En una sociedad dominada por el dios mercado, cualquier imagen periodística construida sobre eso que conocemos como ‘marginalidad urbana’ corre el peligro de convertirse en un fetiche. Y un fetiche es un fósil, es algo cosificable; un producto que mueve, como mucho, el morbo social y que se vuelve símbolo de la decadencia ética de una comunidad. ¿Qué les parece la idea de ‘comunidad’? ¿También les rechina? De acuerdo, vayamos por puntos. Para incidir en el hecho de que no hablamos de idealizaciones metafísicas, es importante no perder de vista el mapa general que convierte la ciudad contemporánea en un espacio que se construye para alojar estructuras materiales de poder. El mapa urbano es siempre geopolítico, aunque el foco de este se centre momentáneamente en un barrio particular como, por ejemplo, la Font de la Pólvora, en Girona, Catalunya.

El sociólogo y aprendiz de boxeador Loïc Wacquant dedicó su importante ensayo Los condenados de la ciudad –en clara alusión al fanoniano Los condenados de la tierra– a analizar las dinámicas cambiantes de lo que llamó “el nuevo régimen de la marginación urbana avanzada”. A través de dos casos paradigmáticos, el gueto negro en Chicago y el llamado cinturón rojo o banlieue parisina, Wacquant realiza un estudio analítico y de campo sobre algunas de las condiciones de posibilidad y diferencias estructurales que crean los denominados ‘barrios-problema’. De esta parte, siento que quizás decepciono al reconocerlo, no hay estudio de campo ni etnografía que valga.

Como persona racializada y de barrio, la pintoresca imagen de un escuálido sociólogo de clase media en calzonas apuntándose a boxeo para conocer el gueto provoca en mí una fascinación irónica que raya el rechazo. La experiencia nos dice que el etnógrafo, con perdón de Wacquant, resulta ser un elemento digno de desconfianza que contribuye a la deshumanización del ‘otro’. Un ratón de biblioteca que extrae aquello que le parece oportuno de su contacto con ‘el informante’ y construye un relato deformado del mismo que le sirve para medrar en su carrera académica. Por otra parte, el periodista convencional no corre mejor suerte. De hecho, así me lo hace saber un anciano que me identifica como tal durante una protesta contra los cortes de luz en el Distrito Norte de Granada mientras, mirándome de reojo, le dice a los demás en voz alta y clara: “Los periodistas han contribuido a nuestra mala imagen, aunque ahora parezcan críticos”.

Todo lo que he podido descubrir sobre la situación y lucha de los vecinos de este barrio catalán lo sé gracias a estos últimos y a los del Distrito Norte de Granada. Hace dos meses, se publicó en CTXT la crónica El Distrito Norte lucha por su luz. La intención era simple. Amplificar el eco de la batalla que estas personas mantienen contra los apagones de luz masivos y constantes que hacen, literalmente, imposible una vida digna en sus barrios. No solo eso. Comprobar cómo la deficiente gestión de Endesa y la desatención institucional se explican a través de la historia de marginación y abandono del barrio. Al mismo tiempo, debíamos señalar lo evidente. Un número muy importante de estas personas comparten una identidad que las atraviesa de forma específica: muchas de ellas son gitanas, muchas de ellas son migrantes; todas son personas trabajadoras salpicadas por el estigma que supone vivir en un barrio marcado por las categorías imbricadas de raza y clase.

Poco después de aquella publicación, dos activistas de la Plataforma por la Dignidad de Font de la Pólvora y de la Alianza contra la Pobreza Energética de Catalunya se ponían en contacto conmigo. Tras un par de intentos fallidos de reunirnos en persona durante una fugaz visita a Barcelona, decidimos conectarnos por Skype para intentar encontrar una manera de apoyar la resistencia de unas familias que se niegan a cruzarse de brazos mientras son maltratadas.

La Font de la Pólvora también lucha por su luz

Para conocer el origen del barrio, necesitamos retrotraernos a la década de los setenta. Como forma deficiente de erradicar el barraquismo derivado de los intensos procesos de migración interna producidos en la provincia de Girona, las administraciones del régimen franquista crearon un asentamiento destinado a alojar a los nuevos vecinos. La zona se encontraba en un precioso paraje natural coronado por una fuente de agua ligeramente picante a la que se le atribuían cualidades curativas. Tras casi una década, en julio de 1978, se inauguraron 500 viviendas de calidad paupérrima para realojar a las familias que malvivían en chabolas en otro ‘barrio-problema’ situado a dos kilómetros de Girona. En un lugar montañoso, rodeado de acacias, mimosas, robles – árboles que dan nombre a las calles del barrio–, estos vecinos se preparaban para convertirse en una de las zonas más ignoradas de Catalunya, marginadas por las administraciones de la ciudad y demonizadas por los medios.

¿Qué ocurriría si tuviéramos la valentía de reconocer que el ‘despojo energético’ alberga causas estructurales, como las alberga la misma existencia de las ‘barriadas-problema’?

