Nos encontramos inmersos en una emergencia climática sin precedentes que está poniendo en riesgo el modelo de desarrollo actual, acrecentando la desigualdad e impactando de manera especial en los más vulnerables.

O reducimos emisiones de manera drástica o el futuro será extremadamente duro para los más vulnerables del planeta y destruiremos un capital natural que es también de las generaciones por venir

Los gobiernos no podemos inhibirnos. Tenemos que liderar esta transformación y tenemos que hacerlo en los tiempos que nos marca la ciencia y con la profundidad que es necesaria, no menos. No es tiempo de ser tibio. O reducimos emisiones de manera drástica o el futuro será extremadamente duro para los más vulnerables del planeta y destruiremos un capital natural que no nos pertenece a nosotros, que es también de las generaciones por venir.

En este mundo crecientemente cambiante por el clima tenemos que ser capaces de actuar de manera innovadora, reforzada, coherente, prestar atención a la dirección de los cambios para anticiparnos a ellos, generar propuestas que estén a la altura de los desafíos y multiplicar y ampliar nuestro talento colectivo.

La única manera de conseguir evitar el caos climático es que se asuma la transformación como una propuesta vertebradora y cohesionada, un plan en el que todo el mundo tenga un papel que jugar, en el que no se deja a nadie atrás.

La ambición en los compromisos climáticos tiene que ir de la mano de la ambición de las garantías sociales para que los cambios que se produzcan no afecten negativamente a los que menos tienen, sino que se transformen en un catalizador de oportunidades justamente para ellos.

Los objetivos del Acuerdo de París son fundamentales para garantizar la justicia y la equidad en todas las sociedades y particularmente en las sociedades más pobres y en las capas de la sociedad menos favorecidas en todos los países. Sin una acción climática acelerada, la transición justa no podrá realizarse.

 La acción climática tiene que ser un vector de creación de más y mejores empleos. Tiene que prestar atención a las pérdidas que pueden traer aparejados algunos de los cambios

Sin embargo, la aceleración en las políticas de mitigación, sin una reflexión profunda sobre quiénes van a ser los ganadores y los perdedores de la transición hacia economías completamente descarbonizadas, no generará el apoyo y la confianza de poblaciones y comunidades que se sienten amenazadas por el importantísimo cambio que tenemos que emprender. Aunque los beneficios superan con creces los efectos adversos hay que prestar atención también a estos.

¡Tenemos que avanzar en políticas climáticas pero analizando bien los contextos económicos en los que tienen que implementarse! En muchos países, entre ellos muchos europeos, en la actualidad se tienen que implantar políticas climáticas en contextos en los que el avance en indicadores sociales está detenido o en retroceso, en los que los indicadores de desigualdad no dejan de aumentar. Unos indicadores sociales en retroceso debilitan de manera profunda nuestra capacidad de emprender transformaciones de todo tipo.

El empleo es uno de los elementos fundamentales a contemplar porque de su realización y de la calidad del mismo dependen los ingresos de las familias y su capacidad de prosperar. La acción climática tiene que ser un vector de creación de más y mejores empleos y tiene que prestar atención a las pérdidas de empleo que pueden traer aparejados algunos de los cambios. En un país como España, donde los niveles de desempleo siguen siendo altos, este hecho ha sido un elemento fundamental de nuestra acción de gobierno.

Por ello, a nivel nacional hemos desarrollando una batería de respuestas para asegurar que en España la transición a una economía descarbonizada es justa.

El año pasado presentamos el Marco Estratégico de Energía y Clima, enfocado a facilitar la modernización de la economía hacia un modelo sostenible y competitivo.

Para las comarcas donde la transición energética y ecológica pueda poner en dificultades a las empresas y la actividad económica hemos incorporado una herramienta de reactivación: los Convenios de Transición Justa

Se trata de diferentes elementos diseñados conjuntamente para que España cuente con un marco estratégico sólido y estable para la descarbonización de su economía: un anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética que se fija la neutralidad de emisiones en 2050, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 muy en línea con el objetivo de reducción de emisiones de la UE cercano al 55% con las reglas de reparto actuales, y una estrategia de acompañamiento solidario y de transición justa para asegurar que las personas y las regiones aprovechen al máximo las oportunidades y que nadie se quede atrás. Y por último, junto con el Marco Estratégico Energía Clima aprobamos una Estrategia de Pobreza Energética para proteger a los consumidores vulnerables. Y además se encuentra muy avanzada la elaboración de la Estrategia de descarbonización a largo plazo, documento que se prevé entregar a corto plazo a la Comisión y cuyo objetivo central es lograr la neutralidad climática de España en 2050.

Nos fijamos objetivos ambiciosos desde un punto de vista climático porque sabemos que generarán significativas oportunidades para el país. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima movilizará a lo largo de la próxima década más de 230.000 millones de euros procedentes de la inversión privada, pública y mixta y dinamizará el crecimiento del PIB respecto a un escenario sin plan. Permitirá además que España reduzca su dependencia energética y que la balanza comercial ahorre alrededor de 70.000 millones de euros entre 2020 y 2030.

Y permitirá la nada desdeñable acción de reducir en torno a un 25% el número de muertes prematuras causadas por la contaminación atmosférica respecto a un escenario sin plan.

Por último, tendrá un efecto positivo en el empleo, ya que se generarán aproximadamente entre 250.000 y 350.000 puestos de trabajo en la próxima década, sobre todo en la industria manufacturera y la construcción, en un país, como España, que necesita que su economía genere más y mejores empleos.

