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“Basta ya de esa dictadura de lo progre, de okuparla casa a nadie y de quedarte con lo que no es tuyo”

“La okupación es un fenómeno que cada vez va a más. Los vecinos tienen miedo, les roban, se enganchan a sus suministros... y no reciben respuestas por parte del Ayto”#StopOkupas

Dos declaraciones –acto y tweet electoral–. Dos partidos. Dos mujeres y un destino, ganar unas elecciones. Una quiere ocupar el puesto de presidenta de la Comunidad de Madrid. La otra, el sillón de alcaldesa de la capital.

Oyéndolas da la impresión de que nos enfrentamos a un gravísimo problema, una plaga casi, la okupación.De tal dimensión, según estas dos candidatas, que más nos valdría no salir casi de nuestros pisos ni irnos de vacaciones si no queremos encontrarnos a la vuelta con unos usurpadores dentro.

¿Es así? ¿Es este el principal problema vinculado a la vivienda en España? ¿Qué debería preocuparnos más? ¿Vernos en la calle porque alguien ocupa nuestro hogar o porque nos desahucian del mismo?

Vayamos a los datos para intentar formular respuestas a las anteriores cuestiones. 

Sobre ocupaciones

El último dato de la Secretaría de Estado de Seguridad es de 2017: 10.619 usurpaciones de inmuebles. Se trata de la cifra más alta de los últimos cinco años y supone un 6,21% más que en 2016 (9.998)

El último dato del que dispone la Secretaría de Estado de Seguridad es de 2017: 10.619 usurpaciones de inmuebles. Se trata de la cifra más alta de los últimos cinco años y supone un 6,21% más que en 2016 (9.998). La serie comienza en 2013 con 7.739 hechos conocidos. Como indica su denominación –hechos conocidos–, estas cifras no recogen todas las ocupaciones que hayan podido producirse ese año, sino aquellas que han sido denunciadas o investigadas por las fuerzas de seguridad del Estado.

Las comunidades con mayor número de usurpaciones fueron Cataluña (4.123), Andalucía (2.021) y Madrid (1.466). Barcelona ostentaba el récord entre las ciudades (3.072).

En la estadística facilitada por el Ministerio de Interior no aparecen datos desagregados que permitan conocer la tipología de la vivienda, la propiedad de las mismas o las razones o motivaciones de las personas que ocupan.

Tampoco ofrece cifras detalladas en este sentido la Fiscalía General del Estado. Lo que sí puede apreciarse en su Memoria 2018 es un “un marcado retroceso” tanto en el número de incoaciones –inicio del proceso judicial– como en el de calificaciones –paso previo a la apertura de juicio oral– con respecto al delito de usurpación. Este descenso se produce “ en consonancia con la evolución del año pasado”, lo que esta institución interpreta como la “consolidación de un cambio de la tendencia de los años anteriores”.

Así señalan una disminución de casi un 20% en las incoaciones entre 2017 y el anterior ejercicio (de 12.900 a 10.373) y, sobre todo, un descenso de más del 73% en las calificaciones (de 1.057 a 278). 

Entre 2016 y 2015 la caída fue aún mucho más espectacular: más de un 52% menos de incoaciones y casi un 70% menos de calificaciones.

Unas caídas que parecen revertir por completo el alza del número de incoaciones por este delito que se produjo entre 2013 y 2014, con un aumento del 92%, de 12.569 a 24.164 procedimientos penales, tal y como se reflejaba en la Memoria de la Fiscalía de 2015. 

En esta se aclaraba que muchas de estas conductas se dirigían “contra los numerosos pisos que permanecen sin ocupar y que se han ido acumulando por algunas entidades financieras, ya sea por quiebra de la promotora que financiaban, o por ejecuciones hipotecarias”. Y, sobre todo, se incidía en que no se detectaban que estas usurpaciones respondiesen a actuaciones grupales u organizadas, sino que se trataba “de familias que desalojan la vivienda por propia iniciativa tan pronto como se realiza el requerimiento judicial”.

Sobre desahucios

Aunque existen datos más actuales, empezaremos por los de 2017. Ese año el número de lanzamientos o desahucios practicados fue de 60.754, un 3,6% menos respecto a los 63.037 de 2016. Estos a su vez fueron un 6,4% menos que los 67.359 de 2015. Son datos del Consejo General del Poder Judicial. 

