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“No es posible que España pueda absorber los millones de africanos que quieren venir a Europa… Y como no es posible, tenemos que empezar a decirlo, aunque sea políticamente incorrecto”. Parte de esta afirmación, emitida hace unos meses por Pablo Casado en un mitin en la ciudad de Ávila, es falsa. La otra parte abraza uno de los mantras preferidos por los ideólogos de la extrema derecha moderna –ese ariete nacionalista y antimigratorio que llaman España viva–, con quienes el Partido Popular ha pactado en Andalucía.  

En la Unión Europea, la oleada populista, racista y xenófoba de los ultras que aterriza ahora en España lleva meses, si no años, tensando e inclinando la agenda migratoria. En muchas ocasiones, desde las propias instituciones de gobierno. Valga el ejemplo italiano, donde el Ministro de interior, Matteo Salvini, ha puesto en marcha medidas brutalmente agresivas contra todos aquellos que intenten llegar al país por el Mediterráneo. Desde Hungría, Vicktor Orban encabeza por su parte la ofensiva de los países del Visegrado ante cualquier propuesta mínimamente aperturista, llegando incluso a abandonar el Pacto Mundial por la Migración. 

En este contexto, las elecciones europeas del próximo 26 de mayo se presentan para la realidad migratoria comunitaria como un desafío ante estos fantasmas crecientes –las últimas encuestas dan a la extrema derecha y al populismo antimigratorio cerca del 20% de los escaños del Europarlamento–, pero también como una revisión de los dilemas propios, los de la Fortaleza Europea, justo en el momento en el que se cumplen cuatro años desde la puesta en marcha de la Agenda Europea sobre la Migración de la Comisión encabezada por Jean-Claude Juncker. En la institución lo saben, y ya han activado la maquinaría para sacar brillo a su gestión. 

las elecciones europeas del próximo 26M se presentan para la realidad migratoria comunitaria como un desafío ante estos fantasmas crecientes, pero también como una revisión de los dilemas propios

El plan de 2015, presentado desde Bruselas como una solución compacta, rápida y homogénea para intentar solventar la llamada crisis de refugiados iniciada un año antes, incluyó cuatro pilares enfocados al medio y largo plazo. Un programa político para la legislatura que ha revelado las tremendas contradicciones europeas en esta materia. Esto es, un discurso completo –y que al mismo tiempo trata de alejarse de los postulados xenófobos– pero cuya práctica política se ha centrado, de forma casi obsesiva, en el control y externalización de las fronteras, sin demasiados escrúpulos a la hora de incumplir la legislación internacional de Derechos Humanos y aplastar los principios fundacionales de la Unión. 

Desde 2015, el balance es sobrecogedor: casi 15.000 personas han muerto ahogadas en el Mediterráneo tratando de llegar a la Europa fortaleza, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Naciones Unidas señala que en Libia, un estado fallido donde existe total impunidad para las mafias esclavistas, hay atrapados cerca de 680.000 migrantes y potenciales demandantes de asilo. Solo durante el año pasado, Human Rights Watch identificó entre 8.000 y 10.000 personas en los centros de detención de este país, y aseguró que las políticas europeas, que incluyen un acuerdo de colaboración con Libia, contribuyen al abuso y esclavitud de los migrantes.

A pocas semanas de las elecciones, para la Comisión Europea los resultados de su Agenda no son, sin embargo, otra cosa más que un éxito de importantes dimensiones. Así lo han repetido en numerosas ocasiones y así lo aseguran en el informe enviado al resto de instituciones europeas a principios de marzo. 

Dados los precedentes, no parece una casualidad que desde la UE se emitan este tipo de valoraciones. Numerosos expertos, plataformas y ONGs llevan tiempo llamando la atención sobre la enquistación de una lógica deshumanizada, que se ha comido gran parte de la política europea migratoria. Así lo asegura, por ejemplo, el investigador Alessio D’Angelo en el reciente anuario sobre migración publicado por el centro de estudios CIDOB: el desarrollo de la Agenda Europea para la Migración de 2015 ha validado “una idea de la migración como una cuestión de seguridad, en primer lugar, de economía después, y de problema humanitario al final”.  

