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Hace 300 años vecinos del Señorío de Agüimes (sureste de Gran Canaria) se sublevaron contra la compra de las tierras de Llanos del Polvo. Único medio de subsistencia de campesinos y pastores. A cambio de la explotación para su uso como cultivo y para ganados de cabras, debían pagar al Cabildo que gobernaba la Isla un impuesto de un real por fanega, pero eran tan pobres que casi nunca lo hacían. El negociante de aquella compra era Francisco Amoreto, suegro del que sería el primer Conde de la Vega Grande y propietario de las tierras de Juan Grande. Así comienza El motín de Agüimes (1718-1719), una rebelión que daría origen a la ciudad de Vecindario.
Narra el historiador Antonio Béthencourt Massieu en El motín de Agüimes (Ediciones Cabildo Gran Canaria) que “cuando se produce la intención de compra de aquellas tierras, los vecinos se amotinan en el pueblo”. Se enfrentan a la autoridad. El doctoral Domingo Mendoza Alvarado les defiende en el proceso en la Península ante el Consejo de Castilla. Aquellos hombres llevaban varias generaciones gestionando las tierras y, con un particular sistema de regadío, habían convertido un erial en vergel. Es en ese pleito donde se emplea por primera vez el nombre de Vecindario, "las tierras del vecindario".
Lo que jamás imaginaron aquellos humildes sublevados era que “desde un principio recibirían el apoyo de la milicia”, explica Béthencourt Massieu. En este caso, del teniente coronel Cristóbal de la Rocha, alcaide de la fortaleza de Santa Cruz del Romeral, “quien cierra filas junto a los sublevados”, entre otras cuestiones, porque “en la disputa se encuentran 108 fanegadas de sus tierras, roturadas por su suegro Antonio Lorenzo Bethencourt, que pagaba religiosamente el real por fanega al Cabildo”.
Relata el historiador que “las autoridades tratan de detener el motín capturando a una veintena de vecinos” a los que llegan a condenar a multas, prisión o destierro, pero las revueltas continúan, crecen, se convierten en un grito de guerra y los hombres toman las armas. Todo el vecindario se moviliza contra la acción de la Audiencia, se sitúan firmemente del lado de los amotinados. “Un total de unos 400 vecinos controlan las salidas y entradas de Agüimes, formando guardias”.
En un acto de arrojo “los amotinados se desplazan hasta Las Palmas, sede del Cabildo”, y allí acampan a modo 15M. Los sublevados ya no sólo procedían de Agüimes, sino de toda la Isla de Gran Canaria. Ya son 800 los hombres rodeando las Casas Episcopales con su capitán general dentro de Palacio. Toda la población se dirige a la Marina, incluidas las mujeres.
“La Audiencia decide llamar al capitán general con sede en Tenerife para que detenga el motín”, describe Béthencourt, quien ordena a sus hombres colocar la artillería para disparar a los amotinados. “Cuando la situación está a punto de desembocar en un trágico baño de sangre, la intervención de la Iglesia salva la situación” (Agüimes estaba bajo señorío episcopal por orden de los Reyes Católicos, como compensación por la colaboración de ésta durante la conquista).
Franciscanos, agustinos, jesuitas y canónigos “sacan en procesión al Santísimo Sacramento, mientras los dominicos portan a la Virgen del Rosario”. Aquella magnífica comitiva de clérigos se interpone entre los amotinados obrándose una especie de “milagro”, pues es tan profunda la religiosidad del pueblo que “los vecinos deponen su actitud”.
Se reanudan las negociaciones, el capitán general decide soltar a los prisioneros y mandar información al rey para que decida sobre el conflicto. Por entonces se encontraba en juego la españolidad de las Islas Canarias. España estaba en guerra con Inglaterra y Gran Canaria carecía de ejército regular. Son los propios isleños los que constituyen las milicias, los responsables de la defensa de la Isla. El ataque de flotas inglesas al Archipiélago era continuo, dentro del conflicto que libraba Inglaterra contra Francia y su aliada, España. Recordemos que las consecuencias de aquellos ataques fueron la construcción posterior de una amplia red de fortines y castillos defensivos en las costas de Canarias, cuya finalidad era impedir los ataques y la conquista de las Islas por alguna potencia extranjera enemiga de la Corona de Castilla.
Al regresar el capitán general a Tenerife, el Consejo del Cabildo de la Isla llega a ofrecerle “las rentas de sus bienes propios e incluso los privados de sus regidores” para financiar la "merecida operación de castigo a que eran acreedores los grancanarios", advierte el historiador, a lo que el general se niega en rotundo.
Por su parte el doctoral Mendoza demostraría “la falsedad de la venta al conde de las tierras, que eran de titularidad realenga y habían sido otorgadas a los vecinos en propiedad mediante el pago de los pertinentes tributos”.
El Consejo de Castilla resuelve a favor de los vecinos, así como la Audiencia y el comandante general reciben órdenes del rey Felipe V de “que los reos y vecinos reciban un trato exquisito”, y “se adjudiquen las tierras a los pastores y campesinos que las trabajaban”, relata.
Vecindario adquiere su nombre porque las tierras quedaron en manos del vecindario. Como pago al doctoral por su defensa en el pleito, los vecinos “procedieron a segregar una parte de las tierras de Vecindario”, luego llamada El Doctoral. A lo que Mendoza dejó estipulado que “una parte de lo que se produjese en una parcela segregada a tal fin fuese destinado a la ayuda de la Casa Santa de Jerusalén, tomando dicho lugar desde entonces el nombre de Casa Santa”.
Esta extraordinaria lucha popular fortaleció al campesinado local, sentó las bases para unas mejores condiciones de los mismos en sus futuras reivindicaciones ante la Audiencia, y supuso conservar una independencia del poder del Condado, que llegaría hasta el mismo siglo XX.
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Autora >
Ana Sharife
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