El 16 de abril fue, por el momento, el día con mayor cantidad de muertes y contagios por Covid-19 en Chile: 11 personas fallecidas (sumando un total de 105), y más de 500 nuevos casos. Y esto a pesar de que, en primera instancia, las medidas tomadas por el gobierno chileno habían sido alabadas en medios internacionales por su baja “tasa de mortalidad”. Según el último conteo, se han registrado 8.807 personas que han dado positivo. Sin embargo, tanto el Colegio Médico de Chile como otros expertos y alcaldes de diversas comunas han denunciado falta de transparencia en el manejo de las cifras y la publicación de datos erróneos. La duda es comprensible, sobre todo considerando que hace pocos días el ministro de Salud declaró que entre la lista de recuperados se incluye a las personas fallecidas porque “ya no contagian”. Pero, aunque el gobierno persevere en su esfuerzo de elaborar argucias para mantener las cifras en un nivel “aceptable”, en Chile preocupan especialmente los efectos colaterales que esta pandemia ha traído para el país del “milagro económico”, como lo llamó Milton Friedman en 1982 tras la implementación en la economía nacional del modelo de libre mercado.

En noviembre del año pasado, a un mes del estallido social, el peso chileno tuvo su caída más fuerte de los últimos veinte años

Hoy, más que nunca, el mundo neoliberal se nos presenta como una realidad distópica. Especialmente en Chile, donde, desde mediados de los 70, Pinochet propició las condiciones –dictadura con más de 30.000 víctimas de por medio– para que los Chicago Boys experimentaran con la economía nacional a su antojo en busca del “milagro chileno”, como lo llamaría Milton Friedman en 1982. El experimento comenzó convirtiendo el país en un Estado subsidiario –vía cambio constitucional– donde, además de privatizarse una serie de empresas estatales, se reemplazaron las jubilaciones entregadas por las “cajas de compensación” a pensiones administradas por empresas privadas de capitalización (AFP) –sin pilares solidarios–. Además, se eliminaron los seguros universales de salud y el sistema sanitario se escindió en público –FONASA– y privado –ISAPRE–; se prohibieron los sindicatos, se privatizó la educación en todos sus niveles, se eliminaron los seguros de desempleo, entre otros. Una vez “terminada” la dictadura, los gobiernos que llegaron no tocaron nada o casi nada el modelo. Parafraseando al empresario y presidente Piñera, poco antes del estallido social del pasado octubre, el país era un “oasis” para inversionistas.

El estallido pasado, y muy en especial la situación actual en medio de la pandemia, han dejado en claro que las medidas de extrema libertad económica traspasan el espacio de dignidad de las personas. No es casual que el centro neurálgico de las protestas, la Plaza Italia, haya sido rebautizada como Plaza de la Dignidad. Pero el estallido social, imparable aun cuando ha sido reprimido con excesiva violencia, no ha motivado interés alguno por parte de la autoridad para generar un cambio sustancial en el modelo. Tampoco lo hizo “la marcha más grande de Chile”, cuando el 25 de octubre salieron casi dos millones de personas a manifestarse pacíficamente en todo el país (sólo en Santiago, la capital, la Plaza de la Dignidad recibió a 1,2 millones de personas); al contrario: terminada la marcha, la portavoz del Gobierno se dejó ver en los noticiarios felicitando a un piquete de policías por su “buen desempeño”. Una felicitación realizada poco después de que esa misma policía asesinara a decenas y mutilara a cientos de ciudadanos en total impunidad. ¿Cómo es posible que luego de esa manifestación tan multitudinaria (casi el 12% de la población del país en la calle un mismo día), que continuó con semanas de protestas continuas, no se haya presentado más que una promesa de cambio constitucional? Quizás porque, para el régimen totalitario del capital, la unión pacífica de millones de personas en demanda de un cambio no significa nada.

Pero luego llegó el virus.

En noviembre del año pasado, a un mes del estallido social, el peso chileno tuvo su caída más fuerte de los últimos veinte años. Sin embargo, esa caída no fue nada en comparación con la que tuvo un día después de anunciada la pandemia. Según la prensa financiera, esto se debió, entre otras causas, a la incertidumbre que genera la economía chilena en el contexto de esta (doble) crisis. 

Una premonición, por decir lo menos.

Con el paso de los días las autoridades chilenas iniciaron un errático camino de acciones para controlar la propagación del virus. El ministro de Salud apareció diciendo que no se cerrarían las escuelas, pero un día y medio después –y en fin de semana–, volvió a aparecer diciendo que sí lo harían. Lo mismo pasó con los centros comerciales; no se iban a cerrar, pero las municipalidades (ayuntamientos) iniciaron un camino contrario que terminó por llevar al ejecutivo a decretar el cierre de los malls. Fue gracioso un video viral de un comediante imitando al ministro en sus ires y venires, aunque no tan gracioso –y patético– como el mismo ministro afirmando ante las cámaras que la inacción del gobierno se basaba en la posibilidad de que el virus mutara a “buena persona”.

