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Henri Sterdyniak / Economista

“Las empresas serán las principales beneficiadas de la reforma Macron”

Enric Bonet París , 5/12/2019

<p>Henri Sterdyniak.</p>

Henri Sterdyniak.

Cedida por el entrevistado

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Un “jueves negro” para el presidente francés, Emmanuel Macron. Tras años de impotencia ante la ofensiva neoliberal, los sindicatos franceses han impulsado a partir del jueves 5 de diciembre una de las movilizaciones sindicales más importantes en los últimos años en Francia. El origen de esta huelga general, con un seguimiento muy alto en el sector de los transportes, es la reforma de las pensiones, con la que el ejecutivo quiere transformar el actual modelo de 42 regímenes de cotización en un único sistema por puntos.

“El objetivo del gobierno es disminuir en un 20% el nivel de las pensiones públicas”, advierte el economista Henri Sterdyniak, director de departamento del Observatorio Francés de Coyunturas Económicas (OFCE), un centro de estudios independiente del interés privado. Considerado uno de los mayores especialistas en sistemas de jubilación, Sterdyniak apoya la huelga para “defender un sistema que permite que los jubilados dispongan del mismo nivel de vida que los activos”. Durante una entrevista de una hora en una cafetería en la Plaza de la Nación de París, este prestigioso economista analizó para CTXT una de las medidas claves en el proyecto neoliberal de Macron.

El gobierno francés defiende que con la nueva reforma de las pensiones “un euro cotizado dará los mismos derechos a todo el mundo”. ¿Estamos ante una medida que favorecerá la igualdad y la equidad? ¿O esta comportará sacrificios en el sistema público de pensiones? 

los jubilados franceses tienen prácticamente el mismo nivel de vida que la población activa. Pero en los países en los que se han aprobado reformas como la de Macron, tienen unos niveles más bajos

Entre el presente y 2050 el número de jubilados con respecto a la población activa aumentará en torno a un 25% en Francia. El objetivo del gobierno francés es disminuir en un 20% el nivel de las pensiones, así como incentivar a la gente a que se jubile más tarde, a los 65 años, en lugar de los 62 años. Resulta evidente que la mayoría de la población se verá perjudicada por esta reforma. Cuando el ejecutivo defiende que esta medida favorecerá un sistema más equitativo, hay que tener en cuenta que no todos los asalariados disponen de las mismas condiciones laborales. Con el sistema actual, la tasa de sustitución –la relación entre el salario y la pensión– es más elevada para los salarios bajos que para los altos. Pero con la nueva reforma se uniformarán las tasas de sustitución, lo que perjudicará a aquellas personas que cobren menos.

Según el colectivo ciudadano RéformedesRetraites (Reforma de las Pensiones), con esta modificación las futuras pensiones podrían bajar entre el 15% y el 23%. ¿Qué le parecen estas previsiones?

Sí, probablemente se producirá una caída de este tipo. Si el ejecutivo no desea aumentar el gasto público destinado a las prestaciones de jubilación y el porcentaje que representa sobre el PIB, esto comportará forzosamente una disminución del 20%. El problema es que ahora los jubilados franceses tienen prácticamente el mismo nivel de vida que la población activa. Pero en los países en los que se han aprobado reformas como la que impulsa Macron estos tienen unos niveles más bajos. Es el caso de Suecia, donde el poder adquisitivo de los jubilados es un 25% más bajo que el de los activos o en Alemania, un 15% inferior.

El Ejecutivo quiere transformar el actual sistema de 42 regímenes de cotización en un único sistema por puntos con el que se calculará la pensión en función de los puntos obtenidos a lo largo de la carrera profesional. ¿Qué aspectos de este cambio de modelo favorecerán una disminución de las pensiones? 

En un sistema por puntos, como el planteado por Macron, el ejecutivo dispone de una gran libertad para determinar el valor del punto y, por lo tanto, la pensión final. Como el ejecutivo se niega a aumentar las cotizaciones sociales y quiere que estas se mantengan fijas, esto favorecerá que se equilibre el gasto de las pensiones modificando el valor del punto, es decir, bajando la prestación por jubilación. El valor del punto dependerá del equilibrio presupuestario.

La pensión de los funcionarios se calculaba hasta ahora a partir de los últimos seis meses, pero con la nueva reforma se hará en función de toda la carrera ¿Los trabajadores de la función pública serán los grandes perdedores?

Sí, los más perjudicados serán los profesores, las enfermeras, las auxiliares de Sanidad… Se verán afectados sobre todo aquellos trabajadores de la función pública que tengan carreras ascendentes y que hasta ahora cobraban una pensión equivalente al 75% de sus últimos salarios. Por este motivo, los profesores, que empiezan cobrando salarios modestos, son uno de los colectivos más indignados. En cambio, otras profesiones de la función pública, como cargos técnicos de la administración, no saldrán tan perjudicados, ya que disponen de una menor evolución salarial.

