Una década perdida que está poniendo en riesgo el derecho a la salud. Así describe Amnistía Internacional la evolución de la financiación del sistema público sanitario en España desde que comenzara la crisis de 2008. Diez años en los que se han juntado las políticas de austeridad y recortes con una débil recuperación, y que han dado como resultado un descenso de la inversión en este ámbito del 11,21% a pesar de que el PIB creció un 8,6% en el mismo periodo.

El abandono de la sanidad pública que denuncia Amnistía Internacional choca con el crecimiento acelerado, del 16,28%, que ha experimentado la sanidad privada

El estudio de la organización, que incorpora cifras oficiales desde 2009 a 2018, ofrece un análisis de la situación por comunidades autónomas –donde se concentran las competencias en este ámbito– y tiene en cuenta la inflación a la hora de hacer los cálculos sobre el retroceso en la inversión pública. Los perores momentos, apunta Amnistía Internacional, fueron entre el comienzo de la recesión hasta 2013, cuando se aplicaron los tijeretazos más duros al gasto público. Sin embargo, desde ese momento el crecimiento económico de los últimos años no ha servido para recuperar un nivel de inversión que aún se mantiene por debajo de los ratios de la Unión Europea y de los que tenía el país en 2009, y que sirven para entender las circunstancias con las que el sistema público de salud ha tenido que enfrentarse a la crisis del coronavirus. 

Así, solo Baleares, Ceuta y Melilla han conseguido recuperar los niveles de financiación que había al comienzo de la crisis financiera. En el extremo contrario aparecen Castilla La Mancha, Asturias, La Rioja, Galicia y Cataluña, las regiones que más lejos se encuentran de recuperar el gasto público en salud que existía a comienzos de 2009. 

El abandono y el achicamiento del sistema público de salud que denuncia Amnistía Internacional choca, además, con el crecimiento acelerado, del 16,28%, que ha experimentado la sanidad privada en ese mismo periodo.  

Junto a esto, el estudio también incorpora datos sobre el gasto medio por habitante o los fondos dirigidos a la atención primaria, una de las más afectadas por la situación de la última década. En el primer caso, las cifras son de nuevo muy preocupantes: entre 2009 y 2018, el gasto sanitario por persona descendió un 10,5%. Esto es, el Estado gasta unos 2.221 euros por habitante al año en salud, 147 menos que al comienzo de la recesión. En otros países de Europa, como Suecia, Dinamarca o Alemania la media ronda los 5.000 euros por habitante. 

 El volumen de personal sanitario se ha mantenido congelado durante la última década: el ratio de médicos apenas llegaba a 0,77 por cada mil habitantes

La atención primaria, por su parte, ha sufrido uno de los recortes más importantes del sector, pese a tener un papel fundamental como primer eslabón del sistema de salud y como muro de contención ante vicisitudes como la del coronavirus. “España ha desoído las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que ha pedido en los últimos años a los Estados que basen los sistemas de salud en una sólida atención primaria”, señala la organización, que también advierte de que la inversión en este servicio ha descendido, de media en el conjunto de las comunidades, un 13,10% en el periodo analizado. A su vez, el volumen de personal sanitario se ha mantenido congelado durante la última década: el ratio de médicos apenas llegaba a 0,77 por cada mil habitantes, el séptimo más bajo de la Unión Europea, mientras que el de personal de enfermería se situaba, a cierre de 2018, en 0,66 por cada mil habitantes. 

A día de hoy, la atención primaria solo representa el 13,8% del total del gasto público en salud, y solo una comunidad, Murcia, ha elevado sus gastos en estos servicios desde 2009. Aragón y Cataluña son las que más han recortado. 

Según Amnistía Internacional, todas estas cifras demuestran la desinversión que sigue arrastrando el sistema público de salud, y advierte de que el “deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria han generado mucho sufrimiento, especialmente en las personas de rentas más bajas, y dentro de este grupo, en las personas con enfermedades crónicas, aquellas con discapacidad, las que reciben tratamiento de salud mental y las personas mayores”. 

Frente a esto, la organización solicita aumentar las asignaciones presupuestarias, cumplir las recomendaciones de la OMS sobre atención sanitaria o asegurar la participación del sector sanitario y la población a la hora de diseñar la estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud.