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Aún en plenas vacaciones, tras el segundo aniversario de los atentados de Las Ramblas y Cambrils, contacté a Carlos Enrique Bayo, jefe de investigación de Público. No daba crédito a las acusaciones vertidas sobre sus reportajes acerca de los graves fallos de coordinación, información y prevención que cometieron los servicios de inteligencia y los cuerpos de seguridad. Otros medios, sin aportar una investigación propia, cuestionaban la de Bayo. Le acusaban, además, de participar en una conspiración del independentismo catalán para minar la legitimidad de España, imputándole haber permitido una masacre. Quienes nunca denunciaron las teorías conspiranoicas del 11M de 2004, las equiparaban al trabajo de Carlos Bayo. Este reconocía haber cometido algún fallo, pero sostenía su versión de los hechos con documentos irrefutados y negaba reiteradamente que sostuviera tesis conspirativa alguna.

“No comparto ninguna de las conspiraciones que (apuntan a que) el CNI estaba detrás del atentado”, aseguró el reportero de investigación, ni más menos que ante el Parlament. Y añadió que sugerir que el CNI “estaba intentado volar la Sagrada Familia para asustar a los independentistas es una aberración. […] No estoy diciendo que podrían haber evitado el atentado y que no lo hicieron porque lo tenían premeditado”. Los mismos medios que recogían sus palabras acusaban a Bayo de conspirar contra España.

15 años después del 11M y transcurridos dos del 17A, la historia se repite. Tus investigaciones prueban que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantuvo al imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, responsable de la célula que atentó en Las Ramblas, como confidente hasta poco antes de los atentados. Alguien como J.M. Zarzalejos ha tachado tu trabajo de “independentismo conspiranoico” que pretende deslegitimar al Estado. Su palabra tiene valor, porque Zarzalejos se opuso en su tiempo a refrendar la teoría de la conspiración del 11M; es decir, que ETA había perpetrado los atentados de Atocha. Una semana después de publicar tus reportajes, el martes 22 de julio, tú mismo calificaste de aberrante la tesis de que el CNI había cooperado con los yihadistas de Las Ramblas.

¿Cómo explicas la imputación de que eres un “conspiranoico” al servicio del independentismo catalán?

La equiparación de los resultados de una larga investigación, apoyados en documentos inéditos del CNI, con las infundadas teorías sobre el 11-M diseñadas para justificar las mentiras del Gobierno Aznar pretende que los lectores descarten de plano la exclusiva de Público sin leer a fondo las revelaciones y datos aportados en cinco capítulos sucesivos. Además, la acusación genérica de estar al servicio del independentismo catalán se ha demostrado suficiente para despertar la animadversión visceral de gran parte de la ciudadanía española.

Vincular al separatismo con la denuncia de las negligencias cometidas antes del 17A (por quienes también tienen el deber de cuidar de la seguridad de la ciudadanía) permite distraer al público de esas dejaciones de responsabilidad

Así que esa doble imputación –contra una denuncia sobre los errores cometidos por el servicio secreto antes del atentado del 17A– intenta desacreditar totalmente al periodista y al medio para impedir que los jefes del CNI y sus superiores en el Ejecutivo tengan que rendir cuentas y asumir responsabilidades.

Bajo la cortina de humo de que las denuncias de Público sólo tratan de “deslegitimar al Estado” en beneficio del independentismo, se intenta ocultar la gravísima irresponsabilidad de los servicios de Seguridad al anteponer el conflicto institucional con la Generalitat al interés general de los catalanes, ya que mantuvieron en la ignorancia a los Mossos –por desconfianza política– sobre hechos y antecedentes que les habrían puesto en alerta de la amenaza que presentaba Es Satty. Los ataques a Público son una cortina de humo para tapar los evidentes fallos del CNI. 

Y es intolerable que casi todos los responsables de esa estrategia catastrófica en el Ejecutivo de Rajoy se hayan negado a acudir a declarar ante la Comisión de Investigación del Parlament de Catalunya. Y, para mayor desprecio, el único que sí compareció (por vídeo-conferencia) fue el exsecretario de Estado de Seguridad en aquellas fechas, José Antonio Nieto, ahora portavoz del PP en el Parlamento andaluz, quien señaló a los Mossos como responsables de no haber detectado la radicalización del imán de Ripoll. ¡Cuando el Ministerio del Interior, del que él era el número dos, les había ocultado su historial yihadista! Y esto último está más que probado. 

