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Llego a Huitzuco, Guerrero (población 17.475, según el cartel que hay a la entrada de la ciudad) en torno al mediodía de un jueves de finales de enero. El autobús avanza apretujado entre calles muy estrechas y aparca a las afueras de la estación: una sala de espera y una taquilla dentro de un bajo edificio azul. El viaje desde México D.F. dura solo dos horas y media, atravesando primero las autopistas de montaña pobladas de árboles y arbustos del estado de Morelos, y luego las enrevesadas, empinadas y angostas carreteras de Guerrero. Sin embargo aquí, bajo un sol abrasador, la temperatura es aproximadamente 20 ºC más alta que en la capital. A una cuadra de distancia de la estación de autobuses hay una capilla blanca con cornisa amarilla, donde está por comenzar un taller. Entro y me apretujo en la parte de atrás; señoras mayores religiosas con faldas y blusas planchadas se entremezclan con forasteros más jóvenes y polvorientos. Entre todos ellos, hay un puñado que lleva carteles colgando del cuello con cuerdas. Algunos contienen solo una foto, otros un puñado de detalles: altura, peso, color de ojos, cicatriz en la barbilla, dónde se lo vio por última vez. Junto a las imágenes de sus seres queridos hay frases escritas: ¿Dónde están?

Esta es la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (4BNB). Entre 150 y 200 personas de diversos colectivos de todo México se han reunido para buscar los cuerpos de parientes que desaparecieron. Como es lógico, no todo el mundo espera encontrar en Guerrero los restos de sus familiares, pero la reunión expresa solidaridad frente a la inacción de las autoridades para contrarrestar la epidemia de desapariciones forzosas que asola el país.

el narcotráfico se ha infiltrado de forma tan profunda en las instituciones mexicanas que es prácticamente inseparable de aquellos cuya misión es combatirlo

El gobierno mexicano calcula que unos 40.000 ciudadanos mexicanos están actualmente desaparecidos, aunque es probable que el número sea mayor incluso. La oleada actual de desapariciones comenzó cuando el anterior presidente, Felipe Calderón, puso en marcha en 2006 la versión mexicana de la guerra contra las drogas, y primero envió varios miles de tropas para que intervinieran en la violencia entre cárteles en el estado de Michoacán y luego desplegó al ejército por todo el país para dar caza a los cárteles. La corrupción y la connivencia entre los cárteles, las fuerzas de seguridad y los gobiernos municipales han creado lo que muchos denominan un narcoestado: el negocio del narcotráfico se ha infiltrado de forma tan profunda en las instituciones mexicanas que es prácticamente inseparable de aquellos cuya misión es combatirlo. En el estado de Guerrero, donde se está celebrando la brigada de este año, la situación está causando estragos. Aunque generaciones de turistas estadounidenses conocen Guerrero exclusivamente por las playas de Acapulco o Zihuatanejo, la región de montaña del estado es una de las principales zonas de cultivo de la adormidera. Guerrero también posee algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, y un tercio de sus residentes vive en la extrema pobreza. La militarización que atrajo la guerra contra las drogas ha creado una epidemia de violencia contra las comunidades indígenas, contra los pobres, contra los periodistas y contra los que defienden los derechos humanos en el estado. La desaparición que recibió una mayor atención internacional, la de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa, tuvo lugar en Iguala, a solo una hora de distancia de la iglesia de Huitzuco donde estoy sentada.

