Existe un amplio consenso en los análisis de las últimas horas: esta crisis está siendo gestionada mediante un cambio de paradigma con respecto a la anteriormente desencadenada por el estallido financiero de 2008. Es Guillem Martínez el cronista que le ha sacado más punta a esta comparación para demostrar este hecho importantísimo: el austeritarismo ya no es hegemónico y existe al menos una disputa en curso sobre cuál ha de ser la relación entre políticas económicas y políticas sociales a la hora de gestionar la crisis. Para ser más rigurosos, este pulso ya existía en 2008 –y sobre todo a partir de 2011– pero se daba entre la calle y las instituciones: que en 2020 se esté produciendo en el interior de la gobernabilidad constituye obviamente una victoria de las luchas sociales por una política que sitúe a las personas en el centro. También es resultado, por qué no decirlo, del salto ciudadano a las instituciones.

Pero por debajo de esa disputa evidente existen otras tensiones, porque la política no es nunca sencilla ni reductible a lo que se percibe a primera vista. Hay al menos otra capa de tensiones seguramente menos vistosa, que se relaciona pero no encaja completamente con la anterior. Existen todavía dudas de hasta qué punto el coronavirus tendrá algunas características de epidemia estacional. Si así fuera, su posible remisión se facilitaría con el verano europeo y empeoraría lamentablemente las expectativas en el sur del planeta. Pero a efectos de la reflexión que ahora nos interesa, existe una estación política en la que el coronavirus podría recalar con resultados que contradirían los avances democráticos que se están dando en la gestión de la crisis: es la estación de termidor. ¿Existe también una disputa entre la radicalización democrática y una reorganización termidoriana de la situación política en el corazón de esta crisis? 

Unidas Podemos no formaba parte del comité de crisis compuesto por las 'autoridades competentes delegadas', que compareció por primera vez el día después del Consejo de Ministros

Las lecturas de la rueda de prensa ofrecida por el presidente Sánchez el martes 17 de marzo se han dedicado comprensiblemente sobre todo a interpretar el alcance de las medidas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno. Resulta vital hacerlo para deducir cuáles son los flancos en los que conviene seguir empujando no solamente por la función paliativa que necesitan cumplir estas medidas. También por la urgencia de hacer avanzar al máximo el sentido común social en la gestión de esta crisis para defenderlo en los escenarios inmediatamente venideros como una nueva posición de partida ya ganada por la ciudadanía, porque sabemos que la crisis de salud pública y su previsible corolario, el repunte de la crisis económica y social, van de la mano pero la segunda podría tener consecuencias incluso más devastadoras y de mayor duración. Sin embargo, en lo que se refiere al alcance político de estas últimas decisiones gubernamentales anunciadas el pasado martes, interpretar de manera aislada los contenidos de esa rueda de prensa presidencial no es suficiente. Tenemos que yuxtaponerla a otras dos anteriores: la declaración de estado de alarma por el presidente el domingo 15 y la primera aparición del “comité de crisis” el lunes 16, protagonizada por el ministro de Interior Grande-Marlaska, el ministro de Sanidad Illa y la ministra de Defensa Robles, atención, respaldados por altas autoridades militares. Si leemos estas tres escenificaciones gubernamentales en conjunto aparece un mensaje más complejo. 

Se centraliza el mando en el presidente Sánchez. Una obviedad, se podría alegar. Incontestable, no cabe duda. Pero el domingo pasado, el día en que los medios se vieron inundados de incertidumbres, filtraciones y especulaciones por las aparentes discusiones sucedidas en un Consejo de Ministros insólitamente prolongado, pasó extrañamente desapercibido este dato implacable: Unidas Podemos no formaba parte del comité de crisis de facto compuesto por las “autoridades competentes delegadas”, las que comparecieron por vez primera en la rueda de prensa del día posterior más el ministro de Transportes Ábalos. Toda la atención pública se dirigió entonces al Consejo de Ministros del martes 17 como el momento en el que se disputaría el alcance de las medidas paliativas frente a la crisis. La rueda de prensa presidencial no se hizo esperar, con la cascada inmediata de interpretaciones sobre su contenido.

