Un mercado laboral de dos velocidades. La coletilla, repetida en muchas ocasiones desde el inicio de la recuperación, sirve para describir una realidad laboral en la que la precariedad, en forma de temporalidad y parcialidad, se ha asentado como una alternativa cada vez más común al trabajo de larga duración y de calidad. Un desfase entre los indicadores básicos de empleo que también se proyecta, y de manera importante, sobre la propia integridad física de los trabajadores. Así lo recogen los datos publicados recientemente por el Ministerio de Trabajo. Según las cifras, 2018 fue, con 652 muertes de trabajadores, el año con más siniestralidad laboral desde 2011.

Esto supone, en total, 34 trabajadores fallecidos más que durante el año anterior, 2017, y cerca de 200 más que en 2013. De forma desagregada, los datos del Ministerio señalan que este crecimiento de la siniestralidad ha ocurrido tanto en el transcurso de la propia jornada laboral con durante el traslado a los lugares de trabajo.

En el primer caso se produjeron 506 muertes –22 más que el año anterior–, mientras que las 146 personas que fallecieron durante los itinerarios y viajes (in itinere) suponen un aumento del 9% respecto de 2017. Existe, además, un marcado componente de género en cuanto a la siniestralidad laboral registrada en el país, con una inmensa mayoría de hombres (92%) entre las víctimas mortales.

Por otra parte, las estadísticas públicas también recogen el total de accidentes laborales sucedidos en el país, que han aumentado en cerca de 10.000 y han pasado de 1,32 millones en 2017 a 1,33 durante el último año. Entre ellos, los accidentes que terminaron suponiendo una baja laboral experimentaron un aumento del 3,2%, pasando de 583.425 a 602.316. La única nota mínimamente positiva es que los accidentes registrados que no contaron con baja han descendido en cerca de 8.000 hasta situarse en cerca de los 730.000.

Los sectores con mayor siniestralidad durante 2018 fueron el sector servicios, la industria, la construcción y la agricultura. Entre los que tienen más incidencia de accidentes mortales –es decir, los de mayor peligrosidad– están las industrias extractivas, el transporte y almacenamiento, la ganadería y, de nuevo, la construcción.

En 2016, la OCDE ya advirtió que la recuperación económica y del empleo de España estaba desarrollándose a costa de la seguridad y la protección de los trabajadores. El organismo internacional situó a España en el vagón de cola de la Unión Europea en varias mediciones sobre la calidad en el trabajo, con un indicador de tensión laboral –relativo a la relación entre las exigencias y los recursos laborales de los trabajadores– que en esas fechas se sitúo en el país en el 52,31%. 

El índice de exigencia laboral, por su parte, era del 33,55%, mientras que el de riesgos físicos para la salud de los trabajadores –que incluye desde las altas temperaturas o la exposición a químicos a los accidentes en el tajo– alcanzaba el 50,79%.