El ascenso de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil hace algo más de un año ha exacerbado profundamente la crisis ambiental y de derechos humanos del país. A finales de enero el presidente brasileño realizó en su cuenta de Twitter una serie de comentarios racistas, “los indios están evolucionando” y “cada vez más parecen seres humanos como nosotros”, denunciados por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil ante los tribunales como delito grave de odio. Solo dos semanas más tarde, el político ultraderechista atacó de nuevo.

El mismo ejecutivo que contribuyó al fracaso de la cumbre climática de la ONU en Madrid, con su oposición a varios de los acuerdos que se estaban negociando, ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley (191/2020), que permitiría abrir las reservas indígenas a la explotación minera –incluidos proyectos de petróleo y gas–, el sector agropecuario y las centrales hidroeléctricas.

Durante una ceremonia que marcó los 400 días de su mandato, Bolsonaro firmó el proyecto de ley, que debe ser aprobado por el Parlamento y que se presenta como una reglamentación del artículo 231 de la Constitución. En este se reconoce a los pueblos indígenas los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, “correspondiendo a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer que se respeten todos sus bienes”.

Hasta ahora la Carta Magna no permite la minería en territorios indígenas porque no ha sido regulada.  Así, en el párrafo 3 del art. 231, dispone que “el aprovechamiento de los recursos hidráulicos, incluido el potencial energético, la búsqueda y extracción de las riquezas minerales en tierras indígenas sólo pueden efectuarse con autorización del Congreso Nacional, oídas las comunidades afectadas, quedándoles asegurada la participación en los resultados de la extracción, en forma de ley”.

Bolsonaro planea abrir la puerta a la agricultura comercial a gran escala en reservas indígenas, algo que tampoco  está permitida por las leyes ambientales vigentes

Con el nuevo proyecto de ley, el objetivo del gobierno es comprometer los intereses de los pueblos indígenas y de la conservación de la naturaleza. En este sentido, los  funcionarios del gobierno han afirmado que, si se aprueba, las comunidades indígenas no tendrían derecho a vetar proyectos una vez autorizados por el Congreso. Además de esto, Bolsonaro planea abrir la puerta a la agricultura comercial a gran escala en reservas indígenas, algo que tampoco  está permitida por las leyes ambientales vigentes.

Desde que tomó posesión, el presidente ha convertido en norma las agresiones verbales y los ataques institucionales contra los pueblos indígenas. Además, los partidos gubernamentales han fomentado, en  los organismos públicos, los medios de comunicación y el Parlamento, la consideración de las comunidades indígenas como  “invasoras” de tierras.

Tal y como denuncia la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, con su campaña Sangre indígena: ni una gota más, esta ofensiva gubernamental intenta consolidar un discurso de odio y someter las políticas del Estado a los intereses más perjudiciales de los lobbies económicos. El objetivo es entregar las tierras y sus recursos naturales a grupos económicos que se dedican a la explotación minera, la comercialización de electricidad y energía fósil o la industria agrícola y ganadera.

La minería tóxica arrasa con la vida

Los pueblos indígenas y las organizaciones ecologistas llevan denunciando desde hace tiempo que se avecina una pesadilla, ya que todas estas actividades tienen un enorme impacto ambiental y social.

El pasado 25 de enero se cumplía un año de la avalancha de 13 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos de una mina en el estado de Minas Gerais que dejó al menos 270 muertos y toda una región contaminada.

Otra tragedia similar, la ruptura de una presa en Mariana, en el mismo estado, ocurrió hace cuatro años. Las tres compañías responsables del crimen –Samarco, Vale y BHP Billiton– arrojaron más de 48 millones de metros cúbicos de desechos mineros, lo que contaminó 43 municipios, mató a 19 personas, provocó un aborto y causó la destrucción a lo largo de más de 680 kilómetros del río Doce.

Estos delitos suelen permanecer impunes y las compensaciones a las víctimas son insuficientes. Así, prevalece una ausencia de soluciones y una profundización de la violencia y las violaciones de los derechos de las personas afectadas.

500 años de genocidio

La apertura de las tierras indígenas para estas actividades industriales va mucho más allá, es parte del proyecto etnocida del Estado brasileño. Un proyecto profundizado radicalmente con Bolsonaro y que destruye las formas de vida y el pensamiento de los pueblos opuestos a los planes económicos.

Para las organizaciones indígenas que ya han anunciado que no aceptarán los proyectos minero e hidroeléctricos, Bolsonaro está impulsando un “genocidio institucionalizado, etnocidio y ecocidio”.

