“La contaminación producida por las centrales térmicas que utilizan el carbón como fuente de energía afecta a la salud y, por ende, vulnera el derecho humano a la salud y a un medioambiente sano”. Esta es solo una de las aplastantes conclusiones que se pueden leer en el informe Un oscuro panorama: las secuelas del carbón, publicado recientemente por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. La investigación, una fotografía de la polución derivada del uso de este combustible, ha recopilado datos de los efectos sobre la salud y la economía de esta práctica, y los resultados son alarmantes: en España mueren más de 1.500 personas al año de forma prematura por las emisiones que generan estas plantas industriales.

No son las únicas consecuencias. El informe de la organización también señala que el impacto sobre la salud de este tipo de contaminación está acarreando importantes costes económicos en el país. Según los cálculos de la investigación, las emisiones de gases derivados del carbón significaron, entre 2015 y 2016, unas pérdidas en España de entre 1.871 y 3.568 millones de euros, principalmente en gastos para el sistema de salud o los asociados a bajas laborales, que supusieron a su vez más de 370.000 días de trabajo perdido y 1,35 millones de días de actividad laboral restringida.

Las afecciones derivadas de la mala calidad ambiental también se cuentan por miles, especialmente entre los más pequeños: casi 20.000 menores sufrieron síntomas de asma y 2.000 tuvieron bronquitis por los efectos derivados de la polución por carbón, según el documento.

La situación, pese a todo, ha registrado una mejora importante en los últimos años. Durante el periodo de análisis, el estudio identificó una reducción del 30% en la producción de energía mediante carbón. También se consiguió limitar hasta un 40% los impactos asociados a este combustible, y se registró un ahorro de costes de entre 400 y 950 millones de euros. Sin embargo, los datos aún parecen insuficientes, al menos para alcanzar los acuerdos de París. El Instituto considera el año 2025 como fecha límite para que existan normas vinculantes relativas a la clausura de las centrales, al mismo tiempo que “insta a los responsables políticos a acelerar y autorizar los procesos de cierre previstos para antes de junio de 2020”.

No es la primera vez que distintos organismos y plataformas advierten sobre los riesgos mortales para la salud derivados de la contaminación y sus efectos. A finales de 2018, la Agencia Europa de Medio Ambiente señaló que casi medio millón de personas mueren de forma prematura cada año en la UE por la polución del aire.

Un par de años, antes, en 2016, la OMS estimó que cerca de 1 de cada 9 fallecimientos a nivel mundial guardaba algún tipo de relación con la contaminación atmosférica. En España, y según los valores de este mismo organismo, casi la totalidad de la población –94%– está expuesta a niveles de polución por encima de los límites recomendables, y solo la contaminación por ozono se cobra 1.600 vidas de forma prematura cada año.