El 8 de abril el Gobierno publicó un decreto para favorecer la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario. El cierre de fronteras y la limitación de los desplazamientos han originado una carencia de trabajadores y trabajadoras agrícolas para hacer frente a las campañas de recolección que se suceden en primavera y verano en distintos territorios del Estado. Más de 10.000 trabajadoras marroquíes se han quedado sin poder llegar a Huelva para la campaña de la fresa. Esto es solo un ejemplo. Muchos trabajadores de Europa del Este que se desplazan para la recolección tampoco estarán este año. Faltan manos. El Gobierno ha tomado medidas en este decreto para flexibilizar las contrataciones y hacer más atractivo el sector agrario de forma que haya un gran número de trabajadores sustitutos que se ‘animen’ este año a recolectar.

Tomar medidas era necesario y urgente, aunque estas sean insuficientes. Pero, más allá de las críticas, lo más interesante es que la propia existencia de estas medidas pone sobre la mesa grandes verdades de las que no suelen salir en los telediarios: la mano de obra agrícola es mayoritariamente inmigrante, y el trabajo del campo, al igual que el de cuidados, sigue siendo invisible y precario en la economía neoliberal.

En el campo no trabajan los europeos blancos

En toda Europa el grueso de la mano de obra agrícola la conforman las personas migrantes. Francia se ha quedado sin 200.000 manos este año y Alemania sin 300.000. En el Estado español la tendencia es similar. Quizás los datos de temporeros agrícolas autóctonos solo sean destacables en Andalucía y Extremadura, donde hay muchas familias que siguen viviendo del jornal en el campo. Además, hay más mujeres autóctonas que hombres en las grandes campañas como la de la fresa. Existe una clara tendencia a que el campo lo elija quien menos opciones tiene y estas suelen ser las mujeres. Lo del jornalerismo autóctono en Andalucía y Extremadura hay que entenderlo dentro del papel de colonia interna que juegan estos territorios en el mapa europeo. A medida que se asciende hacia el norte es menos común encontrar economías familiares autóctonas que dependan exclusivamente del trabajo por temporada en el campo.

En Europa el grueso de la mano de obra agrícola la conforman las personas migrantes. Francia se ha quedado sin 200.000 manos este año y Alemania sin 300.000

En España, en general, son inmigrantes los principales temporeros agrícolas. La Ley de Extranjería dio la posibilidad de contratar en origen a contingentes de trabajadores que llegan para las campañas agrícolas y se vuelven cuando estas finalizan. Estos contingentes, sumados a la población extranjera que vive de forma permanente en el territorio español, conforman las principales bolsas de mano de obra agrícola.

Una realidad invisible para la opinión pública es la población flotante de personas migrantes que se trasladan de un territorio a otro a lo largo del año para trabajar en las distintas campañas. El problema habitacional que sufren estas personas es alarmante. La falta de alojamientos públicos, la reticencia de los propietarios a alquilarles, sobre todo a la población africana, y el incumplimiento por parte de la patronal de su obligación de facilitar alojamiento son las causas de la infravivienda y las chabolas de inmigrantes. El chabolismo laboral es la realidad de miles de trabajadores que viven seminómadas entre campaña y campaña: en primavera en Huelva para la fresa, en Lleida en verano para la fruta de hueso, en Valencia en invierno para la naranja… y vuelta a empezar. Invisibles y precarizados pero siendo una pieza fundamental en la economía nacional, la huerta de Europa.

La propia existencia del decreto de 8 de abril deja claro que el sector agrícola es uno de los motores de la economía y que sin trabajadores inmigrantes estamos en apuros y hay que inventar fórmulas que incentiven el trabajo en el campo. El Gobierno ha optado, sin embargo, por seguir invisibilizando a la mitad de los temporeros inmigrantes que se desplazan de un lugar a otro con la chabola sobre los hombros. Me refiero a esa mitad que no tiene permiso de trabajo y cuya fuerza de trabajo vale menos, porque el miedo a la expulsión siempre abarata los costes para la patronal. Los ‘simpapeles’ no suponen gastos de cuotas a la seguridad social, y demandan menos cuando no se les paga el jornal conforme al convenio, no se conceden permisos o no se pagan las horas extras. Este año los miles de trabajadores inmigrantes ‘simpapeles’ que hacen posible que las campañas agrícolas generen riquezas seguirán sin tener derechos. El decreto no contempla su regularización. Solo hace referencia a inmigrantes con permiso de trabajo en vigor antes del estado de alarma y jóvenes extranjeros extutelados. Recordemos que a estos menores que llegan solos al territorio español se les concede, al cumplir los 18 años, un permiso de residencia hasta los 21 que no le da derecho a trabajar. Esto los aboca a la exclusión a ellos y a las redes de prostitución a ellas, en demasiadas ocasiones. Este año habrá una excepción, durante unos meses tendrán permiso de trabajo solo para el campo.

La bolsa de inmigrantes irregulares seguirá estando disponible un año más para abaratar costos de producción a la patronal. La fruta que comemos y exportamos seguirá manchando la dignidad. Cuando dividamos un año más las toneladas de fruta producidas entre las altas a la Seguridad Social en cada campaña seguiremos obteniendo la cifra de la vergüenza, la mano de obra sin derechos que trabajan pero no existen.

El campo “no lo quiere nadie”

La segunda verdad que pone en evidencia la existencia de este decreto es que el campo “no lo quiere nadie”. El Gobierno ha decretado que las personas que estén cobrando algún subsidio por desempleo o formen parte de un ERTE a causa de la Covid-19 podrán trabajar en el campo sin perder su derecho al subsidio. Bien sabe el Gobierno que difícilmente los españoles blancos van a ir por su propio pie a trabajar en el campo si no se les incentiva. Y no porque los españoles blancos no quieran trabajar, sino porque las condiciones de trabajo son de extrema precariedad.

El convenio del campo de Huelva tiene un salario base por debajo del salario mínimo interprofesional, se queda en unos escasos 40 euros la jornada

El convenio del campo de Huelva tiene un salario base por debajo del salario mínimo interprofesional, se queda en unos escasos 40 euros la jornada. Aun así, muchos trabajadores autóctonos estarían dispuestos a trabajar por este salario si se garantizara que se trabajan ocho horas, cinco días a la semana. Pero no se trabaja así. Dependiendo de las condiciones climáticas, la semana puede reducirse a dos o tres días. Nadie deja de cobrar un subsidio para trabajar 10 días al mes. El trabajo del campo cotiza en un régimen especial de la Seguridad Social, y los días de faena no suman para cobrar el desempleo en el Régimen General. Sí suman para poder acceder al subsidio agrario cuando hay campañas, pero son tantas las peonadas que hay que juntar para tener ese derecho que se necesita plena dedicación en el año. 

Veremos cómo reacciona este año la patronal si de verdad cuenta con trabajadores autóctonos que estén cobrando un subsidio mientras trabajan en las campañas de recolección. Porque estos no van a soportar tan fácilmente que no se le paguen las horas extras, o que se le deje a deber salarios. La patronal sabe que, cuando no existe el miedo al hambre, la conflictividad sindical es mayor. Lo mismo este año con trabajadores subsidiados en el campo tenemos hasta una huelga por la mejora del convenio, lo mismo hasta le tenemos que dar las ‘gracias’ al Gobierno.