a este juicio tan especial no es que los acusados sean políticos. Es que al menos dos millones de personas se sienten representados con ellos. No es como cuando juzgan a un político por corrupción, ni cuando juzgan a un violador, o a un asesino, o a un ladrón. No se puede juzgar a dos millones de personas, pero dos millones de personas sí pueden sentirse juzgadas. Media sociedad catalana, que en absoluto se siente delincuente, pero sí responsable.
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Miguel Pasquau Liaño
(Úbeda, 1959) Es magistrado, profesor de Derecho y novelista. Jurista de oficio y escritor por afición, ha firmado más de un centenar de artículos de prensa y es autor del blog 'Es peligroso asomarse'. http://www.migueldeesponera.blogspot.com/
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