Los medic@s de atención primaria han atendido el 80 % de los casos de covid-19 (correspondientes a los casos leves y moderados) desde los centros de salud de atención primaria y han realizado una tarea con el conjunto del personal sanitario en este nivel de atención que ha permitido evitar el colapso total de los hospitales y atender a pacientes en el domicilio –incluidas las residencias de gente mayor– o incluso en los “hoteles-hospital”. Este papel se ha desarrollado en un plano más invisible, pero igual de fundamental, central y efectivo que el desarrollado en los centros hospitalarios, con los que se han coordinado.

Falta personal sanitario, y esta situación se ve agravada por el incremento en la demanda asistencial que la covid ha tenido en los últimos meses

Ahora, pasada la cresta, pero con una situación que no puede ser definida todavía como de resaca, este servicio esencial de atención a la salud se enfrenta con un reto imponente: la continuidad en el cuidado de la salud de los enfermos afectados por la covid-19, la detección precoz, control y seguimiento de contagios, y la normalización del calendario de atención de otros usuarios del sistema de salud, que requieren servicios de atención ambulatoria por otras patologías  –como los enfermos crónicos–, cuya atención presencial había quedado reducida básicamente a los casos de urgencia, por razón de la crisis sanitaria. Es el momento de preguntarse cómo vamos a afrontar los retos que tenemos para garantizar la atención de la salud de la ciudadanía en los centros de atención primaria. En una planificación a largo plazo habrá que atender los siguientes aspectos: 

El primer lugar el de los medios humanos y recursos técnicos existentes. Es indiscutible que, no sólo por la pandemia, pero agravada por esta, hay una escasez de personal médico y personal sanitario en el nivel ambulatorio, que ya es uno de los elementos de definición del sistema (la especialidad de medicina familiar y comunitaria suponía el 43% de las 4.400 plazas MIR en 1996, y ha pasado en 2018 al 26% de las 6.600 plazas ofertadas). Faltan medic@s y personal sanitario, y esta situación se ve ahora agravada por el incremento en la demanda asistencial que la enfermedad ha tenido en estos últimos meses. En este sentido es prioritario incrementar el personal sanitario para atender este servicio esencial a la sociedad. 

Es necesario, también, que los profesionales de los centros de atención primaria cuenten con recursos técnicos adecuados y suficientes para la gestión de esta alerta sanitaria ante posibles rebrotes, tanto para garantizar su propia salud (equipos de protección individual, test PCR, pruebas serológicas, etc.) como la de los usuarios del sistema sanitario (sectorización de los centros asistenciales con zonas “no-covid” y zonas “covid”, medios tecnológicos adecuados y suficientes para las tareas de la detección precoz, control y seguimiento de contagios de covid-19, para la atención telemática de pacientes, tecnología básica para la detección de complicaciones del COVID-19, etc.). Todo ello en el marco de protocolos de actuación, tanto a nivel de prevención de riesgos laborales para el propio personal sanitario de los centros ambulatorios, como de atención sanitaria de la ciudadanía desde la medicina familiar y comunitaria, que cuente con la progresiva reapertura de aquellos centros de atención primaria que hayan sido cerrados por razón de esta crisis sanitaria.

El salario medio del personal médico en centros ambulatorios tras 6 años de carrera y 5 de antigüedad puede situarse en unos 1.800€ netos mensuales   

En segundo lugar, la situación de derechos laborales del personal sanitario, que ha de ser mejorada. Salarios bajos (el salario medio del personal médico en centros ambulatorios tras 6 años de carrera universitaria y 5 años de antigüedad –tres de residencia, más dos años más de contratación– puede situarse en unos 1.800 euros netos mensuales, salario que ha disminuido durante la pandemia incluso con el incremento de jornada que ha supuesto). Precariedad laboral referida a la contratación; tras los años de residencia, la posibilidad de acceder a una contratación y de alcanzar una estabilidad en el empleo no es tarea fácil. Carga de trabajo excesiva debida a la falta de personal y una organización del trabajo que requiere mejoras urgentes. Cuestiones como el necesario replanteamiento del modelo de programación de visitas (presencial y no presencial), la aún incipiente incorporación del teletrabajo, la burocratización de las funciones encomendadas al personal médico, la imposibilidad de ejercer los derechos de conciliación –sin que ello incida en la brecha salarial entre trabajadoras y trabajadores– son sólo algunos de los problemas estructurales que arrastra el sistema.

La irrupción de la crisis sanitaria motivada por la covid-19, ha supuesto un empeoramiento de dichos déficits estructurales. Basta recordar el incremento de funciones del personal médico –y con ello de su carga de trabajo– por la mayor necesidad de atención domiciliaria, incluida el cargo de cuidar de las personas mayores institucionalizadas en las residencias. Una vez superada la fase álgida de la emergencia no puede mantenerse la misma dedicación temporal ni las amplísimas competencias de intervención conferidas al personal sanitario por la legislación del estado de excepción para el caso de las residencias de personas mayores. Pasada la emergencia sanitaria, la solución a los problemas de calidad asistencial de tales centros ha de quedar en manos de quienes ostenten su titularidad, a través de la contratación de más personal con formación suficiente y con mejores condiciones de trabajo; dichos centros no pueden tratar de eludir estas obligaciones trasladándolas al personal médico disponible en los equipos de atención primaria del sector público sanitario, más allá de las derivadas del derecho a la asistencia sanitaria pública de las personas ingresadas en dichas residencias, como ámbitos de actuación integrados en las áreas básicas de salud. 