El discurso y la presencia pública de Sánchez encarnan un mensaje complejo con dos componentes: autoridad más empatía, militarización de la crisis más políticas sociales

Sánchez está aprendiendo a leer la situación con progresiva agudeza y moviéndose en la evolución de la crisis de manera cada vez más inteligente. No solamente su discurso sino también su presencia pública encarnan un mensaje complejo con dos componentes: autoridad más empatía, militarización de la crisis más políticas sociales. El pulso entre democracia y austeritarismo es en este momento, sí, vital. Pero no son menos cruciales las modificaciones que pudieran suceder en la correlación de fuerzas políticas que condujo al éxito de la moción de censura de 2018 y la investidura de 2019: existe una disputa por el reparto de la autoridad en la crisis que influirá en el escenario político inmediatamente posterior. Y lo que ahora suceda en este segundo plano de tensiones condicionará las posibilidades de que el cambio democrático se prolongue en esta larga crisis de régimen. Sánchez ha sido el primero en interpretar que estos dos planos de tensiones necesitan ser articulados pero también desajustados, y al no hacerlos coincidir exactamente se permite ensayar combinaciones de perfil tan sutiles como la que ahora está escenificando.

En contraste, la estrategia comunicativa inicial de Podemos resultaba dramáticamente errónea: plantear que la confrontación entre neokeynesiasnismo y ordoneoliberalismo se correspondía con una línea divisoria estricta entre Podemos y el PSOE facilitó a Sánchez desmantelar ese relato en un primer momento imponiendo su autoridad verticalizada, marginando a Unidas Podemos en el Consejo de Ministros, colocando contra las cuerdas a los soberanismos periféricos pero asumiendo al mismo tiempo un relato consistentemente podemista, aunque en la práctica parezca buscar más bien –por el momento– una mediación con los corsets heredados de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española. Por fortuna, una cuarta escenificación ha venido a conducir estas corrientes soterradas hacia un equilibrio más provechoso para todos: la última rueda de prensa gubernamental del vicepresidente segundo Pablo Iglesias junto con el ministro Illa. Iglesias ha tomado nota de cómo Enric Juliana viene insistiendo desde La Vanguardia en que resulta indispensable representar la tensión entre democracia y austeritarismo como una divisoria, no entre socios de Gobierno, sino entre Unidas Podemos junto con parte de los ministerios socialistas frente a la vicepresidenta de Asuntos Económicos Calviño. Resulta indispensable en primer lugar porque se corresponde más con la realidad, y la disputa política no debe arrastrarnos jamás a sacrificar la verdad. Pero también lo es porque, si queremos que sigan abiertas las posibilidades de modificar este régimen, si esperamos que este Gobierno de coalición se mantenga como el epicentro de negociaciones que logren avances democráticos ganando el protagonismo político a las derechas radicales, se tienen que reproducir escenarios donde los ejes de tensiones, las correlaciones de fuerza y los repartos de autoridad sigan abiertos dentro de la muy compleja composición de fuerzas progresistas. 

Las declaraciones precipitadas del Lehendakari Urkullu el sábado 14, en el sentido de que las filtraciones sobre el previsible estado de alarma lo anunciaban como “un 155”, se pueden tomar al pie de la letra para descalificarlas como improcedentes. Pero si estamos de acuerdo en que existe una corriente de fondo en el interior de la correlación de fuerzas progresista de 2018-2019, entonces su intuición no parece desencaminada. Urkullu ha replegado después seguramente por dos motivos. El primero es el más evidente: resulta obvio que, a la vista de la comprensible ansiedad ciudadana, que exige atención prioritaria, no hay forma de rebatir técnicamente la decisión de “proclamar al Gobierno de España autoridad competente en todo el territorio”. También, probablemente, porque el PNV es un partido dotado de una intuición virtuosísima en el manejo de los tiempos políticos: cada cosa a su momento. Visto de esta manera resulta también un poco menos incomprensible el enojo inicial del president Torra, aunque la manera en que ha traducido la misma intuición de Urkullu, transformando el meme “España nos roba” en “España nos enferma” sirve para apretar momentáneamente las filas propias pero también supone la invitación perfecta a un eventual termidor sanchista, dificultando de paso los movimientos al conjunto de las fuerzas que facilitaron este Gobierno de coalición.

Desde que en el verano europeo de 1794-1795 se produjera una reacción conservadora en el seno del proceso revolucionario francés, termidor es una de las palabras que en filosofía política sirven para llamar la atención sobre la guerra de posiciones que siempre existe por controlar la dirección de los cambios que suceden en periodos tumultuosos. Cuando la gente siente mayoritariamente incertidumbre, inseguridad y miedo por esta crisis de salud pública podría parecer inoportuno hablar de maniobras políticas ya que la angustia general reclamaría por el contrario unidad, lealtad, generosidad y altura de miras. Pero una cosa y la otra no son obligadamente contradictorias porque el problema no son las corrientes políticas de fondo sino la tendencia a rebajarlas al vuelo corto de los tejemanejes partidarios. El origen de nuestras crisis es profundamente político, la manera de enfrentarlas también lo es. Tan trascendental resulta ahora hacer retroceder la austeridad como que la concentración de poder en el presidente del Gobierno, en este momento inevitable, no se convierta en una tentación termidoriana.