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TRIBUNA

Antes de que salga la sentencia

La decisión judicial no es una decisión ‘democrática’. Y no tiene por qué serlo, porque el sistema ‘quiere’ que no sea una decisión política, sino técnico-jurídica

Miguel Pasquau Liaño 9/10/2019

<p>Una imagen de la sala del Supremo durante el juicio al procés.</p>

Una imagen de la sala del Supremo durante el juicio al procés.

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La sentencia que conoceremos, leeremos, analizaremos y comentaremos próximamente, no será un “error” del sistema, sino que “definirá” al sistema. Será la respuesta oficial del Estado, a través del órgano que ha resultado competente para ello, para un conflicto que, si socialmente ha enfrentado posiciones difícilmente conciliables, también ha sido así en el plano jurídico. Esto es indiscutible: al margen de las vísceras y de las emociones, juristas cualificados han ofrecido argumentos técnicos bien elaborados para defender diferentes consecuencias penales para los hechos producidos en el otoño de 2017 en Cataluña. Hemos de presumir que la gran mayoría de esas opiniones son igualmente honestas, es decir, que se ha dicho lo que se pensaba, y no lo que convenía. Pero son inconciliables. Alguien tiene que dar “la” respuesta oficial. Ese “alguien” es una Sección de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por siete magistrados que han presenciado el juicio: han oído a los acusados, a los testigos, han visto las pruebas documentales y periciales, han oído a los fiscales y a los abogados, han deliberado entre ellos, y han llegado a una conclusión, que podrá ser unánime o mayoritaria. Quedarán recursos, ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órganos que tienen su propia competencia para revisarla desde el punto de vista de las garantías y derechos fundamentales; pero la sentencia que conoceremos pronto será la respuesta del Estado español a una pregunta que quedó formulada judicialmente: ¿han cometido delitos los acusados? ¿Qué delitos? ¿Con qué consecuencias penales?

La respuesta que dé el Tribunal Supremo no tiene por qué ser acatada intelectualmente, pero sí debería haber un consenso generalizado sobre el hecho de que ha de ser cumplida. Dicho de otro modo: que el que una parte de los españoles no quede conforme con ella, o que piense que estaba escrita desde el principio, o que es el resultado de un proceso en el que no se han respetado las garantías, no es razón válida (mientras otro tribunal no lo declare así) para minar la autoridad propia de la sentencia, que es el efecto de cosa juzgada. Sé que esto es una obviedad, pero conviene repetirla: en caso de disputa, no hay mejor modo de dar una respuesta que la de ponerla en manos de un órgano predeterminado, profesional, independiente y con instrumentos suficientes como para resistir a toda presión (ya venga de movimientos de opinión, de medios de comunicación, o de otros poderes), y tras el seguimiento de un juicio con igualdad de armas entre las partes. Por eso, como dije al principio, la sentencia no será un “error”. Podrá gustarnos o no, pero será la respuesta oficial. La que vale. 

Sin perjuicio de lo que resulte de los eventuales recursos, la sentencia no perderá autoridad por las críticas que ya ha recibido por anticipado. Me refiero fundamentalmente a la opinión, ampliamente extendida en el ámbito del soberanismo catalanista, de que el Tribunal Supremo no habrá actuado más que como una “pieza” dentro de una estrategia de represión, elaborada fuera de las instancias judiciales, con el objetivo de “defender al Estado”. Permítanme que diga que, por más que podamos ser críticos con las connivencias cortesanas de la cúpula judicial y la cúpula política, sustentar que el Tribunal Supremo es una marioneta de otros poderes (el Gobierno, los partidos, el rey, el IBEX, etc.) es tanto como no enterarse de qué va esto. Los siete magistrados que integran la Sala que va a suscribir la sentencia, y cada uno de ellos, tienen no sólo el derecho, sino también la obligación de resistir a toda presión, y están protegidos en su independencia, con instrumentos eficaces para hacerla valer. Salvo coacciones delictivas que ya sería mucho presumir, cada uno de ellos va a estampar su firma sobre la decisión que considera más correcta desde el punto de vista jurídico, y se va a hacer responsable de ella. Si alguno de ellos firma al margen de su criterio jurídico, estaría defraudando gravemente la confianza que el sistema ha puesto en él: lo que el sistema quiere y espera de cada uno de los magistrados no es que condene a esto o a lo otro, o que absuelva, sino que decida libremente. El criterio que cada uno suscriba podrá ser, obviamente, criticado, pero nunca va a ser sancionado. El único coste personal que puede suponer es la crítica, y no duden que ese coste ya lo tiene amortizado cada uno de los siete magistrados. Es importante por ello tener claro que la sentencia no la va a dictar nadie que no sea la suma de los siete magistrados puestos ahí para tomar una decisión. Esa última frase se puede resumir: se trata de un mínimo de “confianza pese a todo” en las instituciones, sin la que perderíamos toda esperanza como sociedad.

