En Enero, la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal Europeo de Justicia de la UE por la inacción flagrante de las instrucciones para proteger las reservas de agua y el humedal de Doñana. Esta misma semana ha sido el Europarlamento el que ha aprobado un informe en el que se pide el cierre de pozos ilegales y la paralización del proyectos gasítico en la zona, que concentra la mayor reserva biológica de Europa. Doñana es el principal ejemplo de la situación medioambiental y de explotación de los recursos hídricos en el país, pero este es un extremo que se sufre, de forma alarmante, en casi todo el territorio español. Según datos recopilados por la plataforma ecologista WWF, un cuarto de los acuíferos del país se encuentra en estado de sobreexplotación.

Según la organización, los graves problemas que arrastra España en el acceso al agua y su preocupante escasez no se deben en exclusiva a la falta de lluvias y otros fenómenos relacionados con el cambio climático. La gestión de recursos, así como los planes centrados en la construcción de presas y embalses –cerca de 2.000 hasta ahora– han disparado el déficit y la presión hídrica en el país, hasta el punto de que cerca de la mitad de los ríos, acuíferos y humedales se encuentren en mal estado.

Pero es en el regadío donde se concentra el mayor despilfarro hídrico. Esta práctica es responsable del 80% del consumo de las reservas de agua, y no para de crecer: según datos del INE, entre 2005 y 2015 el gasto de agua de las zonas de regadío ha aumentado un 2,8%.  

A esto habría que añadir todos los abusos que se comenten en este ámbito, como los que se amontonan en Doñana: WWF estima que en España existen cerca de medio millón de pozos ilegales. Entre 2013 y 2017, la extracción ilegal de agua supuso 77 millones de euros en daños al patrimonio natural, según datos de Greenpeace.

Esta situación ha llevado a España a colocarse en la cabeza de Europa en sobreexplotación de sus acuíferos, una realidad que afecta a las reservas de agua de un tercio del territorio del país.

En la actualidad, España se sitúa como el país europeo con mayor riesgo de desertización para las próximos décadas. Los avances de este fenómeno son claros: en 1971, el país contaba con un 39% de regiones húmedas; para finales de este siglo se espera que este porcentaje se haya reducido al 20%, según un informe del Ministerio de Medio Ambiente publicado en 2016. El mismo documento recogía el riesgo de que cerca del 80% del país se convierta en desierto para esas fechas.

Ante esto, las medidas políticas e institucionales parecen todavía más que insuficientes. Y no solo en España. Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo de finales del año pasado señala la falta de coherencia y evaluación de las instituciones comunitarias ante este fenómeno, tremendamente condicionado por la actividad humana.