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La lucha por defender el medioambiente se libra en todo el planeta y trasciende todas las fronteras. Sin embargo, hay partes del mundo donde esa defensa se aleja de la retórica de los discursos y se presenta como una batalla en el terreno que acostumbra a tener consecuencias fatídicas.

¿Se imaginan que la famosa activista adolescente Greta Thunberg hubiera nacido en Brasil, México, Colombia u Honduras? De ser así, las probabilidades de que su cuerpo hubiera acabado en una bolsa de basura después de protestar ante la instalación de una central hidroeléctrica serían muy elevadas.

Antonio Esteban Cruz, Manuel Gaspar Rodríguez, Macarena Valdés, Chico Mendes, Ruth Alicia López, Sônia Vicente Cacauy y un largo y doloroso etcétera. Todos ellos, al igual que Greta, lideraron protestas para defender el medioambiente; sólo que en su caso, sus voces fueron silenciadas mucho antes de poder hacerse famosos mundialmente.

Estos casos son sólo una pequeña representación de los cerca de 1.500 activistas ambientales asesinados en América Latina desde 2002, año en la que la ONG Global Witness comenzó a documentar las muertes de defensores ambientales a nivel mundial.

“La Negra no se colgó”.

–Mari, Mari– Rubén saluda en mapudungún (lengua de la tierra) a un vecino que pasa por delante de su casa en la comunidad mapuche de Newen de Tranguil, en la Región de los Ríos (Chile). Vive rodeado de coigües, peuhenes y otros árboles nativos pobladores de este territorio que se extiende entre la Selva Valdiviana y la Cordillera de los Andes, sorteando lagos y volcanes.

Cuando Rubén Collío y su pareja cambiaron el asfalto de la capital por el verde de la montaña, esperaban poder criar a sus cuatro hijos en un entorno natural único, lejos del estrés y la trivialidad de la ciudad. Sin embargo, todo cambió cuando, el 22 de agosto de 2016, Rubén se encontró el cuerpo de su compañera de vida, Macarena Valdés, suspendido en las vigas de su casa frente a un plato de comida caliente y la mirada ausente de su hijo de un año de edad.

En 2016, algunos habitantes de la comunidad acudieron a la casa de Rubén Collío y Macarena Valdés para que les ayudaran a organizar la protesta contra la instalación irregular de una hidroeléctrica por parte de la multinacional RT Global, ya que “ellos tenían estudios” y podían gestionar mejor la situación. 

Veinte días después de la primera protesta se organizó una reunión entre los activistas y algunos mandos de la empresa austríaca. Según nos cuenta Collío, fue durante esa reunión cuando recibieron las primeras amenazas y, al día siguiente, el cuerpo de Macarena Valdés apareció colgado en su domicilio. 

El médico forense de la primera autopsia determinó que se trataba de un caso de suicidio. Sin embargo, se negó a entregar las fotografías del cuerpo a la Policía de Investigaciones de Chile. Posteriormente, las autoridades intentaron cerrar la investigación hasta en dos ocasiones pero Rubén y la comunidad insistieron en continuar con la investigación aportando nuevas pruebas.

Finalmente, en contra de las propias tradiciones mapuches pero con un objetivo bien claro, el cuerpo de Macarena Valdés fue exhumado y sometido a una nueva autopsia por parte de la forense Carmen Cerda, quien mediante un examen de laboratorio determinó que las células del tejido del cuello no presentaban signos de vitalidad en el momento del ahorcamiento. Hoy en día, el caso sigue abierto gracias a los nuevos indicios aportados a la investigación. 

Macarena Valdés cumplía con tres rasgos que actualmente son sinónimo de fatalidad y, en el peor de los casos, de muerte prematura: era mujer, era activista indígena y era latinoamericana.

Latinoamérica, el peor lugar para defender el planeta 

Desde 2002, la ONG Global Witness documenta a través de un informe anual las muertes de activistas ambientales en todo el mundo. El último informe presentado en julio del año pasado revela que 2017 fue el año más mortífero en cuanto a asesinatos de defensores ambientales con 207 muertes, de las cuales un 60% tuvieron lugar en la región latinoamericana.

George Boden, Jefe de Campañas de Global Witness, nos confirmó que aún no tienen datos de los activistas asesinados durante 2018, ya que la organización está trabajando en el siguiente informe que verá la luz el próximo julio. Aun así, todo hace pensar que la situación está lejos de mejorar. 

Por primera vez en la historia, los defensores que luchan contra la agricultura a gran escala o agroindustria fueron los más golpeados por la violencia, con un total de 46 personas asesinadas por oponerse a proyectos de este tipo.

Los pequeños agricultores se enfrentan diariamente a diferentes industrias alimentarias que monopolizan la utilización de los recursos naturales e invaden zonas protegidas. Un ejemplo de esta problemática la encontramos en las plantaciones de aguacate, un alimento muy consumido en los países occidentales y que necesita aproximadamente 650 litros de agua por cada pieza extraída. 