Como afirma Sonia Guajajara, coordinadora de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, en un video publicado en Twitter, el sueño de Bolsonaro “es nuestra pesadilla, es nuestro exterminio. Porque la extracción de minerales causa muerte, enfermedad, miseria y acaba con el futuro de toda una generación”. La negación del derecho “a cualquier pulgada de tierra demarcada” es una prueba de que el gobierno y los pueblos indígenas están en lados opuestos de la historia, resume.

Bolsonaro presentó el proyecto de ley 191/2020 justo durante la semana en la que se conmemora el Día Nacional de Lucha por los Pueblos Indígenas en Brasil,  el 7 de febrero, como recuerda el Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC). Este día se homenajea al líder indígena Sepé Tiaraju, asesinado en 1756 durante la lucha contra la dominación española y portuguesa en Rio Grande do Sul. Ese conflicto se saldó con la muerte de más de 1.500 indígenas. La colonización inició un genocidio que mermó el número de indígenas en Brasil de unos 10 millones en 1500 a menos de 900.000 en la actualidad.

“La sociedad brasileña debe estar con los pueblos indígenas en su lucha por el derecho a existir y vivir en sus tierras, como lo deseen, con el apoyo que necesiten del Estado, con el derecho a decir que no y ser respetados como parte fundamental de lo que somos como sociedad”, defienden en el INESC. “El desarrollo basado en la sobreexplotación de los recursos naturales también debe pasar por la criba de un debate económico serio sobre sus efectos reales”, añaden.

Bolsonaro subvierte la Funai

El anuncio de la ley 191/2020  ha coincidido además con un preocupante giro en la Fundação Nacional do Índio (Funai). Este órgano de la administración estatal brasileña que establece y desarrolla las políticas relacionadas con los pueblos indígenas ha comenzado a tildar la presencia de indígenas en tierras en proceso de demarcación como una “invasión” y ha prohibido las visitas de los funcionarios públicos a las tierras indígenas en proceso de demarcación.

En una respuesta al Instituto Socioambiental, una ONG dedicada a la defensa del medio ambiente, el patrimonio cultural y los derechos de los pueblos indígenas, el fiscal general nacional de Funai, Álvaro Osório do Valle Simeão, declaró que la presencia de indígenas en estas áreas “es un acto que encaja en la definición de invasor presente en el Código Civil y el Código Penal. No existe lo que comúnmente se llama ‘retomar’, un concepto construido a partir de una antropología trotskista”.

El Instituto Socioambiental considera una “aberración fáctica y legal” que el “propio organismo indígena” criminalice a las comunidades y las convierta en “víctimas de su propia omisión”. Recalca así que no concluir los procesos de demarcación de tierras indígenas es una omisión de la obligación expresa de este organismo de “demarcar, proteger y hacer cumplir todos sus activos”, bajo los términos del artículo 231 de la Constitución.

En julio de 2019, Bolsonaro nombró como presidente de la Funai a Marcelo Augusto Xavier da Silva. El exdelegado de la Policía Federal es cercano a los diputados del llamado banco ruralista del Congreso, con fuertes intereses económicos en los agronegocios, responsables de los incendios forestales y las violaciones de derechos humanos para ampliar la frontera agrícola. En su etapa en la Policía Federal, da Silva fue investigado por ser “demasiado agresivo o impulsivo” e, incluso, fue expulsado de una operación en tierras indígenas.

Inicialmente, Da Silva iba a ser asesor del terrateniente y secretario de Asuntos de Tierras del Ministerio de Agricultura, Nabhan García. Pero, su salida tardía de la Policía Federal frustró su nombramiento. Bajo el gobierno golpista de Michel Temer, Da Silva fue asesor del exministro Carlos Marun para asuntos relacionados con el tema agrario.

Para los movimientos indígenas y ONG, el traslado de Da Silva a la presidencia de la Funai forma parte de la estrategia del gobierno para impedir nuevas demarcaciones de tierras y desmantelar la protección de los derechos de los indígenas.

En esa misma línea, Bolsonaro designó recientemente al misionero evangelista Ricardo Lopes Dias como jefe del departamento de indígenas no contactados de la Funai. Para Sarah Shenker, de  la ONG Survival International, “poner a un misionero evangélico a cargo del departamento de indígenas no contactados es un acto de agresión deliberado, toda una declaración de intenciones: quieren contactar por la fuerza a estos pueblos, lo que los destruirá. Junto con el reciente plan del presidente Bolsonaro de abrir las reservas indígenas a la minería y la explotación, este es un proyecto genocida para destruir por completo a los pueblos más vulnerables del planeta”.

