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Al fondo, de frente, un tribunal. Miembros de una Sala a la que han llegado después de una larga trayectoria profesional. No es un mal árbitro. Es verdad que la cúpula judicial está permanentemente bajo sospecha en este país por la permeabilidad política de los nombramientos (a través del Consejo General del Poder Judicial, que los designa de manera discrecional), por unas desafortunadas manifestaciones de un senador sobre el control de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por su partido, y, en definitiva, por la cercanía (incluso geográfica) de sus miembros con los centros de poder de la Villa y Corte de Madrid. También es verdad que para atribuirles la competencia para la instrucción y el enjuiciamiento en primera instancia hubo que interpretar, en mi opinión, de manera forzada, las reglas sobre competencia y aforamiento. Pero, francamente, no es un mal árbitro, y esto no lo digo de manera obsequiosa.

Los medios han hecho y seguirán haciendo un análisis sobre el perfil y la procedencia de los jueces que componen el tribunal. La asociación a la que pertenecieron, los vocales del Consejo que los votaron, si son “conservadores” o “progresistas”, lo que dicen de ellos otros jueces, lo que afirmaron en una conferencia o en un artículo doctrinal. Es inevitable. Pero no les hagan demasiado caso. Cada juez tiene su ideología, pero es reacio a las servidumbres y al seguidismo. El proceso de discernimiento propio de un juicio tiene sus especiales características. Se entra con prejuicios (los jueces no son ángeles), cada cual se habrá hecho una idea en su casa, leyendo periódicos, hablando con su familia y amigos, pero no vienen con la decisión tomada, eso es seguro, porque son profesionales y han tenido muchas experiencias en las que han salido con una convicción diferente a la que tenían cuando entraron. Ni siquiera van a sentirse condicionados por el hecho de que un compañero con el que probablemente tengan una buena relación haya concluido en la instrucción que hay materia delictiva: al fin y al cabo, el tribunal ya ha refrendado ese criterio que sólo consiste en que es necesario un juicio. Si me aprietan, incluso diría que tienen bien servida la excusa de que desde el punto de vista de la reacción del Estado frente a un importante reto ya ha tenido una respuesta: la prisión provisional y el juicio mismo; la ruptura institucional ya ha tenido sus consecuencias judiciales. La sentencia absolutoria no sería un fracaso ni una desautorización de ningún tipo: al contrario, desmontaría en un instante la insidiosa sospecha de que la suerte está echada desde el principio, y cobrarían un premio en monedas de imparcialidad demostrada. No crean que no es poco premio, tal y como están las cosas.

En todo caso, hace falta un árbitro. Sin alguien que tenga la última palabra, todo es palabrería. Sin un árbitro, sólo queda un clamor difuso formado por infinitesimales árbitros que no dudan de su criterio, y cuya suma conforma un clamor difuso y no fácilmente comprensible. No habiendo conformidad, alguien tiene que decidir. Y no hay Estado que no tenga un Tribunal Supremo, se llame como se llame. Al árbitro puede criticársele, incluso insultársele, pero ha de reconocérsele la facultad de decidir, porque la alternativa sería trágica. Si nos fijamos en los árbitros del fútbol, encontramos un magnífico ejemplo de autoridad: su autoridad no se basa en que los jugadores y el público les rindan pleitesía, ni en que no puedan aproximársele en un radio de equis metros: consiste cabalmente en que si señalan penalti (VAR mediante), el penalti se tira, aunque toda la grada se eche las manos a la cabeza. Es mejor un árbitro que un referéndum para tomar determinadas decisiones.

Un poco de confianza institucional en el tribunal no es ingenuidad, sino más bien la expresión de una exigencia: “confío en usted, luego usted tiene una responsabilidad”. No creo que las defensas caigan en el error de desautorizar al tribunal, porque ahora mismo el tribunal es, para ellas, una garantía. Una garantía de que no van a decidir los editoriales de los periódicos, ni los locutores de la mañana, ni los secretarios generales de un partido, ni los trending topics, ni un ministro, ni la corte del rey, ni ningún relator, sino unos jueces expertos en tomar decisiones difíciles, no pocas veces contracorriente. No creo, insisto, que las defensas se dirijan a ellos como si fueran el enemigo, o como un trámite previo para acudir en su día a otro árbitro, ubicado en Estrasburgo: si creen en sus argumentos, tienen ahora una oportunidad de convencerles. O parten de esa convicción, o están perdidos de antemano.