El informe anual de Global Witness llamado “¿A qué precio?” también destaca el aumento de las masacres hacia defensores de los derechos ambientales. Los asesinatos múltiples se dan cuando en un mismo ataque se mata a más de 4 activistas y, desgraciadamente, este fenómeno se está incrementando año tras año. Por ejemplo, en 2017 se llevaron a cabo siete ataques de este tipo, dando como resultado un total de 48 personas asesinadas.

El país donde ocurrieron más matanzas de este tipo fue Brasil, que a su vez también es el país donde más ecologistas murieron asesinados, con una cifra total de 57 casos documentados. La situación está totalmente descontrolada en el gran pulmón verde del Amazonas, donde los llamados “ruralistas”, con el apoyo del gobierno brasileño, se están apoderando de grandes extensiones de tierras y están expulsando a los pequeños agricultores.

“En México está habiendo más asesinatos de activistas que nunca”.

La defensora de los derechos humanos en Amnistía Internacional de México, Garance Tardieu y la Coordinadora de Análisis e Incidencia de dicha organización, Edith Olivares, también se muestran pesimistas con la situación de los activistas medioambientales en México. 

El gobierno de López Obrador ha iniciado una campaña de desprestigio hacia las asociaciones y organizaciones consolidadas que defienden los derechos humanos en el país, considerándolas conservadoras y obsoletas. De hecho, el reciente presidente electo ya ha retirado todas las ayudas del gobierno a organizaciones sociales, incluidas las que luchan contra la violencia de género o a favor de los derechos humanos.

Las organizaciones de la sociedad civil consideran que esta monopolización de los derechos humanos por parte del estado “favorece la desprotección de los activistas”, ya que en muchas ocasiones son las propias autoridades las que ejercen la violencia contra los defensores del medioambiente.

Recordemos que México es uno de los países más mortíferos del mundo para los defensores de los derechos ambientales. Según el informe anual publicado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en 2018 murieron asesinados 21 activistas ecologistas y se registraron 49 nuevos ataques de todo tipo. 

La “criminalización”, la mejor arma de presión 

Todos los informes y estudios sobre la situación de los defensores de los derechos ambientales señalan la criminalización como el medio de presión más utilizado por parte de los gobiernos.

Para los que no están familiarizados con este término, la criminalización es el uso indebido del código penal por parte del Estado para reprimir las diferentes protestas ecologistas. Según el estudio del CEMDA citado anteriormente, en 2018 se registraron 95 casos de criminalización en el país azteca.

Esta estrategia es especialmente peligrosa para las mujeres activistas, puesto que “si son encarceladas, sus familias a menudo las aíslan, afectando directamente a su vulnerabilidad financiera y social”.

También las comunidades indígenas son víctimas directas de la criminalización, lo que provoca el incremento los índices de racismo y xenofobia en la sociedad. No hay que olvidar que además de la defensa de la tierra y los recursos naturales, los pueblos indígenas luchan por el derecho a la autodeterminación en los diferentes estados de la región.

Otro de los métodos más eficaces que utilizan las autoridades contra los activistas medioambientales son los llamados “grupos de choque”. Estos grupos se dedican a difundir acusaciones y rumores falsos sobre los líderes de diferentes movimientos con el fin de dinamitar su prestigio y su reputación. 

Según nos señalan desde Amnistía Internacional, esta estrategia se utiliza desde los años 60 y es especialmente útil en localidades pequeñas, donde el acceso a la información es más difícil y la población está más expuesta a las fake news.

La acción de los gobiernos

Ante este problema, una de las acciones más importantes que se llevó a cabo a nivel internacional fue la firma del Acuerdo de Escazú por parte de 16 países de América Latina y el Caribe, donde los diferentes gobiernos se comprometieron a proteger a los activistas medioambientales.

Dentro de estas acciones institucionales, el Gobierno mexicano instauró el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el que se pretende ofrecer protección a periodistas y defensores de los derechos humanos frente a posibles ataques.

No obstante, las organizaciones de la sociedad civil nos indican que este programa no está teniendo el éxito esperado para combatir esta ola de violencia.

En primer lugar, Edith Olivares, cree que “estas medidas están diseñadas pensando que quien te agrede no es el Estado, sino que te protegen de un tercero”, lo que puede resultar muy paradójico, ya que el mismo estudio del CEMDA señala al Estado como principal agresor en 19 casos de ataques a activistas, lo que representa el 36% de las agresiones totales.

Un ejemplo claro de la ineficacia de este programa es el asesinato de Julián Carrillo, un líder rarámuri que se oponía a la tala ilegal de árboles en la Sierra de Tarahumara y que decidió acogerse a este mecanismo de protección.

