La doctrina del shock vuelve a rentabilizar la catástrofe en esta crisis del coronavirus. Como ha destacado en The Intercept Naomi Klein –que acuñó el término–, las empresas de Silicon Valley ya están aprovechando el nuevo paradigma empresarial de la era de distanciamiento social y miedo escénico para estrenar productos y servicios en una economía distópica en la que los afortunados se atrincheran en sus espaciosas McMansiones dotadas de robots y realidad virtual mientras que una fuerza de trabajo precarizada de salario mínimo, mayoritariamente moreno, negro y/o inmigrante, les proporciona servicios desde un mundo exterior peligroso sometido a sucesivas olas de contagio.

Tal y como indica la recuperación bursátil, las grandes corporaciones transnacionales –súper cotizadas pese a la depresión económica y la vuelta al paro masivo, gracias a la generosidad billonaria de los bancos centrales– han percibido oportunidades en un mundo en el que el cordón sanitario es una urbanización vallada, un jardín grande y un Range Rover.

Pero la vieja doctrina shock –mucho menos high tech que la nueva– ya saca beneficios de la pandemia. Y, de forma oculta, está abriendo espacios de negocio para las corporaciones multinacionales dentro de los mismos sistemas de sanidad públicos que los ciudadanos aplauden cada jueves a las ocho de la tarde.

Los gobiernos conservadores estatales y subestatales aplauden al unísono pero, a puerta cerrada, las viejas políticas de privatización van ganando terreno.

Un buen ejemplo es el Reino Unido de Boris Johnson, donde el nuevo programa de pruebas y seguimiento es otro caballo de Troya para el capital privado en la National Health Service (NHS).

Según publica The Guardian, la multinacional de subcontratación de servicios públicos Serco, que ha sido contratada para gestionar este programa clave para la nueva fase post confinamiento, considera que “el programa servirá para cimentar la posición de sector privado” dentro del sistema público de sanidad, según un email filtrado.

Eso lo dijo Rupert Soames, consejero delegado de Serco, una de las principales compañías contratadas para proporcionar el nuevo servicio de contact tracing–seguimiento de los contactos de gente contagiada–, que es responsable de reclutar a 10.000 de los 25.000 trabajadores encargados de hacer seguimiento de los individuos que han tenido relación con los británicos que dan positivo en las pruebas.

Estos trabajadores temporales de Serco ya cobran un salario mensual de unos 2.000 euros en un contrato cuyo valor para Serco asciende a unos 50 millones de euros y que puede alcanzar los 100 millones, parte del enorme gasto público que ha anunciado el Gobierno británico para afrontar la crisis.

Serco gestionará el programa en colaboración con el consejero delegado del programa de la sanidad pública nacional, Tony Prestedge, que está a punto de asumir el puesto de viceconsejero delegado del Banco Santander en el Reino Unido.

Prestedge fue  seleccionando en tiempo récord –solo 72 horas–,  cuando el Gobierno de Boris Johnson intentó desesperadamente recuperar el tiempo perdido, tras flirtear con la idea descabellada de la inmunidad de rebaño, para “coser” las diferentes elementos del programa que incluye una aplicación y equipos humanos de seguimientos de contactos.

Serco es un sospechoso habitual de la industria del outsourcing y las asociaciones privado-públicas tan desprestigiadas ya en la opinión pública desde Londres a Ciudad de México pasando por Madrid y Valencia.

El cuartel general de Serco es el Reino Unido donde sucesivos gobiernos –los laboristas de Tony Blair y los conservadores que ahora elogian la sanidad pública tras vender gran parte de ella– se han especializado en transferir miles de millones de libras desde las arcas públicas a sus amigos de las puertas giratorias y el negocio de externalización.

La multinacional tiene operaciones en España también. Al igual que ocurre con el Banco Santander, el Reino Unido siempre es la primera llamada telefónica de gobiernos como el de la Comunidad de Madrid cuando se busca asesoramiento anglosajón para hacer un Public Private Partnership.

Pero, en un momento de manifestaciones masivas de apoyo a la sanidad pública, y oposición unánime a las privatizaciones, el uso del sector privado en la gestión de la crisis sanitaria de la covid-19 es extremadamente controvertido. (Cuando Jeremy Corbyn acusó a Johnson de tener una agenda oculta de privatización de la sanidad pública durante la campaña electoral del año pasado, Johnson se burló del entonces líder laborista por difundir teorías de la conspiración “al estilo del Triángulo de las Bermudas”).

Soames –nieto de Winston Churchill– se muestra preocupado en el citado email porque la contratación de una empresa con ánimo de lucro en tiempos de sacrificio nacional pueda dañar la imagen de la empresa. “Querrán que fracasemos porque somos una compañía privada e intentarán aprovechar la oportunidad para atacarnos”, comentó Soames, cuyo salario anual es de unos cinco millones de euros y que, al igual que el asesor todopoderosos de Johnson, Dominic Cummings, fue pillado saltándose el confinamiento cuando visitó su finca en una isla en los Highland de Escocia.

Pero lo cierto es que hay muchos motivos para pensar que Serco sí va a fracasar en un plan que parece ya otro ejemplo de incompetencia en la gestión de esta pandemia por parte del Gobierno británico y sus socios empresariales.

Tras dos semanas, en las que el programa de pruebas y seguimiento debería estar facilitando el camino para la recuperación de la actividad económica, muchos trabajadores contratados y entrenados para realizar visitas y el seguimiento por teléfono permanecen con los brazos cruzados.

Uno de estos trabajadores contratados por Serco para llamar a las personas contactadas por los contagiados y hacerles seguimiento hizo un comentario demoledor en una conversación con el citado diario: “La comunicación y el entrenamiento han sido terribles desde el principio; yo todavía no conozco a nadie que haya hecho ni una sola llamada. Nos están pagando por no hacer nada y yo estoy  totalmente ocioso mientras me pagan con dinero público. He estado en el jardín tomando el sol y tomando cerveza y, de vez en cuando, echo un vistazo a mi ordenador para que no se apague”, dijo cáusticamente el infrautilizado empleado de Serco. “Normalmente estaría feliz de hacer esto, pero cuando la salud pública está en peligro, la verdad es que es una verdadera tragedia”.

Prestedge, que se incorporará a la dirección del Banco Santander UK una vez montado el programa de pruebas y seguimiento –no se sabe cuál es la remuneración que percibe el banquero por ese servicio a la nación– reconoció que la puesta en marcha del nuevo sistema había sido “clunky” (torpe).

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Este artículo se publicó en el blog que el autor tiene en La Vanguardia.