El pasado domingo 12 de abril, en la localidad eslovaca de Bardejov, se registró un incidente entre la policía y los vecinos del barrio de mayoría gitana. Oficialmente, más de 30 agentes se enfrentaron a alrededor de 50 ciudadanos y detuvieron a tres de ellos por alteraciones del orden público, alegando que todo comenzó cuando uno de ellos atacó a un policía que le había dado el alto. Sin embargo, un vídeo difundido por el medio romea.cz horas después acabó demostrando que fueron los policías quienes comenzaron a golpear al detenido brutalmente tras intercambiar unas palabras. El presidente de la Unión Romaní de Eslovaquia, František Tanko, ha pedido una investigación sobre el caso y ha denunciado la brutalidad policial. 

El episodio, que comenzó porque el joven detenido no llevaba la mascarilla que es obligatoria para salir a la calle, se une al polémico aislamiento de hasta cinco guetos gitanos en el este del país, e ilustra el tantas veces denunciado racismo institucional eslovaco, que la UE ha observado también en sus vecinos Hungría, Polonia y Rumanía. 

El gobierno ha alegado incluso que está comprobado que cada infectado de etnia gitana transmitirá la enfermedad a 4 personas –frente a la media de 2,1– “por cuestiones culturales”

El 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, el Gobierno eslovaco anunció el aislamiento de tres asentamientos en la localidad de Krompachy, otro en Bsytrany y otro en Žehra, todos ellos en la región de Kosice. En total 6.000 personas quedaron aisladas por el Ejército en barrios con escasos recursos y equipamientos, después de que se hubieran detectado 32 positivos en Covid-19. La propia milicia eslovaca había estado realizando test obligatorios en los asentamientos romaníes del país desde el pasado 2 de abril, a pesar de que en Eslovaquia, como en casi todos los países europeos, escasean los kits y el Gobierno ha tenido que  pedir ayuda tanto a la UE como a China. De los 5,4 millones de habitantes, a fecha 15 de abril el número de positivos confirmados en todo el país no alcanzaban los 900, con dos fallecidos, la cifra más baja de la Unión Europea.

El 13 de abril, el recién elegido primer ministro, Igor Matovic, del partido conservador OLANO, respondía a las críticas a sus medidas a través de su página de Facebook en un post dirigido a los “activistas humanitarios”. Matovic, magnate de medios de comunicación antes de su salto a la política y vencedor de las elecciones del 29 de febrero con la promesa de acabar con la corrupción, acusó a los “activistas” de “cobardes” por no acudir en persona a ayudar a los asentamientos y ser “solo valientes en Bratislava delante del teclado”. 

El primer ministro trató de justificar el aislamiento de los asentamientos gitanos señalando que se calcula que al menos 1.300 personas de las 6.000 aisladas habían estado fuera de Eslovaquia hasta que se declaró la cuarentena a finales de marzo, momento en el que regresaron, y serían el origen de la infección. El gobierno ha alegado incluso que está comprobado que cada infectado de etnia gitana transmitirá la enfermedad a 4 personas –frente a la media de 2,1– “por cuestiones culturales”, aunque sin aclarar de dónde procedía dicho dato. 

Irena Bihariová, portavoz romaní del partido Progressivne Slovensko (Eslovaquia Progresista), respondió a Matovic acusándolo de “abusar de los romaníes para asustar a Eslovaquia con escenarios apocalípticos”, y de “ofender el trabajo de aquellos que intentan ayudar a Eslovaquia en estos tiempos difíciles”. La presidenta de la República, Zuzana Caputova, del mismo partido que Bihariová, respalda el racismo del Gobierno.

Barbora Cernusakova, de Amnistía Internacional, explica a CTXT que tanto los test obligatorios como el aislamiento de asentamientos “solo sirven para fomentar el estigma y los prejuicios” si no se dota a las personas que viven en ellos “de los medios para protegerse a sí mismos”. La activista pro Derechos Humanos recuerda las numerosas denuncias por brutalidad policial en dichos barrios, y la pervivencia de barreras “no solo sociales, sino físicas”, como los muros que aíslan el distrito de Lunik IX, en Kosice, en el que viven 6.500 personas y donde aún se están realizando test obligatorios.

Recuerda que en la mayoría de barrios de mayoría romaní “no hay acceso a agua corriente o a saneamientos adecuados”, situación que solo puede empeorar al aislarlos “y que hace muy difícil, si no imposible, cumplir con las medidas de higiene recomendadas por el Gobierno durante la cuarentena”. Su organización ya envió una queja al primer ministro Matovic a comienzos de este mes, cuando empezaron los tests forzosos, lamentando que se utilizase al Ejército para ello y pidiendo supervisión y transparencia en las medidas tomadas.