El medio que quizás ha denostado tu trabajo de forma más directa es La Vanguardia, que publicó un reportaje que afirmaba desmentir tus tesis. ¿Cómo te defiendes de las dos imputaciones más serias que se hacen de tu trabajo? Primero, que no es nada nuevo, que ya estaba publicado por otros medios, en concreto, por The Intercept. Y, dos, que reprodujiste errores de los documentos del CNI que citabas y que no sostienen que Es Satty fuese el confidente de la central que señalan otros documentos como activo hasta el día mismo de los atentados.

¿Qué retiras y qué reiteras? ¿Qué errores reconoces y qué versión de los hechos mantienes?

Con respecto al tema publicado el 3 de septiembre de 2018 por The Intercept, ahora conozco a su autor, Zach Campbell, porque se puso en contacto conmigo tras aparecer la exclusiva de Público, pero ni siquiera había visto su artículo antes. Campbell llegó a conclusiones parecidas investigando el caso, pero en nada se parecen una y otra investigaciones: ni en las fuentes, ni en la documentación aportada. Además, Campbell sólo argumenta que es inverosímil que el CNI no vigilase al imán de Ripoll y que no advertir a las autoridades locales de su pasado yihadista equivale a traicionarlas; pero no presenta pruebas, fuentes ni testimonios de que Es Satty fuera confidente durante su etapa de predicador en los oratorios de esa ciudad, como sí hacemos en Público.

En cuanto a los errores, todos los cometemos y más aún cuando se trata de desentrañar algo que el servicio secreto se empeña en mantener oculto. También La Vanguardia ha dado por bueno un informe de la Guardia Civil que incluye varios errores garrafales y fácilmente contrastables, como decir que Es Satty salió en libertad a principios de 2015 (cuando terminó su condena de prisión el 29 de abril de 2014) o que residió en Bélgica todo 2015 (cuando ese año estuvo dirigiendo las oraciones de la comunidad islámica Al Fath en Ripoll).

Yo no solo he reconocido y explicado los fallos que subrayó La Vanguardia, sino que incluso he señalado otra equivocación que cometimos y de la que ni siquiera se habían dado cuenta. Pero esos errores no menoscaban en absoluto el fondo de nuestra denuncia.

Lo que La Vanguardia me imputó fue haberme limitado a copiar una denuncia anónima –que fue la que nos puso sobre la pista del escándalo hace casi un año–, sin mencionar a sus lectores la gran cantidad de materiales y testimonios obtenidos en nuestra investigación que no figuran para nada en aquel antiguo informe pero que confirman la mayor parte de lo que ponía sobre la mesa. En mi respuesta, presenté ocho de los nuevos materiales, documentos y fuentes que hemos publicado y dan validez a nuestra investigación –y que son totalmente inéditos– pero que han sido obviados por ese diario barcelonés.

¿Cómo explicas que El Mundo, epicentro de la conspiranoia del 11M, titulase en portada “El separatismo empaña el 17A con la teoría de la conspiración”?

Ese titular combina en muy pocas palabras las dos imputaciones de las que hablaba antes, cuyo objetivo es descalificar toda la investigación de un plumazo. En el fondo, tanto El Mundo como el diario del conde de Godó (un Grande de España) le están haciendo un favor a la Corona al proteger al servicio secreto que se encarga de garantizar la seguridad del Rey.

Vincular al separatismo con la denuncia de las negligencias cometidas antes del 17A (por quienes también tienen el deber de cuidar de la seguridad de la ciudadanía) permite distraer al público de esas dejaciones de responsabilidad. Con la nefasta consecuencia de que nadie las asume ni se investigan los fallos para evitar que vuelvan a repetirse.

