Conocer el pasado, entenderlo, interpretarlo para luego contarlo es una labor encomiable a la que la mayoría de los historiadores se enfrentan sometidos a la dura disciplina que impone el rigor científico. Los investigadores buscan, analizan, verifican e interpretan según parámetros impuestos, para someterse luego a un análisis crítico que dé por bueno el trabajo realizado. La investigación histórica es una labor tediosa y poco gratificante en el día a día, sobre todo por lo que conlleva tener que trabajar con archivos inaccesibles. En España, los historiadores actuales llevan años hablando de la frustración que supone pelear con horarios absurdos, funcionarios que impiden el acceso a determinados documentos; archivos militares cerrados a cal y canto para investigadores civiles; papeles que –¡vaya por Dios!– han desaparecido de su carpeta. Los historiadores se encuentran con incidentes tan burdos como encontrarse tapado con típex el dato que llevaban meses buscando.

La cuestión del difícil o imposible acceso a la documentación de determinados archivos ha sido motivo de cientos de artículos, peticiones de colectivos o recogidas de firmas. Siempre de manera respetable y respetuosa y sin montar escándalos innecesarios ni mucho menos titulares sensacionalistas que nada tienen que ver con la realidad, como este con el que nos alarmaba un diario madrileño el pasado domingo: “Francia destruye parte de la memoria histórica del exilio ante la inacción del gobierno español”. ¡Cielos! Muchos nos echamos a temblar. El texto del artículo no resultaba más tranquilizador, pues en él se afirma que el Archivo Departamental de Haute-Garonne ha destruido de forma masiva y aleatoria las fichas policiales y judiciales de los españoles que se refugiaron en Toulouse en 1939; y también que los fondos de 1939 han desaparecido casi en su totalidad y que los posteriores que se conservan corren peligro.

Los responsables de los archivos señalan que queda el registro con los datos de la documentación eliminada. Y que desde el año 2000 no se ha vuelto a destruir ni un solo documento

Todo esto lo ha descubierto un escritor consagrado y conocido, aunque no por su defensa de la memoria, la República o el exilio, mientras buscaba un expediente que necesita para una biografía que está escribiendo, expediente que, por lo visto, no encontró. Y esta fue su explicación, a la que su diario convierte en titular: “Francia ha destruido fichas policiales y judiciales del exilio español ante la pasividad del gobierno español”; desde entonces, el escritor, junto con su diario, se han venido arriba y ya no hay quien los pare. Atacan la ley de Memoria Histórica, la salida del dictador del Valle de los Caídos; disparan contra el Instituto Cervantes y sus responsables, contra el presidente del Gobierno y siguen en ello a pesar de ser una cuestión que, tal y como nos la cuentan ellos mismos, tendría que ver con el gobierno francés y su política de archivos, sin más injerencias.  “Probablemente, mientras estos documentos estaban siendo convertidos en confeti o en pavesas el doctor Sánchez estaba echando la lagrimilla en Colliure poniendo unas flores en la tumba de un poeta”, ha llegado a decir. Mientras, hay voces que tratan de poner sensatez y las cosas en su sitio sin mucho éxito.

“Todo esto que ha ocurrido es un muy buen ejemplo para entender el relato de la historia que ha hecho la derecha en el que la verdad da igual. Lo importante para ellos es que los hechos encajen en sus intereses, en el relato que quieren imponer. Este caso sirve para entender una estructura narrativa construida a partir de intereses políticos nada más”, afirma Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Desde aquí también vamos a intentar desmontar este bulo que solo perjudica a las personas que llevan años pidiendo justicia, memoria y reparación.