Como consecuencia del cierre de centros comerciales y la aplicación de cuarentena en varias comunas de la capital, se desencadenó una serie de catástrofes sociales que, a pesar de las redes, han sido acalladas por el confinamiento sanitario. En primer lugar, en relación con la pandemia misma, los test de coronavirus quedaron a disposición de los servicios de salud privada que los vendían por altísimas sumas. Las clínicas privadas comenzaron cobrando 50.000 pesos (50 euros aproximadamente) por cada test, aunque luego de una avalancha de críticas decidieron bajarlos a 20.000; aunque, claro, previo pago de una consulta médica de 59.000 pesos. Es decir, 79.000 pesos (unos 79 euros) en total. La ley de la oferta y la demanda funcionando a pleno rendimiento.

Por otra parte, en diferentes centros públicos de atención médica comenzaron a verse carteles anónimos que denunciaban la falta de personal, insumos y equipos médicos para hacer frente a la pandemia. La administración ha tenido que echar mano de todos los profesionales disponibles, incluso los médicos inmigrantes que llevaban años esperando una autorización para trabajar en Chile. Además, al contrastar el pronóstico del avance de la enfermedad versus la capacidad de los centros de salud pública, resultó evidente que en el país no existía la capacidad de contención suficiente con solo 2,2 camas de hospital por cada 1.000 habitantes. Esto, aunque el ministro de Salud había declarado unos pocos meses antes que “nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes del planeta”. La solución del Gobierno fue arrendar un exclusivo centro de eventos (a un costo de 26 millones de pesos mensuales, unos 26.000 euros) para instalar ahí un hospital de campaña. Las camillas necesarias para este hospital serán compradas a una empresa que, según ha trascendido, pertenecería a un primo del presidente Piñera.

Luego comenzó el pánico al desabastecimiento, que originó una rápida invasión a supermercados y tiendas. En ausencia de un dictamen gubernamental al respecto, las empresas inventaron sus propias medidas para controlar al público, por ejemplo, limitando la cantidad de productos que podía comprar cada persona en el supermercado. 

Otro de los efectos inmediatos, producto del desplome de la bolsa, fueron las pérdidas masivas de las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Las AFP son empresas privadas que, por ley, reciben y retienen el 10% de los salarios de cada trabajador, sin que estos puedan tocarlos antes de su jubilación. Estos fondos invierten en acciones que pocas veces revisten una utilidad para el contribuyente. Peor incluso: en el contexto de la crisis sanitaria y el desplome de las bolsas, los chilenos hemos perdido grandes sumas de dinero de nuestros fondos de pensiones, dinero que, por supuesto, ni el Estado ni estas empresas están en la obligación de reembolsar. Las sumas varían según la cantidad de dinero ahorrado por cada trabajador: se han registrado pérdidas de cientos de miles hasta de varios millones de pesos.

Mientras tanto, en ámbito laboral, el intento del Gobierno por obviar la gravedad de la pandemia y aportar por “normalidad”, ha dejado expuestas a miles de trabajadoras y trabajadores ante el  riesgo de contagio. Incluso en las entidades estatales se estableció una serie de normas que resultaron insuficientes para los funcionarios. El teletrabajo solo se autorizó en casos especiales. Varios videos de protestas en centros comerciales circularon por redes sociales, lo que derivó en el despido de trabajadoras y trabajadores que aparecieron ante las cámaras exigiendo su derecho a cuarentena.

Finalmente, el Gobierno cedió a la presión de los alcaldes y, tras consensuar con el gremio empresarial, representado por la Cámara Nacional de Comercio –CNC–, consiguió un acuerdo para cerrar centros comerciales. Según el ministro de Economía, se trató de “un acuerdo que costó bastante”. Luego, se decretó cuarentena total en varias comunas de la capital. 

Pero los despidos no cesaron: al contrario. 

Trabajadoras y trabajadores de distintas empresas comenzaron a recibir una carta idéntica, en la que sólo se modificaba el logo de la compañía y la firma del representante legal, para informarles de su “suspensión laboral”. En esta carta se especificaba que, para el trabajador, “se suspende la obligación de prestar los servicios para los que fue contratado” así como el empleador cesa en su “obligación de proporcionar el trabajo convenido y pagar la remuneración acordada”. En otros casos, las empresas simplemente decidieron no renovar contratos para llamar a sus empleados en modo “part-time”, sólo cuando fuese necesario y pagándoles “el día trabajado”. ¿Cómo es posible que las empresas operen con tanta indiferencia? Lo cierto es que sólo estaban aplicando una disposición legal, una que el Ministerio del Trabajo había publicado pocas horas antes mediante una resolución, afirmando que los empresarios estaban en su pleno derecho de “suspender laboralmente” a las personas ya que las circunstancias respondían a “fuerza mayor”.

