Subir o bajar los impuestos, y a quién aplicárselos. En periodos electorales, la cuestión fiscal se vuelve especialmente sensible para partidos y electores. Un ámbito que exprimen los equipos de propaganda de las formaciones políticas para rascar puntos en los comicios, pero que muchas veces se descontextualizan para imponer intereses de parte. Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre en el ámbito europeo.  Según cifras publicadas recientemente por Eurostat y armonizadas para todos los países de la Unión Europea, España aún tiene una presión fiscal en términos de recaudación casi cinco puntos inferior a la media regional. 

De esta forma, si a cierre de 2018 la suma de impuestos y contribuciones sociales representaba en nuestro país un 35,4% del Producto Interior Bruto, en la Europa comunitaria de los veintiocho esta proporción superó el 40%.

Las cifras desagregadas del portal estadístico comunitario también permiten conocer cómo se distribuye está recaudación entre los distintos tipos impositivos. Así, las tasas sobre la producción y la exportaciones en España representan un 11,9% del Producto Interior Bruto, frente al 13,6% de media que existe para esta partida en la Unión Europea de los veintiocho. 

En el caso de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, los ingresos fiscales del país durante 2018 significaron un 10,6% del PIB, 2,6 puntos menos que el conjunto europeo. Estos, a su vez, se desagregan en dos partidas: las tasas sobre ingresos individuales o familiares, cuya recaudación supone un 7,8% del Producto Interior Bruto en España, frente al 9,5% de la UE; y  los impuestos sobre los beneficios empresariales, que en España generan ingresos por valor del 2,5% del PIB, apenas 0,2 puntos por debajo de la media comunitaria.

En último lugar, las contribuciones sociales netas –las de la Seguridad Social– generaron ingresos como porcentaje del PIB del 12,4%, frente al 13,3% de la media de la Unión Europea. 

En comparación con ejercicios anteriores, durante 2018 el peso en la contabilidad nacional de los impuestos creció 0,7 puntos respecto del año anterior, pero aún está casi dos puntos por debajo de los registros de 2007, justo antes del inicio de la crisis. Durante ese año, los ingresos por la presión fiscal significaron un 37,3% del PIB en el país, la cifra más alta desde que hay registros.  

Si bien algunos de estos porcentajes dependen en parte de otros factores coyunturales de la economía como las tasas de empleo, organizaciones como Oxfam Intermón han denunciado en los últimos tiempos la baja capacidad del sistema fiscal español para redistribuir la riqueza, situándolo entre los más deficientes de la UE.  

La ONG señala, por ejemplo, que mientras que en España los impuestos son capaces de reducir la desigualdad de mercado en un 30%, en Europa la media se acerca al 40%. En el caso de la renta disponible de los hogares, la única tasa con capacidad para reducir la inequidad es el IRPF (8%), mientras que el resto de gravámenes la incrementan en un 5%.

En este sentido, Oxfam advierte que los cambios en la distribución de la presión fiscal de los últimos años guardan una relación directa con el aumento meteórico de las tasas de pobreza, desigualdad y exclusión en el país: en 2016, el Impuesto de Sociedades supuso el 12% de la recaudación fiscal total del Estado, diez puntos menos que en 2007 que han recaído mayoritariamente en las familias.  

También recientemente, el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) ha señalado que nuestro país arrastra un déficit cercano a los 58.900 millones de euros en recaudación fiscal si se usa como referencia la media europea en este ámbito. Entre los motivos, apunta la organización, se encuentran la economía sumergida, la elusión de las grandes fortunas o la falta de progresividad en la renta.