En el siglo XIX, el Código Civil y el Penal establecían que la autoridad del marido debía obedecerse automáticamente por parte de la mujer, recibiendo castigos penales si no lo hiciese. El adulterio de las mujeres podía implicar de dos a seis años de prisión, pero en el caso de los hombres no se lo consideraba como delito, a no ser que tuviera otra concubina en el hogar conyugal. En Europa, este tipo de derecho matrimonial persistió hasta la segunda mitad del siglo XX y fue eliminado en Alemania occidental recién en 1976, en España en 1980 y en Suiza en 1988. Las agresiones sexuales aún se consideraban como “delitos contra la honestidad” en el Código Penal español hasta 1989 y en Gran Bretaña no se declaró ilegal la violación marital hasta 1991.

La segunda ola feminista en los años setenta logró desprivatizar lo que hasta entonces se consideraban cuestiones exclusivas del ámbito íntimo: “Lo personal es político”. La lucha del movimiento de mujeres develó las estructuras de dominación que coaccionan la socialización de los géneros y la sexualidad. La violencia de género, las violaciones y el acoso sexual adquirieron nombre propio en numerosos estudios, en la opinión pública y en la legislación. A partir de entonces se insistió en la idea de que se trataba de una violencia estructural, como parte de relaciones patriarcales. Si sucesivas generaciones de mujeres –nuestras madres, nuestras abuelas– habían tenido que aceptar y naturalizar las agresiones, en especial aquellas que se producían en el ámbito familiar o de la pareja, la lucha del movimiento de mujeres abrió el camino para que se pudiera hablar en voz alta y articular respuestas colectivas. En pocos años, la violencia hacia las mujeres se tipificó en códigos penales y se aprobaron nuevas leyes específicas en distintos países.

En muchas ocasiones, cuando se conoce un nuevo feminicidio se pone en marcha una maquinaria perversa que carga las culpas sobre la víctima, mientras instrumentaliza el dolor de sus familiares y amigos

Con el avance del neoliberalismo, sin embargo, el tratamiento de esta cuestión por parte de organizaciones feministas institucionalizadas, el Estado y las ONG tendió a separar la llamada violencia doméstica de otras violencias del sistema. La violencia de género se incorporó en los temarios de los organismos internacionales y aparecieron importantes fundaciones privadas dispuestas a financiar grandes proyectos. La fundación FORD fue una de las pioneras en invertir sumas millonarias en proyectos sobre violencia de género, imponiendo una marcada moderación ideológica en las investigaciones que promovía. Desde el Banco Mundial se promovieron estudios para advertir de que la violencia de género incentivaba el ausentismo laboral y reducía la productividad y ganancias de las empresas. Se podía hablar de la violencia hacia las mujeres, siempre y cuando no se hablara del capitalismo y sus violencias. De este modo, el movimiento de mujeres abandonaba las calles para recluirse en la gestión de programas de prevención y en las ONG especializadas. Al mismo tiempo, se producía una excesiva judicialización del tema, buscando resolver con respuestas penales individuales lo que era el fruto de un profundo fenómeno social. El tratamiento mediático del asesinato de las jóvenes de Alcàsser, en 1992, marcó lo que sería desde entonces una modalidad de espectacularización y revictimización de las mujeres. En muchas ocasiones, cuando se conoce un nuevo feminicidio se pone en marcha una maquinaria perversa que carga las culpas sobre la víctima, mientras instrumentaliza el dolor de sus familiares y amigos para pedir condenas más duras. Los sectores más conservadores intentan utilizar la conmoción por cada nuevo asesinato para fortalecer los instrumentos represivos del Estado. Este mecanismo se ha definido como punitivismo. El dolor de familiares y amigos de las víctimas es comprensible, tanto como su deseo de justicia, pero si la fuerza del movimiento de mujeres en las calles se canaliza hacia una estrategia que pone el eje en exigir al Estado capitalista penas más duras para los agresores –el mismo Estado que garantiza la reproducción del patriarcado, que expulsa a los inmigrantes y reprime a los activistas–, se termina legitimando ese aparato de dominación y se crea la ilusión de que con castigos individuales se puede terminar con la opresión hacia las mujeres. 

La antropóloga Rita Segato estudia la cuestión de la violencia hacia las mujeres desde una postura antipunitivista y asegura que no se puede poner fin a estos flagelos ni con la ley ni con la cárcel, lo que hay que cambiar es la sociedad: “Querer detener este tipo de crímenes con cárcel es como querer eliminar el síntoma sin eliminar la enfermedad”. Después de haber trabajado durante años investigando el sistema carcelario, Segato afirma que la cárcel es “una verdadera escuela de violadores” y señala que, en países con una legislación más dura, los crímenes no han descendido. La antropóloga también ha advertido de los peligros de “linchamiento” en redes sociales entre pares. Si bien la denuncia anónima surge muchas veces motivada por la impunidad de la que se aprovechan los agresores en una sociedad patriarcal, la tendencia a denunciar públicamente por redes, sin otorgar el mínimo derecho a la defensa, sin contemplar la diferente gradación de los hechos ni las diferencias entre relaciones jerárquicas o relaciones entre pares, puede ser contraproducente. 

Actualmente, la estrategia de los partidos conservadores y de extrema derecha es volver a nominar la violencia de género como “violencia intrafamiliar”, para intentar así revertir la rueda de la historia. Como parte de su guerra contra la “ideología de género”, la ultraderecha española exige la derogación de la Ley de Violencia de Género y propone, en su lugar, una “ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños”. La Administración de Donald Trump también intentó eliminar la frase “violencia de género” de un documento de Naciones Unidas. 

la estrategia de los partidos conservadores y de extrema derecha es volver a nominar la violencia de género como “violencia intrafamiliar”, para intentar así revertir la rueda de la historia

Oponernos a las derivas reaccionarias de Vox, Salvini o Trump, sin embargo, no significa embellecer las políticas institucionales actuales respecto a este tema. El Gobierno del PSOE con Zapatero aprobó en 2004 la Ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, presentada como un ejemplo a nivel internacional. Sin embargo, numerosas organizaciones feministas han señalado que sólo consideran como violencia de género las agresiones cometidas por una pareja o expareja de la mujer, dejando de lado numerosas situaciones. Además, implica una excesiva judicialización, ya que impone la obligación de que las mujeres denuncien penalmente para comenzar el proceso de solicitud de ayudas. Y mientras que el Estado siga recortando los pocos recursos destinados a la prevención en el ámbito sanitario y educativo, la vía penal se ofrecerá casi como única salida. En muchos casos, las mujeres no quieren denunciar porque no quieren que sus parejas vayan a la cárcel, para evitar un engorroso procedimiento de interrogatorios policiales y judiciales, o porque no tienen papeles y se exponen a ser criminalizadas. 

Por nuestra parte, apostamos por un feminismo antipunitivista y que no aísle artificialmente la violencia de género del resto de las violencias que genera el sistema capitalista. Toda interpretación de la violencia hacia las mujeres separada del resto de entramados de dominación (explotación, racismo, etc.) pierde poder explicativo, no permite comprender el conjunto y no favorece el diseño de una estrategia acorde para enfrentarla.

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Patriarcado y capitalismo. Feminismo, clase y diversidad, de Josefina L. Martínez y Cynthia Burgueño (Akal, 2019).