Los colectivos individuales que conforman la 4BNB representan estrategias y agendas políticas diversas: algunos se dedican a luchar por introducir cambios en las leyes federales, otros se quejan por la inacción de sus representantes locales y otros defienden que se ponga fin a la guerra contra las drogas a escala internacional. No obstante, en Huitzuco se han movilizado en torno a un deseo visceral que comparten todos: quieren que se acabe. La misión más destacada y declarada de la 4BNB es encontrar cuerpos, y esperan excavar tumbas clandestinas de víctimas de desapariciones. Durante las largas reuniones nocturnas, en los talleres que tienen lugar dentro de las iglesias y cuando hablan con extraños en la calle, los miembros de la brigada repiten una y otra vez que no están buscando a los culpables. Están buscando a sus familiares, que desaparecieron de camino al trabajo, a la tienda de la esquina o regresando a casa de la escuela. Se vieron atrapados sin querer en una red densa y tenebrosa de violencia estatal, militarización y tráfico de drogas. Varias personas llevan camisetas con ese mismo mensaje: Hasta que te entierre, te seguiré buscando.

Cada día mientras dura la brigada, uno o dos grupos diferentes se dirigen hacia los lugares en las montañas de Guerrero donde les han dicho que podría haber cuerpos enterrados. Este variopinto grupo compuesto por familiares, expertos forenses, voluntarios y personal de seguridad (que algunos consideran que es ligeramente más fiable que las fuerzas de policía municipal, y que ha terminado proporcionando, al menos en apariencia, una capa más de seguridad) examina en primer lugar la accidentada orografía en búsqueda de depresiones o montículos que podrían esconder tumbas. Después, el grupo llevará perros entrenados, barras metálicas, picos y palas. En este pelotón de búsqueda todo va al revés: lo que más les interesa es encontrar un cadáver.

En la brigada de este año, la búsqueda sobre el terreno está acompañada de la difusión en iglesias, escuelas y espacios públicos. Refleja la nueva estrategia multiacción de la 4BNB: en parte para concienciar, en parte para impartir educación preventiva, en parte para rastrear información y en parte para llegar a las personas que no hayan denunciado la desaparición de sus familiares. Distribuimos octavillas en las plazas y hablamos con los vendedores del mercado. Muchas personas tienen miedo de que si profundizan en el asunto, ellos podrían ser la próxima víctima de una desaparición. Pero en algunas ocasiones, un extraño proporciona una pista: miren en esa ladera, miren en aquella cueva.

En la capilla, los organizadores del taller se esfuerzan por recrear, durante un pequeño instante, la experiencia por la que pasan las familias de los desaparecidos. Mientras escuchamos una canción, mi amigo Daniel golpea con el dedo el hombro de algunos de los participantes (cada tres o cuatro personas) y les lleva fuera de la iglesia. Me invita a que me una al grupo. Acabábamos de terminar de presentarnos ante nuestros vecinos y de intercambiar conversaciones. Ahora, Daniel nos pide que reflexionemos: “¿Cómo te sentiste cuando te sacamos fuera sin decirte nada?” En el interior de la iglesia, escucho cómo el otro grupo hace lo mismo: “¿Cómo se siente saber que tu vecino ya no está, ese vecino que te acaba de contar sus sueños?” Una mujer con la blusa planchada, cuya hija y nieta se habían unido al pequeño corrillo de fuera, se sienta en el banco de la iglesia y contesta entre sollozos. Con el sol pegando fuerte sobre nuestros hombros, comenzamos a gritar: Búscanos.

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Las desapariciones forzosas son, por su propia naturaleza, inescrutables. Son relatos inacabados. Son incógnitas o incógnitas que rellenar, y mucha gente en México hace lo segundo. Durante los seis años que Calderón fue presidente desaparecieron 25.000 personas. De las decenas de miles más que fueron asesinadas, afirmó que el 90 % eran criminales involucrados de alguna forma en el negocio del narcotráfico, a pesar de las numerosas pruebas de la existencia de civiles asesinados o desaparecidos. La conjetura de Calderón fomenta el silencio de forma tácita: seguro que estaban metidos en algo. Pero los familiares de la brigada saben que no es así. María Herrera, también conocida como Mamá Mary, y sus hijos Miguel y Juan Carlos Trujillo, se han convertido en algunas de las caras más conocidas del movimiento en búsqueda de personas desaparecidas. Dos de los hijos de María tenían un negocio de compraventa de metales cuando desaparecieron en Guerrero en 2008. Dos años más tarde, dos más de sus hijos desaparecieron cuando estaban de viaje buscando trabajo. Periodistas del periódico El País revelaron hace poco que docenas de personas desaparecieron en el estado de Jalisco después de responder a un anuncio para trabajar como guardias de seguridad: cuando llegaban para recibir la formación, miembros del cártel Jalisco Nueva Generación los secuestraban y los obligaban a trabajar. Un informe del Observatorio de Derechos Humanos (ODH) lo expresa de la siguiente manera: si hay algo que las desapariciones tienen en común es que el gobierno no ha hecho prácticamente nada para investigarlas.