En tercer lugar, debe abordarse la desburocratización de la carga de trabajo atribuida al personal médico en beneficio del tiempo dedicado a las funciones puramente asistenciales. Tras la irrupción de la pandemia, esta burocratización se ha incrementado aún más durante los primeros meses por el traslado del trabajo de gestión propia de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (MATEPSS) a los centros de atención primaria, por mandato expreso de la legislación del estado de alarma. Las altas y bajas laborales, partes de confirmación y seguimiento respecto a las situaciones de incapacidad temporal de las personas en periodo de aislamiento o contagio por la covid-19 producido por razón de su trabajo, tras la asimilación legal de tales situaciones a la situación de accidente de trabajo, han sido gestionadas por el personal médico de atención primaria. Según el Fórum Català d’Atenció Primaria, el 50% de las visitas a los centros de atención primaria aún lo eran por esta causa en las primeras semanas de mayo. A todo ello se ha sumado la gestión por parte del personal médico de los centros de atención primaria de los procesos de incapacidad temporal relativos a los trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles a la covid.

Esta situación de sobrecarga de trabajo se ha incrementado aún más en Catalunya durante los meses de marzo y abril por la exigencia al personal médico de una serie de trámites burocráticos por parte de la subdirección general de Evaluaciones Médicas (SGAM), situación que empieza a solucionarse, aunque con lentitud, a raíz de la presión ejercida por el personal médico de los centros de atención primaria.  

Al mismo tiempo, el personal médico de los centros de atención primaria ha tenido que dedicar parte de su tiempo a informar a los trabajadores y trabajadoras que iban a causar baja por razón de la covid-19, de la actuación e informes que debían realizar los servicios de prevención de sus respectivas empresas, conforme a las exigencias de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo. Labor informativa que han tenido que realizar, tanto respecto a los casos de accidente de trabajo referidos a contagiados por la covid-19 o sus contactos, como respecto a los informes requeridos para el caso de colectivos especialmente vulnerables frente al virus. Esta labor informativa, que no corresponde al personal médico de los centros de atención primaria, sino a las empresas, lleva a la reflexión sobre el desigual nivel de cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por estas últimas.

No es de recibo que el personal médico tenga que reducir el tiempo dedicado a las funciones de asistencia sanitaria para cumplir con unas tareas burocráticas

El cumplimiento de todas estas exigencias burocráticas ha reducido en un número muy considerable las horas de atención sanitaria que el personal médico puede dedicar a los pacientes. Este personal, como servicio esencial, se ocupa y se debe de ocupar de la atención a la salud, no de la carga burocrática que esta atención implica. Estas tareas deben asumirse por quien las tienen a su cargo (MATEPSS, SGAM…). No es de recibo que el personal médico tenga que reducir el tiempo dedicado a las funciones de asistencia sanitaria (como las de promoción de la salud, atención preventiva, curativa y rehabilitadora, servicio de atención a domicilio, atención urgente o continuada, entre otras) para cumplir con unas tareas burocráticas, que no se corresponden con sus funciones asistenciales, sino con tareas meramente administrativas. 

Por último, pero sin dejar de ser lo primero, hay un impacto en género que se pasa por alto siempre en el debate de la organización institucional de la atención a la salud, que incide en la vida y profesión de las mujeres; el porcentaje de mujeres que son facultativas en el nivel de atención primaria urge a tener en cuenta esta consideración (en Catalunya el 74% del personal médico residente en atención primaria son mujeres). Este rasgo de género, relativo a la feminización de plantillas, se incrementa además si tenemos en cuenta el resto de personal sanitario y el de enfermería (en 2019 y en Catalunya el 70% del personal sanitario integrante del ICS está compuesto por trabajadoras). Partiendo de esta realidad, la mayor incidencia de riesgos psicosociales se está proyectando sobre el colectivo de trabajadoras. Son esencialmente trabajadoraslas que están haciendo frente a esta sobrecarga de trabajo burocrático, bien se trate de centros de atención primaria del ICS o de la sanidad concertada en Catalunya. 

Son también trabajadoras de estos centros de atención primaria las que ven cómo no se cuenta con ellas para cambiar esta situación, las que no reciben un trato justo en su promoción profesional, ni una compensación adecuada en sus nóminas, las que no están recibiendo el apoyo adecuado por sus empleadores,  y las que están padeciendo en su salud los efectos de una doble jornada derivada del trabajo en sus centros de trabajo y en el ámbito doméstico y familiar, que repercute igualmente en sus nóminas, por la reducción del salario que puede implicar el ejercicio de derechos de conciliación. La obligación de evaluar estos riesgos psicosociales desde una perspectiva de género y de adoptar medidas preventivas participadas con la representación de personal para hacer frente a los mismos es una exigencia legal, necesaria para alcanzar la igualdad efectiva entre trabajadoras y trabajadores en el ámbito sanitario, que deben asumir los planes de igualdad aplicables al personal sanitario. Nuestros medic@s de cercanía tienen que ser escuchados como servicio esencial que, no son invisibles, tienen nombres y son el dique de contención de la enfermedad. La composición por género de este colectivo nos recuerda que estamos delante de derechos fundamentales.

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Julia López es catedrática de Derecho del Trabajo. Ignasi Areal es especialista en prevención de riesgos.