No es un planteamiento ingenuo ni formalista el mío. Es una convicción que juega con la presunción de que cualquier profesional tiene el máximo interés en hacer las cosas bien. El fallo al que llegue la sentencia no será el resultado de un conchabeo, ni de ningún seguidismo, sino el resultado de una deliberación en la que se habrán medido argumentos y unos habrán vencido a otros.

El fallo al que llegue la sentencia no será el resultado de un conchabeo, ni de ningún seguidismo, sino el resultado de una deliberación en la que se habrán medido argumentos y unos habrán vencido a otros

Es cierto que, dada la indefinición de los términos legales que describen los delitos concernidos (“alzamiento violento” –para la rebelión– y, sobre todo, “alzamiento tumultuario” –para la sedición–, dejan abierto un margen para la voluntad. Quiero decir que la sentencia no será sólo la conclusión de un silogismo lógico perfecto: habrá detrás, también, una decisión sobre si la magnitud, finalidad y alcance de los hechos juzgados “deben” calificarse de un modo que permita un castigo como el previsto en el Código Penal para esos delitos. Al ser términos indefinidos, podrán estirarse si se quiere condenar, y podrán comprimirse si se quiere absolver. La acusación ha dado argumentos para estirar, y la defensa ha dado argumentos para comprimir. El Tribunal no va, simplemente, a “constatar”, sino que tiene que valorar, y en esa valoración, sí, puede influir la percepción de cada magistrado sobre la gravedad y/o anormalidad de las conductas enjuiciadas. Pero esto no es, en absoluto, la primera vez que ocurre. Es infantil escandalizarse de que el código no dé una única respuesta posible, y que la sentencia, por tanto, requiera un “acto de voluntad”. La cuestión está en que esa voluntad ha de resistir la crítica jurídica, y que eso lleva a una “comparación de argumentos”. Seguramente esa comparación será inevitable una vez que la sentencia sea publicada y leída: nada puede impedir que algún jurista formule una argumentación que considere mejor y que conduzca a una respuesta diferente. Ese debate intelectual y técnico posterior a la sentencia será saludable. Pero no mermará, insisto, la autoridad de la sentencia: un Estado de Derecho se caracteriza, entre otras cosas, porque alguien ha de tener la última palabra, y la “validez” de esa última palabra no queda a expensas de que convenza a un número mayor o menor de ciudadanos. En ese sentido, podemos decir que la decisión judicial no es una decisión “democrática”. Y no tiene por qué serlo, porque el sistema quiere que no sea una decisión política, sino técnico-jurídica. Su legitimidad proviene del hecho de que la ley ha atribuido a un órgano determinado la competencia para decidir, y para hacerlo con arreglo a un código de normas que el Parlamento, y no los jueces, ha aprobado.

Discúlpenme quienes vean en estas disquisiciones poco más que un conjunto de obviedades. Una vez que leamos la sentencia podremos discutir sobre si nos convence o no el relato de hechos que el Tribunal haya considerado probado respecto de cada uno de los acusados, o sobre la interpretación que el Tribunal formule de los términos “alzamiento violento” y “alzamiento tumultuario”, así como, especialmente, sobre la “calificación” que, de los hechos probados, haga el Tribunal, encajándolos o no en uno u otro tipo penal. Esa discusión a posteriori será muy importante. No habrá objeción alguna para poder manifestar desacuerdo: el efecto de cosa juzgada se limita a asegurar la ejecución de lo resuelto, pero no otorga santidad intrínseca a la sentencia. De momento, en la espera, bueno es saber que estamos a punto de conocer cuál es la respuesta oficial del Estado español a preguntas importantísimas que se han formulado a lo largo del proceso judicial, que permitirá contar con un “mapa” de los límites penales de la acción política desde las propias instituciones y de los límites penales a las movilizaciones sociales de apoyo o promoción de iniciativas declaradas nulas por decisiones judiciales previas, o de protesta frente a otras decisiones adoptadas.

