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Javier Negre es un gacetillero acostumbrado a desarrollar su actividad profesional entre el ridículo y la ignominia. 

De lo primero dejó testimonio en el barrizal de Espejo Público, al confundir a los Comités de Defensa de la Revolución de Túnez con los Comités de Defensa de la República de Cataluña. “Tengo aquí un cartel de una conferencia; ‘Apoyo a los procesos revolucionarios en el mundo árabe’, donde participa un tal Josep Lluís Alcázar, invitado de los CDR, Comités de Defensa de la República… ¿Es verdad? ¿Ha ido usted a una conferencia como representante de los CDR? Esos CDR que han quemado contenedores”. Cuando Josep Lluís Alcázar aclaró el entuerto, Javier Negre trató de escabullirse farfullando entre sonrojos: “Yo solo he preguntado”.

De lo segundo, del periodismo de la falacia y la intoxicación, del hedor a cloacas y a tinta de pesebre, hay tantos ejemplos que resulta imposible distinguir dónde empieza la mentira y cuándo termina la media verdad. 

De ello nunca podrá defenderse Diana Quer, la joven asesinada en 2016, a la que describió como una chica que “buscaba en los brazos de los hombres el cariño que no encontraba en su domicilio familiar”. Durante semanas, Negre estuvo especulando sobre las causas de la por entonces desaparición, sembrando la sospecha sobre el núcleo familiar sin ninguna prueba tangible. Es su forma de entender el periodismo; disparar antes de preguntar. 

El 9 abril de 2018 publicó un artículo en el diario El Mundo titulado “Los 9 maestros catalanes de la infamia”. El periódico de Unidad Editorial decidió sacar a la luz las fotografías de los 9 profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) que habían sido acusados de humillar a los hijos de unos guardias civiles tras las cargas policiales del 1 de octubre. 

Fue uno de los muchos episodios que nos dejó la resaca de aquel dislate autoritarista, y la ultraderecha no desaprovechó la oportunidad para utilizarlo como ejemplo del supuesto adoctrinamiento independentista en los colegios de Cataluña. La Fiscalía acusó a los docentes de presuntos delitos de odio y contra la integridad moral, mientras que la prensa se encargó de condenarles antes de que un juez dictara sentencia. 

“Quiénes son y cómo se comportaron los profesores de un colegio catalán que se dirigieron en tono despectivo y humillante a los hijos de guardias civiles que tenían como alumnos tras el 1-O”, se pregunta Negre. Una por una desgrana las identidades de los educadores, acompañadas con imágenes de primeros planos con sus respectivos nombres y apellidos. 

Por supuesto, no podía faltar ETA. La derecha reaccionaria echa tanto de menos el ruido de las balas que no desperdicia ocasión para convertirla en protagonista de cualquier suceso, como elemento intoxicador para que el lector no pueda distinguir entre los hechos y la realidad. “Algunos de esos guardias civiles estuvieron destinados en el País Vasco en los años de plomo de ETA. En avisperos como Azkoitia o Intxaurrondo. En la Guipúzcoa de los tiros en la nuca. Allí donde les señalaban o les miraban con cara de odio por llevar el tricornio. Ahora, ya con la banda derrotada, estos mismos agentes sienten que vuelven a estar en la diana”, escribe Negre. 

Al linchamiento mediático pronto se apuntaron los sospechosos habituales de los cadalsos del prime time. Carlos Herrera calificaba a los profesores como “maestros del odio” y exhortaba entre alaridos para “que no vuelvan a dar clase nunca más, que vivan de los que les paguen el pesebre fantástico de ANC u Òmnium Cultural”. El presentador de la Cope aprovechó su alocución de primera hora de la mañana para cargar contra el sistema de inmersión lingüística porque “en Cataluña, en algunos colegios, hay fanáticos absolutos, indecentes, indeseables, capaces de aterrorizar a un niño por ser hijo de un guardia civil”. 

“Maestros del oído” titulaba Luis María Anson en su editorial de El Imparcial. El veterano periodista aseguraba estar ante uno de los hechos más graves que ha producido “la deriva secesionista” y consideraba lo sucedido como “la mejor prueba del grado de fanatismo que padece una buena parte de la sociedad catalana”. 

