Ni el aumento de los presupuestos, ni la ampliación de plantillas, ni los avances en políticas públicas de integración han bastado para que durante el último año en España se mejorase el acceso a un derecho fundamental: el asilo. Más bien al contrario. Según datos recogidos en el último informe anual del Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), 2019 cerró con la cifra de solicitudes de protección internacional más alta que se ha registrado en nuestro país, con 118.264, pero solo se concedió asilo a un 5,2% de las personas que consiguieron resolver los trámites. Poco más de 5.100 personas alcanzaron durante el año pasado el estatuto de refugiada o la protección subsidiaria en nuestro país. 

Las cifras, en comparación con otros ejercicios y en relación con el contexto europeo, son malas: en 2018, España concedió protección internacional al 24% de las personas que lograron terminar los trámites de su solicitud. Durante el año pasado, la media europea se situó en el 31%, cerca de 26 puntos por encima del ratio de nuestro país.

En 2018, España concedió protección internacional al 24% de las personas que lograron terminar los trámites de su solicitud. En 2019, la media europea se situó en el 31%

Según CEAR, estas pobres estadísticas se han logrado compensar con las cerca de 40.000 personas que han logrado una autorización de residencia por razones humanitarias, la mayoría procedentes de Venezuela. Un hecho positivo que, sin embargo, no ha bastado para evitar que casi un 29% de las personas que llegaron al final de su solicitud se quedaran sin ningún tipo de protección y que se sigan acumulando expedientes de resolución en las oficinas de la administración. Según la información recopilada por CEAR, al cierre de 2019 había algo más de 133.000 personas atascadas en algún paso de la solicitud, una cifra que solo supera Alemania en el marco de la UE. 

Por nacionalidad, el informe advierte de que más de tres cuartos de las solicitudes registradas durante 2019 tuvieron origen en países latinoamericanos: Venezuela y Colombia concentraron más de 70.000 peticiones, mientras que Honduras, Nicaragua, El Salvador y Perú también dejaron una cifra muy elevada de solicitudes. Por su parte, “la exigencia de un visado de tránsito explica el acusado descenso de las personas originarias de Siria y Palestina que pidieron asilo”. Pese al deterioro de la situación política y social en muchos de estos países, una gran parte de estas peticiones fueron denegadas: el 98,9% de las de Colombia, el 90,6% de las de Palestina, el 88,5% de las provenientes de El Salvador y el 84% de las de Nicaragua. 

Sobre el estado del sistema y sus recursos, CEAR subraya algunos de los logros alcanzados durante los últimos tiempos, como son el aumento de la plantilla –5.000 plazas más entre 2014 y 2019– y del presupuesto destinado a la acogida. También la implicación de las administraciones locales y autonómicas o la mejora de la atención especializada “a las personas solicitantes afectadas por situaciones de especial vulnerabilidad psicológica, física o social”. 

A lo largo de 2019, el plazo medio de espera para acceder a una plaza de acogida temporal pasó de cuatro a seis meses

Estos avances, en cualquier caso, se demuestran más que insuficientes tanto si se atiende a las cifras de tramitación y aprobación como a las barreras que siguen existiendo para que miles de personas puedan ejercer su derecho: a lo largo de 2019, el plazo medio de espera para acceder a una plaza de acogida temporal pasó de cuatro a seis meses, mientras que los servicios sociales más básicos y esenciales –pensiones, vivienda, empleo, educación o salud– representan “un camino sinuoso, plagado de obstáculos difíciles de remover”. 

A esto se une la situación de la frontera sur, donde apenas existen vías legales y seguras, y donde se registra una restricción a la libertad de movimiento de las personas solicitantes de protección, pese a que desde 2010 varios tribunales han declarado la ilegalidad de estas prácticas. Sobre las devoluciones en caliente, CEAR se muestra desalentada sobre la resolución del Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero espera que pueda ser revertida en el Tribunal Constitucional. 

En la misma línea que el documento de CEAR, otro informe publicado por el proyecto National Integration Evaluation Mechanism –financiado por la Comisión Europa y coordinado en España por el centro de estudios CIDOB– también ha denunciado recientemente la insuficiente respuesta del sistema de acogida y protección de nuestro país ante el crecimiento de solicitudes del último año, el más alto entre los principales países receptores de la Unión Europa. 

De nuevo, el informe –que compara la actuación de 14 Estados de la UE en esta materia– reconoce algunos de los avances recientes, como el aumento del personal y de entidades o la flexibilización en la acogida, pero concluye que “en la práctica, el sistema de asilo español es incapaz de garantizar estándares de acogida e integración a todo el colectivo” de personas solicitantes de protección internacional.

Se señala a Ceuta y Melilla como la gran paradoja del sistema, un cuello de botella donde se acumulan las prácticas que imposibilitan el acceso al derecho

Aunque España cuenta con un marco jurídico y normativo bastante solido en este ámbito, los obstáculos se reproducen en la parte práctica y de actuación del sistema. En concreto, el informe señala importantes deficiencias en materia de políticas e implementación, que toman forma en la creación de barreras administrativas y “donde destaca la falta de recursos y factores como una formación insuficiente del personal para atender necesidades específicas y diversificadas”.

Aquí, se destacan los casos de solicitantes de asilo y personas refugiadas LGTBI, que enfrentan problemas relacionados con los estereotipos o dificultades en el acceso al mercado laboral, la vivienda o la sanidad. 

Por último, se señala de nuevo a Ceuta y Melilla como la gran paradoja del sistema, un cuello de botella donde se acumulan los obstáculos administrativos –en algunos casos discriminatorios– y las prácticas que imposibilitan el acceso al derecho, como las devoluciones en caliente.