No me digan que no es como para estar atentos a una sentencia tan importante. 

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Autor >

Miguel Pasquau Liaño

(Úbeda, 1959) Es magistrado, profesor de Derecho y novelista. Jurista de oficio y escritor por afición, ha firmado más de un centenar de artículos de prensa y es autor del blog "Es peligroso asomarse". http://www.migueldeesponera.blogspot.com/

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13 comentario(s)

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  1. Sebastian Nowenstein

    Bueno, esto no son obviedades, esto es una ficción. El autor confundie la narración que acompaña a todo sistema judicial y la realidad, sobre todo la española...

    Hace 2 años 1 mes

  2. archivista

    Usted lo ha dicho, Señoría: la sentencia “definirá” el sistema. En la medida en que llenará de contenido el concepto hasta ahora difuso de “alzamiento tumultuario”, no podrá estar interpretando la ley, sino creándola. “Definirá” qué se puede hacer, qué se puede decir y quién puede. Es un acto intrínsecamente político, por más que venga revestido de retórica jurídica. Hay mucha distancia entre nuestro tribunal supremo y el “velo de ignorancia” de Rawls. Su artículo no intenta seriamente salvarla. El problema que me parece que usted no ve, Señoría, es que no se trata de que el tribunal supremo sufra presiones, u obedezca consignas. La sentencia no estaba “cantada” antes de empezar por eso, sino por quiénes forman la sala y porqué.

    Hace 2 años 1 mes

  3. Clementina

    Dificilmente se puede acatar una sentencia condenatoria despues de haber visto el juicio, en el que apesar de todos los intentos de las fiscalias no se pudo demostrar la violencia. Y para ver eso no hace falta ser juez

    Hace 2 años 1 mes

  4. Despensionado

    La clave que desmonta cualquier argumento para defender la sentencia que emita el TS es que se falta a la verdad al suponer "independencia" (curiosamente) a los órganos que investigan, que acusan y, finalmente, al TS que juzga. Ésos y no otros son los problemas que hacen injusta cualquier resolución que tomen, incluso la libre absolución (que, por supuesto, no van a conceder).

    Hace 2 años 1 mes

  5. LuisPedro

    Tiene muuuchos bemoles leer esto: "sustentar que el Tribunal Supremo es una marioneta de otros poderes (el Gobierno, los partidos, el rey, el IBEX, etc.) es tanto como no enterarse de qué va esto" En un país en el que el mayor asesino, el golpista que tras ello inició una guerra civil es votoreado, ensalzado, defendido,... sin que ningún SUPREMO ni ningún juez haya dicho esta boca es mía. Gora Altsasukoak !!

    Hace 2 años 1 mes

  6. cocose

    "Ha sido una jugada estupenda". El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, resume con estas palabras el reparto que el PP y el PSOE han hecho en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, según la cual, los populares controlarán la sala segunda del Tribunal Supremo "desde detrás". "En otras palabras, obtenemos el mismo numéricamente pero ponemos un presidente excepcional (Manuel Marchena), un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas que las votaciones no sean 11-10, sino cercanas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61 " Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado

    Hace 2 años 1 mes

  7. Nolodigo

    Absolutamente VERGONZOSO. Legalismo barato de la peor especie, defendiendo el Estado de Derechas y diciendo que las sentencias de sus tribunales de Injusticia han de respetarse. No señor. En España no se ha de cumplir sentencia alguna porque no hay NINGÚN PODER LEGÍTIMO. Y no los ha habido desde que cerró el gobierno de la República en el exilio.

