Una ley no escrita impide conocer adónde van 800 millones de euros anuales que pagamos todos los españoles con el recibo de la luz. Es dinero que se destina al denominado “pago por capacidad”, un crisol de incentivos a la industria privada (productores y grandes consumidores) que la Comisión Europea investiga desde 2016 por considerarlos ayudas encubiertas del Estado. Un año después, abría un expediente de infracción contra nuestro país por alterar de esta manera la competencia energética.

Algunas de las industrias a las que el Estado apoya con esta subvención encubierta son altamente contaminantes, pero el ciudadano no tiene derecho a saber cuáles son. Es confidencial. Secreto de Estado.

En estos tiempos de pandemia, quizá revisar esos pagos podría servir para abaratar el recibo de la luz. Pero, sobre todo, demostrarían la voluntad política para frenar el cambio climático. Una de las causas, según algunos epidemiólogos, de que algunas amenazas latentes como la de la covid-19 tengan la capacidad de salir de sus ecosistemas naturales y asolar el planeta. Habrá más y peores pandemias como esta si no echamos el freno, nos advierten.

Tatiana Nuño es responsable de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, y formó parte de un equipo investigador de la organización ecologista que durante meses intentó desvelar el misterio y poner nombre a las industrias beneficiadas con estos incentivos de dudosa transparencia. “La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) nos dijo en reunión que eran datos confidenciales, sin explicación. El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), lo mismo: ‘Las liquidaciones son confidenciales, no hay acceso a datos por empresa o unidad’. También Red Eléctrica Española (REE): ‘La liquidación individual de los pagos de capacidad de cada instalación es confidencial; solo la información agregada es pública y está disponible’. No te puedo reenviar los correos porque están dirigidos exclusivamente al destinatario y la información contenida es confidencial". La palabra confidencial ha dejado de ser patrimonio del thriller para instalarse en tu recibo de la luz. CTXT se puso en contacto con el Ministerio de Transición Energética en busca de una razón para semejante secretismo. Sin éxito. Hush-hush.

Lo que sí consiguió el equipo investigador de Greenpeace es desglosar el destino general de esas ayudas entre 1998 y 2017. Alcanzaron en esa década los 18.000 millones de euros, y en la actualidad siguen sumando a razón de 800 millones anuales. Esa cantidad va comprendida en el concepto “potencia” de nuestra factura, es decir, el que se engloba dentro de los costes regulados. Estos suponen el 60% de lo que cada uno paga de luz. El otro 40%, sí está vinculado al precio de la electricidad consumida.

El “pago por disponibilidad”, con un coste en el recibo de 11.000 millones de euros entre 1998 y 2017, es una aportación a las generadoras solo por el hecho de existir

Uno de los conceptos más controvertidos de esta maraña de ayudas opacas es el denominado “pago por disponibilidad”. Con un coste en el recibo de 11.000 millones de euros entre 1998 y 2017, se trata de una aportación a las generadoras solo por el hecho de existir. Por estar disponibles, produzcan en la actualidad o no, para casos de emergencia en picos de consumo inesperados. Por poner un ejemplo acorde con estos tiempos catastrofistas de DANAs y pandemias: en caso de colapso o cierre imperativo de las centrales nucleares su producción sería aportada, sobre todo, por centrales de ciclo combinado que en la actualidad están funcionando al 20 o 30%. Por eso cobran. ¿Tiene lógica? Neoliberalmente hablando, sí.

Alguien tenía que pagar los excesos y especulaciones de la industria eléctrica desde que cayera en manos privadas con la liberalización dictada por el gobierno de José María Aznar en 1997 (Ley del Sector Eléctrico 54/1997, reformulada por la Ley 24/2013, ya con Mariano Rajoy). La propaganda institucional y mediática de aquellos tiempos nos convencía de que privatizando lo público crecería la competencia, y los nuevos actores del sector reducirían a mordiscos sus facturas para atraer más clientes. Un relato que casi se ha cumplido punto por punto, como todo el mundo sabe (léase la frase con ironía). Una nueva prueba de la infalibilidad casi papal del liberalismo ultra.

El recibo no bajó, por supuesto, y con ceguera especulativa las nuevas firmas empezaron a invertir en centrales no planificadas. Por lo que demuestra su ansia inversora, no habían previsto ni siquiera el incipiente nuevo escenario que se abría en el sector con la irrupción de las renovables. “Y realizaron previsiones de demanda tan elevadas como irreales”, las califica Greenpeace. Hoy tenemos un sistema eléctrico con un 30% de sobrecapacidad. Con los datos en la mano, en 2017 las centrales de ciclo combinado (gas) trabajaron en conjunto a un 16,7% de su potencial. El equivalente a dos meses por año. El resto de tiempo que no producen incrementa el recibo de la luz.

En 2017 las centrales de ciclo combinado (gas) trabajaron en conjunto a un 16,7% de su potencial. El equivalente a dos meses por año

“Estamos pagando el rescate de centrales a las que nadie había dado su visto bueno. Se han construido a riesgo y aventura de los promotores privados. Pusieron tantas centrales como quisieron: si se adecuaban a la legislación vigente, se abrían instalaciones de gas como puedes abrir una panadería. Y ahora hay que pagar esa falta de previsión del sector con otro rescate, como el de la banca”, resume Rodrigo Irurzun, coordinador del área de energía de Ecologistas en Acción. Si se asume, como explica Irurzun, que estos conceptos constituyen un rescate encubierto al sector, se puede decir que hemos pagado ya en el recibo eléctrico lo mismo que constó rescatar Bankia.