Llamar una y otra vez “teoría de la conspiración” a las pruebas de que Es Satty era confidente del CNI y los Mossos no fueron avisados de ello ni de su deriva yihadista, como hacen reiteradamente grandes medios de comunicación, constituye una nueva posverdad

Una política muy española, que se ha repetido siempre tras las mayores tragedias, al contrario de la práctica democrática de los países avanzados que nos rodean, como Francia, donde Manuel Valls apoyó como primer ministro, tras el atentado de París, una comisión parlamentaria de investigación que descubrió graves carencias en los servicios secretos franceses; comisión a la que ahora se opone tras la matanza de Las Ramblas, alegando que es “insultar a las víctimas”, que son precisamente quienes reclaman esa investigación. ¿Cómo puede ser tan hipócrita?

Llamar una y otra vez “teoría de la conspiración” a las pruebas de que Es Satty era confidente del CNI y los Mossos no fueron avisados de ello ni de su deriva yihadista, como hacen reiteradamente grandes medios de comunicación, constituye una nueva posverdad: se convence al público de que la exclusiva solo esgrime, sin pruebas, meras suposiciones sobre una hipotética instigación de los atentados por parte del aparato del Estado, algo que no hemos planteado en ningún momento.

Una y otra vez hemos desmentido que mantengamos esa tesis y otras tantas veces se han vuelto a referir a nuestro trabajo en esos mismos términos, que no figuran en nuestros artículos. Las verdaderas fake news son las que publican esos medios sobre el contenido de nuestra exclusiva.

El director adjunto del diario que se arroga haber desmentido tu investigación, La Vanguardia, editorializaba el día previo a este último 17A: “Ni las policías estatales  ni la catalana estaban tampoco preparadas para lo que se les vino encima el 17 de agosto del 2017. Igual que en los casos citados [Gran Bretaña, Francia y Bélgica], los servicios policiales debieron haberse coordinado mejor, pero les faltó experiencia en este tipo de riesgo.”

¿Cómo puede decirse que no tenemos experiencia en España en este tipo de riesgos? Se dijo el 11M, se dijo después de que los agentes del CNI sufrieran un atentado en Irak, y se ha dicho tres lustros después sobre el de Las Ramblas

Lo que les sobró fue descoordinación y eso es algo que hemos denunciado reiteradamente los periodistas que investigamos a las fuerzas de seguridad; esa descoordinación se acentuó debido a la confrontación ideológica entre el Gobierno de Rajoy y la Generalitat de Catalunya. La ya caótica interacción entre demasiados cuerpos policiales diferentes y a menudo competidores –Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas (Ertzaintza y Mossos d’Esquadra), policías locales y las unidades especializadas de cada una de estas fuerzas–, que tan a menudo me han criticado los mandos intermedios, se vio multiplicada por el apagón informativo al que sometía a los Mossos –por razones políticas– el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), creado por Fernández Díaz en enero de 2015 mediante la fusión de los dos centros –el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA)  y el Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO)–, que debía coordinar las tareas policiales contra esas dos lacras.

No sólo es falso que nosotros propugnemos una teoría de conspiración relacionada con el 17A, sino que también es mentira que en nuestras pesquisas siguiéramos un guión predeterminado para socavar al Estado español, como insisten en afirmar

Fuentes policiales ya subrayaron a Público hace dos años que fue precisamente el entonces director del CITCO, José Luis Olivera Serrano –cómplice del comisario Villarejo, según se ha podido escuchar en una de sus grabaciones–, quien diseñó esa estrategia de negar información clave a los Mossos en materia antiterrorista.

Sólo un mes antes de los atentados, la Generalitat había vuelto a solicitar infructuosamente al ministro del Interior Zoido que la policía autonómica catalana tuviera acceso a las bases de datos del CITCO y de Europol. Lo primero no se les concedió a los Mossos hasta dos meses después de la matanza de las Ramblas, pero no se hizo totalmente operativo hasta un año después; y todavía hoy les falta la información de Europol a través del canal de comunicación seguro y reservado SIENA, al que les han prometido acceso “en los próximos meses”, según el comisario Xavier Porcuna, jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos.