No al tratado comercial UE-Mercosur

Las imágenes de las llamas arrasando el Amazonas en agosto de 2019 hicieron que muchas personas en todo el mundo se dieran cuenta de la conexión entre los agronegocios y la crisis climática.

Los ecosistemas de Brasil están siendo destruidos para dar lugar a la producción de electricidad, la extracción de minerales y la producción de carne, soja, aceite de palma, etanol, etc., que luego se consumen en Europa y China

En este sentido, es importante recordar que la Unión Europea es el segundo mayor socio comercial de Brasil, después de China, y representa el 18,3% de su comercio internacional. La mayoría de las importaciones de la UE procedentes de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) son productos primarios. Las políticas del gobierno brasileño a favor de la agricultura industrial conllevan que la Amazonia brasileña esté registrando uno de los mayores niveles de deforestación desde 2008.

El Pacto Verde Europeo, anunciado por la Comisión Europea y que pretende convertir a Europa en una región climáticamente neutra en 2050, es un brindis al sol si la UE no cambia su política comercial, una de las causas estructurales del calentamiento global. Los ecosistemas de Brasil están siendo destruidos para dar lugar a la producción de electricidad, la extracción de minerales y la producción de carne, soja, aceite de palma, etanol, etc., que luego se consumen en Europa y China. Y todo ello para aumentar las ganancias de corporaciones transnacionales del sector cárnico (JBS, Marfrig, Minerva), agrícola (ADM, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus), minero (Vale, BHP Billiton) y energético (Petrobras, Shell, Total, Equinor, Repsol, BP, Neoenergía-Iberdrola, ENEL).

Los inversores extranjeros tienen una enorme influencia sobre lo que sucede en Brasil. En particular, los grandes bancos (HSBC, Banco Santander, JPMorgan, Chase Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse, Barclay, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, ING, Rabobank, ABN Amro) y los fondos de inversión (BlackRock, Blackstone, Capital, Fidelity) proporcionan miles de millones de dólares en préstamos, cobertura y compra de acciones. Este apalancamiento financiero permite a las grandes multinacionales mantener y expandir sus operaciones, lo que causa una mayor devastación en la Amazonía y otros biomas.

El acuerdo comercial que la UE ha negociado con los cuatro Estados del Mercosur es justo lo opuesto a un Pacto Verde Europeo, ya que acelerará la crisis climática al buscar un aumento de las importaciones que fomentan la deforestación. Además, disparará la violencia y la invasión de las tierras indígenas para la explotación de la soja, la carne y los minerales. Así, este acuerdo significa, en resumen, legitimar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En las últimas tres décadas, 1.119 indígenas han sido asesinados, según denuncia el Consejo Indigenista Misionario en su informe anual Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil.

Los gobiernos de Francia e Irlanda han condicionado su apoyo a la ratificación del acuerdo comercial con el Mercosur a que Bolsonaro respete los compromisos que Brasil asumió en el Acuerdo climático de París. Pero si el tratado comercial UE-Mercosur pretende aumentar el comercio de carne y automóviles, dos sectores que causan una gran destrucción socioambiental, ¿cómo puede ser compatible con el Acuerdo de París y la reducción de emisiones de CO2?

Además, la nueva ley 191/2020 de Bolsonaro muestra que las críticas internacionales por el aumento de la deforestación en Brasil no han hecho ningún efecto.

Es imprescindible que el ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos rechace el acuerdo comercial UE-Mercosur. Así se ha posicionado, por ejemplo, el gobierno de Austria, después de que el parlamento aprobara en septiembre de 2019 una resolución que obliga al ejecutivo a votar en contra del acuerdo en el Consejo de la UE, donde, según las normas, los 27 Estados miembros deben aceptarlo por unanimidad. También el parlamento regional de Valonia aprobó recientemente una moción por unanimidad para impedir al gobierno federal belga firmar el acuerdo comercial.

La solidaridad internacionalista con los movimientos sociales de Brasil que luchan por la justicia social y ambiental es más necesaria que nunca. Si frenamos el acuerdo comercial con Mercosur y logramos un cambio radical en el comercio con Brasil, podremos influir considerablemente en la agenda destructiva del gobierno de Bolsonaro.

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Tom Kucharz es investigador y activista, miembro de Ecologistas en Acción.