El policía al que informas de la desaparición de tu ser querido podría ser el mismo que lo entregó para que traficaran con él, lo torturaran o lo asesinaran, como acreditan varios casos documentados por el ODH. A menudo el gobierno municipal y el estatal hacen la vista gorda; en los casos en que sí toman las medidas superficiales para documentarlos, se sabe que las fuerzas de seguridad alteran las escenas del crimen. En ocasiones, los parientes de la gente desaparecida recurren al gobierno federal, pero casi nunca investigan las desapariciones en profundidad. Las fuerzas de seguridad federales que consiguen recuperar restos humanos no siempre son exhaustivas: en una de las búsquedas de la brigada, encontraron más de cien fragmentos de huesos humanos en un sitio que ya había sido examinado por un equipo forense federal. Lógicamente, las autoridades se muestran reacias a investigar los vínculos entre la policía y el crimen organizado. En este entorno, buscar respuestas (intentar desenmarañar la red de violencia) puede convertir a cualquiera en un objetivo.

casi un 70% de las pistolas relacionadas con crímenes en México habían sido adquiridas en Estados Unidos

La guerra contra las drogas se nutre, también, de la asistencia estadounidense, incluida la canalización de armas hacia México a través de cauces legales e ilegales. Desde 2006, las exportaciones de armas estadounidenses hacia México han aumentado de forma constante. Solo entre 2015 y 2017, Estados Unidos exportó casi 123 millones de dólares en armas hacia México (más de 12 veces la cifra que envió entre 2002 y 2004). Aunque el ejército mexicano es el único importador legal de armas en México, a menudo las revende a las unidades policiales. A partir de ahí, miles de armas desaparecen con frecuencia (en Guerrero, esto ha sucedido con el 20 % de todas las armas de fuego legalmente importadas entre 2010 y 2016). Otras terminan en las manos de las fuerzas policiales, que tienen un amplio historial de abusos de derechos humanos y connivencia con los cárteles: las fuerzas de policía que estaban involucradas en las desapariciones de Ayotzinapa, por ejemplo, tenían acceso a rifles Colt que habían sido legalmente importados desde Estados Unidos en 2013. Y luego está el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos. Entre 2009 y 2016, casi un 70% de las pistolas relacionadas con crímenes en México habían sido adquiridas en Estados Unidos. La laxa legislación sobre armamento en Estados Unidos acentúa el tráfico y en particular el vacío jurídico que existe sobre las ferias de armas.

Los Estados Unidos también han financiado la militarización de las fuerzas de seguridad mexicanas, sobre todo desde la Iniciativa Mérida de 2008, que es una asociación que establecieron para proporcionar equipamiento y formación a las fuerzas de seguridad mexicanas, y cuya intención es combatir el crimen organizado a ambos lados de la frontera. El Departamento de Estado de EE.UU. afirma que los objetivos del proyecto son “ayudar en el esfuerzo que hace México por mejorar la seguridad, avanzar en el procesamiento de criminales y el estado de derecho, apuntalar la confianza del público en el sector judicial, mejorar la seguridad fronteriza, reducir la inmigración ilegal y fomentar un mayor respeto por los derechos humanos”. La iniciativa ha financiado hasta la fecha equipamiento y formaciones por valor de más de 2.800 millones de dólares, una financiación que ha servido en su mayor parte para que proliferen las violaciones de los derechos humanos que presuntamente iban a combatir.