De los numerosos problemas a los que el barrio se enfrenta, el de los cortes continuos de luz (también de Endesa) resulta ser el más dramático y urgente, especialmente desde hace seis años. Según el Ayuntamiento de Girona, hay que ser “rigurosos”; para ellos, los cortes de luz de Endesa se deben fundamentalmente al fraude eléctrico. Sin embargo, para la Plataforma por la Dignidad, el rigor es una cuestión de índole muy diferente. El rigor tiene que ver con preguntarnos por qué se criminaliza a un barrio al completo y por qué esta realidad es replicada en muchos otros barrios humildes del Estado español. “El fraude eléctrico existe en todos los barrios”, “No somos criminales”, “Nosotros también somos Girona”, se recuerda desde la cuenta de Twitter de la organización vecinal. El rigor periodístico consiste en cuestionar los presupuestos ideológicos construidos por las élites y realizar lo que Herman Cohen llamó el diagnóstico sobre “la patología del Estado”. El rigor es preguntarnos por qué existe el ‘otro’ y qué lugar ocupa quien pretende ‘descubrir’ su existencia.

La plataforma afirma que las instalaciones eléctricas están obsoletas y no han sido cambiadas desde su inauguración. Mientras esperan a que los planes de regularización y sectorialización eléctrica del Ayuntamiento para evitar el ‘fraude eléctrico’ se lleven a cabo, siguen pasando días sin poder enfrentar el frío. ¿Qué pasaría si a eso que las élites llaman ‘fraude eléctrico’ lo llamásemos ‘despojo energético’? ¿Qué ocurriría si tuviéramos la valentía de reconocer que el ‘despojo energético’ alberga causas estructurales, como las alberga la misma existencia de las ‘barriadas-problema’? Mientras muchos medios contribuyen a la deshumanización de las familias del Font de la Pólvora, utilizando, sin rigor, la idea de ‘fraude eléctrico’ y construyendo un relato sensacionalista sobre las plantaciones de marihuana, los problemas crecen. Contando con el último incendio producido en diciembre, son siete los que han asolado el barrio, de los cuales uno hirió a varios vecinos este verano pasado. Desde el pasado 9 de diciembre se espera una auditoría y un informe técnico de la Generalitat sobre las instalaciones.

Un problema histórico con causas estructurales

Según Loïc Wacquant, las causas estructurales de la “marginación urbana avanzada” son diversas y dependen del contexto nacional. No obstante, es posible dilucidar un diagnóstico general sobre un problema que crece continuamente en las ciudades modernas. He aquí algunos puntos importantes:

1.  Los Estados y administraciones optan, aun en su actual debilidad frente al autoritaritarismo financiero, por favorecer los intereses comerciales de grandes empresas en lugar de proteger los derechos sociales. La deshumanización histórica, derivada de los procesos imperiales y genocidas, hacen de los pueblos perseguidos en el interior de Europa y de las comunidades de las excolonias sujetos cuyos derechos humanos son fácilmente vulnerados.

2. El crecimiento de la riqueza nacional, según el paradigma capitalista, no resuelve el problema, ya que tiende a escindir la mano de obra y polarizar el acceso a un empleo digno. La Ley de Extranjería condena a parte de la población migrante a realizar trabajos forzados sin derechos laborales –véanse los invernaderos de Almería o Huelva–. Al mismo tiempo, la desaparición o peligro de extinción de formas de trabajo que no cumplen con los estándares de automatización y calificación normativos –véase el caso del mercadillo– condena a grandes porciones de la población al desempleo y la precariedad.

3. En el seno de una sociedad capitalista, ni siquiera el acceso a salario garantiza una vida digna. El propio Estado es productor de desigualdad, ya que las ‘políticas de austeridad’ se escudan en el autoritarismo financiero para establecer estrategias que siguen protegiendo a las élites y desamparando a la gente trabajadora.

4. De la misma manera, el desmantelamiento del denominado Estado de Bienestar agiliza la creación calculada de zonas y espacios concentrados de mala vivienda, infraestructuras deficientes y estigmatización racial.

El acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos  afirma, en la sección 2.5., dedicada a las políticas de apoyo a las familias, que “se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares, como la pobreza sobrevenida y a las personas que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad”. Es una medida aplaudible que, al mismo tiempo, no recoge la heterogénea realidad de las voces organizadas en los movimientos vecinales como la Plataforma por la Dignidad. El acuerdo únicamente hace mención a las familias que no pueden asumir el gasto de la luz, no a aquellas que pagan altas facturas y siguen siendo privadas –debido a los cortes de suministro– de ese derecho básico por las grandes empresas; dos realidades entrelazadas que forman parte del mismo problema.

Si se quiere comprobar la salud de nuestra sociedad, no hay forma más efectiva que observar lo que ocurre en los barrios marginados –y decir ‘marginados’ es decir ‘oprimidos’– del Estado español. Ni Font de la Pólvora en Girona ni el Distrito Norte de Granada son casos aislados. La narrativa periodística en torno a lo que sucede en estos lugares es un campo de batalla. Será nuestra destreza colectiva o nuestra torpeza común la que permitirá que el conjunto de la sociedad civil les dé la espalda o, por el contrario, se vuelva hacia ellos para descubrir y combatir las causas de ‘la patología del Estado’ que rige el organismo interno de nuestras ciudades.