¿Cómo que “les faltó experiencia en ese tipo de riesgo”? ¡La verdad es que mantuvieron en la oscuridad a la policía autonómica, que tiene transferidas las competencias de seguridad ciudadana en Catalunya! Algo gravísimo en un estado de alerta 4 por amenaza terrorista, y que permitió que la célula yihadista del 17A campase a sus anchas por Catalunya y Europa en los meses previos a los atentados, tal como hemos demostrado exhaustivamente en la serie de exclusivas “La verdad sobre el imán de Ripoll”.

¿Qué diferencias hubo/hay en los errores cometidos el 11M y el 17A por los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y los servicios de inteligencia?

El 11M no sólo fue precedido por un atentado contra agentes del CNI en Iraq, sino también por los atentados yihadistas de Casablanca en mayo de 2003, tras los cuales el Gobierno de Aznar argumentó que los terroristas no atacaron la Casa de España, entre otros lugares, por nuestra participación en la guerra de Iraq sino porque entraron allí por casualidad. Fue un clarísimo caso de falta de previsión, de escasez de medios –las unidades antiterroristas aún no tenían ni suficientes traductores del árabe– y de ausencia de convicción sobre la amenaza yihadista que debía haber provocado dimisiones y rendición de cuentas entre los mandos de la Seguridad del Estado y los ministros que los dirigían. Demostraron encontrarse en fase de negación de las consecuencias del Pacto de las Azores entre Bush, Blair y Aznar.

Con la teoría de la conspiración de Pedro J. se volvió a lanzar una cortina de humo para encubrir esas responsabilidades operativas y políticas, así como para justificar la ristra de mentiras descaradas sobre la autoría de ETA; falsedades que el Ejecutivo difundió premeditadamente en esos días, con casi doscientos cadáveres aún calientes, para engañar a los votantes y tratar de evitar que su trágico fracaso les pasara factura en la inminente cita con las urnas.

En cambio, antes del 17A los servicios de inteligencia sí estaban actuando con diligencia frente a la amenaza yihadista en Europa –ya se habían producido muchos atentados en diferentes países–, razón por la cual trabajaban para infiltrarse en las organizaciones salafistas con confidentes como Es Satty. En Público siempre hemos defendido que su fichaje como informante fue una estrategia habitual y adecuada por parte del CNI. El problema, en nuestra opinión, es que después de que le facilitaran su contratación como imán en Ripoll, empezó a hacer un doble juego con el que engañó a los controladores asignados. Además, al grave fallo del exceso de confianza y la negligencia en la vigilancia se sumó la confrontación política con los independentistas catalanes, que dinamitó la necesaria cooperación con las fuerzas policiales de Catalunya. El resultado fue terrible, y si las víctimas reclaman una investigación a fondo de los hechos es precisamente para que esos errores no se vuelvan a cometer.

¿Cuáles son las diferencias clave entre la respuesta institucional y política tras los atentados yihadistas cometidos en España y en otros países?

Está más que clara, como ya he recordado con respecto a Manuel Valls tras el atentado en la sala de conciertos Bataclan y otros lugares de París, en noviembre de 2015. Por cierto, a Valls se le abucheó en Niza tras el atropellamiento masivo cometido en julio de 2016, y a nadie se le ocurrió en Francia acusar a los que lo hicieron de “insultar a las víctimas” –eran sus familiares los que exigían cuentas al entonces primer ministro–, ni se conjuraron grandes medios de comunicación para ocultar los fallos cometidos por los servicios de inteligencia. Poco más de un año después, ocurre algo parecido en Las Ramblas y resulta que aquí no se puede denunciar las carencias de nuestra Inteligencia.

Nuestra legislación sigue arrastrando normas dictatoriales, como la Ley de Secretos Oficiales de 1968 que permanece en vigor porque los gobernantes del bipartidismo la conservaron con el fin de que el oscurantismo de las cloacas del Estado permaneciera impenetrable

No hay más que repasar lo ocurrido tras casos similares en Reino Unido, Alemania y otros países avanzados (incluido EE.UU. tras el 11-S) para ver que nunca se aliaron los grandes partidos políticos de esas naciones –como sí han hecho aquí– para impedir una investigación parlamentaria sobre los fallos que cometieron las fuerzas antiterroristas. Al contrario, siempre asumieron sus responsabilidades los mandos de Interior y de la Inteligencia, así como los dirigentes políticos implicados. Exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido en España desde el atentado de Hipercor, hace más de 30 años, hasta hoy… Y no únicamente en casos de terrorismo, sino también en otras enormes tragedias como las del Metro de València, del Alvia de Angrois o del Yak-42.

