Estimados y estimadas miembros del Gobierno:

La Administración puede limitarse a cumplir las leyes, pero los gobiernos están para impulsar una visión, un modelo de sociedad. La última sentencia del TEDH  (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) de Estrasburgo respecto del caso N.D y N.T puede generar la tentación de consolidar un modelo de gestión de las fronteras en el que no se garantice un procedimiento de expulsión individualizado y con las correspondientes garantías: asistencia jurídica, intérprete, derecho a solicitar asilo y a un recurso efectivo contra la decisión que se adopte. 

Numerosos organismos internacionales y regionales de derechos humanos se han pronunciado recientemente con esta misma preocupación. Así, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa ha señalado claramente que (…)”España tiene ciertamente el derecho a establecer sus propias políticas inmigratorias y de control fronterizo, pero también debe respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos, y en concreto aquellas que le conciernen con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al Convenio de 1951 sobre el estatuto de los refugiados”. En la misma línea, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa señaló, tras su visita a España, que “la práctica descrita de devolver inmediatamente y por la fuerza a los inmigrantes irregulares, sin identificación previa o evaluación de sus necesidades, es una flagrante vulneración del principio de no rechazo”.

Lo que demandamos desde Andalucía Acoge es una gestión fronteriza respetuosa con el derecho a solicitar asilo y a ser identificado y protegido como menor de edad o como víctima de trata, somos conscientes de que esto no impide que las personas que lleguen de forma irregular a territorio español puedan ser expulsadas; únicamente asegura que cualquier expulsión se haga en virtud de un procedimiento con todas las garantías previstas en la normativa nacional e internacional aplicable, algo que un Estado democrático debe ofrecer a cualquier ser humano que esté bajo su control. Y ello, no sólo por respeto a sentencias judiciales sino por fidelidad y compromiso con los propios valores que fundamentan el Estado de Derecho. Por el contrario, si abrimos la puerta a que los derechos humanos no estén garantizados para cualquier persona que esté bajo custodia de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, independientemente de su situación administrativa o de la forma de acceso al país, estamos minando la democracia del Estado. Un camino que un gobierno progresista debería evitar a toda costa.

En última instancia un país, un Estado, se define por cómo elige construirse. Que España sea un Estado en el que cualquier persona tenga garantizado un trato acorde a la dignidad humana, con independencia de cualquier otra consideración, es un límite que el actual gobierno no debe traspasar. En ese sentido, recordamos que el TEDH en su sentencia, si bien no  ha  condenado a España, ha marcado unos mínimos que el Estado español puede optar por mejorar, comprometiendo la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad con un régimen garantista de los derechos humanos en la Frontera Sur. 

Por todo lo anterior, desde Andalucía Acoge apelamos a la coherencia política y a la defensa en materia migratoria de un modelo de Estado comprometido con los derechos humanos de todas las personas sin excepción y cumplidor de las obligaciones adquiridas en virtud de los tratados internacionales de los que España es parte. Además, animamos al actual Gobierno, conformado por partidos que han sostenido el cese de las devoluciones en caliente estando en la oposición, a superar esta sentencia contraria con los derechos humanos en Europa con una actuación gubernamental firmemente comprometida con la dignidad humana, que fomente una sociedad de la que todas y todos nos podamos sentir orgullosos. Hay una oportunidad clara ante la anunciada reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y todavía mantenemos la esperanza de que así se haga.