En el mismo verano de 2007 en que sobre EE.UU. y Europa ya se cernía el vampiro de la crisis de las hipotecas subprime (hipotecas basura), y era evidente que el consumo de electricidad iba a bajar un pico en medio mundo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo en el BOE un nuevo concepto para resarcir a la industria de sus inversiones poco rentables y sin previsiones realistas: “el pago por nuevas instalaciones”, que también ha sido incluido en el recibo de la luz y con él se han recaudado 3.600 millones de euros más entre su promulgación y 2017. Bajo el concepto “restricciones por garantía de suministro” se potenció la quema de carbón autóctono con 2.800 millones de euros entre 2011 y 2014. Y 490 millones fueron destinados a reducir la contaminación de nuestras plantas de carbón entre 2007 y 2017, ayudas que han merecido el citado expediente en Bruselas por considerarlas inyecciones de capital estatal encubiertas que atentan contra el libre mercado. “Por los pagos a las propietarias de térmicas de carbón (Incentivos a la inversión medioambiental) hasta 2020, la CE abrió un expediente. Creemos que en principio podrían dejar de cobrarlo e incluso tener que devolverlo si el gobierno así lo quisiera”, aseguran desde Greenpeace.

Las grandes consumidoras, por ejemplo acerías y cementeras, también se llevan parte del pastel a través del “pago por interrumpibilidad”, un sistema de subastas que permite que las empresas que consumen más electricidad reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red eléctrica en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona.

Paradójicamente, gracias al citado expediente abierto en 2017 por la Unión Europea contra España, se levantó parcial y momentáneamente el velo del top-secretsobre las industrias beneficiarias. “Lo único que se ha podido saber de esta lista fueron los millones que fueron expedientados por Bruselas, los 490 millones que se dieron a la centrales térmicas de carbón para instalar filtros y poder seguir operando”, reconoce Tatiana Nuño. Y plantea una duda sobre si será o no muy constitucional negar una información de interés público tan evidente: entre otras cosas, nos impide saber hasta qué punto nuestro dinero está sirviendo para financiar instalaciones altamente contaminantes. Es confidencial. Y es el mercado, amigo. Por mucho que los expertos nos estén advirtiendo que el cambio climático también puede contribuir a desastres sanitarios como el que estamos sufriendo ahora.

Esta confidencialidad puede entorpecer el ejercicio de uno de nuestros derechos y, sobre todo, deberes constitucionales.

Artículo 45 de la Constitución española

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Esta disposición legislativa de apariencia tan moderna entró en nuestra Constitución en su redacción original de 1978 a propuesta del Partido Comunista. El PCE consiguió colarles a los padres de la Transición una versión de la muy progresista ley aprobada en 1976 en Portugal. El 25 de abril, en el segundo cumpleaños de la Revolución de los Claveles, el pueblo luso votó en su Constitución diez disposiciones medioambientales enormemente ambiciosas para aquel tiempo. Recogían desde educación ambiental hasta políticas fiscales; apelaban “al principio de solidaridad entre generaciones”; aludían a la necesidad de transversalizar la ecología en todas las áreas ministeriales... El PCE de Santiago Carrillo negoció para los españoles un artículo constitucional inspirado en aquel, aunque mucho más timorato e inconcreto. Pero ya fue una hazaña, en aquella España de desarrollismo asalvajado y cementador, la inclusión en la Carta Magna de una norma medioambiental. Greenpeace ni siquiera existía en nuestro país, y tardaría todavía unos cuantos años en afianzar su prestigio internacional.

Pero aquel timorato artículo 45 de la Constitución sigue vigente. Y permite cuestionar si, subvencionando de forma opaca a la industria del carbón –por ejemplo–, “los poderes públicos” están velando realmente “por la utilización racional de todos los recursos naturales”.  Sobre todo si se tiene en cuenta que el carbón y las centrales nucleares podrían ser prácticamente prescindibles en nuestro esquema energético a muy corto plazo.

En julio de 2018, el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Comillas presentó su Estudio técnico de viabilidad de escenarios de generación eléctrica en el medio plazo en España. El trabajo, encargado por Greenpeace, constataba que era posible establecer un calendario de cierre de carboneras y nucleares en 2025 sin poner en peligro el suministro aún en los escenarios más adversos. Para sus cálculos, utilizaron la peor serie histórica de producción hidráulica y eólica. También tuvieron en cuenta todos los protocolos de seguridad. De aplicarse, el plan preveía una reducción de dos megatones de emisiones de CO2, que al precio actual de 24 euros la tonelada tendrían un valor de 480 millones de euros. Incluso preveía un menor coste total anualizado: 7.632 millones frente a 8.157.

De momento, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que ha puesto Pedro Sánchez encima de la mesa se da un poco más de plazo que las ambiciosas propuestas de Greenpeace en su estudio. Y, según Tatiana Nuño, deja algunas lagunas inquietantes en su redacción: “Es verdad que el gobierno anterior, ya con Teresa Ribera y Pedro Sánchez, sí se posicionó ante Europa para que no se diesen pagos por capacidad a las centrales más contaminantes. Y también defendió la necesidad de una evaluación para justificar que se concediesen esos pagos por capacidad. Pero, por otro lado, vemos el borrador de nuestra Ley del Clima, y no hay una garantía. Pasa lo mismo con el borrador europeo, que acaba de salir. No ofrecen ninguna garantía de que se vayan a abandonar las subvenciones a los combustibles fósiles y a las energías sucias. Tampoco se aborda prácticamente el problema del transporte. Y calcula unas emisiones por transporte en 2030 que aún son muy grandes”, concluye.