¿Quiénes serán los ganadores?

Las empresas serán las principales beneficiadas, ya que con esta medida se garantiza que no se incrementarán las cotizaciones sociales. También se establecerá una pensión mínima que equivaldrá al 85% del salario mínimo. Una medida que ya existe actualmente para los asalariados, pero que se ampliará para los campesinos, cuya pensión mínima es ahora de solo el 75% del salario mínimo.

En los últimos meses, el ejecutivo ha transmitido versiones contradictorias sobre la necesidad de establecer en 64 años la “edad de referencia”. ¿Cómo afectará esta medida a la edad de jubilación?

Durante la campaña de las presidenciales, Macron prometió que mantendría la edad legal de jubilación en los 62 años. Pero si la edad legal de jubilación sigue siendo esa con un sistema por puntos, no habrá prácticamente ningún incentivo para retrasar la edad real de jubilación, uno de los objetivos del gobierno. Por eso, el ejecutivo considera que hace falta un dispositivo que incentive a la gente a trabajar más tiempo. Una opción planteada es establecer una “edad de referencia” en 64 años, lo que favorecerá que los trabajadores intenten alargar su carrera hasta esa edad. Pero aquellos que no puedan por la dureza de su trabajo o porque se habrán quedado en el paro deberán jubilarse a los 62 años y perderán entre el 14%  y el 21% de su pensión.

Pero Macron dijo en septiembre que él prefería que “se produjera un acuerdo sobre la duración de la cotización en lugar de la edad” de referencia…

Sí, pero si se establece un periodo de cotización de 43 años –como ya está previsto para las personas nacidas a partir de 1973– y tenemos en cuenta que los jóvenes empiezan actualmente su vida activa a los 23 años, nos lleva a una jubilación a partir de los 66 años. Al final los efectos resultan los mismos.

¿Por qué Macron se opone a un aumento de las cotizaciones sociales para financiar las nuevas necesidades del sistema público de pensiones, fruto de la evolución demográfica?

Por su ADN neoliberal. La idea predominante en las altas esferas europeas es que en Francia hay demasiados impuestos y demasiado gasto público. Por eso, el Parlamento francés aprobó a mediados de año una reforma para disminuir las prestaciones por desempleo. También se han reducido las ayudas para pagar el alquiler o los recursos destinados a los hospitales. La estrategia de Macron es que Francia se asemeje al modelo anglosajón. Para ello, hace falta disminuir el gasto público y una de las principales partidas es la de las pensiones.

¿Ha habido presiones de la parte de la Comisión Europea para que Francia disminuya sus pensiones públicas?

La estrategia de Macron es que Francia se asemeje al modelo anglosajón. Para ello, hay que disminuir el gasto público y una de las principales partidas es la de las pensiones

Sí, sin duda. Cada año los gobiernos deben presentar sus proyectos de presupuestos a la Comisión Europea y esta se dedica a regañarles por el déficit público excesivo. Cuando a Francia se la acusaba, durante los últimos años, de tener un gasto excesivo, respondía: “No os preocupéis, vamos a aplicar una bajada masiva en el gasto en jubilaciones”. Un informe de la Comisión Europea en 2018 ya establecía que las previsiones francesas eran disminuir el porcentaje de las pensiones del 14% al 12,5% del PIB. Existe una connivencia entre los altos funcionarios franceses y las élites europeas sobre las políticas de austeridad que hay que aplicar.

En otros países europeos, como Suecia, ya se han adoptado sistemas de jubilación por puntos. ¿Qué consecuencias han tenido?

El sistema por puntos y condicionales adoptado en Suecia mantiene algunas diferencias significativas respecto al modelo diseñado por Macron. En el caso sueco las pensiones finales están determinadas por una fórmula matemática regida por la esperanza de vida en el momento de jubilarse. Esto permitió reducir el porcentaje del PIB que representaba el gasto en pensiones. Pero tuvo como consecuencia negativa un empobrecimiento de los pensionistas, sobre todo entre las mujeres jubiladas. El nivel de pobreza entre los jubilados suecos es del 16,8%, mientras que en Francia representa solo el 7,4%.

Además, el sistema sueco tiene un efecto perverso: cuando una persona debe jubilarse a los 62 años, en lugar de los 68 años porque está en el paro y no encuentra a nadie que lo contrate, entonces se le dice que es su culpa por no haber trabajado más, que su pobre pensión es el resultado de una fórmula matemática.