¿En qué diferencias tu trabajo del realizado por J. Losantos y Pedro J. sobre el 11M? Hasta este mismo año han mantenido y reformulado su teoría conspirativa sin pruebas documentales contrastadas y, aún peor, rechazadas por la Audiencia Nacional. ¿Cómo diferencias tu protocolo profesional frente al de estos otros ‘compañeros’ que denostan tu trabajo?

Cree el ladrón que todos son de su condición, y por eso nos acusan de instrumentalizar la investigación periodística de los atentados para favorecer una opción política, en este caso el independentismo, igual que siempre han hecho ellos durante décadas a favor del PP. Pero no examinan los datos, materiales y testimonios aportados: una vez más, se niegan a ver el alud de pruebas e indicios que demuestran algo contra lo que ya han prejuzgado.

No sólo es falso que nosotros propugnemos una teoría de conspiración relacionada con el 17A –como ellos sí hacen con el 11M– sino que también es mentira que en nuestras pesquisas siguiéramos un guión predeterminado para socavar al Estado español, como insisten en afirmar. Simplemente proyectan sus propios vicios en los demás.

OKdiario –la web de Eduardo Inda– tituló en noviembre de 2017: “El imán de Ripoll montó la célula yihadista de la matanza de La Rambla mientras era confidente del CNI”, sin aportar una sola prueba de ello ni citar fuente alguna –anónima o no– e incluso aseverando que Es Satty “fue financiado con fondos reservados” mientras montaba la célula terrorista. Nadie hizo el menor caso a tan gravísimas afirmaciones porque Inda y Manuel Cerdán carecen de credibilidad, salvo en alguna cadena de televisión.

En cambio, ahora que nosotros hemos obtenido informes reservados del CNI que muestran sus relaciones con Es Satty y su vigilancia de la célula antes de los atentados, todos ellos se echan las manos a la cabeza y exigen documentos con membrete, sellos, timbres, fechas y firmas, como si los servicios secretos pusieran todo eso en sus informes confidenciales.

Los que ahora se arrogan exclusivas sobre las cloacas de Interior son los mismos que hicieron el vacío a Público y ningunearon nuestras revelaciones cuando, con Patricia López, desenmascaramos a Villarejo, en 2015; revelamos las grabaciones secretas del ministro Fernández Díaz, en 2016; destapamos Las cloacas de Interior, en 2017; denunciamos la policía paralela al servicio de multimillonarios, también en 2017; y explicamos las relaciones con la judicatura del comisario corrupto, en 2018. Todo ello se ha demostrado ahora verdadero, pero fue boicoteado activamente en su día por los que hoy aseguran que no contrastamos ni verificamos las informaciones.

¿Cómo es posible que el periodismo español no asuma la responsabilidad, palmaria y primera, de denunciar unos fallos en materia de seguridad (falta de coordinación y de información, imprudencias y errores de calado en apreciar la dimensión de la amenaza…) que vienen repitiéndose desde hace décadas?

Es más que evidente la intención actual de la mayoría de los medios de tapar el escándalo sobre la incapacidad o negligencia de los servicios secretos, mientras que dieron pábulo –y decenas de páginas y de horas de tertulia– a una ridícula filtración de un supuesto mensaje directo de la CIA a los Mossos, escrito en spanglish y presentado como una copia de un presunto texto original, con la que querían hacernos creer que el espionaje de EE.UU. advirtió meses antes a la policía catalana de que se iba a cometer en Las Ramblas el atentado que Yousef Abouyaaqoub improvisó unas horas antes porque la explosión accidental del polvorín de Alcanar dio al traste con sus bien distintos planes originales.

¿Por qué tantos medios dieron verosimilitud a esa delirante versión de espionaje vidente? Claramente porque culpabilizaba a los Mossos. Y muy pocos cuestionaron tamaña cortina de humo –que acabó siendo desmentida por la propia Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EE.UU.–, mientras que casi todos se encarnizan ahora contra nuestra investigación. Claramente porque plantea la responsabilidad de la Seguridad del Estado por no haber impedido la matanza.

