A mi juicio, muchos de los diagnósticos que se ofrecen sobre los estragos de la crisis que ha vivido España (y Europa) se dejan fuera un aspecto fundamental, el relativo a la distribución del poder económico, político, social y cultural. Sabemos que la crisis tuvo unos efectos terribles sobre el mercado de trabajo, tanto por lo que toca a los niveles de paro como a las reducciones salariales, especialmente entre quienes menos ganaban. Sabemos también que hubo una importante destrucción de tejido industrial. Y que los jóvenes se encontraron taponados, de manera que un porcentaje importante de ellos tuvo que buscarse la vida en otros países. Hubo además una caída muy acusada de los ingresos públicos (mucho mayor que en el resto de Europa) y fuertes recortes en infraestructuras, en educación, en sanidad, en investigación y desarrollo y en la administración del Estado.  Todo ello nos ha dejado un país más desigual y un Estado con menor capacidad.

Cuando el poder se concentra en unas pocas manos, los grupos de mayor influencia adquieren capacidad de veto, impidiendo que el principio de igualdad política tenga consecuencias más allá de la formación de gobierno

Pero a la vez que todo esto sucedía, se estaba produciendo una reorganización en varias de las dimensiones del poder. Esta reorganización ha supuesto que en ciertos ámbitos haya ahora una mayor concentración de poder. Se trata de una cuestión importante, que afecta no sólo a la producción de desigualdad, sino también al funcionamiento de la democracia. La democracia se basa en el principio de la igualdad política. Este principio opera sin demasiados problemas cuando el poder se encuentra repartido y fragmentado, situación que suele corresponderse con una sociedad civil poderosa, densa, bien articulada, que garantiza una pluralidad de intereses y valores. En cambio, cuando el poder se concentra en unas pocas manos, los grupos de mayor influencia adquieren capacidad de veto, impidiendo que el principio de igualdad política tenga consecuencias más allá de la formación de gobierno. En casos extremos, los grupos poderosos constituyen una oligarquía que vacía y desnaturaliza la democracia.

Pues bien, creo que hay motivos para afirmar que desde el inicio de la crisis económica, en España el poder se ha concentrado, no en todas las dimensiones posibles, pero sí en algunas de ellas.

En primer lugar, la gran crisis financiera se llevó por delante las cajas de ahorro, quedando el sector dominado por cinco grandes entidades, el Santander, el BBVA, Caixabank, Bankia y Banco de Sabadell. Según un informe del Banco de España, los dos países en los que más aumentó la concentración bancaria fueron Grecia y España (en Portugal no ocurrió lo mismo). La destrucción de las cajas ha tenido consecuencias en sí misma (mayores dificultades para financiar la inversión a nivel local y regional, menor financiación de programas sociales y culturales, etc.). Los bancos supervivientes se han vuelto más influyentes, por ejemplo en el sector de los medios de comunicación: ante el elevado endeudamiento y la falta de rentabilidad de los medios, los bancos entraron en el accionariado de los grandes grupos de comunicación (véase, por ejemplo, el Informe Mongolia Papel mojado. La crisis de la prensa y el fracaso de los periódicos en España).

En segundo lugar, se ha producido una gran asimetría de poder en el mercado de trabajo. La reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy ha supuesto en la práctica una mayor concentración de poder en las empresas frente a los trabajadores. Más allá de los cambios regulativos en la contratación y de la reducción de los costes del despido, el mayor torpedo al mundo del trabajo fue el desmantelamiento de la negociación colectiva, permitiendo que primara el convenio de empresa sobre el sectorial. La reforma, además, contenía otras muchas medidas de “flexibilización” que han contribuido a la aparición de niveles muy altos de precariedad laboral. Claramente, el poder se ha concentrado en el capital frente al trabajo.

En tercer lugar, el sector privado ha ganado un poder considerable frente a los servicios públicos que provee el Estado. Así, tanto en educación como en sanidad la inversión de los grupos económicos privados ha aumentado mucho más que la del sector público (véase, por ejemplo, aquí y aquí). La debilidad económica del Estado ha propiciado el avance de las empresas privadas, que amenazan el poder que antes tenía el Estado para garantizar unos servicios básicos universales. Especialmente en comunidades como Madrid, donde ha habido una decisión política consciente y deliberada en esta dirección, el Estado se está replegando.

La reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy ha supuesto en la práctica una mayor concentración de poder en las empresas frente a los trabajadores

En cuarto lugar, se ha producido una cierta recentralización del poder político en el gobierno central en virtud de las obligaciones fiscales adquiridas por España en el área euro. El gobierno central cuenta ahora con poder para intervenir y limitar las cuentas de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Además, la capital del Estado, por una mezcla de decisiones políticas y economías de escala, ha ido atrayendo cada vez más recursos (aquí), alterándose profundamente no sólo el equilibrio entre Madrid y Barcelona, clave para la estabilidad política en España, sino también entre la gran capital metropolitana y las provincias del interior, que se encuentran en una situación de inferioridad que amenaza su futuro incluso demográfico. Madrid concentra demasiado poder económico y político y, en consecuencia, la cohesión territorial se resiente.

En fin, en estas cuatro dimensiones (la financiera, la laboral, la social y la territorial), se ha producido una mayor concentración de poder, que genera desigualdades de tipo diverso. Inevitablemente, esto supone un problema para el funcionamiento de la democracia. Hay tres opciones ante este problema: la inacción, basada en el supuesto de que se trata de procesos naturales o espontáneos que no tiene sentido dirigir; la compensación, intentado ayudar o proteger a los colectivos que salen perdiendo con estos cambios; y la corrección mediante políticas que alteren la distribución de poder. Esta última opción es la más ambiciosa, pero también la más difícil: supone enfrentarse con intereses fuertes y bien pertrechados para defender el statu quo.