A este activista, a quien le habían asesinado a cuatro miembros de su familia en apenas dos años (entre ellos su hijo), se le proporcionó un teléfono móvil satélite y un botón de emergencia. En el momento de su asesinato ninguno de los dos dispositivos funcionó.

Por otro lado, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, que lleva el nombre de un activista medioambiental asesinado en 2014, nos informó de que había solicitado medidas urgentes al presidente por los asesinatos a manos de grupos paramilitares de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez en el Estado de Puebla, que también estaban acogidos al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. 

La concepción indígena de la tierra

Macarena Valdés, Julián Carrillo, Samir Flores, entre muchos otros activistas asesinados, tenían algo en común, y es que todos ellos formaban parte de comunidades indígenas.

La tradición mapuche (en mapudungún “gente de la tierra”) cuenta que en la antigüedad existía una serpiente que dominaba el mar (Kaykay) y otra que dominaba la tierra (Trengtreng). Cuando Kaykay, en un acto de furia, inundó todo el continente terrestre, cuatro sacerdotes invocaron a Trengtreng para que les protegiera.

A medida que la serpiente marina devastaba con el agua todo lo que se ponía por delante, la serpiente terrestre erigió altas montañas para que los habitantes pudieran refugiarse en ellas. Es en ese momento cuando los mapuches se comprometieron con Trengtreng a cuidar la tierra hasta las últimas consecuencias.

Mapuches, Guaraníes, Nahualtes, Mixtecos, Wayuus... Todos los pueblos indígenas que existen a lo largo del territorio latinoamericano coinciden en una concepción ancestral de la tierra; la consideran creadora de vida y están dispuestos a todo por protegerla.

Por eso, el movimiento ecologista en este continente es completamente diferente al que podemos encontrar en Europa o en Estados Unidos. La defensa del medioambiente la realizan día a día en su propia comunidad, enfrentándose con todos los recursos disponibles a la agricultura a gran escala, la tala de árboles o la instalación de centrales hidroeléctricas, a menudo con fuertes mecanismos de resistencia o de desobediencia civil.

Problema global

No hay que olvidar que todos estos crímenes contra defensores de los derechos humanos y del medioambiente no sólo son ejecutados por gobiernos u organizaciones de latinoamérica. De hecho, la mayoría de empresas que instalan sus proyectos en esta región provienen de Europa y Estados Unidos, lo que hace que muchos de los responsables directos o indirectos de estas atrocidades se encuentren al otro lado del océano.

En ese sentido, algunos empresarios españoles también son responsable del asesinato de activistas ambientales. Una muestra de ello son las protestas que tuvieron lugar en la embajada de México en España por el asesinato de Samir Flores.

Samir Flores, un activista indígena náhuatl y líder ambiental, se oponía firmemente al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye la construcción de dos centrales termoeléctricas. La adjudicataria de estas dos centrales es la conocida empresa española Abengoa, mientras que otras dos empresas de nuestro país, Elecnor y Enagas, tienen previsto construir un gasoducto que pasa por más de 60 comunidades contrarias a la instalación.

El pasado 20 de febrero, después de enfrentar unas críticas feroces por parte del mismísimo presidente de la nación, varios sujetos asesinaron a Samir en la puerta de su casa. Al principio, la Fiscalía determinó que su muerte no tenía nada que ver con su activismo, aunque una semana después reconoció que se había perdido una prueba determinante para la investigación.

La impunidad sistemática

Una de las causas principales por las que esta problemática va en aumento y no cesa en su barbarie es que las autoridades no están por la labor de detener y castigar a los asesinos de estas personas.

Para hacernos una idea de la impunidad que reina ante estos crímenes, el Relator de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, señaló en un informe sobre su visita a México que el 98% de estos delitos de este tipo quedaban sin resolver. 

Por otro lado, la ONG Global Witness destaca que “una cultura generalizada de impunidad ha dificultado la identificación de los responsables de los homicidios y envía una señal a los posibles perpetradores de que no tendrán que pagar por sus crímenes”.

Esta impunidad sistemática e institucionalizada tiene como objetivo generar un clima de miedo e inseguridad a los líderes ambientales para que cesen en sus protestas. Aun así, la siguiente reflexión de Rubén Collío nos confirma que dicha estrategia tiene sus carencias y que el compromiso de estas personas con la tierra que habitan va más allá de la muerte material:

“Nosotros no les tenemos miedo. ¿Miedo a qué? ¿A que me maten? Todos nos vamos a morir. Lo importante es cómo vives. Nosotros sabemos vivir. 'La Negra' sabía vivir. Conocimos el amor, conocimos la belleza, conocimos la alegría y conozco la tristeza profunda también. Entonces ¿Qué me van a quitar? ¡Si yo ya he vivido po'! Hay gente que en toda su vida no conoce la felicidad, no se ríe desde el alma, no se asombra con las pequeñas maravillas diarias, no entienden la maravilla que es que venga un pajarito a asomarse a la ventana”.