Podría esperarse que una disposición semejante respondiera a una voluntad estatal de hacerse cargo del problema, pero no es el caso. A diferencia de otros países, donde existe la figura de “desempleo técnico” –como en Francia–, Chile carece de cualquier protección especial para los desempleados. Tal como se ha dicho, luego de la dictadura se eliminaron los seguros de cesantía, situación que permaneció inmutable hasta 2001, cuando se creó la Administradora de Fondos de Cesantía –AFC–, una “sociedad anónima cerrada, cuyo giro único y exclusivo es administrar dos Fondos […] y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece la Ley N° 19.728 sobre Seguro de Cesantía”. Como siempre, todo en manos de empresas privadas (sin contar con la coincidencia de que, en esta ocasión, el representante legal de AFC es hermano de un condenado por crímenes de lesa humanidad). Este sistema, semejante al sistema privado de jubilaciones, AFP, funciona con un ahorro que realiza una persona asalariada –y sólo las asalariadas– en su vida laboral. Es decir, un desempleado que lleva un año trabajando recibirá una cantidad muy inferior a su sueldo, insuficiente para cumplir con sus obligaciones contraídas anteriormente, como vivienda, educación, salud, transporte, además de requerir una serie de requisitos para cobrarlo. Mientras en otros países el seguro de desempleo asegura un porcentaje del sueldo que percibía el trabajador (70% del sueldo bruto en el caso de “desempleo técnico” francés), en Chile este seguro permite sólo un retiro de fondos decreciente, donde se paga un 70% del sueldo promedio al primer mes, hasta llegar a un 30% desde el quinto mes. Todo eso, por supuesto, hasta agotar los fondos individuales disponibles. Con todo, la situación es mucho peor para los 2,6 millones de trabajadores informales del país, ya que, al no tener un empleador, no se encuentran suscritos al seguro de cesantía.

La crisis del coronavirus ha dejado en evidencia de qué manera el sobrevalorado emprendimiento amenaza con dejar en la calle a un millón de desempleados

En un país que ha hecho gárgaras promoviendo el emprendimiento, a través de la creación de programas gubernamentales como [crea] “Tu empresa en un día”, instaurado durante la primera presidencia de Piñera, las pymes y las microempresas representan el 96,8% de las empresas en Chile –aunque poseen sólo el 15,4% del mercado–. La crisis del coronavirus, sin embargo, ha dejado en evidencia de qué manera el sobrevalorado emprendimiento amenaza con dejar en la calle a un millón de desempleados. La solución ofrecida por el Gobierno es un bono para las cargas familiares de los pequeños y medianos empresarios (bonos estatales de 50.000 pesos, unos 50 euros), así como facilidades para la obtención de nuevos créditos y el descuento de impuestos de timbres para la solicitud de estos. 

Para los estudiantes, la situación no es mejor. Considerando que en Chile no existen universidades gratuitas (ni siquiera las públicas), muchos estudiantes han visto postergado su ingreso a la universidad este año. Se estima que la cantidad de matrículas a nivel nacional descendió en 20.000. Incluso personas que lograron matricularse en alguna universidad, han debido abandonar porque sus sostenedores se han visto afectados económicamente, lo que les ha impedido pagar los altos aranceles universitarios.

Para los estudiantes de primaria y secundaria no ha sido mucho mejor. Las escuelas –primero las privadas, luego las públicas– se cerraron, en primera instancia, por sólo dos semanas, aunque todo indicaba que el claustro de los alumnos sería más largo. Luego, como medidas para avanzar contenidos durante la crisis, se estableció que niños y jóvenes tendrán clases virtuales, esto sin contar con que muchas familias no disponen de internet o computador en sus casas. Más tarde, el nuevo ministro de Educación decidió que, como forma de salir del problema de la entrega de contenidos, se adelantaran las vacaciones de invierno. Con esto, los estudiantes pierden su derecho a vacaciones una vez terminada la crisis. Aún más complejo es el escenario de los más de 1.200.000 estudiantes matriculados en establecimientos públicos, muchos de ellos acogido al beneficio alimentario de la Junta de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) –transformada en una canasta familiar a causa de la crisis–, ya que la provisión de alimentos se verá suspendida. La manutención de estos niños quedará a cuenta de padres y madres. Por otra parte, para el resto, poco más de 2,2 millones de estudiantes inscritos en colegios particulares subvencionados y privados, no se ha anunciado ningún tipo de apoyo. 

