Parece que estamos en un buen momento para pedir deseos legislativos.  Pues bien, aquí va el nuestro: queremos una ley integral contra el racismo. A pesar de la escasa labor de recopilación judicial de datos en torno a estos asuntos, puede constatarse que los delitos con móvil racista aumentan. Los discursos abiertamente racistas ganan impunidad asociados a movimientos ultraderechistas. E incluso, en el ala progresista de la opinión pública, existe una trivialización del racismo, su concepto o las formas de enfrentarlo, tal como ha puesto de manifiesto la reciente elección de Rita Bosaho como directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial. Todo el mundo ha opinado, y no todos han estado conformes con el hecho de que en su elección se haya tenido en cuenta, entre otros criterios profesionales, el que fuera una mujer racializada. El racismo sigue negándose por los más reaccionarios y, en el mejor de los casos, tratándose como una cuestión secundaria, identitaria o simbólica en el debate político.

El racismo no es una cuestión de intolerancia personal, de si gustan más o menos las personas extranjeras o no-blancas. El racismo es un factor de ordenación de las riquezas que coloca a las personas no-blancas y no-occidentales en un escalón inferior en el acceso a los bienes básicos para la vida. Por tanto, el racismo no es una cuestión de representatividad, es una cuestión material que tiene que ver con la distribución del trabajo y la riqueza a nivel mundial. La lucha contra el racismo es el cuestionamiento mismo del orden económico a escala planetaria.

Al Tribunal Constitucional solo han logrado llegar tres casos de discriminación racial. En ninguno de ellos esta institución dictó una sentencia que reconociese su existencia 

En el Estado español, esta connivencia del orden económico y el racismo se materializa, por ejemplo, en la dificultad que existe para prevenir, y denunciar, las conductas racistas y reparar a sus víctimas. La Directiva europea 2000/43/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, obligaba a los Estados miembros a crear legislaciones específicas contra el racismo y organismos independientes encargados de promover la igualdad de trato. Ninguno de estos mandatos se ha llevado a cabo aún en España. No existe una ley integral contra el racismo. La directiva europea se traspuso de manera apresurada, observando los mínimos mandatos y parafraseando la directiva sin mayor contextualización. Para más inri la transposición se llevó a cabo en la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social 62/2003. Un cajón de sastre donde podemos encontrar modificaciones al impuestos de sucesiones o a la Ley de la Seguridad social. Hoy sigue así. En 2011 el gobierno de Rodríguez Zapatero elaboró un proyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación que no prosperó por el voto en contra del PP. En 2018 se reintentó. Aún está estancada su tramitación. Esta ley sería mejor que lo que tenemos, pero seguiría sin abordarse específicamente la discriminación por motivos raciales. Las diferentes realidades de los colectivos que sufren discriminación y persecución merecen atención específica para abordar la complejidad de la problemática, por eso seguimos reivindicando una ley integral contra el racismo.

El racismo existe y, además de generar grandes beneficios económicos a los explotadores, genera un sufrimiento constante en la vida de quien lo padece. La mayor dificultad que encontramos es su visibilización y su reparación en tribunales. Vean el racismo en tres actos:

Una mujer gitana es perseguida y acosada en un establecimiento público por las dependientas quienes justifican esta acción en el hecho de que “es común que las gitanas vengan a robar”. 

Una mujer se independiza de su familia y alquila un piso. Le pide a su madre, visiblemente gitana, que no la acompañe a la firma del contrato porque si no el arrendador se echará atrás.

A una mujer gitana víctima de violencia de género le es retirada la patria potestad de sus hijos en un tiempo administrativo récord sin que se contemple ninguna acción encaminada a que pueda recuperarla.

Todo esto ha ocurrido en este mismo mes, y la posibilidad de obtener sentencias que estimen el móvil de discriminación racial es muy baja. Los tribunales rara vez ven indicios suficientes de racismo que justifiquen una inversión de la carga de la prueba que otorgue presunción de veracidad a quien denuncia la discriminación racial.

Al Tribunal Constitucional solo han logrado llegar tres casos. En ninguno de ellos esta institución dictó una sentencia que reconociese la existencia de la discriminación racial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha enmendado dos de estas resoluciones judiciales. 

Una ley integral contra el racismo facilitaría la protección y reparación efectiva de las víctimas, no solo al promover la judicialización de estos asuntos, sino también fomentando medidas encaminadas a la prevención y evitación del racismo.

El antirracismo nos salva a todos y a todas del fanatismo ultraderechista, también a las personas blancas

En este difícil contexto, las personas que son potenciales objetivos de prácticas racistas tienen mucho que decir. Que la actual directora de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial sea una mujer no-blanca o racializada aporta una dimensión de conocimiento del racismo que una persona blanca con idéntico conocimiento técnico-político de la cuestión no puede aportar. Un conocimiento experiencial del racismo que puede afinar la política antirracista de manera muy exitosa.

Frenar las prácticas racistas es frenar un sentido común que alimenta la concepción fascista de la jerarquía de humanidades. El antirracismo nos salva a todos y a todas del fanatismo ultraderechista, también a las personas blancas. Apóyenos en esta causa, y créanos, el racismo existe.