    Hace 2 años 1 mes

  8. Aramis

    El autor se desmonta él mismo en el artículo defendiendo la idea del principio de autoridad por encima del imperio de la ley en un discurso flojo, difuso y lánguido basado en la disyuntiva del Poder Judicial o el caos. Es de reconocer que defender el principio de la Independencia del Poder Judicial en un país donde las encuestas arrojan una desconfianza en la potestad judicial de más del 70% de la población; es misión imposible. Sin embargo, en autor nos regala la palabrería de costumbre para convencer sobre aquello en lo que pocos creen. Ya de entrada el autor, ni siquiera reconoce que su punto de vista es inválido, por parcial, aunque bajo el aspecto de hombre de paz argumenta con voluntad sobre conceptos marchitos, tales como «acatar», «independencia» o «igualdad», para después practicar el slalom conceptual por la ladera del «error» y la infalibilidad de la autoridad en puro discernimiento de conveniencia. Y es que los que no se enteran de qué va esto son para el autor almas analfabetas, seres irracionales que desconocen las bondades del orden de la buena autoridad y la conveniente sumisión al orden establecido. Su ignorancia parece que puede convertirles a todos en potenciales rebeldes que no confían en el sistema, ni aprecian el supremo sacrificio del Poder Judicial resistiendo toda presión racional o irracional, de género o de bancos; de derechas unas y de derechas otras, etc. Nuestro Poder Judicial se dibuja en el texto a la sombra del viejo Estado Franquista, como el último garante planetario contra el caos y la masonería; sin conchabeos, ni seguidismos; impasible el ademán; siempre deliberante sin sanción, ni coste. Impecablemente imparcial. El idealismo del autor es tan patente en el texto como su lejanía a la realidad, y tan sesgado que en ningún momento concibe la justicia como principio de armonía, equilibrio y equidad. Conceptos que ni siquiera existen en su alegato contra el caos ignorando inexcusablemente que toda autoridad sin equidad se califica en la historia como tiranía.

    Hace 2 años 1 mes

  9. Joan

    ¡Qué escandalazo, Sr. “viaje_itaca”, que un juez pueda ser de un partido! ¿Cómo se puede consentir? Digo yo que también los habrá de otros partidos, sin que eso tenga que condicionar su aplicación de las leyes; y en todo caso, está para eso el proceso de recursos a tribunales superiores. Le recuerdo que fue precisamente el Molt Honorable Lladre quien se preguntó sin sonrojarse por “esos jueces que no son de los nuestros”. Me alucina también que se rasgue vd. las vestiduras por la corrupción de un sistema judicial de siglos pasados ¿qué pretende demostrar con eso? Pero, visto su alias, ya se comprende que vd. sin duda prefiere el modelo de justicia de la famosa “Vidala”, con su Poder Judicial nombrado directamente por el Ejecutivo y con sus decisiones intocables para ninguna instancia judicial. El modelo pretendido para la pretendida Republiqueta de Tractoria. Vamos, que no hay color.

    Hace 2 años 1 mes

  10. zyxwvut

    Éste es uno de losmotivos por los que la imperfecta democracia existente en España, y la profesionalidad con la que el TS ha eludido todos los intentos del secesionismo por ridiculizar el sistema jurídico, lo hacen mil veces superior al engendro diseñado en las llamadas "leyes de desconexión" que los neogolpistas pretendían imponer en Cataluña. La retransmisión en directo del juicio ha dejado al secesionismo, sus chulerías, demagogias y payasadas, retratado. Ahora que vayan al TEDH, asesorados por ese "cerebro" jurídico del señor Boye, a ser posible.

    Hace 2 años 1 mes

  11. viaje_itaca

    Por favor, señor Pasquau: no sea usted ridículo. Los tejemanejes entre el poder ejecutivo y judicial han llegado al punto de que el Tribunal Constitucional ha estado presidido por un militante de carné del PP. Juez y parte, en España la justicia, básicamente en sus altas esferas, está llena de gente que ha ascendido gracias a su connivencia con el poder político en detrimento de los compañeros que podían alegar méritos de verdad, no es creíble. Bueno, uno se cayó porque lo pillaron conduciendo borracho. No sé cómo se arregla una justicia podrida, pero no vale. Podría consultar usted obras como El Nacimiento de la Mafia, VVAA, Editorial Swing, sobre la corrupción galopante de la justicia en una monarquía regida, por cierto, por la dinastía Borbón, Sicilia, y sus consecuencias sociales. No vale taparse los ojos y decir que todo er mundo es güeno. Ya no somos niños.

    Hace 2 años 1 mes

  12. Pep

    "Permítanme que diga que, por más que podamos ser críticos con las connivencias cortesanas de la cúpula judicial y la cúpula política, sustentar que el Tribunal Supremo es una marioneta de otros poderes (el Gobierno, los partidos, el rey, el IBEX, etc.) es tanto como no enterarse de qué va esto". Exacto, el articulista, en efecto, no tiene ni la más pajolera idea de qué va esto. A no ser que este sea otro artículo de esos de broma, ¿no? (¡Qué nivelazo intelectual!)

    Hace 2 años 1 mes

  13. luis carlos palacio londoño

    "Si alguno de ellos firma al margen de su criterio jurídico, estaría defraudando gravemente la confianza que el sistema ha puesto en él." No puede haber salvamento de voto ??

    Hace 2 años 1 mes

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