La población reclusa sufre, en un grado desproporcionado, problemas complejos de salud. Además, durante los primeros días tras la excarcelación el riesgo de suicidio o consumo de drogas aumenta de forma proporcional. Sin embargo, la información sobre el estado de salud de las personas encarceladas es deficiente y escasa, y en muchas ocasiones se desliga del propio desarrollo de políticas públicas. Así lo asegura un estudio realizado en 39 países europeos y que ha publicado la Organización Mundial de la Salud, donde se advierte que esta situación no solo afecta al ejercicio efectivo de los derechos de los reclusos, sino a la sociedad en su conjunto.

Según el documento, la instauración de una sanidad monitorizada y de buena calidad en las prisiones, donde se incluyan métodos preventivos y de seguimiento, es una herramienta especialmente eficaz para mejorar la alfabetización en salud y para promover hábitos saludables de vida en personas que, en su inmensa mayoría, solo pasaran un periodo corto de tiempo en prisión.

Es decir, que pronto se reinsertaran en una sociedad donde los familiares y la propia comunidad también se ven afectados por el sistema de salud que esté instaurado en las cárceles. De su eficiencia, asegura la OMS, depende también la capacidad para luchar con problemas de desigualdad enraizados en la sociedad: aquellos que, por situaciones de exclusión, no han podido disfrutar de un acceso a la salud estando en libertad, tienen la oportunidad de recibir tratamiento en un espacio donde la universalización del servicio esté garantizada.

Frente a esto, los datos de la OMS dejan claro el abandono y desinterés por lo que ocurre tras las paredes de las prisiones en gran parte de Europa. Solo 16 de los 39 países que participaron en la encuesta de la organización pudieron ofrecer datos sobre el número de personas mayores de 65 años que hay encarceladas en sus centros penitenciarios.

Todavía memos, ocho, son los que poseían estadísticas sobre el porcentaje de personas encarceladas que pertenecen a una minoría étnica, mientras que solo en 9 existía información sobre el número de mujeres encarceladas.

En las cifras relativas a la salud, un tercio de los países aseguró que no hace ningún tipo de chequeo bucal en el momento del ingreso en prisión, y solo la mitad de los Estados tiene protocolos relacionados con la prevención de muertes por sobredosis tras la excarcelación.

Pese a esto, los datos que ha recopilado la organización internacional arrojan también cierta luz sobre la realidad que atraviesan las cárceles de la región en asuntos como la salud mental, el tratamiento de las adicciones o las afecciones por enfermedades infecciosas.

En el primero caso, destaca el altísimo porcentaje que representa el suicidio dentro de las causas de muerte que se producen en prisión. En España, hasta el 14,8% de los fallecimientos registrados en sus cárceles ocurrieron por este motivo, una tasa que incluso se sitúa por encima la media del resto de países analizados, del 13,5%.

En el otro extremo, nuestro país destaca en el monitoreo y la detección de enfermedades de trasmisión sexual, instaurado en todas las prisiones, o en los distintos tratamientos contra la drogodependencia que se ofrecen en los centros de internamiento.

Durante 2018, la media diaria de personas encarceladas en Europa ascendió a 1,5 millones de personas, aproximadamente un 15% de la que existe en el mundo. Sin embargo, se calcula que hasta 6 millones de personas pasan cada año por prisiones de la región, lo que demuestra el alto grado de rotación y la levedad de muchas de las condenas pese a la ola de populismo punitivo que ha terminado, por ejemplo, con la instauración de la cadena perpetua en España.

Por último, y aunque Europa también es la única región del mundo donde ha descendido el ratio de encarcelamiento desde el año 2000 –187 prisioneros por cada 100.000 habitantes–, todavía mantiene una proporción de personas privadas de libertad por encima de la media mundial.