Virginia Rodríguez, analista de la fundación porCausa, un centro especializado en la investigación sobre migraciones, va un paso más allá y comenta que el plan de la Comisión Juncker de 2015 no solo no planteó una alternativa que atendiera las carencias que se arrastraban a nivel comunitario, sino que “reforzó las dinámicas en las que ya se venía trabajando desde que la UE se integró en un espacio limitado por el blindaje de las fronteras exteriores”. 

casi 15.000 personas han muerto ahogadas en el Mediterráneo tratando de llegar a la Europa fortaleza, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones

En el documento entregado este mes por la Comisión al Parlamento y el Consejo Europeo, se expone, junto al resto de datos benevolentes con la gestión europea, el entusiasmo que provoca en Bruselas el cumplimiento de este tipo de objetivos. Entre ellos, que la UE haya conseguido reducir las entradas “irregulares” por la frontera al nivel más bajo –un 89% menos respecto a 2015– de los últimos cinco años. Para Virginia Rodríguez, sin embargo, “la eficacia que promulga la UE, desde cualquier otro punto de vista, es más que cuestionable por las enormes preocupaciones que generan estas medidas en materia de Derechos Humanos”. 

En este sentido, uno de los convencimientos –pleno y reiterado– de la Comisión es que los flujos migratorios, aquellos que denominan ilegales, depende en exclusiva de la falta de retornos en el continente. Una interpretación muy poco generosa, a la vez que incongruente, teniendo en cuenta que los propios cálculos del órgano señalas que cerca del 40% de la migración ‘irregular’ acaba siendo expulsada de la Unión.  

“Todo sistema migratorio debe ser creíble. Si tienes cero mecanismos para la migración legal, pero tienes comunitarizado una parte del retorno, el mensaje que se lanza es que no existen canales legales de acceso a la UE y que eres un territorio refractario”, comenta David Moya, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y uno de los coordinadores de la publicación de CIDOB.

Según el académico, las prioridades que han acompañado la agenda Juncker desde su lanzamiento se explican por la desigualdad inherente al propio plan: de los cuatro pilares de la agenda 2015, tres tenían que ver con inmigración en fronteras y asilo, y solo uno con el asunto de la migración regular. “No debió ser fácil en aquellos momentos, con la llegada de tantos refugiados –sobre la que se actuó con cierta rapidez y de forma coordinada–, pero el nivel de ambición de la Comisión en términos de migración regular fue ridículo, con unas expectativas muy bajas”, advierte el investigador, que también apunta a la realidad cambiante de las competencias. Si bien existen problemas con Estados muy reticentes a ceder parte de su control migratorio, la Comisión no ha tenido problemas para sacarse competencias de donde fuera cuando se trataba de asuntos económicos y financieros. 

Este discurso sobre la centralidad del retorno se refuerza con dos elementos. Por un lado, con el blindaje de nuestra propia frontera mediante la agencia comunitaria Frontex. Un extremo en el que España es punta de lanza en el incumplimiento de legislación internacional con las devoluciones en caliente, tal y como ha denunciado, paradójicamente, el propio Consejo de Europa.  

Solo entre 2014 y 2016, empujar la frontera hacia el Sur le costó a la UE cerca de 17.000 millones de euros. En la actualidad, Turquía recibe más de 6.000 millones anuales en concepto de “colaboración internacional”

Por otro, con los acuerdos firmados con terceros países para que actúen como guardias del continente, algo a lo que la UE ha dedicado enormes recursos. Solo entre 2014 y 2016, empujar la frontera hacia el Sur le costó a la Unión Europea cerca de 17.000 millones de euros. En la actualidad, Turquía recibe por su parte más de 6.000 millones anuales en concepto de “colaboración internacional”. Más allá de esto, el verdadero problema reside en la situación que sufren los migrantes y refugiados en estos territorios y la vulneración de sus derechos. En este sentido, los argumentos de la Comisión también son conocidos y reiterados: estos países no cumplen los estándares de Europa, pero son lugares seguros. En esto no concuerdan numerosísimas plataformas y organizaciones internacionales.

A mediados del año pasado, un informe del Transnacional Institute y Stop Wapenhandel señalaba que la mitad de los países que han recibido ayuda económica europea para el control de fronteras son regímenes autoritarios, con el consiguiente riesgo para los Derechos Humanos. Y no solo se trata del escandaloso caso de Libia. Óxfam Intermón ha denunciado recientemente, junto a varias ONG más, “las políticas y prácticas peligrosas, ineficaces, insostenibles y cortas de miras” que sustentan el acuerdo que hace tres años la Unión Europea firmó con Turquía. 

Sobre todas estas circunstancias, la Comisión saliente no solo ha demostrado en los últimos meses una falta de autocrítica alarmante. El equipo Juncker también ha comentado en varias ocasiones sus deseos de que la nueva Comisión que se formará a partir de los comicios de 26 mayo asuma un alto compromiso con este plan, dando continuismo a todos sus hitos. Las perspectivas de un cambio del enfoque migratorio y la voluntad política europea parecen, cuando menos, lejanas. Aunque no parece que hayan servido para frenar el auge de la extrema derecha.