Hace poco más de un año, la patronal de empresarios, el Banco de España, las principales agencias económicas, dos primos segundos de Aznar, treinta y seis tertulianos y catorce hijos de Ruiz Mateos vaticinaban el desastre económico que supondría para España la puesta en marcha de una idea temeraria: subir el salario mínimo hasta los 900 euros, cifra que permitiría al trabajador precario no tener al menos que pedir dinero a las puertas del metro tras acabar su jornada laboral. La revolución absoluta, vaya. Perderemos competitividad, dijeron los expertos. La economía –no especificaron la de quién– podría contraerse, el niño Jesús llorará en su cuna y, lo peor de todo, aseguraban a una sola voz todos los gurús que podrían producirse miles de despidos de trabajadores, ¿es que nadie piensa en los trabajadores?

Un año después, hemos asistido a la firma por parte de gobierno, sindicatos y patronal de empresarios de una segunda subida del salario mínimo. Hasta los 950 euros. Tras la firma del acuerdo, todos los agentes sociales –incluido Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, al que recordarán de capítulos anteriores como “subirlo a 900 sería una barbaridad”– posaban sonrientes en una foto de familia que se toma días después de conocerse que el año pasado se creó empleo en España a pesar de que los trabajadores más precarios pudieron cenar dos veces por semana latas de atún en aceite de oliva en lugar de aceite de girasol. Si la CEOE ha pactado esta nueva subida del salario mínimo es porque sabe bien que hay margen para más. Esta foto, que legitima al nuevo gobierno de cara a los poderes empresariales, ha sido el precio a pagar por evitarlo. No hay nada como no tener miedo para que quienes lo venden tengan que dedicarse a hacer negocio en otro sector.

La foto de hoy es el primer éxito institucional –el éxito institucional es esa cosa aburrida en la que las imágenes más insípidas lo son todo– del gobierno de coalición. Y también, por la teoría de vasos comunicantes, la primera gran derrota de una oposición que ha tenido, hasta hoy, todas sus fichas puestas sobre una apuesta perdedora: gritar que vienen los comunistas. Gritar algo así en uno de los países con mayor desigualdad de Europa, entendiendo que el plan económico de este gobierno es tan poco ambicioso como poner un mínimo orden, es pegarse un tiro en el pie. La caducidad de esta estrategia viene, además, con una muy mala noticia para la derecha: toca seguir disparándose en el pie, porque no hay un plan alternativo. Uno de los economistas de cabecera del PP de Casado, el ultraliberal Juan Ramón Rallo, lo ejemplificaba bien indignándose por esta subida del SMI: “No me quejo de que alguien cobre 900 euros al mes. Me quejo de que se impida trabajar a un parado por 850”. Se ve que, en los institutos de empresa privados, además de liberalismo enseñan humor económico. Estaría bien que, tarde o temprano, el colectivo de gurús liberales, –y políticos que les rezan– que han instaurado en España conceptos como el trabajador pobre o la desigualdad estructural, aprobara su propio SMI: seriedad mínima interprofesional.