No obstante, Estados Unidos continúa mandando dinero a espuertas a las fuerzas de seguridad mexicanas, supuestamente, al menos en parte, para luchar contra la epidemia de los opiáceos en EE.UU., aunque, al mismo tiempo, intenta recortar la financiación de los programas del Departamento de Estado que protegen a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos. La guerra contra las drogas mexicana y la propia guerra de Estados Unidos contra la crisis de los opiáceos van unidas de la mano: en lugar de centrarse en programas que ayuden a los que se encuentran atrapados en medio de la epidemia de los opiáceos, el gobierno de Trump ha demostrado estar más interesado en militarizar estas comunidades ya de por sí marginadas. Entre 2007 y 2012, la violencia derivada de la guerra contra las drogas contribuyó asimismo a un aumento de los desplazamientos forzosos internos y de la emigración hacia Estados Unidos.

las zonas en las que prevalece la producción de droga, y por tanto donde la presencia de los cárteles es significativa, coinciden con unas altas tasas de pobreza

En Guerrero convergen numerosos niveles de corrupción, impunidad y violencia no solo de México, sino también de nuestro actual orden mundial. Muchos de los desaparecidos pertenecen a familias pobres de zonas rurales del país. Diversos estudios han señalado que las zonas en las que prevalece la producción de droga, y por tanto donde la presencia de los cárteles es significativa, coinciden con unas altas tasas de pobreza. Cuando NAFTA comenzó a minar la economía de las zonas rurales de México, muchos agricultores de las zonas rurales, que ya no podían competir con el bajo precio de los bienes importados de EE.UU., pasaron a ser una presa fácil para los cárteles que buscaban reclutarles para producir la droga. La producción de café en Guerrero disminuyó un 88 % entre 2003 y 2016, y esa tierra sin usar fue sustituida en su mayor parte por cultivos de droga. El negocio del narcotráfico obtiene unas ganancias de miles de millones de dólares cada año y muchos miembros del gobierno miran hacia otro lado.

Así que la brigada está haciendo lo que el gobierno no hace.

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El viernes, acompaño a un grupo en una búsqueda (una relativamente fácil, en un extenso zarzal, a diferencia de las laderas rocosas que han cubierto muchos otros pelotones de búsqueda). Cuando bajamos del autobús en el punto indicado (a las afueras de Iguala, junto a una ladera donde ondea una enorme bandera mexicana), los buscadores más experimentados señalan hacia una tumba clandestina de libro, una depresión en la tierra polvorienta del tamaño de una persona. Varias horas después, cuando la han excavado con cuidado, los voluntarios descubren que la tumba está vacía. Ahí hubo un cuerpo, alguna vez, pero alguien lo ha sacado. No encontrar también significa encontrar, se nos recuerda: al menos ahora ya se ha conseguido descartar un sitio. Hay un lugar menos donde buscar.

Después de la búsqueda, almorzamos tarde en la iglesia de Iguala, un prolijo edificio hecho con bloques de hormigón y vidrieras de colores. Las señoras religiosas sirven chicharrón con salsa verde y frijoles negros en platos de porexpán, y el grupo que hoy estuvo repartiendo octavillas me comenta que, a pocas cuadras del centro de Iguala, se encontraron con cinco personas diferentes que no habían denunciado la desaparición de sus familiares. Desaparecer es un hecho cotidiano en esta zona. Mientras tanto, el otro grupo de búsqueda sobre el terreno ha realizado el segundo descubrimiento de la semana: un cuerpo situado en el borde de una cueva, después de caminar tres horas por una de las montañas circundantes. El cuerpo que han encontrado es antiguo y probablemente corresponde a la oleada anterior de desapariciones en México, durante la guerra sucia de 1968-1982. La 4BNB está formada por los hijos de la gente que desapareció durante ese período, así como de parientes de aquellos que han desaparecido hace tan solo un año.

