Aunque pudiera parecer mentira, también la guerra tiene sus códigos y sus formalidades. Las enemistades y los conflictos bélicos se van cuajando en silencio y a fuego lento hasta que un buen día, casi sin darnos cuenta, el suceso más inocente y peregrino se convierte en una ofensa inaceptable y se desata el caos. A ese detonante lo llaman casus belli. El derecho, tan propenso a las locuciones latinas, habla de ius ad bellum para establecer aquellos supuestos en que una guerra es legítima. Si admitimos, claro está, que existe alguna guerra legítima. En cualquier caso, justificar una intervención armada se ha convertido en un arte que no excluye la mentira ni las medias verdades. Y la historia está colmada de ejemplos.

Si hablamos de casus belli, es posible que nos venga a la memoria el atentado contra el World Trade Center de Nueva York. Cuando el presidente George W. Bush embarcó a sus soldados rumbo a Afganistán, muy pocos pusieron en duda que la agresión del 11-S mereciera aquella respuesta. Al principio, capturar a Osama bin Laden parecía el propósito último de la guerra. Con el tiempo, la caza del líder islamista se convirtió en un asunto menor y fueron asomando otras intenciones más perversas. El 7 de octubre de 2001 comenzaba la Operación Libertad Duradera y los inversores estadounidenses se frotaban las manos mientras las bombas aterrizaban sobre Kabul y sobre Kandahar. En otro tiempo, el régimen talibán había sido un aliado de la Casa Blanca. Ahora, el Mulá Omar era un obstáculo para los intereses geopolíticos y para las aspiraciones de las grandes corporaciones energéticas.

La doctrina Bush de la guerra preventiva aprovechó el clima de odio para orientar sus misiles hacia Iraq. Solo faltaba un casus belli, una afrenta tan atroz y dolorosa que enardeciera a la opinión pública y legitimara la invasión: las armas de destrucción masiva. En febrero de 2002, el diplomático Joseph C. Wilson viajó a Níger con el objetivo de investigar una supuesta compra de uranio para un hipotético plan nuclear iraquí. Wilson dictaminó que las informaciones sobre la escalada nuclear de Bagdad formaban parte de un bulo. El 6 de abril de 2002, George W. Bush recibía a Tony Blair en su rancho de Crawford, Texas. La guerra ya era un horizonte deseado. El 24 de septiembre de 2002, el gobierno británico presentó un dossier en el que se aseguraba que Sadam Husein tardaría 45 minutos en activar su arsenal de armas biológicas. Mucho tiempo después, el propio Blair pidió perdón por haber sostenido la guerra de Iraq sobre informaciones falsas. Bush consideró un error haber apelado a las armas de destrucción masiva. "No había armas. Ahora yo también lo sé. Tengo el problema de no haber sido tan listo de saberlo antes", dijo José María Aznar.

No era la primera vez que las fuerzas occidentales bombardeaban Iraq con un argumentario tejido a medida. El 10 de octubre de 1990, una joven kuwaití de quince años llamada Nayirah ofreció su testimonio ante el Comité de Derecho Humanos del Congreso de Estados Unidos. Entre sollozos, Nayirah juraba haber visto cómo los soldados iraquíes entraban a un hospital y sacaban a los niños de sus incubadoras para que murieran de frío en el suelo. Todas las televisiones repitieron aquella declaración. El presidente George H. W. Bush recurrió a las palabras de Nayirah para llamar a las armas. En 1992, cuando la guerra del Golfo ya había terminado, trascendió que aquella niña lacrimógena era en realidad la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos. Que sus palabras habían sido diseñadas al milímetro como parte de una campaña del gobierno kuwaití con el objetivo de forzar una intervención estadounidense. Los hechos que denunció Nayirah nunca pudieron demostrarse.

La llamada propaganda de atrocidades es una modalidad de control de masas que consiste en atribuir al enemigo un crimen despiadado, no importa si es ficticio, que sirva para justificar una respuesta violenta. Durante los últimos meses hemos visto de qué manera opera este mecanismo en la propaganda que nos llega desde Venezuela. En la primera semana de febrero de 2019, los medios internacionales denunciaban que el gobierno de Maduro había bloqueado el puente Tienditas con la intención de vetar la entrada de ayuda humanitaria desde Colombia. La imagen de las vallas y los contenedores cruzados sobre la carretera vacía ocupó numerosas portadas. El secretario de Estado de Trump y ex director de la CIA, Mike Pompeo, denunciaba el cierre del puente entre aspavientos tuiteros. Este discurso solo presentaba una pequeña fisura: el puente Tienditas jamás ha estado abierto. Desde que fue construido en 2016, este paso fronterizo ha permanecido clausurado ante el desacuerdo de los gobiernos de Caracas y Bogotá. Uno de los motivos del cierre tiene que ver con el bachaqueo, es decir, con la especulación de carburantes y productos de primera necesidad que los contrabandistas de Cúcuta compran en Venezuela a precios regulados y venden en Colombia con un índice disparatado de ganancia.

