Fue a la salida de la presentación del libro La radicalización del racismo, en pleno barrio de El Raval, cuando recibí el mensaje: “Han tirado una granada en el centro de menores de Hortaleza, Madrid”. Unas horas más tarde, numerosos medios de comunicación críticos reaccionaban publicando un sinfín de artículos de denuncia y análisis sobre lo acontecido, textos que ocuparían parte importante de nuestras lecturas y conversaciones durante la semana posterior al 4 de diciembre. Las grandes agencias de información se limitaban a reportar asépticamente el hecho, como si de una cuestión meteorológica se tratara. Las redes sociales se llenaban de tuits, post de Facebook y acaloradas discusiones virtuales. Más tarde, mientras más de mil vecinos de Hortaleza organizaban una concentración de protesta frente a la barbarie, las fuerzas políticas del PP y Vox bloqueaban la posibilidad de una declaración conjunta de la Asamblea de Madrid en contra del atentado racista. La izquierda parlamentaria señalaba la responsabilidad fundamental del partido de extrema derecha en la propagación de los denominados discursos del odio. Frente a todo ello, la ultraderecha fantaseaba con el PSOE, los GAL y un ficticio atacante marroquí cuya descarada invención venía a confirmar los delirios racistas de los nuevos aprendices del Cid Campeador. 

Semanas antes de que la granada fuese lanzada, me había propuesto escribir una crónica sobre el margen que cerca la vida de estos jóvenes adolescentes y niños migrantes supervivientes que se han convertido en una de las dianas favoritas del discurso ultraderechista español. Sin embargo, después del 4 de diciembre, decidí permanecer en silencio. He de reconocer que el ruido generado no me dejaba pensar. Observaba los debates del momento intentando escribir algo realmente útil que fuera más allá de lo asumible para un nosotros supuestamente inocente. Se preguntarán por qué. Lo cierto es que resulta muy tentador aislar esa maldita granada. Convertirla en algo único. Transformarla en una excepción que confirma el lógico rechazo progresista ante el discurso criminalizador de la infancia migrante promulgado por Vox. Sin embargo, los atentados racistas contra los centros de menores migrantes no son algo nuevo. Situémonos en contexto a través de un par de ejemplos. 

Corría el año 2015, cuando 50 vecinos de El Calvet, Catalunya, asaltaron el centro de menores de L’Estrep, armados con palos, y amenazaron, entre insultos racistas, a los 40 muchachos residentes. Unos días antes, un niño de 14 años del mismo centro era acorralado por dos coches y amenazado de muerte por un grupo de desconocidos cuando salía del instituto. Poco antes, una furgoneta en la que viajaba un menor junto a un educador fue atacada y destrozada por miembros de una “brigada vecinal” cuya supuesta intención era “luchar contra la delincuencia”. 

Los ataques cotidianos y las amenazas constantes forman parte de la compleja realidad de racismo social que enfrentan estos muchachos desde el primer momento que pisan suelo español

Los ataques cotidianos y las amenazas constantes forman parte de la compleja realidad de racismo social que enfrentan estos muchachos desde el primer momento que pisan suelo español. Ibrahim Rifi compartía en noviembre de este año a través de su cuenta de Twitter imágenes de las piedras lanzadas al piso de acogida en el que trabaja como educador, bastante antes de que la granada de Hortaleza hiciera aparición. Un grupo nutrido de manifestantes atacaba un albergue del Xanascat, en Masnou, hiriendo a cuatro menores y a dos educadores en julio de este año. Así mismo, en la localidad de Canet de Mar, el pasado 7 de marzo un asaltante armado con un machete conseguía entrar sin, afortunadamente, herir a nadie. Todo ello ocurría después de que un grupo de menores fuera acosado y abucheado en la vía pública durante una protesta vecinal. Por otra parte, a lo largo del mismo mes, 60 personas atacaron con piedras el centro de Cal Canxo, en Castelldefels. Horas después de que este grupo fuera disuelto, 25 encapuchados asaltaron el centro: un niño acabó en el hospital e hirieron a un educador.

El largo proceso de la deshumanización

Según Amnistía Internacional: “La falta de datos y de las investigaciones al respecto, así como la ausencia de una política activa contra el racismo y la xenofobia hacen que haya una total opacidad en cuanto a los ataques racistas en España”. Ahora bien, ¿de dónde proceden tales ataques racistas? Muchos de los articulistas que han abordado lo sucedido en Hortaleza se han referido a la responsabilidad de aquellos políticos que señalan a estos jóvenes desde sus atriles. Ellos son lo que preparan el escenario y calientan la atmósfera social para que se produzcan tales ataques. Es cierto, no debemos centrarnos exclusivamente en quienes lanzaron el explosivo. Es necesario analizar el contexto de violencia racista que hace posible lo sucedido. Pero si esto es así, no basta con poner el foco en la extrema derecha. Hay que ir más allá: ¿por qué el discurso de la extrema derecha en torno a estas muchachas y muchachos consigue cierto éxito social y político? Y no solo eso, sino ¿cómo, por qué y desde cuándo es posible la deshumanización tanto de los jóvenes y niños migrantes a los que hacemos mención como de sus familias? 

