Si alguna certeza nos está dejando esta crisis de la Covid-19, además de la necesidad de un sistema de salud público robusto y convenientemente financiado, es la de que la crisis económica que muchos preveían para finales de 2020 o comienzos de 2021 va llegar antes de lo esperado.

La parálisis que están afrontando la mayor parte de las economías desarrolladas dejará para este año 2020, según los expertos, tasas de variación negativas del PIB y de crecimiento del desempleo superiores, incluso, a las vividas durante los años 2008 y 2009. Por tanto, se va a hacer necesario que los gobiernos e instituciones internacionales actúen de manera decidida para reducir al máximo posible el impacto sobre los distintos agentes económicos.

Uno de los sectores que más se va a ver afectado por esta vorágine de reducción de la actividad, ERTEs y despidos, además del turismo, va a ser el industrial. Un sector tradicionalmente denostado en la economía española que va aparentemente perdiendo peso en el PIB (del 15,4% en cuarto trimestre de 2008 al 14,1% del mismo periodo en 2019) y en el empleo (del 16,4% en 4T2008 al 13,9% en 4T2019), según datos del INE. A esta pérdida progresiva de importancia se le puede encontrar explicación en factores tales como la deslocalización de la producción nacional, la baja productividad o la incidencia de los procesos de fragmentación y subcontratación dentro de la actividad industrial. Pero todo ello lo podemos resumir en una única certeza, la inexistencia de una estrategia industrial de largo plazo. 

Los diferentes gobiernos no han logrado ser lo suficientemente resolutivos a la hora de establecer una estrategia concreta que convierta a la industria española en un sector dinámico, innovador y sostenible

La especialización industrial de la economía española en los últimos años ha venido marcada por los designios de los grandes grupos empresariales (principalmente de capital extranjero) y las dinámicas generales de la economía, que han hecho pivotar a la industria española, básicamente, sobre el sector de la automoción (ensamblaje), el sector energético tradicional (combustibles fósiles) y las manufacturas/bienes de equipo de modesto valor añadido. Por su parte, los diferentes gobiernos no han logrado ser lo suficientemente resolutivos a la hora de establecer una estrategia concreta que convierta a la industria española en una industria dinámica, innovadora y sostenible en términos socioeconómicos a medio y largo plazo.

Sin ninguna duda, las políticas industriales que surgirán a raíz de esta crisis de la Covid-19 deberán llevar consigo, inevitablemente, ese carácter innovador a largo plazo si no queremos repetir los mismos errores. Para ello es imprescindible contar con instituciones y herramientas adecuadas entre las que se encuentran especialmente las agencias de innovación.

Las agencias de innovación son instituciones públicas cuya labor es guiar y liderar los procesos de innovación que tienen lugar en una economía. Su trabajo se sitúa directamente en el terreno de las pymes, emprendedores y startups que forman el tejido productivo. Conocen de primera mano sus problemas y necesidades más directas y pueden aportarles soluciones a través de sus diferentes programas y proyectos. A la vez, su relación con otras instituciones, fondos de inversión, empresas tractoras y agencias internacionales similares les ayuda a trazar una estrategia de liderazgo firme apoyada en distintos tipos de colaboraciones. Forman parte del ecosistema como nexo de unión entre los diferentes agentes del mismo. Aportan, además, toda la seguridad y garantía (en términos económico-financieros, pero también jurídicos) que da el respaldo del sector público.

Estas agencias deberían también participar en la identificación y el diseño de los sectores estratégicos hacia los que dirigir la acción económica. Qué actividades promover, hacia dónde canalizar las inversiones públicas (y privadas), y diseñar cuáles han de ser los mecanismos de retorno y compensación que tiene que tener el sector público. Esto último es especialmente importante, ya que es la forma de poder garantizar la sostenibilidad de una política industrial a largo plazo basada en la innovación.

Parece que existe un cierto consenso en las líneas estratégicas hacia las que debe pivotar la industria española: la digitalización, la robótica, la economía circular, la movilidad sostenible, la eficiencia energética… Además de ser sectores con un amplio potencial de crecimiento y que pueden garantizar un desarrollo sostenible, estos sectores tienen la capacidad (y la necesidad) de convertirse en generadores de empleo de calidad, entendido no solo desde el punto de vista de la remuneración y de las condiciones de vida de los trabajadores; sino también desde el punto de vista de la Administración, asegurando las cotizaciones necesarias para la reproducción de este sistema.

Estamos probablemente ante la situación más extraordinaria en la historia reciente de las economías desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Todos los esfuerzos para salir de ella deben ir encaminados a planificar un sistema que, en un futuro, amortigüe de manera más eficaz este tipo de efectos negativos. La industria juega un papel fundamental en ese sistema porque es la base del desarrollo económico de los países. No nos podemos permitir dejar pasar esta oportunidad.

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La ciencia económica es una disciplina social que estudia los fenómenos económicos que tienen lugar en un determinado contexto histórico y social. Y como tal, el economista que lo lleva a cabo también se encuentra condicionado por ellos. En un ejercicio de honestidad para con el lector, cabe destacar que los sesgos que pueda contener este análisis son fruto de las experiencias y la concepción social que tiene éste autor.

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Luis Baratas González  es técnico de Estrategia de ENISA (Empresa Nacional de Innovación S.M.E.). Licenciado en Economía y Máster Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid.

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