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A pesar de todos los cambios que han tenido lugar en la política española durante los diez últimos años, el PSOE, guste más o guste menos, sigue siendo la columna vertebral del sistema político español. Es el partido más votado en estos momentos, el único con una implantación importante en todo el territorio nacional, el que cuenta con una mayor experiencia de gobierno y el que más se parece sociológicamente a España. Todo esto le da una “centralidad” innegable.

Ahora bien, reconocido lo anterior, el PSOE de hoy no tiene ni de lejos el poder que tuvo en la época de Felipe González o de José Luis Rodríguez Zapatero. El electorado se ha fragmentado muchísimo, tanto que el partido socialista celebró con entusiasmo su victoria el 28-A con un 28 por ciento del voto: ese mismo resultado, en 2011, con Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato, se vivió como un fracaso histórico. 

Aun siendo el primer partido en estos momentos, está muy lejos de poder gobernar solo, sin apoyos de otras fuerzas políticas. El PSOE, sin embargo, no parece haber asumido esta nueva realidad y se comporta todavía como si fuera el PSOE “de siempre”. La pretensión de gobernar primero con 85 diputados (tras la moción de censura) y después con 123 (tras el 28-A) delata un cierto negacionismo de la situación real. Algunos socialistas parecen pensar que el regreso a los viejos tiempos es sólo una cuestión de tiempo; bastarán un par de elecciones más para que Podemos quede como una opción puramente testimonial y el PSOE vuelva a superar el 35 por ciento del voto. Desde este punto de vista, el objetivo consiste en ganar tiempo y mantenerse en el poder hasta que llegue ese ansiado momento. La prioridad es conseguir ser investido, que luego ya se verá cómo se aprueban las leyes.

El problema de este planteamiento es doble. Por una parte, incluso si quienes comparten esa estrategia estuvieran en lo cierto, el país no puede quedar en situación de interinidad durante muchos años más: España se encuentra al límite, tras cuatro años sin un gobierno capaz de gobernar. Por otra, la desaparición de Podemos no conllevaría una mayoría absoluta y lo más probable es que el PSOE tuviera que negociar de todos modos el apoyo de los partidos nacionalistas.   

Si descartamos la fantasía de una mayoría absoluta a corto plazo, el partido socialista tiene que asumir de una vez que ha de tomar una decisión sobre sus aliados parlamentarios. No hay tantas opciones: o bien intenta construir una gran coalición con PP / Ciudadanos, o bien intenta forjar una alianza con las fuerzas a su izquierda y con los partidos nacionalistas (incluyendo a los “demonios” separatistas). Lo que no puede hacer es mantener la ensoñación de que los apoyos caerán del cielo como si fueran maná (tal como ocurrió en la moción de censura). 

Si el PSOE opta por una alianza estable de izquierdas y nacionalistas, no tendrá más remedio que abordar en serio la vía plurinacional, dejando a un lado las ambigüedades que acompañan a la apuesta por “el diálogo dentro del orden constitucional”. Asimismo, se verá forzado a escorarse algo a su izquierda como consecuencia de la presión que ejercerán sus socios en cuestiones como fiscalidad o vivienda.

Si, por el contrario, el PSOE llega a un acuerdo amplio con PP y/o Ciudadanos, se cerrará toda opción de reforma plurinacional, habrá un enfrentamiento permanente (de baja o alta intensidad, dependiendo de las circunstancias) con los nacionalistas vascos y catalanes, y en materia socioeconómica los socialistas tendrán que contentarse con reformas socio-liberales, basadas en la eficiencia, renunciando a la redistribución y a la lucha contra la desigualdad. 

No quiero realizar juicios de valor sobre las dos opciones que tiene el PSOE ante sí. Las dos, según lo veo, son alternativas razonables y legítimas. Lo que me parece que no tiene sentido es persistir en la indefinición y ambigüedad en la que se encuentran los socialistas. No tiene sentido, de hecho, afirmar que Podemos es el socio prioritario pero lanzar cantos de sirena en el discurso de investidura a PP y Ciudadanos. Ni tampoco tiene sentido insistir en el diálogo con los partidos independentistas pero mantener desde la Fiscalía General del Estado (y, en menor medida, desde la abogacía del Estado, subordinada enteramente a los designios del Ejecutivo) las mismas medidas punitivas que puso en marcha el Partido Popular. 

En la “segunda venida” de Pedro Sánchez, tras su defenestración por el aparato de Susana Díaz y Alfredo Pérez Rubalcaba en el comité federal del 1 de octubre de 2016, todo parecía indicar que Sánchez iba a ensayar la alianza de izquierdas y nacionalistas, aun si ello acarrease una de esas arremetidas brutales del establishment político y mediático. El éxito de la moción de censura fue posible, en gran medida, porque los partidos que la apoyaron tenían esa expectativa y, por eso mismo, le dieron el poder a Sánchez sin pedir ni puestos en el gobierno ni un pacto de legislatura. A pesar del inmovilismo en la cuestión catalana y de algunos conflictos con Podemos sobre vivienda o pensiones, los resultados del 28-A hacían pensar que la alianza iba a reeditarse, esta vez con todas sus consecuencias. Sin embargo, en estos últimos meses hemos podido ver que el PSOE no está realmente por la labor y no quiere arremangarse y negociar un gobierno estable con Podemos, Esquerra y PNV. Tampoco, por el momento, una gran coalición con las derechas nacionalistas españolas. Pero tendrá que elegir en algún momento, salvo que quiera condenar al país a un nuevo ciclo de inestabilidad. Cuanto antes, mejor.