En comparación con otros sistemas de jubilación europeos, ¿cuál es la especificidad del modelo francés?

La especificidad de Francia es que dispone del sistema de pensiones más generoso de Europa. Esto significa que uno puede jubilarse a partir de los 62 años. También hay dispositivos para aquellas personas con largas carreras profesionales que les permiten dejar el trabajo a los 60 años. En profesiones con condiciones laborales duras, como los camioneros, pueden hacerlo a partir de los 55 años. Además, las pensiones son elevadas y permiten a los jubilados tener prácticamente el mismo nivel de vida que los activos.

También se trata de un sistema en que prácticamente todo el ahorro para las pensiones es público. Casi no hay planes de ahorro privados. Todos los regímenes de cotización son públicos, obligatorios y por repartición. Esto hace que algunas profesiones liberales, como los abogados o los farmacéuticos, prefieran el sistema público en lugar de los planes de ahorro privados.

Pero con la aplicación de la nueva reforma se favorecerán los planes de pensiones privados…

Lo que llaman reformas son en realidad contrarreformas. Es decir, medidas que perjudican a la gente y que generan rechazo, como es previsible

Sí, es bastante probable. Con el actual sistema quedan cubiertos por el sistema público de pensiones todos aquellos que ganen hasta 24.000 euros al mes. En cambio, si se aprueba la reforma, solo cubrirá hasta los 10.000 euros. Esto favorecerá que los altos cargos de las empresas, con salarios muy elevados, pidan que les hagan un plan de ahorro privado. También es probable que suceda en el caso de profesiones liberales, como los abogados, que se verán perjudicados por la nueva ley. Como actualmente los tipos de interés son muy bajos, esto empujará a invertir en Bolsa a aquellos que quieran ahorrar para su jubilación a través de planes de ahorro privados. O bien apostarán por invertir y especular en el sector inmobiliario. 

Según un informe encargado recientemente por el gobierno a un grupo de expertos, el sistema de pensiones acumulará un déficit de entre 8.000 y 17.000 millones el 2025. ¿La situación es alarmante?

No, para nada. Actualmente, el sistema de pensiones es mayoritariamente excedentario. No hay motivos para la alarmas ni para que se aplique una reforma de forma urgente.

En el extranjero aún predomina el tópico de que Francia es un país irreformable. En el caso de las pensiones, ¿es cierta esta dificultad para adoptar reformas?

Lo que llaman reformas son en realidad contrarreformas. Es decir, medidas que perjudican a la gente y que generan rechazo, como es previsible. Desde 1993, se han aplicado numerosas reformas en el sistema de pensiones francés. A partir de ese año las pensiones dejaron de calcularse en función de los 10 mejores años y la evolución de las pensiones ya no se hizo en función de los salarios, sino de la inflación. En 2003, con la reforma impulsada por el conservador François Fillon, entonces ministro de Asuntos Sociales, el periodo de cotización pasó de ser de 37,5 años a 42 años. Y en 2010 durante la presidencia de Nicolas Sarkozy se aprobó alargar la edad legal de jubilación de los 60 a los 62 años. Todas estas medidas han degradado la situación de los pensionistas, pero hasta ahora las consecuencias no han sido dramáticas. Pero esto podría cambiar con la nueva reforma. 

Actualmente en Francia hay un 1,7 personas en edad activa por cada jubilado, mientras que estas eran 2,5 en 1970. ¿Cómo se puede garantizar un sistema de pensiones justo sin reducir de forma significativa las pensiones ni retrasar excesivamente la edad de jubilación?

Hace falta trabajar durante más tiempo y aumentar los niveles de actividad de algunos sectores de la sociedad hasta los 65 años. También es fundamental disminuir el paro hasta el 5% –actualmente es del 8,6%– y conseguir que centenares de miles de personas que trabajan con contratos a tiempo parcial y temporales lo hagan de forma indefinida. A un millón de mujeres que trabajan en Francia a tiempo parcial les gustaría hacerlo a tiempo completo. Con todas estas medidas para combatir la precariedad, se podrían aumentar las cotizaciones sociales y liberar una parte del PIB que se destina a las prestaciones por desempleo. 

También hay que valorar la necesidad de aumentar ligeramente las cotizaciones sociales. Quizás esto supondría que las nuevas generaciones dispongan de unos aumentos salariales más reducidos, del 0,8% en lugar del 1% anuales, pero esto garantizaría las mismas pensiones que los jubilados actuales. Si se quieren mantener las actuales pensiones en 2050, esto conllevará que el gasto en pensiones se incremente del actual 13,8% hasta el 16,2%. Depende de una decisión política el hecho de asumirlo.

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