Esta institución no ofrece cifras desagregadas por tipo de inmuebles, sino solo generales. Pueden por lo tanto referirse a distintos tipos de edificaciones, no solo viviendas. Y, cuando se trata de estas, pueden ser también vivienda no habitual.

En 2017, casi seis de cada 10 desahucios (35.666) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es decir por no hacer frente al pago del alquiler. Los otros 22.330 (36,8%) obedecieron a ejecuciones hipotecarias y los 2.758 restantes a otras causas. 

Los lanzamientos por impago del alquiler se incrementaron en un 4,3% mientras que los hipotecarios bajaron un 15,4%. 

El año pasado el número de lanzamientos practicados fue de 59.671. Y una vez más, en la mayoría de los casos el no poder hacer frente al coste de arrendar un piso fue la principal causa. Así un 62,5% de los desahucios (37.285) tuvo detrás esta razón. El 31,7% se derivó de ejecuciones hipotecarias (18.945) y los otros 3.441 respondieron a otras causas.

Las cifras del CGPJ corresponden solo a aquellos desahucios que son judicializados. Es decir no contempla los desalojos extrajudiciales, aquellos en los que las personas abandonan la vivienda antes de entrar en un proceso judicial.

Sobre viviendas vacías en España

Al analizar las casas construidas entre 2002 y 2011, detalla que el 18,5% de ellas estaban vacías

En España hay algo más de 3,4 millones de viviendas deshabitadas, un 84,9% de ellas en buen estado. O más bien había,  en 2011, fecha del último registro del Instituto Nacional de Estadística. Esta institución elabora un censo de población y viviendas cada 10 años. El siguiente, por tanto, tocaría en 2021.

El INE define la vivienda vacía como aquella que permanece sin ser ocupada, está disponible para venta o alquiler o incluso abandonada. Es decir, no realiza distinciones entre estas diferentes realidades. 

La estadística de hace ya ocho años mostraba que el número de casas vacías se había incrementado en un 10,8% en una década (336.943 más). 

En esas fechas, el parque inmobiliario ascendía a algo más de 25 millones de casas, lo que supuso un aumento del 20,3% con respecto a 2001. De estas, el 71,7% eran domicilios principales, el 14,6% secundarios y el 13,7% no se hallaban habitados.  

El INE aporta además un dato bastante llamativo. Al analizar las casas construidas entre 2002 y 2011, detalla que el 18,5% de ellas estaban vacías.

Galicia, La Rioja y Murcia eran las comunidades autónomas con mayor porcentaje de casas deshabitadas respecto al total, mientras que Navarra, Madrid, País Vasco, Melilla y Ceuta eran las que contaban con un porcentaje menor.

En números absolutos, destacan Andalucía, con 637.221 viviendas vacías; Comunitat Valenciana (505.029); Cataluña (448.356); Galicia (299.396) y Madrid (263.279).

La encuesta ofrece además datos detallados por ciudades. En los cincos principales núcleos urbanos se acumulaban el 11% de las casas no habitadas. En Madrid el número ascendía a algo más de 153.095 y en Barcelona superaba las 88.410. A la zaga, Valencia (57.110), Sevilla (48.223) y Zaragoza (34.981).

Más datos y una remembranza

El INE aporta además un dato bastante llamativo. Al analizar las casas construidas entre 2002 y 2011, detalla que el 18,5% de ellas estaban vacías

Hace ya 12 años, en septiembre de 2007, la vivienda se colaba en la posición número uno de las principales preocupaciones de los españoles, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). De ese 37,3% de los españoles que consideraba que esta era uno de los tres primeros problemas que existía en el país, hemos descendido hasta el exiguo 3,7% del pasado marzo.

Parecería entonces que los discursos alarmistas sobre ocupaciones no han calado entre la sociedad, pero también que ya no hay desahucios o que estos son muchísimos menos. O tal vez que estos ya no forman parte de aquello que importa a la opinión publicada ni tampoco a esa cosa, llamada en abstracto, ciudadanía, en la que no operan ni la edad, ni el género, ni la clase ni la raza.

Ahora que acaba de empezar la decimotercera legislatura no está de más un recordatorio constitucionalista sobre la vivienda.

“Título I. De los derechos y deberes fundamentales

Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 47.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”