Hoy en día a nadie se le escapa la existencia del éxodo rural. Lo que empezó con migraciones más o menos intensas hacia los principales focos industriales del país hoy es una brecha difícil de salvar. Pero ese flujo no se da sólo entre regiones, con sumideros en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, sino que se da, también y quizá de forma más disimulada, dentro de nuestra propia región.

Desde 1996, Castilla-La Mancha ha aumentado su población en 314.278 personas. Sin embargo, de entre sus 919 municipios, 690 la han perdido. En estos 22 años hemos pasado de tener 176 municipios con menos de 100 habitantes a 260, y de tener 7 municipios con menos de 20 a 33. Es un ejemplo claro de despoblación rural. Pero este proceso representa mucho más que la propia pérdida de habitantes, es un drama tanto social como económico.

Debemos ser conscientes de que cuando un municipio no tiene una masa crítica suficiente es difícil contar con servicios tan accesibles en el medio urbano, como una peluquería, un quiosco o una panadería, y dificulta enormemente el acceso a las nuevas tecnologías, que hoy por hoy se podrían catalogar como un servicio básico.

Sin embargo, debemos ser capaces de mirar más allá de las cifras globales. Dentro de esos datos se camufla una realidad, si cabe, más sangrante, y es que de entre los municipios que pierden población, el 68,8% pierde más mujeres que hombres. Este hecho ahonda en la masculinización de esas poblaciones y dificulta enormemente el futuro del medio rural. Por ello es tan importante la ley del Estatuto de las Mujeres Rurales, que esperamos sea una herramienta que empuje hacia la igualdad en un entorno tan importante para Castilla-La Mancha.

Contra la despoblación es imprescindible crear un ecosistema favorable para que la gente viva en los pueblos, no es suficiente con desearlo y lamentarse si no ocurre. Desde la Administración no podemos aceptar con normalidad el despoblamiento y la desaparición de nuestros pueblos. Debemos usar todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance, y crearlos si es preciso, para frenar y revertir este proceso. Los próximos años se nos presentan cargados de oportunidades para avanzar en este objetivo. Entre esas oportunidades estará la nueva ley de Desarrollo Rural y contra la Despoblación, que verá la luz a lo largo de estos años y que tendrá como objetivo principal crear el marco para favorecer el desarrollo socioeconómico en el medio rural y así poder fijar población, porque es de eso de lo que hablamos.

Sin embargo, esta nueva ley tampoco será suficiente. Debemos afrontar este reto con todas nuestras herramientas y es ahí donde creo que debe entrar la nueva Política Agraria Común (PAC). Estamos inmersos en las negociaciones, tanto a nivel europeo como español, para crear un nuevo contexto para los próximos siete años. Es el momento de poner sobre la mesa este reto demográfico y plantear soluciones que orienten las ayudas hacia el objetivo de frenar la despoblación, reforzando medidas como las ayudas acopladas o priorizando a los habitantes del medio rural, por ejemplo.

Y, sin duda, para afrontar el reto, es necesario contar con la opinión de los habitantes de nuestros pueblos. Deben ser ellos los verdaderos actores del desarrollo rural, y cualquier iniciativa que pretenda avanzar en las soluciones deberá contar con ellos.

Esta vez tenemos que acertar.

Nos va en ello la vida de nuestros pueblos.

––––––

Francisco Martínez Arroyo es consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.