El plan de medidas del Gobierno para hacer frente a la previsible debacle económica por el coronavirus tiene pocos números. Tan sólo la cifra de 200.000 millones de la que ha hablado Sánchez. Y eso es bueno, no entrar en costes ni en déficit. Hace ver que lo importante es proteger a los asalariados, las empresas, los autónomos y los colectivos vulnerables. Su coste será una consecuencia de ese esfuerzo, no una limitación a priori.

Pedro Sánchez ha destacado que se van a movilizar 117.000 millones de dinero público y 83.000 millones desde el sector privado. Pero, realmente, a la vista de las medidas aprobadas, lo que le costará al Estado puede ser más. Sánchez lógicamente lo sabe. ¿Por qué no lo ha dicho? Posiblemente por dos razones: teme molestar a la Comisión Europea y a los mercados si presume de gastoso. Y, además, todo ello va contra la machacona insistencia de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de no incrementar fuertemente el déficit. La realidad es que ambas precauciones son a estas alturas innecesarias. La ortodoxia de la austeridad, en la que por inercia viven la Comisión Europea y la vicepresidenta Calviño, lleva camino de estar más pasada que los pantalones campana. Los grandes gobiernos de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, han anunciado ya medidas de gasto al margen de esa ortodoxia. No puede ser de otra manera si quieren sobrevivir a la pandemia. Y aquí lo mismo.

Vamos con las medidas. Básicamente todas ellas están destinadas a una cosa: parar el golpe, evitar el aumento exponencial de los parados durante mucho tiempo. Impedir el hundimiento de empresas en cadena, sobre todo de las pequeñas y medianas, muchas de las cuales podrían desaparecer. Y no volver a dejar tirados a los colectivos más vulnerables y que corren el riesgo de extenderse. 

En cuanto a los colectivos más vulnerables, falta por conocer cómo será la prohibición de realizar desahucios mientras dure el desastre, porque lo que se hace realmente es obligar al aplazamiento de los pagos de la hipoteca.  No hay más detalles sobre cómo se se garantizará que no haya cortes de agua, luz y gas a las personas que no pueden pagar. Pero ahí está el compromiso del Gobierno, que deberá cumplir.

A la vista de lo que se ha comunicado, lo más potente viene de la mano de los ministerios de Trabajo e Inclusión y Seguridad Social. Precisamente los dos cuyos titulares se opusieron con más contundencia a la ortodoxia de la austeridad de Calviño, ambos apoyados por Unidas Podemos y varios ministros socialistas.

La estrategia es impedir los despidos masivos a través de Expedientes de Regulación de Empleo (EREs). Para eso se flexibiliza otra figura de nombre parecido, pero de consecuencias diferentes, los ERTEs: los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Las empresas que se encuentren en dificultades podrán suspender temporalmente, no despedir, a trabajadores, o reducir sus horas de trabajo. Pasado lo peor, el plazo que hayan establecido, volverán a trabajar o lo harán por el tiempo que tenían antes de la crisis. El Gobierno abonará a todos ellos la prestación por desempleo, el paro. Si se trata de una reducción de horas, la prestación por esas horas. Lo hará tanto si han cotizado suficiente para tener derecho a ello como si no. Y además ese tiempo no se descontará del tiempo al que el trabajador tenía derecho. Por ejemplo, por los años cotizados, un asalariado dispone de 18 meses de paro, si se queda sin trabajo. Ahora cobra el desempleo por una suspensión temporal durante tres meses. Seguirá conservando los 18 para el futuro. Pero, además, la empresa no tendrá que pagar la cotización a la Seguridad Social por él.

Esto va a suponer un gasto muy elevado, si se tiene en cuenta que lo previsible es el aumento masivo de desempleados, ya sean temporales, como pretende el Gobierno, o definitivos, como harán muchos empresarios. En 2019, el Estado se gastó unos 17.000 millones en las prestaciones por desempleo. Ahora no sólo habrá muchísimos más parados, sino que habrá muchos más con derecho a cobrar la prestación. El gasto podría incrementarse en varios miles de millones. Además, a los autónomos se les flexibilizará la posibilidad de parar su actividad para poder cobrar a su vez una prestación. Todo ello mermará los ingresos de la Seguridad Social.

A su vez, las empresas, muchas de las cuales estarán sin dinero por la caída del negocio, podrán acudir a los bancos a solicitar préstamos para disponer de él. Se entiende que serán créditos a bajo interés, porque son de seguro cobro, ya que tendrán el aval del Estado. Para ello hay hasta 100.000 millones de euros. Esa cifra no computa en el déficit. Al mismo tiempo podrán retrasar sus pagos a Hacienda, lo que suma otros 14.000 millones. No será lo único que dejará de ingresar. Es seguro que la recaudación de Hacienda se va a desplomar: caerá el impuesto de las empresas, bajará el IRPF al aumentar el paro. Y, sobre todo, con el comercio cerrado y sin turismo que gaste, se hundirá previsiblemente la recaudación por IVA.

En suma, aparte del dinero calculado, las medidas llevarán a un aumento considerable de los gastos sociales y a una caída, posiblemente más brusca, de los ingresos tanto de Hacienda como de la Seguridad Social.

El Gobierno tenía previsto que este año el déficit, el exceso de gasto respecto a lo que se recauda, fuese de 22.500 millones de euros, el 1,8 por ciento del Producto Interior Bruto. Será claramente más. La austericida Ley de Estabilidad aprobada por el PP permite incumplir los objetivos de déficit y deuda, en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia, según el artículo 11 apartado 3. España debería cumplir plenamente la estabilidad en 2020, cosa que ya no iba ya a ocurrir, pero el sentido de ese apartado 3 viene a indicar que en esas situaciones se ha de actuar con flexibilidad.

No hay medidas de inversión pública e impulso al crecimiento. Pero deberán venir después, aunque para ello lo acertado sería pedirle también a la UE que se rasque el bolsillo, no sólo que nos permita rascárnoslo a nosotros.