Muchos miembros de la brigada dieron un vuelco a sus anteriores vidas para dedicarse a las búsquedas. Mario Vergara, un hombre enjuto de Huitzuco con cuarenta y pocos años, está buscando a su hermano Tomás, un taxista que desapareció en 2012. Dejó su trabajo para buscar uno a tiempo completo y ahora vende mezcal de vez en cuando para mantenerse. Vergara aprendió incluso a hacer rápel y se entrena para aguantar las exigencias físicas de esta ardua tarea. Algunos colectivos de Veracruz indican que la accidentada orografía de Guerrero, comparada con la llanura de su estado, hace que el proceso de búsqueda sea más complicado. Una mujer de Sinaloa me narra las dificultades que conlleva buscar cuerpos en los manglares. Allí se han entrenado para saber cómo reconocer una tumba, cómo distinguirla de una hendidura natural del terreno: la forma en que cede bajo el pie, la textura de la tierra o las anomalías en el crecimiento del mantillo.

la solidaridad entre los parientes de los desaparecidos visibiliza lo que muchas personas en el poder intentan ocultar

Cada noche tras la búsqueda, regresamos a un complejo de Huitzuco donde se aloja la mayoría de los participantes. Nuestro grupo abarca desde bebés hasta septuagenarios, desde monjas hasta estudiantes universitarios, y son activistas por elección y activistas por circunstancias. El eslogan que figura en las camisetas oficiales de la brigada recoge algo del simbolismo de este variopinto grupo: Buscando nos encontramos. Las desapariciones forzosas, como todos los demás aspectos de la guerra contra las drogas, son intrínsecamente alienantes. Los funcionarios se ríen cuando los familiares exigen que se investiguen sus casos. Les dicen a las personas que denuncian las desapariciones que lo dejen pasar, que no deberían molestarse. Los vecinos cuchichean: algo tienen que haber hecho. Y los cárteles y las fuerzas de seguridad son conocidos por poner en el punto de mira a las personas que preguntan demasiado. Las desapariciones causan más desapariciones, pero la solidaridad entre los parientes de los desaparecidos visibiliza lo que muchas personas en el poder intentan ocultar. Los 40.000 desaparecidos, desaparezcan solos, acompañados, en grupos de cinco o de cuarenta y tres, no son casos aislados, ni daños colaterales.

La semana después de que concluyeran las actividades de la brigada de este año, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de México, Alejandro Encinas, se reunió con miembros de la brigada, entre los que estaba el colectivo Frente Guerrero, uno de los principales organizadores. Encinas firmó un compromiso para reestructurar las instituciones estatales que se ocupan de las desapariciones, para instaurar grupos de trabajo sobre las desapariciones forzosas y para garantizar la seguridad de las familias que están buscando. Al mismo tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un nuevo plan para buscar a las personas desaparecidas en México, que incluye un nuevo sistema para identificar restos humanos, efectivos adicionales para buscar personas desaparecidas, una nueva base de datos de gente desaparecida y una comisión reforzada para ayudar a las víctimas y a sus familiares. Algunos activistas de grupos como por ejemplo el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México han aplaudido la medida, aunque se muestran escépticos en cuanto a su aplicación. AMLO ha declarado oficialmente el fin de la guerra contra las drogas y, de forma simultánea, ha promovido una Guardia Nacional que muchos temen que contribuirá a la multiplicación de la violencia policial contra los civiles.

Entretanto, mientras las desapariciones continúan cada día y las armas y el dinero estadounidense siguen lloviendo a través de la frontera, las familias siguen escudriñando campos y montañas, pantanos y cuevas, en búsqueda de aquellos a los que se llevaron.

Madeleine Wattenbarger es una periodista que vive en México D.F., donde escribe sobre política, urbanismo, derechos humanos y emigración.

Traducción de Álvaro San José.

Este artículo se publicó originalmente en The Baffler.