En Libertad Digital, el grupo de comunicación fundado por Federico Jiménez Losantos con dinero de la caja b del Partido Popular, hacían una radiografía de Sant Andreu de la Barca, “la pequeña Andalucía Catalana”. Pablo Planas, autor del escrito, dibuja un panorama de xenofobia donde los “andaluces siempre han sido señalados”, mientras acusa al instituto de haber puesto las instalaciones del centro “a disposición del golpe separatista”. 

El IES El Palau tiene unos 1.200 alumnos, y aproximadamente, entre 60 y 80 son hijos de guardias civiles. La mayoría residen en el cuartel del pueblo, el más grande de Cataluña, con una dotación de 600 agentes y punto clave para la organización del dispositivo policial que trató de impedir la celebración del referéndum. 

De esas decenas, solo 7 familias denunciaron los supuestos comentarios ofensivos por parte del profesorado y acordaron con los responsables del centro la apertura de una investigación. Fue entonces cuando un reducido grupo de padres optó por romper la baraja para trasladar el debate interno al circo de los medios de comunicación.

Bartolomé Barba, guardia civil, padre de dos alumnos y coordinador en Cataluña de la Asociación Española de Guardia Civiles (AEGC) se hizo una tourné por los platós de televisión denunciando las calamidades que sufrían los estudiantes que no eran favorables al proceso soberanista. 

El informe del Consejo Escolar resolvió que no existían indicios para emprender acciones en contra de los nueve profesores y en un comunicado rechazó “las graves acusaciones realizadas a través de los medios de comunicación”. Hubo concentraciones de antiguos alumnos que aseguraban no reconocer a esos educadores autoritarios que perfilaba la prensa, pero ya era tarde. La máquina del fango había agitado el árbol y la clase política corría rauda a recoger las nueces. 

El más rápido fue Albert Rivera, que compartió en su cuenta de Twitter el artículo de Javier Negre con el siguiente mensaje: “Los maestros separatistas que señalaron públicamente a hijos de la Guardia Civil en Cataluña. La Fiscalía les investiga por delitos de odio, pero el Gobierno de España dice que no les abrirá expediente. Con cobardía nunca se vence al nacionalismo”. Al líder de Ciudadanos le siguieron sus colaboradores más cercanos replicando la estrategia del bidón de gasolina. “Parece gente normal, ¿verdad? Eso es lo que hace el nacionalismo”, tuiteó Juan Carlos Girauta. 

El partido naranja ha demostrado moverse mejor que nadie en la confrontación, pero agitar el avispero, más aún en un escenario tan polarizado como lo es actualmente Cataluña, siempre tiene consecuencias. La fachada del instituto amaneció pocos días después con pintadas amenazantes contra los profesores (“Ratas independentistas”, “Nazis”) y hasta 30 docentes solicitaron el traslado, hartos de la presión y los insultos.

Ahora, el titular del juzgado número 7 de Martorell, que meses atrás había archivado la causa contra seis de los profesores, ha hecho lo propio con los tres restantes a los que mantenía imputados. El magistrado sentencia que no hay indicios que acrediten los delitos de odio y contra la integridad moral, y remite el caso a la Consejería de Educación de la Generalitat, cuya responsabilidad será la de esclarecer si cometieron una infracción administrativa. 

De esta forma, la justicia decide que los hechos deben dilucidarse dentro de los organismos educativos, tal y como había propuesto desde un principio la comunidad docente y la gran mayoría de padres. Si se confirma que los profesores, en cualquier forma, quisieron achacar a los hijos la responsabilidad de los actos cometidos por sus padres, tendrán que afrontar las sanciones pertinentes, pero la estrategia de la judicialización solo contribuye a enardecer todavía más las posiciones ya de por sí enconadas. 

Ciudadanos y sus acólitos de la prensa transformaron un hecho aislado en una causa general contra el sistema educativo de Cataluña, y aunque la sentencia servirá para restaurar la imagen de los afectados, alguien debería disculparse con los profesores y alumnos de El Palau. El fin no estaba justificado, los medios eran espurios y los daños colaterales fueron personas, algunas de ellas menores de edad, que han tenido que soportar el peso de ser utilizados como armamento civil para la ofensiva de un conflicto político.