Sin embargo, entendemos que, para que las ganancias sociales y de empleo se optimicen, hay que proponer medidas entre las diferentes administraciones, dentro del gobierno (Industria, Trabajo, Agricultura, Economía, Hacienda, Educación), entre los diferentes niveles de la administración en España, desde lo local a lo estatal, y mediante el diálogo social con empresarios, organizaciones sindicales, y otros actores sociales para buscar las soluciones más adecuadas.

De este modo, nuestra propuesta de Transición Justa incluye las políticas sectoriales para la optimización de los resultados en empleo de la transición ecológica de la economía, que estamos trabajando asimismo en el Green New Deal a nivel europeo y que consideramos clave para que Europa siga liderando la agenda climática y social.

Se trata de identificar las áreas de la transición energética con mayores oportunidades de creación de empleo (rehabilitación de edificios, renovables, desarrollo de almacenamiento para renovables, movilidad eléctrica, biometano, hidrógeno) y también más allá de la transición energética (la economía circular, la bioeconomía).

Se trata también de identificar propuestas para un mejor acompañamiento a las empresas y el impulso de planes de acompañamiento en la transición para la industria y otros sectores.

La formación en las habilidades del presente y del futuro para los trabajadores es parte importante de nuestra propuesta. Debemos revisar los currículos de la enseñanza secundaria obligatoria, la formación profesional y la enseñanza universitaria, para la inclusión de contenidos referidos a la transición ecológica.

Tenemos que optimizar las ganancias sociales de la transición ecológica, pero tenemos además que mitigar decididamente los desafíos. Por eso, para aquellas comarcas donde la transición energética y ecológica pueda poner en dificultades a las empresas y la actividad económica hemos incorporado una herramienta para su reactivación: los Convenios de Transición Justa, que deben proponer un plan de acción territorial integral para las mismas.

Los convenios de transición justa tienen como objetivo prioritario el mantenimiento y creación de actividad y empleo en la comarca a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de población en los territorios rurales o en zonas con instalaciones en cierre y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socio-económico.

 Tenemos la oportunidad de hacer realidad las promesas, demostrando que la ambición social y climática pueden ir de la mano respetando los anhelos de la población rural

En mi primer periodo al frente del Ministerio para la Transición Ecológica, tuvimos que enfrentarnos al cierre de las minas españolas y a la solicitud de cierre de la mayor parte de nuestro parque de centrales térmicas de carbón. Por eso dispusimos un plan de acción urgente en el que nos comprometimos a trabajar conjuntamente con todas las administraciones, empresas y actores sociales de esos lugares en los convenios de transición para estas zonas. Este plan surgió del acuerdo firmado con las organizaciones sindicales y empresariales para el cierre de la minería, y cuyos esfuerzos fueron fundamentales para avanzar en la búsqueda de soluciones.  A este acuerdo se sumó un diálogo constante y reforzado con los alcaldes de los ayuntamientos afectados.

Dentro de los convenios para estas zonas carboneras se incluyen numerosas herramientas de apoyo a inversiones, a la restauración de los territorios, al apoyo a proyectos industriales, a la recualificación de trabajadores, al desarrollo de las pymes.

También de manera muy innovadora a final del 2019 aprobamos la norma que nos permite concursar los accesos a red y el uso del agua que hacen las centrales térmicas de carbón a los mejores proyectos no solo en términos económicos sino también de generación de empleo. Dos recursos escasos en España, el acceso a red y el agua, se ponen al servicio de la generación de empleo en las zonas afectadas por los cierres, redirigiendo inversiones sin necesidad de ser apoyadas con recursos públicos, simplemente acercando geográficamente oportunidades con desafíos y teniendo en cuenta los beneficios sociales de las mismas. 

La elaboración de los convenios se está realizando mediante procesos participativos en los que nos proponemos una evaluación objetiva de las posibles pérdidas de empleo y un compromiso con una lista final de proyectos nacidos del acuerdo entre las partes que se proponga el mantenimiento del empleo y la población. Un proyecto de futuro sostenible para estos territorios que fueron actores fundamentales en la generación de la riqueza de hoy, y a los que tenemos que reconocer su aportación, respetar su identidad y ayudar a seguir siendo protagonistas del futuro económico de nuestro país.

Los convenios de transición justa que se han comenzado a desarrollar deberán firmarse con los territorios que vivían del carbón entre los próximos meses de mayo a octubre de 2020. Afortunadamente esta propuesta ha generado un importante apoyo social, demostrado en la respuesta a las diversas elecciones del último año.

La población de las comarcas, aunque se encuentra expectante y en muchos casos escéptica ante los compromisos después de una larga reconversión que ha sido difícil y dolorosa, está volcada en encontrar un futuro para sus territorios y valora la honestidad y el trabajo transversal. Retrasar el debate o la toma de decisiones no elimina los problemas, simplemente nos deja en peor situación para resolverlos. Acelerar los cambios sin poner en el centro a las personas tendrá poco recorrido y nos puede llevar a retrocesos difíciles de superar.

Como prioridad de este nuevo mandato al frente de la Vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,  tenemos la oportunidad de hacer realidad las promesas, demostrando que la ambición social y climática pueden ir de la mano y respetar los anhelos también de población rural que lucha contra la despoblación, en España y en la Unión Europea.

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Este artículo se publicó en inglés en Social Europe.