Miércoles 9 de octubre de 2019: salimos de casa a las 10 de la mañana en un clima muy tenso camino de la gran manifestación convocada por diversas organizaciones sociales en el centro de Quito. La ciudad, y prácticamente el país entero, lleva siete días paralizada entre protestas populares y represión policial y militar. La escalada de violencia está siendo permanentemente azuzada por un Gobierno decidido a no dar marcha atrás ni en las medidas que provocaron la movilización ni en el uso de la fuerza contra la población.

En estos siete días de protesta los acontecimientos se han sucedido rápidamente. Mientras las manifestaciones se mantenían desde el pasado jueves en la capital y en otras ciudades, impulsadas por diversos colectivos, y muy en particular por estudiantes, a lo largo del fin de semana las comunidades indígenas comenzaron a movilizarse contra el paquetazo y a avanzar hacia Quito. El lunes día 7 empezaron a entrar en la capital, donde los movimientos sociales habían organizado 13 centros de acopio de alimentos para recibir a los más de 20.000 indígenas que poco a poco iban llegando a una ciudad prácticamente paralizada. Mientras, en el resto del país la protesta se extendía: 98 vías cerradas, 9 provincias sin servicio de transporte, las Gobernaciones de Bolívar y Morona Santiago tomadas por el movimiento indígena, cierre de mercados y desabastecimiento en muchos lugares. 

El protagonismo del movimiento indígena se refleja en la extensión de la movilización a territorios fundamentales para el país como son las seis provincias amazónicas donde están las instalaciones petroleras

La respuesta del Gobierno ante la expansión de la protesta y el levantamiento popular se mantuvo en la línea de la militarización del país. La imagen de las tanquetas militares entrando en el centro de la capital evidenciaba una dinámica de represión violenta en ascenso, amparada en el estado de excepción declarado desde el mismo momento del inicio de las manifestaciones. El lunes 7 de octubre se hizo público un primer informe elaborado por diversas organizaciones de derechos humanos donde se daba un primer balance de heridos y detenidos, que solo hasta ese día y en el conjunto del país ascendía a 500 personas. Muchas de ellas, según este informe, habían denunciado al ser liberadas malos tratos, golpes y amenazas en dependencias policiales, así como incomunicación y vulneración de sus derechos fundamentales. 

En paralelo a la estrategia de represión, dirigida por el anciano ministro de Defensa (nueva cara visible del gabinete), Oswaldo Jarrín, y por la ministra del Interior, María Paula Romo, el Gobierno adoptó una estrategia de repliegue institucional, manteniendo la negación radical de la posibilidad de una retirada de las medidas adoptadas, así como la criminalización de la protesta. La bunkerización del Gobierno comenzó el lunes 7 con la evacuación del Palacio Presidencial y de la Asamblea Nacional, y poco después el presidente decidió trasladar el Gobierno a la ciudad de Guayaquil, bastión de las élites económicas. 

En paralelo, la Corte Constitucional, en una decisión más que cuestionable desde el punto de vista jurídico, afirmó la constitucionalidad del decreto de Estado de excepción, visibilizando el cerrojo institucional alrededor del Gobierno. La imagen del día fue la comparecencia en medios del presidente, Lenín Moreno, flanqueado por el ministro de Defensa, el vicepresidente y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La nueva estrella del Gobierno, el ministro de Defensa, ya había avisado de que el ejército del Ecuador estaba preparado para defender su “honor” frente al pueblo ecuatoriano, en un discurso propio de los años setenta, que trajo a la memoria imágenes trágicas de momentos no democráticos. 

Marchas indígenas

La tensión fue ascendiendo a medida que las marchas indígenas entraban en Quito. El martes 8 por la mañana, el edificio vacío de la Asamblea Nacional era ocupado por los manifestantes. Las detenciones se sucedieron y se produjeron 83 casos de retención policial irregular, con malos tratos y violencia generalizada. Horas después, el Gobierno decretó el toque de queda en todo el país, que prohíbe circular entre las ocho de la tarde y las cinco de la mañana en áreas cercanas a edificios estratégicos y en otros lugares que defina el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

A lo largo del día se iba conociendo el balance de esta sexta jornada de movilización: dos muertos; represión contra niños, mujeres y ancianos en centros de acopio de alimentos, ubicados en distintos puntos de la ciudad de Quito para apoyar al movimiento indígena; allanamiento y cierre de radios no oficialistas; detenciones arbitrarias de periodistas y cargos públicos, amenazas explícitas a políticos de la oposición…

Mientras todo esto ocurría, las cadenas nacionales (públicas y privadas) repetían incesantemente el mantra gubernamental, basado en un doble mensaje: las medidas antisociales son necesarias y los manifestantes son golpistas violentos. En este sentido, la estrategia de criminalización empezó a alimentarse con la vieja táctica de señalar a un culpable, en esta ocasión, y como viene siendo habitual, el expresidente Rafael Correa. Los portavoces del Gobierno difundieron una versión de los hechos según la cual las manifestaciones habían sido orquestadas por el expresidente, en coalición con Maduro y desde Venezuela. Esta teoría de la conspiración ha sido en cierta medida adoptada por la Organización de Estados Americanos, que emitió una nota avisando contra “cualquier interrupción del gobierno de Moreno” y sin una sola crítica a la actuación represiva de este. En cambio, otras organizaciones e instituciones internacionales (el Grupo de Puebla, relatores de Naciones Unidas, Clacso y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) han expresado su preocupación y han exhortado al Gobierno a interrumpir de inmediato la dinámica represora y a respetar los derechos humanos. 

La voluntad de criminalizar al correísmo responsabilizándolo de la organización de las protestas, no se sostiene. Aun cuando el apoyo y la participación del brazo político de Correa en la movilización social es evidente, el protagonismo indudable del levantamiento lo tiene el movimiento indígena y un amplio conjunto de organizaciones sociales, estudiantes, feministas y personas hastiadas de dos años de medidas antisociales y empobrecedoras. 

El protagonismo del movimiento indígena se refleja en la extensión de la movilización a territorios fundamentales para el país como son las seis provincias amazónicas donde están las instalaciones petroleras. Con este poderoso movimiento, la CONAIE está difundiendo de manera continuada un mensaje claro: “De acá no nos vamos hasta que el FMI no se vaya”, que coincide con el mensaje de los distintos colectivos sociales que iniciaron las protestas en Quito. Además del rotundo no al FMI, el movimiento indígena ha pedido condiciones para cesar la movilización, como la retirada de las medidas antisociales, la derogación del decreto del estado de excepción y el toque de queda y la inmediata destitución de los dos ministros que han encabezado la represión, María Paula Romo desde Interior y Oswaldo Jarrín desde Defensa.

En este escenario, desde el martes 6 por la tarde se suceden las reuniones entre el Gobierno y diversos líderes indígenas y sindicales para intentar pactar una salida. Estos encuentros están siendo auspiciados por “mediadores” como la misión de Naciones Unidas en Ecuador y la Conferencia Episcopal. En estos momentos siguen las negociaciones, pero no cesa la movilización. Todo puede suceder en las próximas 24 horas. El pueblo de Ecuador está en pie por sus derechos.