En cuanto a los servicios básicos, considerando que las empresas proveedoras son privadas, el Gobierno tampoco se ha manifestado. Es más, el presidente Piñera se limitó hace poco a agradecer el “gesto” de las ISAPRE por postergar el alza anual de los planes de salud. En tanto, algunos empresarios, como el multimillonario Andrónico Luksic, propietario del Banco de Chile, anunció en sus redes sociales que aplazaría el pago de los próximos tres meses de las deudas hipotecarias contraídas con su banco, diluyendo las cuotas entre las pendientes. Todo un gesto de altruismo.

Es de esperar que las fallas del modelo, por las que han sufrido millones de personas –opositores y no–, generen un estallido social aún más intenso que el iniciado el pasado octubre

Uno podría pensar que la actuación de las autoridades, tanto frente al estallido social como a la crisis sanitaria, se basa en mera incompetencia. Pero no. Gran parte de la defensa del modelo se basa en una insensatez premeditada, un desinterés basado en una lógica inhumana, netamente monetaria. Además, hay implicaciones más prácticas: tanto las AFP como otras empresas beneficiadas por el modelo han resultado las mayores aportadoras de fondos de campaña para el sistema político. Es por esta razón que, desde los doctrinarios del shock en adelante, Chile ha estado gobernado por tecnócratas que anteponen al servicio público una voluntad de defensa del modelo, erigiendo un Estado en las antípodas del contrato social. Hoy, más que nunca, es patente cómo la ética neoliberal sólo responde a la depredación. Sin tomar en cuenta la enorme cantidad de homicidios y torturas realizados para instalar este modelo en Chile, como tampoco las declaraciones de un esquizoide como Bolsonaro, podemos presenciar, horrorizados, de qué manera la “banalidad del mal” reaparece en las declaraciones de los paladines del modelo. Sólo ayer el director de Inversiones de Larraín Vial, una corredora de bolsa chilena, declaró: “No podemos seguir parando la economía, debemos tomar riesgos y eso significa que va a morir gente”. En los últimos días, el Gobierno emitió un protocolo para que los funcionarios públicos comiencen a volver “gradualmente” a sus puestos de trabajo a partir del lunes 20; además, se ha puesto a circular otro protocolo en pos de la pronta reapertura de malls y actividad comercial. Todo lo anterior a pesar de la conciencia del gobierno de que el pico de la enfermedad se espera para “fines de abril, principios de mayo”.

¿Qué ocurrirá en Chile una vez pasada la crisis sanitaria? Es de esperar que las fallas del modelo, por las que han sufrido millones de personas –opositores y no–, generen un estallido social aún más intenso que el iniciado el pasado octubre. Pero, al no contar con un liderazgo claro, es muy esperable que este volverá a tener un carácter inorgánico, eminentemente catártico, que finalmente no conseguirá cambio alguno. Por otra parte, la izquierda chilena está dando palos de ciego como nunca antes. Recientemente, a causa de rencillas internas de la oposición, la derecha piñerista logró hacerse con la presidencia de la Cámara de Diputados. Quizás como una forma de reivindicación virtual algunos políticos de izquierda usan ahora el hashtag #necroliberalismo –para referirse al neoliberalismo–, pero nada ocurre más allá de unos cuantos tweets y posts en redes sociales.

Son muchos los optimistas, a nivel mundial, que han salido a remarcar las ya evidentes aberraciones de la distopía liberal para afirmar que el fin del modelo está cerca. Pero eso también es poco probable. Tal como nos recuerda Harvey en Una breve historia del neoliberalismo, luego de las “catastróficas condiciones” que amenazaron el orden capitalista tras la Gran Depresión de 1930, un “nuevo orden mundial” se erigió a través de los acuerdos de Bretton Woods, creándose instituciones como la ONU, el FMI, el Banco Mundial, entre otros. 

Y aquí estamos. 

En una entrevista reciente, consultado sobre si lo que vivimos contra el coronavirus es una guerra, el sociólogo francés Alain Touraine ha dicho: “Técnicamente la guerra enfrenta a un ejército A que invade el territorio del país B. […] ocurre entre humanos. Aquí, en cambio, lo que vemos es lo humano contra lo no humano”. Quizás sería más pertinente leer el neoliberalismo en clave viral, como algo no-humano. O antihumano, directamente. La exaltación de lo económico por encima del bienestar social da para creer, entonces, que el verdadero virus, la verdadera pandemia ante la cual debemos protegernos, es una infección mucho más purulenta, mortal y peligrosa, violenta y salvaje.

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Galo Ghigliotto es escritor chileno.  Autor de Matar al Mandinga (2016) y El Museo de la bruma (2019) entre otros.