1. En 1997 (en España gobernaba José María Aznar), y amparados por una instrucción del Ministerio de Cultura francés, los archivos departamentales de Haute-Garonne procedieron a la destrucción de unos cuantos documentos de carácter administrativo relacionados con el exilio español, pues se necesitaba espacio para nuevos fondos. “Los archivos departamentales quisieran señalar que la destrucción de estos artículos se remonta a más de veinte años, y que se trataba de documentos administrativos y no judiciales o policiales”, declaraba en un medio francés Anne Goulet, directora de los archivos departamentales de Haute-Garonne. En la misma línea informaba el diario El País el pasado lunes. Los responsables de los archivos señalan que siempre queda el registro con los datos de la documentación eliminada. Y añaden que, desde el año 2000, no se ha vuelto a destruir ni un solo documento.

2. La destrucción de un documento administrativo, que suele tener que ver con los trámites burocráticos que realiza una persona para la obtención de determinada documentación y poco más, siempre va precedida por un decreto que la autoriza. “La eliminación de documentación está totalmente regulada. No es algo que se le ocurra y pueda llevar a cabo un funcionario sin más. Las personas que están a cargo de los archivos son altos funcionarios muy cualificados que llevan a cabo un trabajo muy riguroso y responden siempre ante cualquier persona o investigador. Son profesionales que gozan de gran prestigio”, declara Bruno Vargas, historiador, profesor e investigador de la Universidad Federal de Toulouse y experto en la República, el exilio y la Transición.

3. Todo lo relativo a documentos policiales o judiciales son palabras mayores. Más aún su destrucción. Son documentos que contienen información muy sensible y todo lo que tiene que ver con ello está sometido a una regulación que depende de la Justicia. La eliminación de estos papeles la regula un procedimiento judicial en el que interviene el Ministerio y las familias implicadas. “Hay una regulación muy estricta sobre esta cuestión”, alega Vargas.

4. Francia cuenta con archivos departamentales en los que están integrados archivos públicos y privados. Entre ellos se encuentran documentos relativos al exilio español, como por ejemplo los archivos de los campos de concentración en los que estuvieron los españoles cuando llegaron a Francia tras la retirada del 39.

Christine Martínez es la presidenta de la sección francesa de Archiveros sin Fronteras, una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la protección y conservación de archivos relativos a Derechos Humanos para preservar la Memoria y la transparencia democrática. “Tenemos una vigilancia particular a la hora de mantener y cuidar estos archivos. Desde mi punto de vista profesional, creo que en este caso no ha habido ningún problema; la eliminación se hizo con todas las garantías”, declara Martínez, que explica el rigor con el que se destruye el contenido de un archivo de manera oficial: “Antes de destruir cualquier información, nos reunimos los responsables que tenemos algún tipo de relación con esos papeles para ver si se trata de información histórica y para comprobar que esa información se encuentra en otro lado”. Por otro lado, también quiere aclarar que la información relativa a extranjeros es mucho más amplia que lo que tiene que ver con el exilio español. “Cualquier información relativa a extranjeros es muy importante no solo para el país de procedencia, sino para nosotros. Sin esa documentación no se entendería la historia de Francia ni de ningún otro país”.

Argumentos tan incontestables como estos no han servido de nada. Ayer mismo, Ciudadanos en el Congreso de los Diputados registró una pregunta en la que pide al Gobierno que aclare si se hizo alguna gestión para evitar la destrucción de los documentos del archivo departamental de Toulouse, que como se ha dicho ocurrió en la etapa Aznar.

El diario madrileño ABC sigue tirando de voces como la de historiadores de la órbita de FAES o blogueros que aprendieron historia haciendo running para conseguir convencernos de que la documentación sobre el exilio español del 39 en Toulouse ha desaparecido o está a punto de hacerlo.

“Si tanto les preocupa este tema, que pidan que se acabe con la ley de secretos oficiales para poder acceder a información importante para los investigadores que todavía hoy está considerada como confidencial. Es un ejemplo muy representativo de la falta de decencia de la derecha a la hora de tratar la Memoria Histórica”, declara Emilio Silva.

Por cierto, no fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, 1944-1945, cuando Toulouse se convierte en la capital del exilio español. En 1939, la mayoría de los españoles de esa ciudad eran emigrantes económicos y no exiliados republicanos.