Da la impresión de que aquí nadie rinde cuentas. La accountability anglosajona ni se conoce ni se la espera por estos lares. Se cuestionan las versiones contrarias, pero no se avanza otra alternativa basada en pruebas, primero contrastadas y luego argumentadas de forma lógica y veraz.

¿Desde cuándo pasa esto? ¿Quién paga la incompetencia y las ineptitudes en materia de seguridad? ¿Alguien les fuerza a ello? ¿Existen, al menos, recursos y vías internas para purgar errores y responsabilidades?

Ocurre desde la dictadura, que impuso la impunidad absoluta de las fuerzas policiales y los mandos políticos ejecutivos. No podemos olvidar que los mismos aparatos de represión policial y judicial del franquismo fueron reconvertidos en fuerzas de seguridad y judicatura supuestamente demócratas sin que rindieran cuentas ni asumieran responsabilidad alguna por sus crímenes anteriores. Hasta se siguió condecorando a torturadores como Billy el Niño (Antonio González Pacheco, que sigue impune y cobrando una extraordinaria jubilación gracias a esas medallas).

Nuestra legislación sigue además arrastrando normas dictatoriales, 40 años después, como la Ley de Secretos Oficiales de 1968 que permanece en vigor porque los gobernantes del bipartidismo la conservaron con el fin de que el oscurantismo de las cloacas del Estado permaneciera impenetrable. Y siguen pagando por ello los mismos de siempre, como si aún padeciéramos un régimen autoritario. 

El uso partidario, la instrumentalización de las víctimas es también otra constante. Y quizás sea la única y verdadera conspiración que haya que desmontar. Tras el 11M, el PP instrumentalizó a la oficialista Asociación de Víctimas del Terrorismo, estigmatizando a la asociación de afectados que encabezaba Pilar Manjón y dando pábulo a la conspiranoia. En el último 17A, la ACVOT (Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas) contraprogramó con un acto paralelo en el que un Viva España rompió el minuto de silencio.

Sí, es cruel, vergonzoso, humillante… incalificable. Enarbolan el estandarte de las víctimas del terrorismo sólo con fines de manipulación política y propagandística: las que han sufrido la barbarie yihadista están desamparadas, mientras se sigue agitando el fantasma de ETA; las que padecieron atentados etarras son utilizadas para acallar a los que piden justicia para sus familiares asesinados o fusilados por el régimen fascista. En el resto de Europa no dan crédito al clima político que se vive en España y que ha alentado el resurgimiento del neofranquismo de Vox. 

El uso y abuso partidario / patriótico no parece ser patrimonio exclusivo del unionismo o nacionalismo español. Los CDR también se congregaron frente a La Sagrada Familia pidiendo que se aclaren los puntos oscuros de la investigación. Todo bien, pero sobre la bandera de Catalunya dejaron un ramo de flores blancas y encima de la bandera española colocaron una máscara negra con las siglas 17-A y una cruz roja sobre la boca. ¿Cómo y cuándo acabará esta guerra de banderas a costa de las víctimas?

Lamentablemente, hay que darle la razón al poeta. Tenemos el corazón helado por tanta ignominia y no se ve salida ni futuro en el horizonte. 

Quienes presumen de haber desmontado tus investigaciones fueron los primeros en culpar a Ada Colau de no haber colocado bolardos de protección en Las Ramblas, desentendiéndose ahora de revelar quiénes debieron haber previsto los atentados, deteniendo y desarticulando una célula que “controlaban” hacía tiempo. Como si esto no bastase, señalan que habrá más munición, nuevas pruebas de incompetencia, esta vez relacionadas con errores de la alcaldía y los Mossos.

¿Están racionando, es decir, sustrayendo a sus lectores información vital en el más estricto sentido del término: básica para seguir vivos la próxima vez que transitemos por la vía pública?

Ya han demostrado demasiadas veces que consideran las “razones de Estado” y la “unidad de la patria” por encima de la vida, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.