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La época de la derecha sin apellidos quedó atrás. Las siglas populares, que en el pasado congregaron a las diferentes tribus conservadoras, han implosionado creando un escenario tripartito. Acostumbradas a unas filas prietas, las familias se ven ahora empujadas al adjetivo, el matiz y la diferencia. Esa feroz pelea por adueñarse de la iconografía patriótica se ha transmutado, pasadas las elecciones, en el juego de las sillas. 

Juan Trinidad (Granada, 1973) encarna la búsqueda de entendimiento propia de los pactos electorales. La derecha necesitaba un paladín y lo encontró en él, un político primerizo de frente despejada y barba tocada por las nieves del tiempo. Trinidad ocupó durante la pasada legislatura la vicepresidencia de la Asamblea de Madrid y conoce bien los privilegios de la Mesa; el órgano rector que detuvo la comparecencia de Cristina Cifuentes en el pleno y se negó a solicitar explicaciones por el sobrecoste de los hospitales levantados en tiempos de Esperanza Aguirre. 

Como abogado, a Trinidad se le presupone un insondable gusto por las formas y el método. Como liberal, también. Su concepción de la democracia se basa en el procedimiento. No sorprende, por tanto, el mensaje que lanza recién nombrado presidente de la Cámara: “En la Mesa no se habla de política, sino de que se cumpla el reglamento”. Ahora la derecha madrileña se agrupa bajo su investidura. Les une, además, un sustrato cultural. Las convicciones morales, el revisionismo histórico o los innegociables argumentos territoriales. Y un nombre propio: Juan Miguel Villar Mir. 

Villar Mir, ministro de Hacienda durante la Transición, es dueño de OHL, una firma de infraestructuras para la que Trinidad trabajó como asesor legal durante más de una década. El rey emérito nombró marqués a este constructor, que estuvo imputado junto a Jaume Matas por el caso del hospital Son Espases de Palma y aparecía como donante en los papeles de Bárcenas. Varias grabaciones de uno de sus exdirectivos señalan que la empresa se favorecía habitualmente de concursos públicos amañados. Es el caso de la Ciudad de la Justicia de Madrid, como demuestra una cadena de correos electrónicos que implica al exministro Josep Piqué, entonces vicepresidente de la constructora. La obra, valorada en 771 millones de euros, contaba con el favor del expresidente de la Comunidad Ignacio González y fue suspendida durante el mandato de Cifuentes.

Miguel Ongil, exdiputado de Podemos, ha formado parte durante los últimos cuatro años de la Comisión de Investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid: “El espionaje y la guerra dentro del PP comienzan por ver quién se queda las comisiones de OHL”, anota. Este economista, hoy retirado de la primera línea política, cuenta que Villar Mir ya había pagado comisiones millonarias a Génova (Operación Gürtel) cuando, de pronto, la vicepresidencia de Ignacio González (Operación Lezo) y la consejería de Francisco Granados (Operación Púnica) le imponían sendas mordidas por los contratos públicos. Entonces, harto de tributar, el constructor le entregó a Álvaro Lapuerta, extesorero popular, la fotocopia de un cheque bancario ingresado en Suiza como prueba de los sobornos que sucedían al margen de la dirección. 

De aquel abigarrado lío destacan los negocios entre Javier López Madrid, yerno de Villar Mir, y David Marjaliza, empresario afincado en Valdemoro, municipio del que fue alcalde Granados. A través de dos sociedades mercantiles, López Madrid y Marjaliza obtuvieron contratos públicos de manera fraudulenta gracias a que Granados encabezaba la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Así uno y otro consiguieron ocuparse de las obras del Metro Ligero que conecta Colonia Jardín con Boadilla del Monte. Asimismo, OHL acometió la ampliación de la Línea 2 del Metro hasta La Elipa y el segundo trampo de Metronorte. Con estas actividades, entre 2003 y 2007 la empresa facturó 442,33 millones de euros.

Pero las controvertidas actuaciones de OHL en la región conducen hasta el presente: el último de sus escenarios se encuentra en la intersección de las calles Sevilla y Alcalá. Allí los operarios con chaleco fosforescente redirigen el tráfico de autobuses y paseantes; las obras causan estrecheces en aceras y calzadas. Un ensordecedor ruido de perforadoras todavía envuelve la Plaza de Canalejas, al costado de la Puerta del Sol, donde Villar Mir ha proyectado 16.000 metros cuadrados de galería comercial, dos docenas de viviendas de lujo, un hotel cinco estrellas de la cadena canadiense Four Seasons y un parking de tres alturas. Varias incidencias en los trabajos afectaron al Metro, que clausuró el túnel de la línea 2 durante cuatro meses.

Fue Ana Botella quien amadrinó el plan. De la mano del gobierno de Ignacio González, su equipo municipal accedió a modificar las barreras legales que planteaba la actuación. Por ello, el ejecutivo regional modificó la Ley de Patrimonio, reduciendo la protección de los dos edificios de Canalejas. Solo se respetarán las fachadas principales, pero no las escaleras ni los estucos; tampoco los patios o las vidrieras. El Ayuntamiento, por su parte, modificó ad hocel Plan General de Ordenación para aumentar la edificabilidad. Un urbanismo a la carta que modifica el perfil del kilómetro cero.

Ni Ciudadanos ni OHL han querido detallarle a este medio en qué consistía la labor de Juan Trinidad como asesor jurídico en la constructora. Tampoco hay rastro alguno de tal actividad en los documentos filtrados de la empresa; su presencia allí parece no haber tenido lugar jamás. O se ha borrado la mácula con celeridad. En la oposición no saben nada sobre su trayectoria profesional. Miguel Ongil sí coincidió durante un año con el abogado granadino en la Mesa de la Asamblea madrileña y reconoce en él bondad: “No suelo tener esta clase de concesiones personales, y menos con contrincantes políticos, pero Juan es una buena persona. El problema es su ingenuidad; acabará siendo la marioneta del Partido Popular”.