La propaganda bélica demuestra una extremada eficacia porque apela a nuestros resortes más emocionales y despierta nuestros íntimos deseos de venganza. Esta lógica, claro está, no solo interviene en los conflictos militares sino que se extiende a otras formas más cotidianas de control social y de represión contra la disidencia. El 5 de noviembre de 2015, el Cuerpo Nacional de Policía se congratulaba de la captura de un comando terrorista conformado por seis jóvenes libertarios. Hubo peticiones de condena de hasta 35 años de cárcel. Uno de aquellos jóvenes, Nahuel, pasó un año y medio en diferentes prisiones de España, a menudo en régimen de aislamiento. Los explosivos que le habían confiscado eran en realidad productos de limpieza y caldo de lombarda. La apología del terrorismo que le atribuían era un tuit que decía "Goku vive, la lucha sigue". En un caso no menos disparatado, el Gobierno de Rajoy y todo su soporte mediático y judicial han construido un falso relato de violencia en Cataluña que justificara la aplicación del 155 y la deposición del gobierno de la Generalitat. En esa narrativa incriminatoria, no ha faltado una delirante acusación de terrorismo contra los CDR. Entre las pruebas incautadas por la Guardia Civil durante la detención de Tamara Carrasco, había camisetas, una careta de Jordi Cuixart y un silbato.

Esta semana hemos sabido que la Audiencia Nacional descarta por fin el delito de terrorismo en el caso de Altsasu. Lo que parece una noticia razonable esconde, en cambio, una decisión despiadada. Y es que el tribunal ratifica condenas de hasta 13 años de prisión para los acusados. Ni siquiera en la interpretación más retorcida del Código Penal cabría interpretar una refriega etílica como un ataque terrorista. En la calificación de los hechos había, desde luego, una intención más tenebrosa que la mera búsqueda de justicia. Si la pelea del bar Koxka no respondía a la etiqueta de terrorismo, el caso debió haberse juzgado en la Audiencia Provincial de Navarra. Lo que perseguían la Fiscalía, la Guardia Civil y Covite era que los jóvenes de Altsasu se enfrentaran a un tribunal de excepción. Lo que perseguían los grandes medios de comunicación era pintar la Sakana navarra como un territorio hostil y alzado en armas. Altsasu es una aldea primitiva de nativos ingratos a los que es necesario domesticar. Altsasu es la constatación de que el espíritu de ETA persiste incrustado en la población indígena. Y así todo. El arte de la propaganda consiste en crear problemas que no existen para vender soluciones que no funcionan.

El 5 de septiembre de 2010, ETA anunciaba mediante un vídeo en la BBC que deponía las armas. Aquella decisión se hizo definitiva el 20 de octubre de 2011. Entre las muchas consecuencias positivas del anuncio, centenares de cargos públicos pudieron desprenderse por fin de sus escoltas. No obstante, aquel fin de la violencia acarreó también inconvenientes en algunos sectores que hasta entonces se habían alimentado del conflicto. La paz vasca iba a propiciar un ERE descomunal en el sector de la seguridad privada. No en vano, la Asociación de Escoltas del País Vasco calificó el fin de ETA como “tregua trampa”. Más de tres mil escoltas han terminado en el paro o buscándose la vida en los oficios más variopintos. Algunos vigilan discotecas o supermercados y cobran salarios hasta cinco veces inferiores. Pero hay otro sector amenazado por el ERE. Casi diez años después del fin de ETA, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra presentan el ratio policial más elevado de la Unión Europea. Diversas iniciativas autonómicas y forales han reclamado la retirada de los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. El Gobierno español y los propios cuerpos policiales han dicho que nanay.

La paz es un negocio nefasto para aquellos que viven de la guerra. Así que hace falta un terrorismo inexistente. Hace falta un pretexto que justifique el desproporcionado despliegue benemérito. Un pretexto que justifique las abultadas subvenciones públicas de Covite. Hace falta terrorismo para que haya antiterrorismo. Hace falta un casus belli. Que los medios hablen de pasillos de la muerte y de ataques ninja. Que los jóvenes acusados figuren en las portadas con cara de presidiarios. En el circo de Altsasu, los vendedores de paraguas bailan la danza de la lluvia en horario de máxima audiencia. Se pasean por el pueblo Albert Rivera y Santi Abascal. En el bar Koxka se entrevistan Pablo Casado y Eduardo Inda. La guerra es una mercancía muy rentable. La mentira es un arma muy barata. Que no pare la fiesta. The show must go on.