De los 33 asentamientos gitanos segregados en el pais se calcula que al menos un 23% no tiene agua corriente de ningún tipo y un 50% no tiene acceso a agua potable, según Amnistía Internacional

Hace unos días, los medios públicos eslovacos conmemoraban el Día Internacional del Pueblo Gitano con un dato: según las estimaciones, en el país viven más de 400.000 gitanos. Pero, en el último censo, de 2011, se definieron así solo unas 105.000 personas. Se calcula que de esas 400.000 personas al menos un 20% vive en situación de extrema pobreza. De los 33 asentamientos gitanos segregados en Eslovaquia se calcula que al menos un 23% no tiene agua corriente de ningún tipo y un 50% no tiene acceso a agua potable, según Amnistía Internacional.

Las acusaciones de estigmatización y racismo institucional no son nuevas para el gobierno de Matovic. Aunque desde 2011 la situación de la comunidad gitana ha mejorado, los resultados de las recientes elecciones de febrero no arrojan previsiones muy halagüeñas. La coalición de cuatro partidos fue diseñada para aislar por un lado al socialdemócrata SMER, salpicado de grandes escándalos de corrupción, y por otro al neonazi Nuestra Eslovaquia. Pero incluye al igualmente ultraconservador y xenófobo SME Rodina, liderado por el nuevo presidente del parlamento, Boris Kollar, que realizó varias declaraciones racistas durante la campaña. 

Ábel Ravasz, plenipotenciario del Gobierno eslovaco para Asuntos Gitanos hasta las pasadas elecciones, ha criticado duramente las medidas de Matovic considerándolas “completamente inhumanas”. Ravasz era diputado en el Consejo Nacional eslovaco, equivalente al parlamento, por parte del partido de la minoría húngara en el país, Most-Hid, pero no obtuvo representación en estos nuevos comicios.

En el otro extremo, y como era previsible, su sucesora desde el pasado marzo, Andrea Bučková, defendió las medidas y las calificó de “necesarias para la salud pública”. De igual manera se expresó Peter Pollák, eurodiputado de etnia gitana y perteneciente al partido del primer ministro, que apoyó las medidas del gobierno y calificó la actuación de Matovic como respetuosa con los Derechos Humanos. Hasta 2016, Pollák había sido el único diputado gitano en el parlamento eslovaco. 

Frederika Halászová, portavoz en Eslovaquia de la ONG checa People in Need, aclara para CTXT que su organización apoya los test masivos “pero para todo el mundo, no solo para las personas gitanas”. Y señala que “no se trata tanto de hablar de la minoría gitana como de las personas que viven en la pobreza”. Subraya que parte del estigma racista radica en confundir comunidades pobres con comunidades romaníes “cuando más de la mitad de esta minoría en Eslovaquia vive fuera de cualquier tipo de gueto, y cuando en los guetos no viven solamente romaníes”.

Las comunidades marginalizadas, recuerda Halászová, “lo están pasando peor que el resto en Eslovaquia o en Nairobi, porque son siempre las más vulnerables”. Si el coronavirus tiene riesgo de extenderse en las comunidades romaníes no es por ninguna “razón cultural” sino porque “las condiciones de densidad de población e higiene que provoca la pobreza ayudan a ello. Por ejemplo, si no tienes acceso a agua caliente”. 

Cernusakova añade también que la preocupación por los derechos de las personas de etnia romaní existía desde mucho antes de la crisis del coronavirus. “En noviembre de 2019, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ya expresó al gobierno eslovaco sus quejas sobre el acceso de las personas gitanas a niveles de vida dignos”, y señaló particularmente el acceso a la salud, con numerosos informes “sobre mujeres gitanas discriminadas y humilladas al acudir a clínicas de maternidad”.

En el área de la Educación recuerda que, en 2015, la Comisión Europea inició un procedimiento contra Eslovaquia que aún está por resolver. Se acusaba al país eslavo de infringir reiteradamente la Directiva Europea sobre Igualdad Racial al mantener la segregación de los menores de edad romaníes en las escuelas públicas. 

Cernusakova espera que la presión sobre Eslovaquia aumente a raíz de las medidas tomadas durante la crisis del coronavirus “para que el actual gobierno se dé cuenta de que continuar con las actuales políticas de discriminación es un callejón sin salida. Este enfoque debe terminar y las medidas que se tomen han de estar encaminadas a cambiar la situación”.