A pesar de que la ley obliga a las comunidades autónomas, responsables de las competencias en materia de protección del menor, a regular la situación de los niños y niñas migrantes durante un periodo máximo de nueve meses, los datos revelan que tan solo un 21% de los mismos obtienen su permiso de residencia. Tras cumplir los 18 años, estos muchachos son literalmente expulsados de los centros y condenados a sobrevivir sin derechos reconocidos en una sociedad hostil que los considera “inmigrantes irregulares”. ¿Es la extrema derecha? No, son las comunidades autónomas incumpliendo la ley y empujando a estos jóvenes a sobrevivir en los márgenes de las ciudades, poniendo en peligro su integridad física y mental. No lo decimos nosotros, lo dicen ONG’s como Voluntarios por otro Mundo o UNICEF. Pero los problemas no comienzan cuando cumplen los 18 años. No es ningún secreto que muchos de estos niños y niñas escapan de las condiciones, a menudo deplorables, en las que se encuentran los llamados centros de acogida. Escapan porque tienen miedo de ser expulsados a la calle, sin papeles, cuando cumplan los 18 años, y también lo hacen huyendo del maltrato institucional y los abusos cotidianos que sufren dentro de los centros.

Probablemente, estas afirmaciones son más difíciles de digerir que las articuladas en torno al auge de la extrema derecha. Hemos hablado de racismo social, de rechazo y desprecio por parte de determinados sectores de la ciudadanía del Estado español hacia los menores migrantes. Pero, lo advertido en el informe ‘Solo por estar solo^’ y en las palabras de Lourdes Reyzabal, de la Fundación Raíces, nos obliga a transitar otros derroteros más profundos: “Es habitual que las administraciones españolas actúen con estos menores incumpliendo la ley, sometiendo la lógica del interés superior del menor a las políticas de Extranjería y al control de fronteras”. 

Escapan porque tienen miedo de ser expulsados a la calle, sin papeles, cuando cumplan los 18 años, y también lo hacen huyendo del maltrato institucional

Cuando afirmamos que el racismo es institucional no nos referimos a algo abstracto, sino a una realidad estructural con consecuencias materiales concretas en la vida de las personas que lo sufren. No pretendemos desdeñar la lógica bien intencionada de quienes combaten los discursos del odio. Tan solo señalamos que el racismo no es un problema ubicado en la dimensión emocional o moral. La situación de estas niñas y niños es la cúspide del iceberg y nos recuerda cuáles son los problemas que enfrentan también sus hermanos mayores y sus familias cuando migran hacia este territorio. ¿Es la Ley de Extranjería un discurso del odio? ¿Es la existencia de los CIE, de los CATE, de los CETI; es la existencia de la Frontera Sur y sus vallas con cuchillas un discurso del odio? ¿De qué forma gestiona el Estado moderno las vidas de las poblaciones provenientes de las excolonias? 

Una forma de racismo estructural

Es cierto que los ataques desacomplejados de la extrema derecha son posibles gracias a la propagación de un discurso criminalizador que en estos momentos comienza a escucharse con más fuerza en el propio Congreso. Sin embargo, este discurso, especialmente cuando va dirigido contra los migrantes del Norte de África y África Occidental, aprovecha la existencia previa de un caldo de cultivo muy particular que está siendo invisibilizado porque nos resulta conflictivo afrontarlo: la islamofobia global. Este discurso que se ceba, no solo contra los menores, sino contra esas familias denominadas como “poblaciones migrantes no asimilables” encuentra una base sólida en la que amoldarse: prácticas institucionales y narrativas mayoritarias. 

La extrema derecha ataca a estos jóvenes migrantes explotando un imaginario común que hunde sus raíces en la historia colonial española. No es justo olvidar que nos referimos a una forma de racismo enraizada en nuestro territorio: “A veces, ‘moro’ es igual a musulmán, otras, ‘moro’ es igual a árabe, o a negro[…]el ‘moro’ es un peligro para la población española[…] y esto es clave para entender el tema que nos ocupa, ya que el consenso social sobre la peligrosidad del ‘moro’, que da carta blanca al Estado para actuar contra él, tiene su continuación en la agenda mediática y política actual acerca de la seguridad nacional y sus enemigos”¹. La granada de Hortaleza no fue un hecho aislado. Sin comprender la raíz del problema, difícilmente podremos resolverlo en sus manifestaciones más evidentes. Por muy loables que sean nuestras intenciones, esta realidad exige de nuestra parte ir más allá de lo emocional, de lo moral; más allá de ese nosotros supuestamente inconsciente. 

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Notas
1. (Amazian en Douhaibi y Amazian, 2019).